Luis Abelardo Patti

Las hermanas que cultivaron la memoria

2012-02-07T00:47:00.000-08:00

Ethel Cambiasso, locuaz y memoriosa tras el procesamiento de 9 represores.

Junto a Gladys pelearon desde 1983 para que se esclareciera el asesinato de su hermano Osvaldo y de Eduardo Pereyra Rossi. Disconforme por la falta de mérito para Chuli Rodríguez y el Gato Andrada, reconoce que empieza a hacerse justicia.

Ethel Cambiasso recordó la militancia de su hermano y las circunstancias de su secuestro en 1983.

Por Luis Bastús

El procesamiento dictado la semana pasada contra nueve represores --"Reynaldo Bignone y Luis Patti, entre ellos"-- por el secuestro, torturas y homicidio de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso significa para quien lleva casi 29 años de espera algo de satisfacción, una tímida sensación de justicia que recién llega, aunque incompleta, porque hay dos que zafaron de ser enjuiciados: Víctor Hugo el Chuli Rodríguez y Edgardo el Gato Andrada, beneficiados por falta de mérito. Esa mezcla de pensamientos bulle en Ethel Cambiaso, la hermana menor del cuadro montonero cuyo cadáver apareció fusilado el 14 de mayo de 1983 en un camino rural de Zárate, Buenos Aires. Luego de conocer la resolución del juez Carlos Villafuerte Ruzo, ella atendió a Rosario/12 en su casa, locuaz y memoriosa, pero con la calma de quien tuvo que digerir el dolor más grande de su vida y saber convivir con ello. Y desde ese lugar hilvanó su sentimiento y repasó la vida de su hermano, el pibe venido del campo, el ingeniero que no ejerció, el militante.

"Al comienzo teníamos con mi hermana Gladys una desesperación tremenda por hacer justicia, y me di cuenta que no podíamos hacer nada. Nadie quiso salir de testigo y tenían sus razones. La patota baleó las cubiertas y el auto al abogado que nos habían puesto al principio, (Víctor) Corvalán, y le amenazaron la familia. Pasó mucho tiempo sin ninguna novedad y así pudieron cerrar la causa con esa mentira de que habían muerto en un tiroteo. Esto se empezó a mover recién cuando subió (Néstor) Kirchner como presidente, cuando se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ahí se pudo reabrir la causa. De todos modos, fue el último caso de la dictadura pero el que más trabajo le dio a Ana Oberlin (su abogada) para destrabarlo", cuenta.

"Nosotros éramos de Soldini. Mi padre fue agricultor toda su vida, así que vivíamos en el campo, pero nos mandaron a la escuela a Rosario: mi hermana y yo a Misericordia, y Osvaldo al Cristo Rey. Ya entonces él tenía una actitud política definida, no coincidía con las posturas de ciertos profesores y se ponía muy mal. Cuando terminó, consiguió una beca y se fue a estudiar Ingeniería Química en Santa Fe. Ahí empezó su carrera de militancia, y se conoció con todos, Raúl Yager, Fernando Vaca Narvaja, René Oberlin. Y Osvaldo primero trabajaba en el comedor universitario, sacaba fotos artísticas y de casamiento, y estudiaba a la par de la militancia. Cuando se recibió tuvo su primera entrada en la cárcel con la dictadura de Lanusse, y salió por la amnistía que dio Cámpora. Siguió militando, y llevaba una vida blanqueada, pero después pasó a la clandestinidad, algo discutible, pero era muy perseguido y la Triple A ya sembraba el terror", recordó Ethel.

Cambiaso compartió la Nochebuena del '75 con su familia en Soldini. Y partió sin decir adónde. Nunca lo hacía. Volcó el auto antes de llegar a Villa Ocampo, en el norte provincial, y quedó moribundo. El hallazgo de varios documentos de identidad con su foto dentro del coche atrajo a policías y militares que llegaron de Santa Fe y lo arrancaron del hospital local para confinarlo en la cárcel de Coronda. Un preso viejo se apiadó y lo cuidó como pudo. Cambiaso sobrevivió. Era hipertenso y tenía un soplo cardíaco. Y atravesó la dictadura militar como preso político en varios penales del país, Rawson incluso. "Hubo largos períodos sin que pudiéramos verlo -evocó su hermana- y no le daban los remedios que debía tomar. Estaba muy desmejorado cuando salió, tenía 42 años pero parecía de 60, por eso le decían El Viejo. Nuestra perito de parte en la segunda autopsia luego me dijo que Osvaldo no iba a morir anciano".

Las Cambiaso movieron cielo y tierra para conseguir la libertad de su hermano. Y lo consiguieron en 1982, luego de apelar en Roma a Amnesty Internacional. Osvaldo regresó a la militancia y se instaló en Pérez, junto a sus padres. Consiguió trabajo en un taller de fotomecánica que estaba en Paraguay y San Lorenzo y pudo rehacerse.

Su hermana lamenta que Cambiaso "no haya tenido tiempo de tener una compañera, hijos, porque se había casado con la militancia". La derrota en Malvinas aceleraba el final de la dictadura y Cambiaso se abocó de lleno a preparar la campaña de las elecciones del año siguiente. Abrió una unidad básica en Urquiza al 1200. Se llamaba "Movilización e intransigencia peronista".

En ese ir y venir entre Pérez y Rosario con el Fiat 1500 de su padre, Osvaldo notó que lo vigilaban, y eso sí lo contó a su familia. El 30 de abril de 1983 un grupo de tareas asesinó al comandante montonero Raúl Yager, y Cambiaso presintió que ahora irían por él. "Me voy a tener que guardar por un tiempo", comentó. No le dieron tiempo. Cuando Ethel fue a retirar el cuerpo a San Nicolás, le dieron el certificado de la tramitación del pasaporte que Osvaldo llevaba en un bolsillo.

El resto es historia conocida: la violenta irrupción de la patota al mando del coronel Pascual Guerrieri en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, Cambiaso desmayado de un culatazo y arrastrado hasta un furgón, Pereyra Rossi que no alcanza a cortarse las venas, la tortura y la entrega al subcomisario Patti, que los fusila en un camino rural cerca de la localidad de Lima, junto a sus suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Spataro, y fragua un enfrentamiento armado que los jueces fingieron creer hasta 2005, cuando el fiscal Juan Murray logró obligar a Villafuerte Ruzo a reabrir la investigación y anular los sobreseimientos.

Hoy Ethel Cambiaso revive la tragedia: "Teníamos el mal presagio porque desapareció con auto y todo. Cuatro días después, se había organizado una marcha desde la plaza 25 de Mayo hasta la San Martín. Cantaban 'con vida los llevaron, con vida los queremos; Cambiaso querido, no habrá perdón ni olvido'. Entonces apareció por televisión el rostro de mi hermano y la noticia que decía que dos delincuentes subversivos habían sido abatidos en un enfrentamiento. Yo quise entrar durante la autopsia, porque si no lo veía muerto no lo podía creer. Estaba destruido, le reconocí las manos y una vieja cicatriz en la garganta".

Ethel le reprocha a Osvaldo haber bajado la guardia al creer que en vísperas de democracia el aparato represivo había dejado de funcionar. "No se tenían que encontrar en ese bar, sino en otro lado que nadie supo. Y nadie sabe por qué se encontraron en ese lugar. O los mandaron equivocados o los delataron, pero también se dijo que un allegado a mi hermano que iba a la casa peronista de calle Urquiza era de los servicios de Inteligencia y que ese lo traicionó", reveló.

Tanto ella como Gladys, la mayor de los tres, hicieron visible su tragedia y la convirtieron en testimonio a lo largo de estos años de impunidad. "Al comienzo la gente a mi alrededor tenía mucho temor, decía «no me contés, no me contés, no quiero saber nada», pero después ya no. Hasta hubo quienes me han dicho «ay, qué arrepentida estoy de haber pensado como pensaba, ahora que se sabe cómo ocurrió esto». No los juzgo, así es como sembraron el terror".

"Yo sufrí mucho con la muerte de mi hermano, porque era muy pegada a él. Soy un año y dos meses menor. Sufrí mucho, pero el tiempo va restañando heridas. Ahora tengo satisfacción de que se hace justicia. Spataro se quería escapar y ahora parece que lo atraparon. Esperemos que realmente se haga justicia. Patti, aunque por otra causa, ya está preso y condenado a prisión perpetua. Ojalá que todos terminen como deben terminar: bien presos", concluyó

Patti procesado por el asesinato de un periodista

2011-11-25T23:39:00.000-08:00

Marche otra causa

Por Diego Martínez

Dos días antes de celebrar su primer cumpleaños como condenado, Luis Abelardo Patti fue procesado el jueves por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Miguel Giménez, el primer desaparecido de Escobar. Militante de la Juventud Peronista de zona norte y redactor del diario El Actual, donde escribía sobre los trabajos sucios de la Policía Bonaerense, Giménez fue secuestrado en enero de 1976 y no hubo rastros de su paradero hasta 2007, cuando un registro burocrático permitió probar que lo asesinaron después de 23 días en cautiverio. El ex intendente de Escobar, que hoy festejará sus 59 años en el hospital de la cárcel de Ezeiza, fue procesado esta vez por el juez federal subrogante de Campana, Adrián González Charvay, que embargó sus bienes por un millón de pesos.

Giménez trabajaba en el diario que dirigía Tilo Wenner, poeta y periodista asesinado días después del golpe de Estado. Se ocupaba de investigar las tareas ilegales de la Policía Bonaerense para desactivar conflictos gremiales y amedrentar militantes. Las denuncias le valieron varios hostigamientos, en particular de agentes de la comisaría de Escobar. En diciembre de 1975 un grupo de tareas de policías y civiles allanó de madrugada la casa de los tíos de Giménez. Destruyeron la casa, buscándolo en un supuesto escondite, pero no lo encontraron. El 7 de enero de 1976 la patota invadió la casa de sus abuelos en Loma Verde, en Escobar. Lo secuestraron ante la presencia de sus hijos, entre otros familiares, y robaron hasta el bombeador de agua. Parientes y compañeros lo buscaron y publicaron solicitadas en las que hacían responsable a la policía. La Justicia sobreseyó la denuncia cinco meses después.

El cadáver desfigurado, mutilado y maniatado apareció el 30 de enero de 1976 a la mañana, veintitrés días después del secuestro, en una zona despoblada conocida como La Quema, en Moreno, donde los recolectores descargaban la basura de la ciudad. La División Documentos de la Policía Bonaerense lo identificó por las huellas, pero los restos se inhumaron con “NN masculino” en el cementerio de Moreno, con el visto bueno del Juzgado Penal 4 de Mercedes. El registro lo descubrió y aportó a la causa en 2007 la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero fue imposible restituir los restos a la familia porque en 1982 habían sido trasladados al osario general.

Las amenazas de Patti a Giménez, que no ocultaba su militancia y recorría Escobar como periodista, comenzaron en 1973, apuntó el juez González Charvay. Los trabajadores de la imprenta Rayo, donde se editaba El Actual, solían verlo de civil, en un Peugeot 504 color mostaza, registrando los movimientos del diario. También vigilaba las reuniones en el sindicato del Fatre o en casas de familia. Patti fue reconocido la madrugada de 1975 cuando fueron a secuestrarlo a la casa de sus tíos. “Nunca lo conocí”, afirmó durante su declaración indagatoria, sin obligación de decir la verdad. El juez enmarcó el caso en “un modelo sistemático orquestado y organizado por sectores del Ejército que junto con fuerzas de seguridad, en particular con la comisaría de Escobar, actuaban con la finalidad de exterminar a grupos políticos, sociales, estudiantiles y gremiales, y también a organizaciones armadas”.

Patti condenado por delitos de lesa humanidad, se quiere ir a su casa

2011-11-11T00:10:00.000-08:00

En una semana, los camaristas decidirán si hacen lugar a los planteos de la defensa de Patti que, por su tratamiento médico, necesita un traslado a su casa o a la fiscalía, que considera que en el Hospital Penitenciario de Ezeiza puede rehabilitarse.

Por Alejandra Dandan

Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como “parciales” los informes médicos del Fleni.

“Muchos médicos y muchos profesionales tuvieron injerencia en el tema, pero no todos los informes son imparciales”, dijo De Luca. “Los que vienen del Fleni son de un paciente que tiene su obra social o prepaga, los profesionales de algún modo dictaminan exclusivamente mirando un interés cercano a Patti, que no son exactamente los informes de los forenses y médicos que pusimos desde el ministerio fiscal para poner un tinte de objetividad en todo esto.”

De Luca, que viene además de ser fiscal en la causa oral de San Martín, y ahora es fiscal ante la Casación, recordó cómo la “guardia médica de no especialistas en sus problemas justificaron con sus informes sus inasistencias a las audiencias”. Por eso dijo que los “protocolos del Fleni deberían ser revisados por los médicos imparciales del Poder Judicial y podemos poner nuestros médicos y facultativos para resolverlo”. En el Hospital de Ezeiza, Patti tiene asegurado controles las 24 horas del día, lo cual no está garantizado en su domicilio, agregó. La obra social de Patti, OSDE, también puso a disposición una carta de centros asistenciales para rehabilitación en la zona. “Los internos están a cargo del Estado, no del Fleni –subrayó ante los jueces–, no pueden estar internados en un sitio particular, ir al Fleni es totalmente anómalo: el domicilio queda fuera del control penitenciario y no puede ser una suerte de profesionales privados los que decidan la suerte del reo.”

La sala de audiencias estaba casi vacía. De un lado, los tres jueces, Pedro David, Liliana Catu-cci y Alejandro Slokar. Del otro, De Luca y en línea exactamente opuesta Corbacho. Entre el público, solo hubo dos personas, entre ellas la mujer de Patti, una escribana que se ofreció, a través de su abogada, a presentarse todas las veces que hiciera falta como garante de la detención. Ella estuvo en silencio. La cabeza se movía para uno y otro lado. Saquito caqui, zapatos al tono.

Patti está detenido en Ezeiza, en una cárcel común, una decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín presidido por Lucila Larrandart con su sentencia, y a partir de reclamos insistentes de las víctimas, de las querellas y también de los fiscales del juicio. Sus condiciones de salud terminaron convertidas en ese proceso en uno de los temas del debate. Cuando aparecía, en el teatro auditorio donde se llevó a cabo el juicio, lo hacía acostado como un muerto trasladado arriba de una camilla y ubicado en el medio del teatro. Y cuando no aparecía, sus abogados esgrimían razones médicas que luego iban siendo refutadas por forenses. El problema de base es un ACV, efecto de una operación en el cuello. Un cuadro del que se recupera pero para el que necesita, según acuerdan al parecer todas las partes, trabajos de rehabilitación.

Dicho esto, su defensora fue a la Casación en queja porque el Tribunal de San Martín le rechazó los pedidos. Ayer planteó básicamente dos argumentos: los problemas de la “arquitectura” del hospital con poca luz, escaleras y sin rampas que le impiden tomar aire o sol. Y el problema de los traslados que según sus médicos deberían reducirse a lo indispensable porque cualquier “bache” puede complicarlo. El problema es que, como requiere rehabilitación, él necesita trasladarse a otros espacios.

La fiscalía también desarmó ese planteo, esta vez por contradictorio. Nadie explicó por qué la rehabilitación no puede hacerse en el Hospital. Pero lo que sí dijo De Luca es que en todo caso también habría que trasladarlo desde su casa hasta el Fleni, y el supuesto riesgo entonces no se habría eliminado.

“Las decisiones no son definitivas, son dinámicas, y el mismo Tribunal por ejemplo ha dispuesto que se vea la forma de eliminar los escalones para el acceso de sillas de ruedas del interno”, explicó el fiscal. “Desde el ministerio fiscal intervenimos en el incidente de salud porque estábamos preocupados por la salud de Patti, del mismo modo que lo están los jueces del Tribunal 1. Los fiscales tuvimos una reunión con el secretario de Justicia para que nos aseguraran que en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza había un lugar adecuado para la privación de la libertad de Patti, con el tratamiento adecuado, y nos dijeron que había un sector nuevo esperando ser estrenado por el aquí imputado y todos aquellos internos que lo reclamasen.”

Casación tiene cinco días hábiles para responder el planteo.

Ordenan detener a Luis Patti por el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi

2011-11-02T01:31:00.000-07:00

El tiroteo fraguado de 1983

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el arresto de Luis Patti y de otros represores ya detenidos –como Reynaldo Bignone y Pascual Guerrieri– por los secuestros y homicidios de los dos militantes peronistas.

Por Diego Martínez

A seis años, siete meses y tres días del pedido del fiscal federal Juan Murray, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de Luis Patti por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y homicidios de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en tiroteo fraguado por policías. El juez de San Nicolás quien, a pesar de sucesivas recusaciones por congelar expedientes y manifestarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, instruye las causas con el visto bueno de la Cámara Federal de Rosario ordenó también la detención e indagatoria de represores que estaban libres cuando Murray pidió sus capturas y hoy están condenados, como Reynaldo Bignone o el coronel Pascual Guerrieri.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. El Ministerio del Interior y la policía de la provincia de Buenos Aires informaron que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (ahora condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone.

El peritaje de los tejidos cambió el escenario: demostró que ambos fueron golpeados, torturados con picana, atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y los sobreseyó. Sugirió que no estaba probada la relación entre secuestros y asesinatos: bien pudieron haberse fugado tras las torturas, haber robado un auto y armas y haber partido hacia Zárate, donde se toparon con Patti, que los acribilló a balazos. Un mes antes del retorno de la democracia, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que los testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

El 28 de marzo de 2005, Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa. Se sumaron al reclamo familiares de las víctimas patrocinados por abogados de H.I.J.O.S. Rosario. La investigación del fiscal sugirió que tras el “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos los servicios diagramaban y ejecutaban operaciones para enrarecer el clima político con la esperanza de suspender el llamado a elecciones. Murray desmenuzó los esfuerzos por borrar todo rastro de torturas y disparos por parte de los policías que instruyeron la causa con el visto bueno del juez Luis Milesi y luego de Marchetti, autor del sobreseimiento, “inexplicable desde el punto de vista jurídico”.

Completó el rompecabezas en 2008 el ex civil de inteligencia Eduardo Costanzo, luego condenado. Costanzo confesó que el seguimiento estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, que los secuestradores fueron Guerrieri, Víctor Hugo Rodríguez, Edgardo “El Gato” Andrada y “toda la patota”, y entre quienes llevaron a las víctimas al camino donde las mataron nombró a Ariel Porra, alias Puma. El juez citó ayer a indagatoria a todos excepto a Chuli Rodríguez, presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, quien cruza los Andes cada año junto al intendente rosarino, Miguel Lifschitz. A pedido de Murray, el juez también ordenó detener al teniente coronel Luis Armando Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, y al ex PCI Walter Salvador Pagano.

El ultracatólico Villafuerte Ruzo fue recusado en agosto de 2010 por fiscal y querellantes por obstaculizar todas las causa contra represores e incluso pronunciarse a favor de la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Sigue al frente de los expedientes con el respaldo de los camaristas rosarinos Carlos Carrillo, José Guillermo Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Liliana Arribillaga. Su futuro al frente de las causas contra represores como su cuñado, el general Enrique Bonifacino, están desde hace un mes en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Terrorismo de Estado y manicomio

2011-08-10T23:54:00.000-07:00

La extracción de la verdad

Un hombre internado en un manicomio, que había sido víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura, dio testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Después, volvió al manicomio. Su historia presenta la conjunción y, quizá, la articulación entre los dos infiernos.

Por Fabiana Rousseaux *

Jesús tiene 50 años. En 1976 fue secuestrado, cuando tenía “16 años y medio”, de acuerdo con su implacable memoria. Pasó por la comisaría de Escobar, dirigida por Luis Patti, donde fue torturado, junto con su referente político Gastón Goncalves y otros compañeros de la Juventud Peronista. Después, fue expulsado del país.

En su exilio, intentó rearmar algo de la vida que el terrorismo de Estado le había resquebrajado, (des)instalándose en otro país. Logró constituir una familia. Pero dejar atrás las marcas no es sencillo. En un viaje a la Argentina, el espanto se le impuso nuevamente y cometió un delito. Fue detenido y, a partir de entonces, su vida transcurre en la unidad penal de un hospital neuropsiquiátrico. Después de la muerte de su madre, quedó en el más rotundo olvido. El sabe que allí no habrá condena, pero que el encierro será para siempre.

Estuvo durante 18 años en la Unidad Penal 34, del Melchor Romero, y ahora, desde hace poco, en la Unidad 10, donde al menos, dice, puede “ver la ruta, con algún coche que pasa cada tanto, porque antes sólo se veía el paredón”.

Durante todos estos años en el penal del manicomio, cada vez que veía a Patti en la televisión se indignaba y contaba los vejámenes que éste había cometido contra él y sus compañeros. Dice que no entiende cómo pudo llegar a ser intendente, cómo intentó luego ocupar una banca de diputado. Dice que siempre soñó con hacerle un juicio a Patti, si alguna vez salía de ese lugar. Por supuesto, es la palabra de un loco: ni esas palabras ni las que hablen de su detención y las torturas sufridas a los 16 años y medio serán tomadas por ciertas en un lugar como ése, donde hay, en cambio, una respuesta generalizada y medicalizada para todos y para todo.

Jesús es el parresiastés, tal como lo define Michel Foucault (véase, por ejemplo, “Coraje de la verdad”, Página/12, sección Psicología, 3 de enero de 2011): alguien de un “decir veraz”, que dice lo que piensa, que está comprometido con su verdad. Jesús quizá lo es más que nadie, ya que sabe que nadie le creerá. Lanza su verdad a otros sin calcular los riesgos de hacerlo, o, más aún, calculándolos los asume, desde su sala de manicomio.

¿En qué memoria teórica debemos pararnos para dejar de dudar de las secuelas que los crímenes cometidos por el terror de Estado produjeron? La “inimputabilidad” de Jesús en nada niega la verdad de esos hechos, ni de sus relatos, mucho menos de sus consecuencias trágicas. Las marcas de la historia social que transitamos, tomen la forma que tomen, se alojen en una estructura psíquica o en otra, no pueden ser ignoradas.

Durante años a Jesús se lo dio por muerto, hasta que, a través del Ministerio de Interior, se lo logra ubicar: Otros sobrevivientes de Patti hablaban de él, pero las versiones eran muy variadas y desconcertantes: que estaba en otro país o que estaba muerto o que estaba preso. Lo cierto es que ningún compañero de militancia había logrado saber nunca nada sobre él, hasta que hace pocos meses lograron ubicarlo.

A partir de ello, Jesús fue propuesto como testigo en la causa que los hijos de Goncalves y Muniz Barreto, junto con la familia de los hermanos D’Amico, iniciaron contra Patti, Mignone, Riveros, Meneghini y Rodríguez. Los abogados querellantes de esa causa lograron dar con este testigo central para demostrar las torturas y desapariciones cometidas por el ex policía.

Jesús aceptó inmediatamente. Reconoció, con todos los detalles necesarios, a los responsables de tan aberrantes delitos. Hizo un uso de memoria que nadie podría comprender si no fuera porque se trata de un hombre que durante 18 años había estado sometido al olvido y a la indignidad de perder el valor de su palabra, convertido en un sujeto que no puede responsabilizarse ni de sus actos ni de sus dichos, ni de sus dolores, en un lugar donde cada demanda y cada opinión fueron acalladas: “El halopidol me dejaba duro y, a pesar de los terribles dolores que tenía, porque estaba mal del hígado, el médico me vio solamente una vez en un año y medio y nunca me daban analgésicos, así que aprendí a manejar el dolor”, relata.

Desde que empezó a recibir visitas de los abogados, los familiares de las víctimas y los compañeros, su lugar comenzó a ser interrogado por los habitantes de ese espacio penal-psiquiátrico. En una de las visitas se nos acercó un grupo de guardias del Servicio Penitenciario y empezaron a preguntarnos por su historia. Pareciera que todo el universo del penal en el manicomio se vio modificado por este nuevo hecho. La historia de Jesús, que había quedado encapsulada y forcluida durante casi dos décadas, comienza a rodar nuevamente, se descongela el tiempo, hay un antes-de-la-detención, previo a la cadencia idéntica a sí misma de la rutina penitenciaria en el manicomio, que se hace audible. Se anuda con el mundo exterior. Comienzan a circular los diarios allí adentro. Los noticieros adquieren otro estatuto. surgen las preguntas por él y su historia. El encierro ha experimentado una mínima, perceptible alteración.

Ahora sus compañeros de encierro preguntan qué le había pasado, están evidentemente impactados por eso que había sido denunciado tantas veces pero que sólo se hizo audible cuando el discurso jurídico entró en la institución total.

Manuel, hijo de Gastón Goncalves, dice que, cuando conoció a Jesús, lo que más lo impresionó fue su capacidad de entender de inmediato lo que le estaban proponiendo. Para alguien que desde hacía 11 años, a partir de la muerte de su madre, no recibía ninguna visita, no era sencillo pensar en un cambio de posición tan radical: convertirse en un sujeto con derechos, capaz de enfrentarse a un tribunal donde su palabra tendría valor, los jueces lo escucharían y sus compañeros de épocas de militancia estarían como testigos de su verdad, una verdad colectiva que, de tan dolorosa, se hace impensable. Jesús estaba allí enfrentando todo eso en un solo acto, sin avales subjetivos, sin garantías de lo que iba a sentir después de semejante acto cuando volviera, solo, a su realidad penalizada, apenas con su dolor acallado y los detalles de una memoria implacable. Jesús, el memorioso.

La defensa objetó su testimonio, como tantos otros, pero el tribunal hizo lugar a lo declarado por Jesús. Declaró esposado. Expresión radical y extrema de la paradójica condición de víctima-testigo del terrorismo de Estado e imputado de un delito común. Aun parándonos en el reverso, ¿su peligrosidad será mayor que la de Patti y sus colegas torturadores? Jesús asumió su lugar –al igual que tantas veces lo hizo durante estos largos años– como si se tratara de una clase magistral de dignidad dedicada a quien tres décadas atrás lo había torturado a pesar de sus 16 años y medio. Un asentimiento subjetivo incalculable, enigmático y profundamente ético. Ana Nuño, en su texto “El testigo entronizado, a pesar suyo”, en referencia a la relación entre la memoria subjetiva y el discurso histórico, advierte que los verdugos no dan testimonio, que siempre callan, porque sus actos están más allá de las palabras.

Cuando finalizó la declaración de Jesús, sus ex compañeros de militancia salieron a las escalinatas del Centro Cultural de José León Suárez, donde se desarrollaban las audiencias, y con el puño en alto se despidieron de él, que era trasladado nuevamente al penal en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. El instante de víctima del terrorismo de Estado había concluido, y con ello el valor subjetivante de su palabra. No fue poca cosa, en 18 años de encierro, ese instante.

El cruzó al otro lado del muro y volvió, pero ese cruce nunca es sin consecuencias, porque ya no se vuelve al mismo lugar. Reescribir un nombre no es poca cosa, cuando se está más acá de los márgenes del manicomio, cuando los surcos del rostro hablan del dolor, del abandono y de la tristeza. Pero también de la alegría de, por fin, haber sido rescatado del olvido. Haber sido dignificado, al ofrecer su palabra valiente. Haber hecho lugar a aquel sueño premonitorio de “hacerle un juicio a Patti”. Verlo preso, como él y todos esperábamos. Quizás esa haya sido la única oportunidad en que el muro que separa la “normalidad” de la locura permitió que, por un rato, Jesús lo atravesara. O quizá sea necesario que asumamos esta verdad colectiva y nos dejemos interpelar por los efectos de la trágica historia vivida. La verdad de Jesús es la historia de todos.

* Psicoanalista. Directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Luis Patti condenado a prisión perpetúa ¡¡por fin a cárcel común!!

2011-05-27T22:47:00.000-07:00

Preso en cárcel común

La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.

Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.

A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni “no es imprescindible”, concluyó.

Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.

El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. “El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”, leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el “traslado, reingreso y alojamiento” de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti “no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio”.

Los otros condenados y los otros silenciados

2011-04-15T00:55:00.000-07:00

Los condenados:

-Reynaldo Bignone. Fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante 1977. Fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín a 25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En dicha ocasión Bignone se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus subordinados.

- Santiago Riveros. Fue comandante del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977. Al igual que Bignone, posee una condena del mismo tribunal a 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo.

- Juan Fernando Meneghini. Fue comisario de la Comisaría 1a de Escobar entre 1976 y 1977. Allí era el jefe directo de Luis Patti.

- Martín Rodríguez. Se desempeñó como oficial de Inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército y fue jefe del Grupo Especial de Institutos Militares

Los silenciados

Los sobrevivientes, tanto en los medios de comunicación que ahonda con morbo el caso particular y familiar, y diluyen los otros muchos detenidos desaparecidos que en el enfoque individual no son contenidos, como así lo estableciera el perverso mecanismo juidicial que separa las causas, elimina toda posibilidad de enjuiciar por fuerza y por campo de concentración, y por supuesto, tal como entonces, anular, silenciar, ocultar, el crimen de genocidio.

Y los sobrevivientes que como testigos de conceptos fueron silenciados por parte los jueces, como lo hiciera Lucila Larrandart, con Margarita Cruz, sobreviviente y miembro de la AEDD.

(¡que tremendo ser conocido por la pena de los demás...! Primo Levy

Perpetua para Patti: Otro largo camino para conseguir justicia

2011-04-15T00:28:00.000-07:00

Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.

Por Adriana Meyer

“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.

Prisión perpetua y cárcel común para Patti y otros

2011-04-14T13:21:00.000-07:00

Patti fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la dictadura

El Tribunal Oral Federal Uno de San Martín condenó al ex subcomisario de la Policía Bonaerense a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. También recibieron la misma pena el ex dictador Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y el ex agente de Inteligencia del Ejército, Martín Rodríguez.

se conocerá la sentencia en el juicio a Patti por delitos de lesa humanidad

2011-04-14T01:46:00.000-07:00

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dará a conocer este jueves su veredicto en el juicio que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad al ex intendente de Escobar y ex policía bonaerense Luis Patti, quien afronta un reclamo de prisión perpetua por parte de todos los querellantes y la fiscalía.

El lunes último Patti se negó a pronunciar sus últimas palabras al ser ingresado en camilla a la sala de audiencias del auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez, lugar donde esta tarde los jueces Lucila Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassaín emitirán su veredicto.

Junto con él son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros, el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez y quien fuera jefe de Patti en la comisaría de Escobar desde poco antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Juan Fernando Meneghini.

El juicio oral comenzó el 27 de setiembre del año pasado y a su término, en la etapa de los alegatos, Patti quedó acusado con pedidos de prisión perpetua por el crimen del militante Gastón Gonçalvez, el secuestro del luego asesinado ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, entre otros casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones ocurridas en la zona de Escobar y Garín cuando él era oficial de calle de la comisaría local.

En caso de condenarlo, el tribunal deberá resolver además si lo envía a una cárcel común o lo deja permanecer internado como hasta ahora en la clínica Fleni de Escobar, donde está internado por un accidente cerebro vascular.

Desde ese centro asistencial se lo trasladó lunes y jueves al juicio que siguió desde una sala contigua o dentro de una ambulancia y en sus alegatos los querellantes reclamaron que si es condenado cumpla la pena en una cárcel común o en alguna que cuente con hospital adecuado.

Patti está procesado con prisión preventiva por el secuestro y asesinato del militante de la juventud peronista Gastón Gonçalvez en marzo de 1976, un hecho por el que está acusado de manera directa ya que se considera que el joven fue secuestrado por él, para ser llevado de manera ilegal a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría de Escobar, donde se lo torturó.

Días después fue fusilado de un balazo en la cabeza junto a otros tres secuestrados en un paraje conocido como "el Cazador" a la vera del río Luján, donde se encontraron los cadáveres que fueron enterrados como NN en el cementerio local.

Los restos de Gonçalvez fueron identificados 20 años después por el equipo de Antropología Forense, cuando Patti era intendente de Escobar, para luego ser electo diputado nacional, cargo que se le impidió asumir.

En cuanto a Muñiz Barreto, en los alegatos se consideró probado que Patti lo detuvo ilegalmente junto a su entonces secretario ya fallecido Juan Fernández, en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, donde se resolvió asesinarlos, se recordó en los alegatos.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y adviritió que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, qjuien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Rios.

Patti está acusado además de la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D Amico.

El luego, el dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, período en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y mañana se emitirá veredicto.

La infamia del teatro

2011-04-12T05:00:00.001-07:00

El jueves 14 de abril: la sentencia

2011-04-10T05:31:00.000-07:00

El veredicto

Los familiares de las víctimas cuentan cómo vivieron el proceso judicial. Esperan que el ex subcomisario reciba una pena en cárcel común, ya que la defensa buscará mantenerlo en una clínica privada. También se resolverá la situación de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y otros dos represores.
Por Alejandra Dandan

Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: “Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz”. Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.

“Fui a todas las audiencias y cada vez que fui abrí esa herida, la limpié todos los lunes y todos los jueves”, dice Diego Muniz Barreto. “Y empiezo a tener la sensación de que hay algo de reparación en todo esto muy importante, donde cada uno empieza a estar del lado que tiene que estar y no en ese espacio de los grises: porque cuando yo veía a esa gente circulando por la calle, cobrando pensiones de ex presidentes o convertida en intendente, me parecía que era una situación muy gris: ahora no, más allá de los resultados, el juicio ubicó de un lado a los encausados y del otro lado a las víctimas, nítida y concretamente.”

Los Muniz Barreto son tres hermanos, Diego, Juana y Antonio, el músico que vive en Barcelona, es el menor y durante los últimos meses se la pasó yendo y viniendo. “Para mí fue una especie de exposición íntima del dolor más absoluto”, explica. “Cuando empecé me sentía súper emocionado, pero por momentos eso cambiaba, de pronto estaba muy cansado, con mucho abatimiento, a veces festejaba y otras quería salir corriendo a hacer aikido, y es eso, no sé, como quedarte desnudo delante de todo el mundo.”

El dolor tenía que ver con muchas cosas, como volver a escuchar o conocer detalles de la historia de su padre, el ex diputado Diego Muniz Barreto. Oír cómo lo hundían en un río. Escuchar los detalles de una carta que dejó escrita su secretario privado, la persona a la que arrojaron al río junto a él y se salvó. Una carta que el mayor de los hermanos había leído una vez, y guardó de un golpe en un cajón.

Esos relatos convertidos en prueba durante el juicio a los genocidas ahora terminan. Mañana habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los acusados, que continúa el jueves a la mañana. En la lista están Riveros y Bignone, en ese entonces a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Martín Rodríguez alias “El Toro”, uno de los torturadores del campo de exterminio; y los dos policías, Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura, y Patti, oficial de esa misma comisaría sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además haya sido espía del Ejército.

En el plano formal, todos tienen pedida la prisión perpetua. Se espera que Meneghini hable en la audiencia del lunes. Lo hizo largamente al comienzo del juicio y tomó notas en cada audiencia. Patti no estuvo casi nunca en la sala. En ocasiones permaneció adentro de una ambulancia privada enviada por la clínica Fleni, donde sigue internado por un supuesto ACV. La suya es acaso la condena más esperada. Las querellas le pidieron prisión perpetua por imputarle el crimen de Gonçalves. A esta altura, las querellas no temen realmente una absolución, pero la tensión está en el lugar de detención. Los defensores de Patti pidieron que permanezca en el Fleni, un espacio que Patti solía usar de bunker político incluso durante su teatralizada situación de enfermo. Los familiares piden cárcel común, que lo trasladen a Marcos Paz, aunque aclaran que si eso no es posible existen lugares alternativos como la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.

Marisa D’Amico es la hermana de Luis Rodolfo y Guillermo, dos de las víctimas de Patti, casos en este juicio, militantes secuestrados de su casa, sumergidos por el ex intendente de Escobar en un tanque de agua, todavía desaparecidos. Su hermana pasó años buscando respuestas a la pregunta sobre dónde están sus cuerpos. Quiere saber al menos si tiene que poner flores en el Paraná, el Dique del Luján o un arroyo donde tiraron cuerpos carbonizados 18 días después de la desaparición. El 1º de noviembre ella declaró en el juicio: “Al margen de las condenas, que hasta tengo miedo que no sean lo que esperamos, pienso en las cuestiones de privilegio: el privilegio de estar en el Fleni, eso quiero que se corte, porque cómo puede ser que haya gente que está presa por robo de autos, sin matar a nadie y esté en prisiones comunes y éste, que es mucho más que un ladrón de autos, éstos que son asesinos, estén en otro lugar: tengo miedo a esto, a las condenas flojas y al privilegio, por eso digo que para mí el 14 no termina el juicio: termina en todo caso una etapa”. Este viernes por la noche, Marisa volvió tarde a casa, preocupada porque “con tantas cosas malas” que le pasaron en la vida, no está segura de llegar en condiciones al día de la sentencia.

Mientras, Manuel Gonçalves termina de organizar a todo correr las cosas con la Municipalidad de San Martín para conseguir un escenario. Manuel y Gastón son los hijos de Gastón Gonçalves, militante de la JP, activista en el territorio de Patti, secuestrado el día del golpe de Estado, encerrado en un celular en el predio de la comisaría de Escobar y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján. Buena parte del juicio se trató de probar la relación del crimen con la comisaría y con Patti. Sus hijos también estuvieron cada día de audiencia. Gastón, que es músico de Los Pericos, aparecía cada tanto rodeado de otros músicos de otras bandas, un mundo del rock sumergido en los juicios. Manuel, vestido casi siempre de negro, no lograba entender, antes del verano, cómo iba a hacer para poder esperar todo enero y febrero a la condena.

Los músicos tendrán mucho que ver también el día de la sentencia. A las cuatro de la tarde, cuando comience la audiencia, afuera del tribunal habrá pantallas para seguir el debate. HIJOS prepara para el escenario una radio abierta y luego tocarán Los Auténticos Decadentes.

Pero todo empezará un poco más temprano. Entre las últimas palabras y el momento de la sentencia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo marchará con organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos desde la esquina de Avenida Márquez y San Martín hacia el auditorio. Si alguna singularidad tuvieron estas audiencias, es que muchas de las pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. Muchas son sobrevivientes de la zona norte, ex militantes, secuestrados muchos de ellos por Patti. Varios sostienen ahora a la Comisión, un espacio que crearon para darle aire a los juicios de Campo de Mayo, organizar las estrategias jurídicas y buscar las pruebas en el territorio. “Este es el cierre de la impunidad de Patti”, dice Carlos “Nica” González, de la Comisión. “Patti, porque es el personaje siniestro de la convocatoria, y es Patti como será Rico en un próximo momento, las personas más reconocidas para la gente de los barrios, los hombres comunes, no sólo para la militancia.”

El nombre de Patti es lo que se acaba en ese día. El nombre de un hombre vinculado al reciclado en la democracia: “Este personajes usó a las instituciones –dice Giselle Tepper, de HIJOS–, lo que se hace con esto es condenar todo este blanqueo y me parece que si no hubiera habido familiares y abogados detrás de esto, hoy el tipo estaría en el Congreso”.

La mentira como estrategia de defensa

2011-03-29T05:18:00.000-07:00

EL TRAMO FINAL DEL JUICIO ORAL A PATTI, BIGNONE Y OTROS REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La fiscalía y los abogados de las víctimas presentaron sus réplicas al alegato del defensor de Luis Patti, el ex camarista Alfredo Bisordi. Lo acusaron de tergiversar los dichos de los testigos y pidieron que se lo sancione por “conducta agraviante”.
Por Alejandra Dandan

Alfredo Bisordi tergiversó el testimonio de los testigos e introdujo elementos falsos en su acalorada defensa de Luis Abelardo Patti. Palabras más palabras menos, esa fue una de las conclusiones que se escucharon ayer en José León Suárez, durante la audiencia destinada a las réplicas de los alegatos del ex camarista devenido en defensor del represor. La abogada de los hermanos Gonçalves fue especialmente meticulosa para sumar elementos de prueba sobre lo que nombró una y otra vez como la trama de las mentiras. Una suma de datos por los que terminó pidiéndole al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que encabeza Lucila Larrandart, una sanción para el ex magistrado por “conducta agraviante”.

La palabra mentira fue una de las más escuchadas durante la audiencia, una de las últimas jornadas del juicio oral a Luis Abelardo Patti, Reynaldo Bignone, Omar Riveros, Martín Rodríguez y Fernando Meneghini. Las querellas la usaron luego de contrastar no sólo los apuntes tomados durante el juicio, sino también las grabaciones de las audiencias. Bisordi no fue el único abogado defensor replicado, pero fue el que concentró las principales respuestas porque con su defensa cuestionó fundamentalmente el valor de muchas de las víctimas que se atrevieron a declarar de forma valiente, como dijo semanas atrás la abogada Ana Oberlin.

Uno de los testigos maltratados por Bisordi fue Jesús Bonet, cuyo testimonio fue clave porque confirmó la relación entre el secuestro de Gastón Gonçalves y la comisaría de Escobar. Ese testimonio para Bisordi resultó nulo; entre otras razones, porque –según Bisordi– Bonet había dicho que estuvo secuestrado con una persona que fue secuestrada seis meses más tarde. Ana Oberlin encontró ahí una de las “mentiras”. Revisando la copia del material, halló por ejemplo que Bonet no había dicho eso, sino que durante su secuestro le preguntaron por esa persona.

La lógica se repitió después con otros testigos. Oberlin nombró los casos de Blanca Leonor Buda, Eva Orifici y al antropólogo Alejandro Incháurregui. “Creemos que no son simples descuidos o negligencia, sino que conforman una inconducta procesal maliciosa y manifiesta –dijo la abogada– que de ningún modo puede tolerarse ni considerarse comprendida en el ejercicio de la defensa.” Por eso, pidió una sanción y que el TOF reenvíe al Colegio de Abogados los audios o las actas para que se evalúe la existencia de una falta grave.

La audiencia había comenzado con las réplicas del equipo de fiscales. Bisordi había dicho que los argumentos de Javier de Luca, Marcelo García Berro y Juan Murray para acusar eran producto de una noche afiebrada; los llamó mendaces, deleznables e incumplidores de la regla de objetividad. Además, los consideró parte de un ejército de “obedientes” aliados del kirchnerismo. Aunque no dejaron de hacer una devolución técnica, los fiscales respondieron los piropos: “Reiteramos que no es inocuo para nosotros que nos injurien y que, por esa razón, no tenemos por qué soportar que nos digan que somos cualquier cosa, que nuestros argumentos son un conjunto de cachivaches juntados de cualquier manera con tal de quedar bien con una corriente dominante”.

En los puntos técnicos, las réplicas se concentraron en temas claves. Algunos, estratégicos. Los fiscales están convencidos de que Bisordi planteó su alegato no sólo pensando en el presente, sino en lo que sucederá más tarde: el ingreso de la causa en la Cámara de Casación, donde el ex camarista conoce el paño y donde ya no estarán ni estos jueces ni estos fiscales, ni las querellas ni los testigos para hablar de lo que sucedió en esta sala.

Uno de los puntos estratégicos, entonces, es lo que Bisordi planteó sobre la ausencia de Patti en la sala. Pidió la nulidad del juicio porque supuestamente se lo juzgó en ausencia. La fiscalía rechazó el planteo con un largo argumento que apunta especialmente al después: aseguró que el derecho a la defensa estuvo garantizado por la presencia de los defensores, pero además recordó que fue la defensa de Patti la que consintió las salidas del acusado de la sala invocando razones de salud graves. “Este argumento es muy grave porque la defensa lo ocultó”, dijeron. Y fueron más allá: negaron la gravedad de Patti. “Debemos señalar, sin embargo, que es falso que Patti no pudiera asistir a las audiencias, porque ninguna de las dolencias que lo aquejan se lo impedía.” No existe informe médico oficial alguno, aclararon, que haya sugerido tal cosa: “Todos son certificados elaborados por médicos de guardia y de traslado, sin experticia y especialidad en estos asuntos, además de provenir de un centro privado elegido por el propio paciente imputado”.

Las réplicas siguieron en manos de Pablo Llonto, representante de Muniz Barreto, Souto y los D’Amico. Llonto sacó a flote una resolución vieja de Bisordi en su rol de juez y, por eso, lo llamó esquizofrénico: en su papel de camarista admitió el plan sistemático de desaparición de personas y ahora, en su rol de defensor, dice que Patti sufre persecución y un virtual linchamiento. Llonto dejó en claro que una cosa es defender a un imputado, al que se le debe el resguardo de la ley, pero otra muy distinta es hacer una defensa basada en ironías y mentiras.

El 14 de abril se conocerá la sentencia

2011-03-19T00:32:00.000-07:00

Una de las juezas, Lucia Larrandart, se negó a escuchar a una compañera de la AEDD.
El TOF 1 de San Martín leerá ese día el veredicto en el debate donde también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros tres imputados. El Ministerio Público Fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco acusados

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el 14 de abril próximo la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que lleva adelante contra el ex comisario Luis Patti.

Así, los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain leerán ese día el veredicto en el marco del debate en el que también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
Y es bueno recordar que en sus alegatos tanto el Ministerio Público Fiscal y algunas querellas pidieron la pena de prisión perpetua para todos los imputados, pero sin mencionar delito de genocidio.

Y también hay que recordar que la jueza Lucía Larrandart, se negó a escuchar el testimonio de una compañera, Margarita Cruz sobreviviente, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Continúan los procedimientos judiciales dentro de los mismos parámetros insuficientes, tanto por los delitos que se juzga a los genocidas, como por el procedimiento dónde las víctimas, los sobrevivientes no tienen la relevancia que se merecen frente a los artículos en los que se pertrechan jueces incapacitados de sensibilidad o posicionados vaya a saber con qué.

ABD.

Las pruebas presentadas por los querellantes comprometen a Patti al final del primer juicio

2011-02-21T00:01:00.000-08:00

Las pruebas presentadas por los querellantes en el juicio oral al ex intendente de Escobar Luis Patti, apuntan a demostrar que debe ser condenado a prisión perpetua por secuestrar y matar a un militante de la juventud peronista, Gastón Goncalvez, en marzo de 1976, y también privar ilegalmente de su libertad, al luego asesinado ex diputado Diego Muñiz Barreto.

Se trata de dos de las principales acusaciones en las que se basaron todos los alegatos durante el tramo final del juicio en su contra, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que emitirá veredicto en marzo.

El jueves 24 se iniciarán los alegatos de las defensas de los acusados y, según un programa tentativo, los abogados de Patti -el ex camarista de la Cámara Nacional de Casación Alfredo Bisordi y Silvio Duarte- cerrarán las exposiciones la primera semana de marzo.

Ambos pedirán la absolución del ex subcomisario de la bonaerense, que se negó a prestar declaración indagatoria durante todo el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y asistió a las audiencias desde una ambulancia estacionada en la puerta, desde donde era trasladado a diario de la clínica Fleni de Escobar.

Junto con él son juzgados y también tienen pedidos de perpetua el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ex general Santiago Omar Riveros, ex comisario Juan Fernando Meneghini, y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.

"Debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte" por Patti "con anterioridad a su desaparición", según coincidieron en declarar sobre lo ocurrido con Goncalvez varios testigos que vivían en Escobar desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Esto fue recordado en alegatos de querellantes como los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto, en representación de la familia de Goncalvez y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además, acusaron directamente a Patti por el secuestro del joven, quien tenía un hijo y esperaba otro -nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo- cometido el 24 de marzo de 1976.

"Fue secuestrado por Luis Abelardo Patti en Escobar o Zárate", localidades "pertenecientes a la jurisdicción de lo que posteriormente se designaría como la zona de defensa IV, a cargo en ese momento del acusado Santiago Omar Riveros, comandante en jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".

En los alegatos, se manifestó la "certeza" sobre la permanencia secuestrado de Goncalvez en un camión celular ubicado detrás de la seccional 1 de Escobar donde fue torturado hasta que finalmente se lo mató de un balazo en la cabeza junto a otras tres víctimas en el paraje conocido como "El Cazador" a la vera del río Luján, donde fueron encontrados los cuerpos.

En Escobar, precisamente, fueron enterrados esos cuerpos como NN, e identificados 20 años después, cuando Patti era intendente en 1996 en ese partido bonaerense.

Una empleada del cementerio, Patricia Achu, quien declaró en el juicio, denuncio la existencia allí de tumbas sin identificar, pese a que Patti intentó evitarlo con amenazas y advertencias: esta testigo fue la que dio más referencias sobre las actitudes que tuvo Patti cuando ya era intendente de Escobar.

Sobrevivientes que estuvieron con Goncalvez en el camión celular declararon por primera vez contra Patti en un juicio oral y recordaron que el joven llegó a decirles que el entonces oficial lo había secuestrado.

Para los querellantes, quedó probado con los testigos de la época que Patti "integraba grupos operativos represivos en los días en los cuales Goncalvez sufriera los delito que contra él se cometieron", por ejemplo los dichos del sobreviviente Daniel Lagarone, que lo vio en la seccional de Escobar.

Patti quedó acusado directamente por el crimen de Goncalvez, ya que se considera que el joven sólo estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar y desde allí fue llevado al paraje donde le dispararon en la cabeza y lo incineraron.

En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, se considera que las pruebas incorporadas al juicio demuestran que fue detenido ilegalmente por Patti en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan Fernández, el 16 de febrero de 1977, a pocas cuadras de la comisaría donde actuaba el ahora detenido y juzgado.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre, y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y señaló que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, quien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Ríos, y relató todo antes de exiliarse en Europa, donde murió.

Este escrito, donde se narraba con detalle la detención de Muñiz barreto en una carnicería por parte de Patti, fue incorporado a la causa y el escribano que lo redactó ratificó en el juicio oral todos sus términos.

Patti "estaba realmente comprometido con el accionar represivo, no era un simple oficial ´utilizado´ ocasionalmente por los militares y pertenecía a los grupos de tareas" que actuaban en Escobar, Garín y otras zonas.

"Se probó que lo Patti que hacía era secuestrar personas sobre las que previamente se había hecho inteligencia con el fin de hacerlas desaparecer", sostuvo el alegato de los abogados de las familias querellantes.

Boletín de la AEDD nro 771

2011-02-09T22:45:00.000-08:00

Gacetilla de Prensa

JUICIO EN SAN MARTIN

JUEVES 10 de Febrero a las 9.30 horas la querella JusticiaYa alegará en el juicio que se viene desarrollando contra los genocidas : Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone, Juan Fernando Meneghini y Martín Rodríguez, imputados por las privaciones ilegales de la libertad de :

Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.

Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)

Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad

Otra petición de perpetua para Patti y otros represores

2011-02-07T22:57:00.000-08:00

Crímenes en el marco de un genocidio

El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan

La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.

El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.

Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”

Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.

Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.

Piden perpetua para Luis Patti por sus crímenes durante la dictadura

2010-12-22T22:59:00.000-08:00

Un agente de la inteligencia militar

La fiscalía de San Martín consideró que en el juicio contra el ex subcomisario quedó acreditada su relación con el Servicio de Inteligencia del Ejército. Los fiscales también solicitaron la aplicación de la máxima pena para el resto de los acusados.
Por Alejandra Dandan

La fiscalía oral de San Martín dio por acreditado el vínculo entre Luis Abelardo Patti y el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino. Pese a no establecer aún si la relación fue orgánica o inorgánica, los fiscales incorporaron el dato a los alegatos que concluyeron ayer en el marco del juicio que se le sigue por la autoría material del homicidio calificado de Gastón Gonçalves, nueve privaciones ilegales de la libertad y seis tormentos agravados, porque las víctimas eran perseguidos políticos. Luego de dos jornadas de lecturas, pidieron para el ex subcomisario la pena de prisión perpetua. El equipo de fiscales integrado por Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto de Luca pidió además la pena máxima para el resto de los acusados: los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone; el torturador de Campo de Mayo Martín “El Toro” Rodríguez y el ex jefe de la comisaría de Escobar Fernando Meneghini, el único con asistencia perfecta a los debates y quien hasta ahora intentó demostrar que a partir del golpe quedó casi privado de su libertad, en medio de una comisaría ocupada por el Ejército. Las audiencias entran ahora en un cuarto intermedio hasta febrero, ocasión en la que las querellas continuarán con los alegatos.

Como cada vez, Meneghini se sentó solo en las sillas destinadas a los acusados en el escenario del lavado auditorio municipal de José León Suárez. Como sucede habitualmente, Patti no estuvo. Hacia el final de la audiencia, el Tribunal leyó una resolución de un médico del Servicio Penitenciario Federal según la cual el ex intendente no pudo presentarse por problemas de presión. Enseguida, con ese énfasis que suele darle a las cosas cuando la sobresaltan, la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó que se giraran todas las resoluciones al jefe del Servicio Penitenciario. Lucila Larrandart decidió abrir una instancia de análisis para sancionar administrativa o penalmente a Patti por las repetidas inasistencias a la sala. El público aplaudió.

En tanto, la fiscalía terminaba la segunda y última jornada de alegatos: consideró a todos culpables por homicidio agravado en grado de autor o partícipe necesario, cargo que habilitó el pedido colectivo de prisión perpetua. Por el asesinato de Gastón Gonçalves acusaron a Riveros, Patti y Meneghini; por el homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto a Riveros, Bignone y Rodríguez.

La acusación mantuvo a grandes rasgos el mismo pedido de condenas con el que se inició el debate, pero con pruebas consolidadas por declaraciones clave y valientes de muchas de las víctimas y por el aporte de documentos. Uno de los casos más sólidos fue el del propio Patti: el nombre que vincula todos los casos de la causa con la actividad desplegada por la Inteligencia de Campo de Mayo, según describieron los fiscales. “Es la intervención de este individuo la que vincula los casos de esta causa con la actividad de Inteligencia desplegada desde de Campo de Mayo, y ello demuestra que los hechos no fueron producto de la pasión del momento, del fragor de una lucha, ni del arrebato de un descontrolado policía que quería quedar bien con quienes ostentaban el poder, sino el resultado de un estudio paciente y premeditado, del trabajo de inteligencia política”.

Inteligencia

Los fiscales relevaron pruebas para poder explicar no sólo quién era Patti en la zona, sino por qué, con el cargo que tenía, podía estar detrás de los operativos. Uno de los datos fue un volante de enero de 1975 de la Juventud Peronista que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). “Pueblo de Escobar –decía–, denunciamos bárbaros atropellos a la dignidad humana en la persona de cuatro personas detenidas que están siendo objeto, desde que está el patrullero en la puerta (más de tres semanas), de terribles e incalificables actos de tortura, en la cámara del terror ubicada en los sótanos de la Comisaría local. Las mismas van desde la agresión física hasta la utilización de la modernizada picana eléctrica. Los siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos son el Comisario de Policía local, los oficiales ‘especializados’ Santos y Patti, el suboficial García y otros.”

El dato, incorporado por la declaración de peritos de la Dipba, precedió al momento en el que mencionaron la relación con Inteligencia: “Ha quedado plenamente acreditada la vinculación de Luis Abelardo Patti con el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, aunque no hayamos podido establecer si esa vinculación era orgánica o inorgánica”. Sería imposible, agregaron, “que un oficial subinspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hubiera tenido la actuación que tuvo dentro de la estructura represiva sin contar con una posición determinada en el área de Inteligencia”.

Las declaraciones de dos testigos lo situaron comandando efectivos del Ejército Argentino. Entre ellos, Elena Gómez, nacida en Baigorrita, el mismo lugar de donde es Patti y quien lo identificó como el hombre que en septiembre de 1976, cuando ella vivía en La Plata, comandó al grupo de tareas que entró a su casa. Dijo que el jefe del grupo tenía el pelo un poco largo y ojos azules y que ella se dijo: “A vos te conozco”. Entendió que lo conocía de Baigorrita años más tarde, cuando lo vio como candidato por la televisión.

Los fiscales apoyaron esa relación en otros antecedentes, como el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. En esa causa, explicaron, Patti resulta autor material de los disparos de arma de fuego que ocasionaron la muerte de los dos militantes peronistas. “Su participación está demostrada con independencia de si en el proceso correspondiente será o no declarado culpable.” E indicaron que “ambas víctimas fueron secuestradas y torturadas en la ciudad de Rosario el 14 de mayo de 1983 por personal de Inteligencia de Ejército y que fueron entregados a Patti en la localidad de Lima, Zárate, para que los ejecutara en la misma tarde de ese día”. En esa “Operación Especial de Inteligencia” destinada a ahogar el “rebrote subversivo” en el proceso de recuperación de la democracia “tuvo un rol protagónico el Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE) y dentro de él Luis Abelardo Patti

Vuelos y torturas

2010-12-10T00:16:00.000-08:00

El testimonio de Víctor Ibañez

por Alejandra Dandan

“Una vez me ordenaron llevar a unas personas al batallón de aviación del Ejército. Cumplo la orden, los llevo, ellos se identifican como aviadores o de la Fuerza Aérea y los llevo hasta la punta de la pista, donde reconozco que bajan de un jeep al teniente coronel Guerrieri y el general Bignone, entre otros; parecía que se conocían de mucho tiempo. Ahí estaban subiendo personas al avión, encapuchadas, y alcancé a ver cómo los estaban inyectando en las piernas.”

Víctor Armando Ibáñez declaró como testigo en el juicio a Luis Abelardo Patti y Reynaldo Bignone, entre otros. Ibáñez, que ahora tiene 60 años, es un militar que fue cabo primero en Campo de Mayo y hace años publicó una biografía con sus relatos y los de otros compañeros testigos de lo que sucedió en el interior del centro clandestino de la guarnición durante la última dictadura. Su testimonio ingresó en la última etapa de testigos. En la audiencia confirmó las descripciones más brutales sobre el capitán Martín Rodríguez, alias El Toro, uno de los torturadores del campo y ahora imputado en la causa. Y reveló detalles del momento en el que uno de sus compañeros se levantó a las tres de la mañana por orden de un superior a sacar del campo y entregar al ex diputado Diego Muniz Barreto.

Las sucesivas declaraciones de Ibáñez permitieron identificar en los últimos años a varios represores. Ibáñez hizo tándem con un compañero de apellido Roldán al que le decían Trapito. Como siempre andaban juntos, a él terminaron diciéndole Petete. Los sobrenombres eran una de las formas de invisibilización adentro del campo, la razón por la que hoy él todavía no puede saber cuáles son otros nombres.

“Roldán era mi compinche, éramos como hermanos, siempre andábamos juntos, nunca nos separábamos.” Roldán también conducía y operaba la radio. Un día del que no se acuerda ni fecha ni año, alguien le ordenó a Roldán llevarse a uno de los detenidos. Tenía que estar a las tres de la mañana en el parque Automotor del Departamento de Inteligencia: “En realidad –dijo–, yo era el conductor, y yo estaba de turno, o sea que esa misión era para mí, pero Trapito también era conductor, y cuando el oficial de servicio nos despierta, Trapito va porque quería traer el mate cocido a la madrugada y se iba a quedar en el cuartel y no iba a volver al Campo”.

Así es que esa madrugada, el oficial de servicio despertó a Trapito, le entregó al detenido y a un tal Puma, un gendarme nombrado por varios testigos pero que aún no está identificado. Los tres se subieron a un jeep, y Trapito cargó además los tachos para mate cocido. A la hora acordada llegó al lugar donde le dijeron. “Le abre el portón corredizo, y ahí alcanzó a reconocer al Capitán (Rafael Félix) López Fader, se cierra el portón y deja las luces del jeep encendidas: ahí entrega a esa persona con el gendarme, eso me lo narró a mí.”

A Trapito le ordenaron no moverse. Con la luz del jeep vio que vendaban la mano del señor detenido, le pusieron algodones y no sabe si lo ataron con un hilo o una cadena. En la penumbra observó todo: “Cuando regresó me dijo que le ordenaron volver, habrá regresado cuarenta minutos más tarde, vino mal y me cuenta que no alcanzó a ver a las demás personas; bueno, me comenta eso, hablamos de todo un poco hasta que nos quedamos dormidos de nuevo”.

Entre los lugares por donde se movían había una sala de situación. Y sobre alguno de los sectores, uno gráfico con nombres de personas. Días más tarde, encontraron ahí un recorte de diario con la noticia del fraguado accidente de Diego Muniz Barreto. Trapito lo reconoció: le dijo a Ibáñez que ése era el muchacho del traslado. “Bueno, y después ahí escucha los comentarios de los otros, de López Fader y relacionó todo: era un muchacho muy vivo.”

Ibáñez habló además de ese episodio en la pista de aviones de Campo de Mayo, que ya había declarado en otra causa. Ahí nombró a Bignone, pero además a Pascual Guerrieri, un teniente coronel que primero estuvo en Campo de Mayo y después como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, donde fue juzgado y recibió condena a perpetua. Estuvo en la SIDE hasta el 2000, cuando se decidió echar de la Secretaría de Inteligencia al personal más comprometido con la represión ilegal.

Después de las preguntas de las querellas, Ibáñez fue blanco de un ping pong de preguntas punzantes. El defensor oficial Juan Carlos Tripaldi preguntó alguna vez por los “guerrilleros” y aunque no usó ni la palabra subversivos ni la palabra terroristas, como alguna otra defensora oficial en otro juicio, el tono quedó flotando. Más adelante hizo otra pregunta en sentido un poco más peligroso: le preguntó a Ibáñez por el testimonio de un ex prisionero, pero no lo nombró como una víctima, sino que preguntó si era “colaboracionista”. A esa altura, la querella lo paró. Lo mismo pidió la fiscalía. Y el Tribunal, rápidamente lo frenó.

Ratifican que ya Rodolfo Walsh había denunciado el crimen oculto de un ex diputado

2010-12-02T23:52:00.000-08:00

La periodista Lila Pastoriza ratificó que un cable de la agencia clandestina de noticias -fundada por el asesinado escritor Rodolfo Walsh en la última dictadura- dio cuenta del secuestro y crimen del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto en momentos en que la versión oficial hablaba de su muerte en un accidente de tránsito en Entre Ríos.

Por Karina Poritzker

Pastoriza dejó en claro así que apenas ocurrido el hecho ya se sabía la verdad sobre la detención ilegal de Muñiz Barreto y su entonces secretario Juan José Fernández, en una carnicería de Escobar, en febrero de 1977, hecho por el que es juzgado el ex subcomisario de esa localidad del norte bonaerense Luis Abelardo Patti.

La periodista integraba junto a un puñado de colegas la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) fundada por Walsh para dar información sobre violaciones a los derechos humanos imposible de publicar en los medios periodísticos de la época.

La testigo y sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA dio su testimonio hoy el juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín sigue a Patti, al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros y al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.

Bignone, de 82 años, no asistió a la audiencia en el auditorio Hugo del Carril de la localidad bonaerense de José León Suárez ya que según un parte médico fue derivado de la cárcel al Hospital Militar Central para estudios médicos al sufrir un cuadro de deshidratación y problemas gastrointestinales.

Otra testigo programada para hoy, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Chicha Mariani no asistió al debate por sufrir un problema cardíaco, según se informó al tribunal.

"Hubo un cable de ANCLA a principios del 77, se sabía del secuestro de Muñiz Barreto y su secretario, había salido la noticia en el Herald y se decía después que había muerto en un accidente. Entonces salió el cable que decía que había sido asesinado después de su secuestro por la policía de Escobar", recordó Pastoriza.

El cable de ANCLA, exhibido en la audiencia, titulaba "Alevoso asesinato de Diego Muñiz Barreto" y estaba fechado el 15 de marzo de 1977, poco después del hallazgo de su cuerpo, el 7 de ese mes, dentro de su auto hundido en un río entrerriano y de presentarse lo ocurrido como un accidente de tránsito protagonizado por su entonces secretario Juan José Fernández, quien había podido salvarse.

"La información la trajo Walsh, se que llegó vía Rodolfo", agregó Pastoriza, quien leyó el cable ante los jueces y lo ratificó en todos sus términos.

En el texto se decía que Muñiz Barreto había sido "torturado brutalmente" en zona del Primer Cuerpo del Ejército luego de ser entregado por la Policía Bonaerense, hechos que ahora se dan casi por probados en la acusación fiscal.

Por esa época Walsh "ya no vivía en Capital, no estaba al frente de la agencia, lo vi dos o tres veces ese año y una semana antes de que lo mataran", recordó sobre el encuentro que tuvo con el autor de "Carta abierta a la Junta Militar" en un bar.

En ese encuentro "estuvimos leyendo y repasando el borrador de la carta, estaba muy contento, me dijo radiante `he vuelto a escribir`. Esa fue la última vez que lo vi".

En junio de 1977 Pastoriza fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar donde "vio en una carpeta todos los cables de la agencia y la carta de Rodolfo Walsh que era absolutamente conocida para ellos".

ANCLA fue fundada por Walsh "y se proponía romper el cerco informativo de la dictadura, despachaba cables con noticias aportadas por muchos, muchos periodistas que no podían darlas a conocer en sus medios por la censura brutal".

"La información circulaba en tribunales, estudios jurídicos, redacciones y Walsh era obsesivo con que la información fuera cierta y veraz", agregó.

"A principios del 77 la represión era muy fuerte, habían secuestrado a Eduardo Suárez, que trabajaba en el Cronista Comercial y en ANCLA y a su esposa. Éramos cuatro o cinco y comenzamos a trabajar desde distintos lugares", recordó.

Otro testigo, el escritor y periodista Vicente Zito Lema ratificó en un largo y conmovedor testimonio el relato que hizo el ex secretario de Muñiz Barreto en España, tras escapar del automóvil hundido en Entre Ríos y exiliarse en ese país.

Al igual que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien declaró el lunes, Zito Lema estaba exiliado en España e integró la CADHU, Comisión Argentina por los Derechos Humanos.

Al declarar, recordó que su "gran amigo" luego asesinado por la Triple A, Rodolfo Ortega Peña, le presentó a Muñiz Barreto, de quien fue "conocido".

Por eso presenció la declaración de Fernández ante la CADHU años después. "Relató que estaba en una carnicería de Escobar con Muñiz Barreto cuando aparece un hombre agresivo, violento, armado, que esgrime el arma y le pide ayuda al carnicero para ver si ellos estaban armados".

"Dijo que lo sorprendió mucho por la agresividad y violencia con que se movía y que luego supo que se llamaba Patti y era oficial de policía de la provincia de Buenos Aires", agregó.

Y luego reconstruyó el relato del ya fallecido Fernández en los mismos términos de otros testigos: relató que le dieron una inyección para calmarlo junto a Muñiz Barreto y que los llevaron hasta Entre Ríos desde Campo de Mayo para introducirlos en el mismo auto en el que circulaban el día de su secuestro y arrojarlos al río.

Fernández no se había dormido con la inyección, logró salir a través de una ventanilla rota y se escondió hasta que sus captores se fueron. Entonces volvió al auto, tocó a Muñiz Barreto que había sido sentado en el asiento de atrás y pensó que había muerto, por lo que escapó del lugar.

"Antes había contado de su detención, que no podían dormir por las ratas de la celda, me quedó grabado, que las ratas se escondían en pozos y luego salían y se venían contra ellos, que por eso mismo no podía dormir", relató.

"En la CADHU pensábamos que ninguna dictadura es eterna y que los responsables de la dictadura tendrían que rendir cuentas", explicó al Tribunal y por eso "escuchábamos testimonios, les hacían bien a las almas lastimadas que llegaban a España y humildemente los difundíamos en todas partes, para que la comunidad internacional ayudara", concluyó.

Testimonio de Eduardo L.Duhalde, secretario de DDHH.

2010-11-29T06:47:00.000-08:00

El secretario de Derechos Humanos ratificó que Patti secuestró a un diputado asesinado por la dictadura

Eduardo Luis Duhalde afirmó hoy que al ex diputado Diego Muñiz Barreto y a su secretario Juan José Fernández los secuestró en una comisaría de Escobar el entonces oficial de calle Luis Patti.

"Fernández me dijo que Patti había entrado a la carnicería" donde ambos estaban comprando en febrero de 1977 y los había detenido allí, para luego llevarlos a la seccional de Escobar y finalmente a Campo de Mayo, donde ambos fueron torturados, dijo Duhalde en su declaración como testigo ante el Tribunal Oral FEdearl 1 de San Martín.

Fernández, secuestrado junto a Muñiz Barreto pudo salvar su vida aunque falleció luego exiliado en España.

En este último tramo del proceso, antes del inicio de los alegatos, declaran testigos referidos a lo ocurrido al ex diputado nacional del PJ, quien según la acusación fue secuestrado por Patti en febrero de 1977 en una carnicería de Escobar y llevado junto a su secretario a la secccional de ese partido del norte bonaerense.

Desde allí se lo trasladó al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo y finalmente murió en un simulacro de accidente de auto en un río de Entre Ríos, donde se salvó Fernández.

Junto a Patti son juzgados además por una decena de delitos de lesa humanidad el ex dictador Reynaldo Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros y el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.

En este tramo del juicio dedicado al secuestro y asesinato de Muñiz Barreto, se incorporó un nuevo acusado, el ex oficial del Ejército Martín Rodríguez, quien según declaró por escrito antes de morir exiliado en España el ex secretario del legislador, estuvo en ese centro clandestino de detención y fue uno de los torturadores de ambos.

Duhalde fue convocado como testigo porque se entrevistó personalmente con el sobreviviente secretario Fernández en España y escuchó su relato de lo ocurrido, en el marco del cual mencionó que Patti se los llevó a la comisaría y cómo luego el Ejército simuló el accidente para matarlos a ambos.

Además, Duhalde había sido abogado de Muñiz Barreto y según ya contó en el juicio su hija, Juana, junto a un ex socio suyo, Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la Triple A en 1974, intervinieron en una primera detención sufrida por su padre antes del golpe de Estado de 1976.

Los jueces Lucila Larrandart, Horacio Milloc y Lucia Cassain citaron también a un hermano de Fernandez y a Juan Perlinger, un amigo del ex secretario de Muñiz Barreto que lo acompañó cuando regresó a Buenos Aires tras sobrevivir al accidente en Entre Ríos y hasta que logró viajar a España con la identidad cambiada.

Este tramo del juicio está destinado a apuntalar un testimonio escrito que dejó Fernández a un escribano amigo en Buenos Aires antes de exiliarse, donde reveló los detalles del secuestro junto a Muñiz Barreto, lo padecido en Campo de Mayo y finalmente la forma en que fueron llevados a Villaguay, Entre Ríos, adormecidos con una inyeccion y arrojados al río dentro del auto de su jefe, un Fiat 128 ranchero.

Este vehículo permaneció estacionado frente a la comisaría 1era. de Escobar mientras ambos estuvieron detenidos de manera ilegal allí y antes de ser trasladados.

El juicio se realiza en el auditorio Hugo del Carril de la localidad bonaerense de José León Suárez.

Testimonia Robert Cox, ex director del Buenos Aires-Herald

2010-11-22T23:04:00.000-08:00

Publicar podía salvar vidas

La esposa del diputado Diego Muniz Barreto se acercó al Herald para denunciar el secuestro de su esposo. Cox publicó la noticia en tapa y responsabilizó al policía bonaerense Patti. Treinta y tres años después se hace el juicio.

Por Alejandra Dandan

La producción de noticias durante la dictadura es uno de los ejes que empiezan a aparecer en los debates de los juicios por delitos de lesa humanidad. Por entonces, Robert Cox era director del Buenos Aires Herald, una de las pocas usinas que tenían las organizaciones de derechos humanos y los grupos de familiares para denunciar a los desaparecidos. Cox será convocado como testigo del juicio a la ESMA, pero la semana pasada estuvo en el Auditorio Municipal de San Martín donde se lleva adelante el juicio a Luis Abelardo Patti. El Herald publicó la noticia del secuestro del ex diputado Diego Muniz Barreto en tapa y con el nombre de Patti antes de que apareciera asesinado. Cuando le preguntaron cómo hacía para publicar algo cuando la única fuente que tenía eran las víctimas, Cox dio toda una cátedra política: “No había tiempo”, dijo. “Si era posible sacar rápidamente una nota teníamos que hacerlo porque en algunas ocasiones sabíamos que si lo hacíamos la gente iba a aparecer.”

El debate había empezado temprano con el relato de Juana Muniz Barreto, la hija del ex diputado que en su declaración recuperó la biografía política de su padre y logró explicar cómo fueron los avatares para reconstruir las pruebas de lo que pasó. El cuerpo de Muniz Barreto apareció en las orillas del río Paraná el 6 de marzo de 1977. Los militares lo arrojaron al agua dentro de un coche luego de haberlo inyectado con un líquido blanco turbio para adormecerlo. El caso apareció publicado en los diarios de la época como el efecto de un accidente automovilístico. Con él estaba su secretario privado Juan José Fernández que sobrevivió, y su testimonio se convirtió en uno de los primeros datos para rearmar la historia. Ambos habían sido secuestrados el 16 de febrero en Escobar y desde entonces hasta que apareció el cuerpo la familia supo a través de un mensaje de Diego que estaban en la comisaría de Escobar, que estaban secuestrados y que los había secuestrado Patti.

La mujer de Diego hizo distintas gestiones. Entre ellas, en la Nunciatura y otra en el Buenos Aires Herald que publicó la noticia en tapa y ahora es prueba en el juicio.

Cox llegó con su estilo de lord inglés a los descampados de José León Suárez donde se lleva adelante la audiencia. Cuando le preguntaron si tuvo o tiene algún vínculo con los represores que pudiesen obstaculizar la declaración, como se le pregunta a todo el mundo, Cox dijo que no: que sólo estuvo en conferencias de prensa con el general Reynaldo Benito Bignone. Además de Patti, Bignone y Omar Riveros están acusados en el juicio por sus roles de jefe del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo y jefe de la zona IV, respectivamente. Los otros dos acusados son el ex comisario de Escobar Fernando Meneghini y el interrogador de Campo de Mayo Martín “El Toro” Rodríguez.

¿De qué manera le llegó la noticia?, preguntó una de las querellas. “Yo creo que éramos los únicos que publicamos la noticia del secuestro de Diego Muniz Barreto –dijo Cox–, porque me vino a ver su señora, y me explicó lo que pasó y entonces yo hice la nota y la pusimos en primera página, porque estábamos acostumbrados en ese entonces a que llegue gente a nosotros con estas noticias y si era posible sacar rápidamente una nota, en algunas ocasiones conseguimos que la gente apareciera.” En el diario publicaron todo lo que sabían, dijo. Incluso el nombre del oficial Patti cuando ni siquiera era un hombre popular “¿La fuente fue exclusivamente la señora de Muniz Barreto?”, preguntó nuevamente la querella ¿No hicieron otras averiguaciones? “No –dijo Cox–. Era imposible en esos momentos: lo más importante era sacar la noticia, después sí podíamos hacer las averiguaciones obviamente, estuvimos en contacto también con gente que estaba tratando de averiguar dónde estaba Muniz Barreto.”

En ese relato, las palabras de la mujer de Diego le resultaron “totalmente convincentes en todo sentido”. Cox además explicó que uno de los requisitos que tenía el diario para publicar los nombres de los desaparecidos o las noticias era pedir la presentación del hábeas corpus. Y en este caso la familia lo tenía. El encuentro con la mujer de Muniz Barreto todavía lo recordaba nítidamente. El le hizo algunas preguntas, la mujer le dio muchos detalles, tales como el número de la patente del auto en el que luego fueron arrojados al agua y por entonces estuvo detenido absurdamente en el predio de la comisaría de Escobar. Era un Fiat 128 que Diego le había comprado al cónsul de Ecuador y cuyos datos quedaron incluidos en la nota.

La noticia del secuestro se difundió además a través de la agencia de noticias Ancla, y Rodolfo Walsh incluyó el nombre de Diego en su Carta a la Junta Militar. Después de la aparición del cuerpo de Diego, el resto de los diarios sólo difundió la noticia de la muerte a raíz del falso accidente.

Por la publicación, Cox no hizo ninguna desmentida ni hubo pedidos de aclaración. Habitualmente, Cox preguntaba por ellos al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy o a su segundo. Preguntaba, dijo, sobre gente que estaba desapareciendo: “Todo el tiempo yo iba con el mismo tema: ¿Dónde están? Preguntaba por Diego y por otras muchas personas también, durante ese tiempo yo estaba llegando a ellos con listas de personas, les decía: ¡Por favor! ¿Dónde están?”. Y dijo: “Ellos me decían: ‘Bueno, yo voy a averiguar’, pero no tuvimos respuesta sobre ninguno de estos casos, pero sí cuando insistí sobre otros tuvimos suerte porque han aparecido”.

¿Recibían presiones? “Siempre que yo estaba había presiones por el gobierno, al mismo tiempo yo estaba tratando de presionar al gobierno también porque si ellos en ese entonces querían hacer un llamado a elecciones y volver a la democracia, yo también a ellos sobre esos casos: tuvimos amenazas todo el tiempo, era normal en ese entonces.”

Y al final dijo alegrarse de que se esté haciendo justicia luego de treinta años.

Testimonio de Juana Muñiz Barreto en el juicio a Patti, Bignone y otros represores

2010-11-18T22:28:00.000-08:00

“Sabíamos que iban a matarlo”

La hija de Diego Muniz Barreto, asesinado en 1977, recordó la trayectoria del ex diputado, relató cómo fue perseguido y lo que pasó su familia. Dijo que su padre pudo enviar mensajes desde la cárcel de Escobar y allí reveló que quien lo había secuestrado era Patti.

Por Alejandra Dandan

“El 6 de marzo de 1977, cuando mataron a mi papá, yo tenía 15 años, Diego 13 y Antonio 11”, dijo Juana Muniz Barreto al Tribunal. “Mi mamá nos reunió, nos dijo que lo habían matado, hasta ese momento estaba desaparecido. Fue un desastre para toda la familia, todo estaba conmocionado. Lo único que yo le preguntaba a mi mamá era si iba a poder seguir bailando, porque hacía la escuela de ballet, pero lo que quería decirle era si iba a poder continuar con la vida.”

Juana siguió hablándoles a los jueces del Tribunal Oral de San Martín. Sentada, con voz temblorosa. Antonio lloraba en un rincón, dijo. Diego mataba mosquitos con un cucharón contra el techo. “Estábamos los tres congelados –dijo–, pero para nosotros no fue una sorpresa: esperábamos la noticia.” Una de las juezas tenía la cara bañada en lágrimas, como Juana.

Así comenzó la tercera etapa del juicio a Luis Abelardo Patti, Fernando Meneghini, Martín “El Toro” Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Esos cinco represores acusados del asesinato del ex diputado Diego Muniz Barreto y del intento de homicidio de su secretario Juan José Fernández. Juana habló sin parar, sin dejar de respirar cortado. “Me gustaría contarles quién era mi papá –se adelantó– y por qué sabíamos que iban a matarlo.”

Muniz Barreto tenía 43 años cuando lo mataron. Era hijo de Sacarías Antonio, un coleccionista de arte, y de Jacoba Delia Bunge, muy loca en el sentido más bonito, dijo Juana: era huérfana, había sido criada en un internado inglés y era muy inglesa con sus hijos. Diego tenía cuatro hermanos: Antonio, que estaba en San Pablo; Jovita, muy relacionada por la familia Martínez de Hoz y a la que Diego aludió en uno de los mensajes que logró enviar cuando estuvo secuestrado en la cárcel de Escobar. En el mensaje ya había dicho que Patti era el que los tenía y pedía que Jovita hablara con Joe –por el ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz– para sacarlos. El tercero de esa línea de hermanos era Diego, el más rebelde, y luego estaba Emilio, el menor.

Diego se casó con María Teresa Escalante, con la que tuvo a sus tres hijos. La familia pasó una temporada en Mar del Plata, donde Diego había nacido: “Las últimas vacaciones de mi papá, en enero del ’77, fueron en Mar del Plata. Mi papá tenía una empresa de pesca, vivimos ahí durante un tiempo y después nos mudamos a un departamento frente a la Plaza San Martín”.

Juana escuchó hablar de política en 1971. Se acordó de una noche en la que su padre, que era muy buen cocinero, invitó a sus amigos a cenar. Durante la velada, les pidió a los hijos que se presentaran en fila. Juana, que ya estaba en pijama, se presentó como Juana Muniz Barreto, rosista y peronista. Lo mismo Diego y Antonio. “Los amigos se rieron y yo no entendía qué les hacía gracia, pero la gracia era que un Muniz Barreto no podía ser rosista y peronista, pero eso estaba mostrando el giro ideológico de 180 grados que estaba haciendo mi padre: que de asesor de pesca de Onganía en la Junta Militar había pasado a la Juventud Peronista. Viniendo de una familia tan tradicional, al principio causó risa”, contó Juana, que es arquitecta pero no ejerce, colabora en moda y diseño en el diario La Nación. Y estaba ahí, ayer, hablando de su vida.

El departamento de la calle Posadas al 1200 empezó a mostrar aquellos cambios. Diego denunciaba a los grupos económicos con su nombre y su dirección. O sea –dijo Juana–, era un blanco muy identificable. A fines de 1972 cayó preso en Devoto. “Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña lo sacaron, pero él, lejos de quedarse callado, denunció el trato a los presos políticos.”

En febrero de 1973 le pusieron una bomba que no estalló. El 11 de marzo entró como diputado al Congreso. Y Juana dijo: “Estoy muy orgullosa por eso”. Renunció cuando intentaron hacerle firmar un proyecto de leyes represivas y, con él, renunciaron ocho diputados. Ortega Peña ocupó la banca. A esa altura, se sabían perseguidos. No podían hablar con extraños o abrir correspondencia. Habían puesto una puerta blindada y dos policías se instalaron enfrente con largavistas.

Cerca del golpe

La madre de Juana tenía miedo de que a sus hijos les pasara algo, pero finalmente entendió “que era nuestro papá y que a nosotros no nos podía impedir que lo siguiéramos viendo, por eso estuvimos con él casi hasta que se lo llevaron. Empezó a cambiar de look, se dejó crecer el pelo y la barba la tenía de color naranja”. Con esa pinta de hippie, dijo Juana, un día fue a buscarlos con un sombrero de paja y unas pulseras de mostacilla.

Todavía siguió un viaje juntos a Mar del Plata. Esas vacaciones de las que Juana había hablado. En esos días locos, como les dijo Juana, ella se dio cuenta muchos años después, mirando los expedientes, de que su padre intentaba conseguir un pasaporte que le denegaron porque su nombre figuraba en una lista de quienes podían pedir asilo en una embajada. “No querían que se fuera –dijo Juana–, lo querían matar.”

Diego había estado preso en Escobar durante unas horas, poco antes. Cuando lo soltaron, Juana le dijo: “Te van a matar, te tenés que ir”. Pero él le mostró las marcas de los puños y le dijo que no se iba a ir. Ella insistió: “Papá, te van a matar. Yo no podía hacer más de lo que hice: ¡estas bestias hicieron este desastre de mi familia!”.

A Diego lo secuestraron el 7 de febrero de 1977, en una carnicería de Escobar, a seis cuadras de la comisaría. Con él se llevaron a Juan José Fernández, su chofer personal y secretario privado. Iban de compras para hacer un asado. En la puerta de la comisaría quedó estacionado el Fiat 128 rural de Diego. Diego no sabía manejar o era un peligro al volante, y el auto lo manejaba Juan José. En esos días, su madre los llamó para darles la noticia. Sabían que estaba secuestrado y que estaba en Escobar y lo sabían porque Diego había mandado unas notas. En esas notas, dijo, decía que lo tenía Patti.

Alguien les avisó que lo habían visto después en Campo de Mayo, cocinando en el casino de oficiales. “Y como era un gran cocinero –dijo Juana–, yo creía que eso era posible, pero no lo estaban tratando nada bien.”

A través de Radio Colonia un día supieron de la muerte. Se dijo que había muerto desnucado en un accidente, en un arroyo del Paraná. A través del relato de Juan José Fernández se supo que no fue así. A Diego lo golpearon con un palo en Campo de Mayo, lo mantuvieron 16 días secuestrado, una noche los bañaron y los sacaron vestidos con trajes. A orillas del río Paraná, les inyectaron un líquido para adormecerlos. Los metieron en el Fiat y los lanzaron al riacho. Juan José, que era jugador de rugby, se salvó. En su escape al exilio dejó escrito su relato ante un escribano. Juan José murió en 1985, tenía 37 años. Juana contó lo que le había dicho su gente: Juanjo nunca pudo salir de ese auto.

Los primeros datos del secuestro de Muniz Barreto se publicaron en el Buenos Aires Herald, junto al nombre de Patti. El nombre también apareció en las listas de la Vicaría General de Buenos Aires. Los datos del asesinato salieron en un cable de Ancla y luego en la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. “No nos enteramos por Fernández que fue Patti el que se lo llevó –dijo Juana–, sino por las notas que mandaba mi papá.”

En su rol de abogado de Patti, Alfredo Bisordi interrogó a Juana. Le preguntó quién se lo había llevado “detenido”. Juana lo corrigió: “Secuestrado”, doctor. Y dijo: “Es muy diferente, usted lo debería saber”. Al final dijo: “Quería decir que, si les resta algo de humanidad, digan lo que pasó, que nosotros tenemos una tumba, pero faltan muchas tumbas. La tumba de mi papá es el símbolo de las tumbas que faltan”.

“Lo más tremendo del Campito”

2010-11-16T00:07:00.000-08:00

Se presentó un quinto acusado. Hasta febrero fue profesor universitario en Salta.

Martín “El Toro” Rodríguez, uno de los interrogadores del centro clandestino de Campo de Mayo, está acusado de matar al ex diputado Diego Muniz Barreto y de torturar a su secretario, Juan José Fernández.

Por Alejandra Dandan

Hasta febrero, Martín “El Toro” Rodríguez era docente en la provincia de Salta, donde llegó a dirigir la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica local. Ayer se convirtió en el quinto acusado del juicio a Luis Abelardo Patti por crímenes cometidos durante la dictadura: era ladrón, patotero, interrogador y represor de gatillo fácil en el centro clandestino de Campo de Mayo. Llegó a Buenos Aires la semana pasada, encerrado en un camión celular en el que viajó durante dos días por tierra. “¡Pero no la pasó tan mal! –advirtió buenamente la hija de una de sus víctimas, puertas afuera del auditorio de José León Suárez, donde iba a comenzar una nueva audiencia–. ¡Por lo menos no viajó atado en un baúl ni lo tiraron al río!”

Con el ingreso del capitán retirado y experto interrogador se inició en el auditorio Hugo del Carril la tercera y última etapa del juicio oral a Patti, el ex comisario de Escobar Fernando Mene-ghini, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Rodríguez se sentó al lado de Meneghini, el único presente en los debates. Patti volvió a estar ausente, pese a que el Tribunal Oral Federal de San Martín encabezado por la vehemente Lucila Larrandart desestimó su pedido de ausentarse por razones de salud .

En la audiencia, se leyeron las acusaciones de la fiscalía y de las querellas en contra de Rodríguez, a quien se considera autor penalmente responsable de tormentos agravados al ex diputado Diego Muniz Barreto y a su secretario privado, Juan José Fernández. Autor de robo agravado en el caso de Fernández, de homicidio calificado por alevosía en el caso de Muniz Barreto y de tentativa de homicidio con alevosía por Fernández.

Argentino, casado, El Toro Rodríguez nació el 14 de marzo de 1946 en Posadas. Estuvo en la Escuela General Lemos y en 1977 en la División de Inteligencia dependiente del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. Allí es donde –compiló la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación– tomaba decisiones sobre las víctimas, obtenía información a través de la tortura, con funciones que incluyeron la inteligencia, contrainteligencia, tormentos y operaciones económicas.

Diego Muniz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977, alrededor de las 18, en una carnicería de Escobar, a unas seis cuadras de la comisaría. Con él, secuestraron a su secretario, Juan José Fernández. Uno de los datos de la causa indica que el secuestro lo hizo el propio Patti. La fiscalía y cada una de las querellas reconstruyeron lo que les sucedió de ahí en adelante: a ambos los obligaron a subir al Fiat 128 de Fernández, los llevaron a la comisaría de Escobar escoltados por un Mercedes Benz bordó y el 18 de febrero los llevaron a la Unidad Regional de Tigre o a la seccional Primera de Tigre. Al cabo de dos horas, durante las cuales permanecieron en un calabozo, esposados y desvestidos, dos hombres los subieron a un Falcon y a un Fairlane con otras cinco personas. Los llevaron por la ruta 197, a la altura de Pacheco los encapucharon. Los obligaron a tirarse al piso y al cabo de unos veinte minutos entraron en Campo de Mayo. En el centro clandestino los golpearon y sometieron a simulacros de fusilamiento. Muniz Barreto fue objeto de torturas. Les dieron los números 150 y 151. A Fernández le robaron 400 dólares y 40 mil pesos ley que guardaba en las botamangas. Y el 6 de marzo los metieron en el baúl de dos autos para llevarlos a orillas del río Paraná. Al anochecer, les inyectaron un líquido de color blanco turbio para adormecerlos. Los cargaron adentro del Fiat. Arrojaron una piedra contra el parabrisas, y lanzaron el auto al río. Diego murió, Juan José sobrevivió. Era jugador de rugby, y su cuerpo aguantó los efectos de la inyección. Antes de irse al exilio, narró lo que había pasado ante un escribano, un testimonio que se recuperó hace sólo diez años.

El Tribunal leyó ayer partes de su testimonio, base de la acusación de la fiscalía. Fernández mencionó nombres del centro clandestino. Entre ellos, habló de Rodríguez. En un momento, dijo, escuchó que convocaban a una reunión en el Comando de Institutos Militares con el jefe del Estado Mayor. Y de pronto a alguien que llamaba por teléfono: “¿Me da con Inteligencia?”. Y mencionó al coronel Zambrano, “de parte de Rodríguez”. Y luego, en la comunicación escuchó cómo ese Rodríguez le pasaba datos extraídos de la tortura.

Otra de las claves de la acusación surgió desde adentro de Campo de Mayo. Es la declaración del sargento primero Víctor Ibáñez, celador del campo, que estuvo en 1976 y 1977, testigo de numerosos relatos y una de las personas que van a declarar en el juicio. Ibáñez presentó a El Toro Rodríguez como parte de la patota que aplicaba torturas, alguien a quien conoció en el Campito con ese apodo, que saqueaba las casas de los detenidos y sus pertenencias y durante las sesiones de tortura les hacía firmar documentación para hacerse de esos bienes. Preguntaba de dónde venían los detenidos, preguntaba sobre las organizaciones y sobre el dinero. Con él, ubicó además a Rafael López Fader –ligado al secuestro de Zivak– y al coronel: “Eran lo más tremendo del Campito –dijo–, eran gatillo fácil”.

Ibáñez era Chupete o Petete dentro del centro. Daba de comer a los secuestrados y los llevaba al baño. Mientras él estuvo, recuerda haber contado entre 2 mil y 2500 prisioneros. Cuando llegaban a 300 prisioneros había que “evacuarlos”, explicó. Mencionó tres o cuatro vuelos, eran vuelos fantasma –dijo– porque no había registros. Antes de sacarlos, les inyectaban a las víctimas algo que les provocaba un paro cardíaco y la muerte: los cuerpos eran arrojados al mar, explicó, y ésa era tarea de todos. Para la fiscalía, está probado que Rodríguez era uno de los interrogadores del centro clandestino. Que su tarea era importante: decidía la “disposición final de los desaparecidos”.

Ordenan que se revise el estado de salud del ex comisario

2010-11-08T23:53:00.000-08:00

El TOF Nº 1 de San Martín pidió la intervención del Cuerpo Médico Forense ante la ausencia de Luis Patti en el juicio oral que se le sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. Este lunes declaró un nuevo testigo

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín retomó este lunes el juicio oral contra el ex comisario de la Policía bonaerense Luis Abelardo Patti, por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar.

Patti no está presente en la sala de audiencias por recomendación de médicos de la Clínica Fleni, que enviaron un informe donde aseguran que los traslados en ambulancia deben ser "mínimos e indispensables".

Ante ese informe, los jueces del TOF Nº 1 -Lucila Larrandart, Horacio Segretti y Maria Lucia Cassain- ordenaron que médicos del Cuerpo Médico Forense revisen a Patti para determinar si está en condiciones de asistir al juicio oral.

En tanto, este lunes declaró como testigo ante el tribunal Jesús Bonet, quien aseguró que fue secuestrado el 27 de marzo de 1976, junto a José Goncalvez, Daniel Lagarone y Carlos Souto, y que fueron torturados en el camión celular donde se realizó el traslado.

Además afirmó: “Patti me preguntaba si sabía dónde estaba, y también quería saber si Gonçalvez era montonero, y si Souto era del ERP”.
Finalmente, Bonet recordó que José Gonçalvez le contó, mientras estaban en cautiverio, que Patti le decía que “lo iba a matar”.

En tanto, el TOF Nº 1 incorporó por lectura el testimonio de Jorge Souto y revocó la lectura de la declaración de Carmen Leguizamón, al tiempo que ordenó volver a citarla.

Una hermana de desaparecidos aseguró que Patti estuvo presente en el momento del secuestro

2010-11-02T00:14:00.000-07:00

La hermana de dos militantes de la Juventud Peronista, secuestrados en la localidad bonaerense de Garín el 10 de agosto de 1976 y aún desaparecidos, Luis y David D´Amico, declaró ayer que el entonces oficial de calle de la Policía Bonaerense Luis Patti estuvo presente en el operativo donde se llevaron a los jóvenes de la casa de sus padres.

"Mi madre me reiteró en distintas oportunidades que Luis Patti estaba allí adentro, en un rincón, que no le hablaba y no le contestaba cuando le preguntaba adónde llevaban a mis hermanos", afirmó Rosa D´Amico, al declarar como testigo en el juicio oral al ex intendente de Escobar por delitos de lesa humanidad.

Con este testimonio se reanudó el juicio a Patti, al dictador Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros y al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que varió su composición porque una de las integrantes, la juez Marta Milloc, sufrió una "cardiopatía aguda" la semana pasada y pidió licencia.

La jornada abrió una nueva etapa en el juicio, que desde su inicio en septiembre estuvo dedicado a escuchar testigos sobre el secuestro y asesinato del militante montonero Gastón Gonçalvez, por cuyo crimen está puntualmente acusado Patti, a quien la semana pasada un sobreviviente acusó de haberlo torturado en persona.

Los jueces empezaron ahora a analizar un segundo caso, el del secuestro y desaparición en 1976 de jóvenes militantes de la Juventud Peronista de Garín, a quienes Patti conocía aún antes del golpe de Estado de 1976, y se cree fueron llevados a Campo de Mayo.

Dos de ellos fueron los hermanos D´Amico, de 26 y 17 años, secuestrados en su casa el 10 de agosto de 1976, sólo horas después del rapto de su vecino de 17 años y también militante de la JP Diego Souto, interceptado en la estación de Garín cuando iba a la escuela.

La reconstrucción de lo ocurrido fue muy laboriosa para fiscalía y querella, porque quienes estaban dentro de la casa el día del secuestro ya fallecieron y los vecinos que vieron todo se niegan aún a contar lo que saben.

Prueba de ello fueron los dichos de Clara Serrano, de 64 años que militaba con los D`Amico en Garín, donde lograron construir una salita médica y ayudar a la gente "muy necesitada" a buscar comida y trabajo.

"Ningún vecino quiere hablar, tenemos mucho temor, la madre de ellos tenía mucho temor y seguimos teniendo temor porque los que fueron están libres y nos pueden llevar a nosotros, nos pueden buscar. No había muchos vecinos ahí, era casi campo, pero el que vive no quiere hablar y el resto se murió", dijo al Tribunal.

Al terminar su testimonio, se abrazó llorando a la hija del mayor de los D´Amico, nacida poco después del secuestro de su padre, a quien nunca conoció.

El día del secuestro, la ahora testigo vio "unos coches grandes, con bastantes señores, con ropas oscuras, los pusieron en bolsas negras, los encapucharon", recordó.

Poco antes Rosa D`Amico había reconstruído lo ocurrido basada en dichos de sus padres fallecidos y de vecinos.

"Estaban almorzando, mis hermanos, mi padre, mi madre, una tía que estaba de visita y una anciana de origen lituano, Julia, recogida de la calle por mi hermano mayor porque se había quedado sola y vivía con ellos", relató entre lágrimas.

Los vecinos habían sido amenazados para que se encerrasen en sus casas pero muchos escucharon o llegaron a ver que sus hermanos fueron llevados al fondo de la casa, golpeados y sumergidos en un tanque de agua antes de ser sacados para introducirlos a un auto.

"Mi madre me reiteró en distintas oportunidades que Luis Patti estaba allí adentro, en un rincón, que no le hablaba, que ella le dirigió la palabra, que preguntaba adónde se lo llevaban, por qué, que él la miró y no le contestaba y después se fue para afuera", recordó sobre el ex intendente que como ya es rutina siguió el juicio desde una ambulancia fuera de la sala de audiencias.

Ante una pregunta de la fiscalía, explicó que su madre, ya fallecida al igual que el padre, "se dirigía a él porque lo conocía y él le desviaba la mirada".

Los secuestradores dijeron que llevaban a los D´Amico a Campo de Mayo, aunque la familia nunca pudo dar con ellos pese a las gestiones realizadas.

Patti "era conocido en la zona, era violento, patotero, tenía como un ensañamiento con la gente joven. A mi hermanito David Guillermo (secuestrado luego) un día le dijo en un bar frente a la estación de Garín: `si no vas a la peluquería te corto el pelo yo en la comisaría`. Se movía en Escobar y Garín, donde todos nos conocíamos".

El Tribunal también escuchó a Aurora Altamirano de D`Amico, la viuda del mayor de los secuestrados Luis Rodolfo, quien estaba embarazada de siete meses y medio cuando éste desapareció.

La hija de ambos nació poco después y en el Registro Civil por un decreto de la dictadura no permitieron a la madre inscribirla con el apellido del padre desaparecido. Ambas se abrazaron cuando concluyó el testimonio de la viuda.

El 10 de agosto de 1976, Altamirano fue interceptada cuando volvía de su trabajo por un "señor de estatura mediana y rulos" que la llevó hasta la casa donde se desarrollaba el "operativo" desde hacía una hora y supo por última vez de su marido.

"Estaban todos de civil, con ametralladoras, le dieron una patada a la puerta y entraron. No nos permitían salir afuera, a nadie, a todo el barrio. Se sentían los golpes en el fondo de la casa de ellos, nos parecía que golpeaban a los chicos y se los llevaron", narró Mafalda Gómez, una anciana que todavía hoy vive pared de por medio con la casa donde ocurrieron los secuestros en Garín.

Fue la única vecina que se animó a dar testimonio en el juicio oral y cuando concluyó bajó del estrado entre aplausos para ser abrazada por los familiares de sus ex vecinos.

Para el final de la etapa de testigos el Tribunal reserva el tercer caso llegado a juicio: el secuestro y asesinato del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto, quien según la acusación fue detenido por Patti en una carnicería de Escobar.

Testigo habla del "trabajo" de Luis Patti

2010-10-19T00:11:00.000-07:00

“Siempre estaba, hacía inteligencia”

Hermano de Tilo, un militante de la JP que editaba un periódico y está desaparecido, Wenner contó que siempre veía a Patti vestido de civil, en un auto particular, dedicado a marcar a la gente. Entre ellos a Gastón Gonçalves, que permanece desaparecido.
Por Alejandra Dandan

Quiero agregar algo, explicó Federico Wenner antes de terminar. “Simplemente recordar que en este predio el 9 de julio de 1956 fue masacrado un grupo de compañeros peronistas en una asonada, lo paradójico es que en ese momento yo era un chico de once años que vivía a cinco cuadras de acá, y cuando vinimos al día siguiente los charcos de sangre eran tan grandes que estaban tapados con alquitrán líquido, eso a colación de lo que siguió ocurriendo en la Argentina.”

A años de los fusilamientos del ’56, ese mismo hombre volvió ayer al terreno de los basurales ahora convertido en el anfiteatro de ese sórdido descampado de José León Suárez donde se llevan a cabo las audiencias del juicio oral contra el subcomisario Luis Patti, los condenados generales Oscar Riveros y Reynaldo Bignone y el comisario Fernando Meneghini. Federico Wenner es el hermano de Tilo Wenner, propietario de la imprenta Rayo desde donde se hacía el periódico El Actual, una publicación semanal que denunciaba las persecuciones y crímenes previos al golpe militar. Federico es de alguna manera el único sobreviviente de ese diario en el que trabajaban varios militantes de la Juventud Peronista. Su hermano Tilo apareció carbonizado y con un tiro en la cabeza en el mismo camino a orillas del río Luján donde arrojaron el cuerpo de Gastón Gonçalves, cuyo secuestro, desaparición y muerte se investiga en este juicio. Federico habló del rol de “vigilancia” de Patti sobre los militantes y de su propio secuestro: el momento en el que Meneghini reprendió a Patti advirtiéndole que “con uno solo de la familia es suficiente”.

Como sucede en las últimas semanas, sólo Meneghini se sentó en el sector destinado a los acusados. Bignone y Riveros permanecieron en una sala contigua. Y Patti encadenado a su camilla dentro de una ambulancia. Las fotos de los desaparecidos y víctimas de Campo de Mayo continuaron ocupando las primeras hileras de la sala de audiencia. El sector destinado a los seguidores del Paufe permaneció vacío como repleto de fantasmas.

“A Gastón lo conocí porque integraba la Juventud Peronista de la zona norte, con muchos compañeros y mi hermano Tilo”, indicó Federico. “Gastón tenía una columna en el periódico que se llamaba ‘Los Mates de doña Eva’, y eso era una de las partes. La otra parte era la filiación política. Gastón era una excelente persona y un gran compañero.”

A pedido de la querella, Federico Wenner y el resto de los testigos hablaron de lo que fue esa militancia de Gastón. Una identidad social pero sobre todo política que empieza a estar subrayada y a ser levantada en los juicios, no sólo por los sobrevivientes, sino por los familiares. “Tengo entendido que hacía trabajos en la Unión de Trabajadores Rurales –explicó– que estaba en la Dirección Nacional de Educación del Adulto, y hacía trabajos barriales, como correspondía en un gobierno democrático.”

“¿Sufría algún tipo de persecución?”, le preguntó entonces Ana Oberlín, en representación de las querellas. “Luego de la muerte del general Perón –dijo él–, cuando por cuestiones de público conocimiento comenzó a actuar un grupo parapolicial que se llamó Triple A” empezó a observar la violencia. En la imprenta, donde trabajaba con su hermano, indicó, “siempre estaba estacionado a media cuadra, vestido de civil, en un coche particular, el señor Patti, haciendo trabajo de inteligencia. La imprenta estaba frente a la estación de Escobar donde todo era campo, él estaba en la vereda donde no había viviendas, cada dos por tres nos lo encontrábamos y evidentemente no estaba haciendo la siesta: estaba vigilando la entrada y salida de gente que iba a la imprenta”. Gente, aclaró, que eran personas de la Juventud Peronista y vecinos que iban a dejar sus reclamos.

Federico es uno de los testigos contextuales de la causa. Su relato, como la declaración de los testigos que siguieron, permitió aportar detalles sobre el rol de Patti en Escobar, su filiación con el trabajo de inteligencia y con los servicios de informaciones que prestó a los militares de Campo de Mayo, datos que deben probarse en el juicio. “Yo iba a Escobar todos los días –continuó–, periódicamente veía a Patti, pero quisiera recalcar que como oficial de policía jamás se lo vio con uniforme, siempre de civil y transitaba por el pueblo con coche particular, nada que lo identifique como policía.”

Pese a la oposición de los abogados de Patti, Federico Wenner logró contar parte de la historia de su propio secuestro, y señalar a Patti. Eso comenzó el 23 de marzo por la noche, dijo. Esa noche vio todos los vidrios de la imprenta rotos. En la comisaría de Escobar ya estaban las tropas del Ejército. “Entro a la casa de mi hermano y me encuentro con mi cuñada, ella me dice que antes del golpe, un grupo pretendió entrar por la fuerza pero en ese momento teníamos un perro bastante bravo que le dio tiempo a mi hermano a escaparse. Mi hermano era discapacitado, le faltaba el brazo izquierdo producto de un accidente. Lo primero que hice fue intentar ir a una vidriería para que me preparen los vidrios, y cuando salgo veo en un auto particular a un cabo de la policía de Escobar, de nombre Ballesteros, que me dice: ‘¿Dónde se fue tu hermano?’. Y yo me pregunté por qué pregunta por mi hermano.”

Un rato después, un amigo les dijo que Tilo estaba en su casa y por la tarde lo vieron en el taller mecánico de otro compañero. Discutieron. Le propusieron a Tilo sacarlo de Escobar, pero no quiso: “Miren –les dijo–, yo no tengo por qué esconderme”. Y agregó: “Edito un periódico, lo único que se me puede decir es que decimos la verdad”. Y la verdad en esos días era bastante brava. Diez días antes habían secuestrado a otro compañero, y la noticia había salido publicada en el diario. “Yo me voy a entregar”, les dijo Tilo y el 25 a la mañana se presentó en la comisaría de Escobar.

En la comisaría lo recibió el capitán Eduardo Francisco Stigliano. Le dijo que no tenían nada contra él, y lo mandó de nuevo a su casa. Ese mismo 25, la imprenta preparó lo que iba a ser la última publicación del periódico. La tapa era la noticia del intento de secuestro de Tilo. El diario tenía 500 suscriptores por correo, Federico los despachó y a pedido de Tilo llevó uno a la comisaría. “¿Y esto?”, le preguntó Stigliano. “Ya los repartí”, respondió. A las cuatro de la tarde, un sargento y dos cabos entraron a la imprenta con armas largas para llevarse a Tilo. “Mi hermano salió escoltado por estos tres militares, entraron en la comisaría, yo se lo comenté a mi cuñada, pensamos que se lo habían llevado para preguntar algunas cosas, ella fue a ver qué pasaba y Stigliano le dijo que se lo habían llevado a Coordinación Federal.” Fue la última vez que lo vieron.

En los primeros meses del ’77 lo secuestraron a él. La imprenta estaba cerrada. Federico seguía yendo, pero cuando iba a tomarse el tren a la estación de Escobar daba un rodeo para no pasar por la comisaría. A comienzos de marzo, Patti lo esperó en un Peugeot 504. Intentó detenerlo, pero él se metió en la casa de su cuñada. Media hora más tarde tocaron el timbre: un sargento de policía llegaba para llevárselo. Lo subieron al mismo Peugeot, con Patti al volante. “Bajamos los tres –dijo–: el sargento, Patti y yo. En el vestíbulo de la comisaría estaba el comisario Meneghini, lo llama a Patti aparte y le dice: ‘Con uno solo en la familia ya alcanza’”.

A Federico lo tuvieron unos 25 días secuestrado. En esa comisaría, donde el ex comisario Meneghini asegura que no se torturó ni se secuestró, a él lo torturaron en un cuartito, dijo. Situó a un teniente del Ejército, “acompañado por el señor Patti que miraba tranquilamente”.

Wenner mencionó finalmente un episodio del que luego también habló Orlando Ubiedo. Sucedió entre fines de 1975 y comienzos de 1976. Esa vez, el diario había publicado una denuncia de los obreros de Ford por las malas condiciones de la comida. Pocos días después llegaron cuatro autos. “Bajó un grupo de personas que eran de Smata a reclamar porque se publicó la noticia y pudimos comprobar que la concesión del comedor de Ford era de un integrante de Smata: nos robaron, nos intimidaron, lo cachetearon en cierta forma a mi hermano y la policía que estaba a veinte metros no hizo nada.” Según Ubiedo, entre esos hombres estaba disfrazado el propio Patti.

Siguen declarando testigos en juicio oral contra Patti y Bignone

2010-10-17T23:26:00.000-07:00

El TOF Nº1 de San Martín reanuda este lunes, 18 de octubre , las audiencias en el debate que juzga al ex comisario y al ex vicepresidente de facto por delitos contra los derechos humanos. Se investigan crímenes en perjuicio de 10 víctimas

Así, los jueces continuarán escuchando las declaraciones de los testigos en el debate que juzga a Patti y a Santiago Omar Riveros, (comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976/77), Benito Reynaldo Bignone (jefe del Estado Mayor-segundo comandante de dicho Cuerpo durante el año 1977) y Juan Fernando Meneghini (quien en el período 1976/1977 se desempeñó como comisario de la Comisaría 1ra de la localidad de Escobar).

En el juicio intervienen como partes querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la querella unificada en cabeza de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Manuel Goncalves y Gastón Goncalves -(en el caso 226 -patrocinados por la Dra. Oberlín, y Juana Muñiz Barreto -caso 246- y María Isabel D'Amico, ambas con el patrocinio de Pablo Llonto.

Los hechos

El objeto del juicio ha quedado conformado por una porción de los hechos que habrían tenido lugar en la Zona de Defensa IV bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares Campo de Mayo en los años 1976 y 1977, de acuerdo a la siguiente plataforma fáctica:

CASO 226: Privación ilegal de la libertad de Gastón Roberto José Gonçalves, ocurrida el día 24 de marzo de 1976, en la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. Habría sido visto el día 29 de marzo en un camión celular que se encontraba estacionado en la parte trasera de la Comisaría 1era de Escobar. Pocos días después, más específicamente el día 2 de abril de 1976, su cuerpo fue encontrado sin vida en el Camino Río Luján de la localidad de Escobar, carbonizado. Imputados respecto de este caso Santiago Omar Riveros, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 246: Privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; habría ocurrido aproximadamente a las 18:00 horas del día 16 de febrero de 1977 en la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Habrían sido trasladados por personal policial a la Comisaría de Escobar, y permanecido en dicha condición hasta las 17:30 horas del día 18 de febrero, cuando habrían sido derivados a otra dependencia policial -podría tratarse de la Unidad Regional o Comisaría 1era de la localidad de Tigre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-. Días después el cuerpo de Muñiz Barreto habría sido encontrado sin vida en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 128 en aguas del Río Paraná, en la Provincia de Entre Ríos. Fernández habría logrado escapar de su cautiverio. Por este hecho fueron acusados Santiago O. Riveros, Reynaldo Bignone, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 290: 1) Privación ilegal de la libertad de Carlos Daniel Souto, ocurrida presumiblemente el día 10 de agosto de 1976 por un operativo conjunto del Ejército y la Policía en la Estación de Trenes Garín, Partido de Escobar. 2) Privaciones ilegales de la libertad de Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, acaecidas el 10 de agosto de 1976, quienes habrían sido sustraídos de su casa de la calle Sulling 2089, en la localidad de Garín. 3) Privación Ilegal de la libertad de Osvaldo Tomás Ariosti, que habría ocurrido durante la madrugada del día 3 de abril de 1976 en su domicilio ubicado en la localidad de Garín. Finalmente habría sido trasladado a la Cárcel de Devoto y luego a la Unidad 9 de La Plata, para ser finalmente liberado el 28 de octubre de 1978. Por estos hechos resultan imputados Santiago O. Riveros y Luis Patti.

Un reclamo de justicia, una búsqueda y un encuentro

2010-10-14T22:41:00.000-07:00

Declararon los hijos y el hermano de GASTON GONÇALVES en el juicio contra Luis Patti, Bignone y otros dos represores.

Los primeros testigos del juicio contaron el secuestro de Gastón, las denuncias, el hallazgo de sus restos y el encuentro de Manuel, que recuperó su identidad en 1995.

Por Alejandra Dandan

“A fines del año ’95 supe que mi papá era Gastón Gonçalves, soy uno de los nietos recuperados”, se presentó Manuel Gonçalves ante el tribunal. “Supe que el 24 de marzo de 1976, sabiéndose perseguida, mi mamá dejó de tener contacto con su familia, estaba embarazada y pasó a la clandestinidad; después de varios meses, tuvo el parto, sé que no estaba en las mejores condiciones, con lo cual no sé donde nací.” A partir de 1995, Manuel reconstruyó esa historia que ayer intentó explicar a los miembros del Tribunal Oral Federal de San Martín, en la primera audiencia de testigos del juicio contra Luis Abelardo Patti y otros tres represores. Después hablaron su hermano Gastón y otros familiares. También se escucharon dos testigos clave: ex compañeros de militancia que narraron su encuentro con Gastón Gonçalves mientras todos permanecían secuestrados en las pequeñas celdas de un camión celular estacionado en el predio de la comisaría de Escobar.

El anfiteatro municipal del descampado de José León Suárez recibió a los familiares de las víctimas e impulsores de las investigaciones sobre los crímenes de Campo de Mayo. Las miembros de organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales se acomodaron en las sillas, cubriendo el auditorio por donde H.I.J.O.S. comenzó a distribuir copias en blanco y negro de una foto mil veces repetida con la cara de Gastón. Su presencia quedó así esparcida en toda la sala. Adelante sólo se sentó el ex comisario Fernando Meneghini. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y el propio Patti, los otros tres acusados del juicio, permanecieron en una sala contigua porque se negaron a ingresar.

La presidenta Lucila Larrandart abrió el debate a las diez de la mañana. Manuel comenzó a ordenar los pedazos de esa historia que empezó a entramar en el ’95. Contó la muerte de su madre. Manuel ya había nacido. El 19 de noviembre de 1976, dijo, estaban refugiados en una casa de San Nicolás con un matrimonio que huía de Capital Federal con dos niños. En la madrugada, un operativo de unas 40 personas, integrado por las fuerzas de seguridad conjuntas, rodeó la casa y la destruyeron. Dijo: “El único sobreviviente de ese episodio fui yo”.

Permaneció aislado en un hospital durante cuatro meses, seguramente trasladado por el responsable del operativo. El juez a cargo de su caso no hizo nada para devolverlo a su familia. “Perdí mi identidad”, y creció sabiendo sólo que era hijo adoptivo. En 1995 conoció a su abuela y a su hermano Gastón. “Y empecé a encontrarme con toda esta historia, parte de ella es la que se va a contar en esta causa.”

En ese camino necesitó acercarse a los lugares por los que habían pasado sus padres. Volvió a la casa de San Nicolás, a los lugares de militancia en Garín, Maschwitz y Escobar. Al año siguiente, el testimonio de una empleada del cementerio de Escobar permitió localizar tumbas de NN con cuatro personas, entre las que estaba su padre. “Nos ofrecieron ver los restos, pero yo intentaba recuperar la historia y me resultaba raro encontrarme con los huesos, a los que finalmente vi involuntariamente hojeando las páginas de Crónica.”

“Lo que más me acuerdo –dijo– es de una frase que el juez le dijo a mi abuela: ‘Señora, ahora usted va a poder hacer su duelo’. Poco a poco entendí que eso era fundamental.” Tras la exhumación, la madre de Gastón quiso cremar sus restos. Manuel intentó convencerla de no hacerlo. Pero ella tenía miedo de que alguien los levantara y volvieran a ser tirados en algún lugar. “Mi abuela me había buscado a mí, a mi papá, a mi mamá, había motorizado todo, con lo cual no podía pedirle mucho más.” Manuel la acompañó porque la imaginó sola. Cuando llegó, ella estaba con una bolsa en la mano. Le pidió ayuda y él la llevó a los bosques de Palermo. “Ahora finalmente son libres”, le dijo Matilde cuando todo terminó.

La noticia de su restitución reactivó los primeros tramos de la investigación que empezó para saber qué había pasado con sus padres. Conoció a Eva Orifici y a Raúl Marciano, dos compañeros de militancia de Gastón, que declararon poco más tarde y que estuvieron secuestrados con su padre. “Ellos son los primeros que nos dicen que mi papá estuvo en la comisaría de Escobar”, dijo.

Empezó a descubrir a Patti. “Para mí era muy llamativo –dijo–. Patti era una figura pública porque era intendente; era la persona que había ido a esclarecer el caso María Soledad mandado por el presidente de entonces en base a sus poco felices antecedentes. Para mí ése era Patti, no tenía idea de cuál era la relación con los desaparecidos, con mi papá, pero empecé a escuchar que había sido oficial de calle, su nombre aparecía como una referencia directa a él, era joven en ese momento como ellos, era ‘el loco Patti’ y sabían que con él iban tener problemas.” Lo misma confirmación obtuvo su abuela Matilde en una marcha. La mujer de otro de los secuestrados se acercó a decirle que a Gastón y a su marido se los había llevado Patti.

Su abogada, Ana Oberlin, guió las primeras preguntas. Manuel explicó que el 24 de marzo, luego de la detención de Gastón, fueron a la casa, ataron a la abuela, la encapucharon y se la llevaron a un lugar que otro testigo identificó como la comisaría 21ª de Capital Federal. “Mi abuela tenía la fantasía de que en realidad mi papá estaba ahí y, por lo tanto, hacían eso para que él la escuchase.” Cuando salió, se dio cuenta de que estaba a unas cuadras de la casa, de donde le habían sacado todo, hasta las gaseosas. “Encontró el departamento destruido, y se fue a la misma comisaría para decirles: ‘Ustedes me robaron todo’. Pero no le tomaron la denuncia.”

Su hermano Gastón, integrante del grupo Los Pericos, se sentó poco después en esa misma silla. También él contó esa historia dividida con datos que habían quedado en otro lugar. Hijo de la primera esposa de Gastón, con la que había militado, vivía para la época del golpe en una casa de Belgrano. Gastón situó a su padre como trabajador del Banco Nación, echado luego de un reclamo por una guardería. Y la persona que se había dedicado a hacer trabajo de base en Garín entre la Juventud Peronista. Veía a su padre dos veces a la semana. El resto del tiempo estaba en el territorio. “Era su lugar –dijo–. Hacía trabajo de alfabetización, caminos, escuelas, guarderías, un lugar al que yo iba, un lugar de mucha alegría.”

Al poco tiempo, dijo, “dejé de ir; mi papá tenía problemas con la policía. El día del golpe no lo vi. El llegó tarde a casa, escucharon el golpe con mi madre, y él se dirigió temprano a su zona de militancia”.

Al día siguiente los llamó su abuela. Su abuelo fue a la comisaría. La abuela presentó un hábeas corpus. A los seis meses, Emilio Grasselli, de la vicaría castrense, les dijo que no lo busquen más, que había muerto.

Madre e hijo se exiliaron en Brasil, sin contactos ni dinero. Estuvieron unos meses hasta que los expulsaron porque no tenían permiso de trabajo. Se instalaron en Villa Gesell. “Mi madre cargó sobre las espaldas la viudez, a su hijo, sola; yo supe de mi hermano veinte años después –dijo–-. Pensé que no era factible encontrarlo.” También mencionó la recuperación del cuerpo de su padre. “No fue fácil –dijo–, no hubo predisposición de la intendencia: irónicamente era Pa-tti el intendente. Sabemos que del libro de ingresos faltaban las hojas del 2 de abril de 1976”, el día que apareció el cuerpo carbonizado de Gonçalves. Los restos de “mi padre no tenían forma de esqueleto, eran como pedacitos de madera balsa con partes esponjosas; uno espera de alguna manera ver a su padre y ve algo que no es; a mí, como víctima, me produce una cosa extraña”, explicó. “Este genocida se presentaba para decir abiertamente que había realizado una serie de homicidios y apremios ilegales, la gente lo votó y yo espero que la Justicia repare.”

Antes de terminar le pidió a Larrandart permiso para leer algo. Era una poesía escrita por su padre. Que era militante, dijo, pero también era poeta. Y luego afirmó: “Esto era mi padre, al que extraño todos los días”.

Siguió el testimonio de Jorge Gonçalves, que describió la desa-parición de su hermano y las búsquedas. Su hermano había estado detenido varias veces, explicó: una en la Regional de San Martín y otra en la comisaría de Escobar, a fines de 1975. “Fui a preguntar por mi hermano –contó– y me dijeron que no estaba.” Pidió por el oficial. “Ya le van a dar la libertad a su hermano”, le respondió. Entonces le preguntó a esa persona por qué siempre detenían a Gastón, lo tenían dos o tres días y lo largaban. “Lo que pasa con su hermano –le respondió ese oficial– es que es un avivagiles.” Jorge aseguró que con el tiempo se dio cuenta de que esa persona era Patti.

El show de Patti no convenció a nadie

2010-10-09T00:56:00.000-07:00

El represor Luis Patti tiene que ir a las audiencias
El disfraz no convenció

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín rechazó ayer el pedido de los defensores de Luis Abelardo Patti para que el torturador pueda dejar de asistir a las audiencias de su primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Los magistrados tomaron nota de los reclamos de los defensores del ex intendente de Escobar, pero priorizaron los informes de los peritos forenses que ratifican el buen estado de salud de Patti, el primer represor en la historia argentina que decide asistir al proceso en camilla y con los ojos cerrados para no tener que mirar de frente a los hijos de sus víctimas. Durante la audiencia de ayer, los secretarios del tribunal leyeron las declaraciones testimoniales de tres personas que murieron antes del inicio del juicio, entre ellas Matilde Pérez de Goncálvez, quien falleció a mediados de 2007 con la satisfacción de haber recuperado a su nieto apropiado, Manuel Goncálvez, pero sin llegar a escuchar la condena a los asesinos de su hijo Gastón.

Frustrada la estrategia de demostrar una incapacidad sobreviniente que le impidiera burlar el proceso por sus crímenes de antaño, Pa-tti se mostró desde la audiencia inicial con el mismo cuello ortopédico con el que se tomaba fotos disfrazado de payaso durante su internación, sólo que recostado, con el rostro adusto y sin el cotillón que usaba en la clínica Fleni de Escobar. El lunes, a pedido de Lucila Larrandart, presidenta del tribunal, el simulador abandonó la escenificación y respondió desde una silla de ruedas que no pensaba prestar declaración indagatoria. Las secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió en enero no le impidieron girar la cabeza para mirar a fiscales y querellantes.

Los defensores de Patti plantearon ayer que su cliente no está en condiciones de volver a concurrir al auditorio en la localidad bonaerense de José León Suárez. El tribunal, que también integran Marta Miloc y Horacio Sagretti, escuchó luego a los abogados querellantes y a los representantes del Ministerio Público. “No hay razones médicas para la ausencia del imputado en las audiencias”, destacó el fiscal Marcelo García Berro. En base a los dictámenes de los médicos forenses, que diagnosticaron que Patti está en condiciones físicas y psíquicas para asistir al juicio y defenderse si le place, el tribunal rechazó el pedido. La defensa del ex policía está a cargo de Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, símbolo vivo de la corporación judicial al servicio de la impunidad de los genocidas.

El resto de la jornada estuvo dedicado a la incorporación por lectura de declaraciones de testigos fallecidos antes del inicio del juicio oral y público, cuyos dichos servirán también como pruebas a la hora de dictar sentencia. Matilde Pérez era la madre de Gastón Goncálvez, a quien Patti amenazó varias veces antes de secuestrarlo, el 24 de marzo de 1976. En su declaración del 2 de marzo de 2005, además de contar su propio secuestro y las torturas que padeció durante la dictadura, la mujer recordó que ya en democracia la llamaron para informarle sobre el hallazgo del cadáver de su hijo en tumbas de NN del cementerio de Escobar, con signos de torturas y fusilamiento. Durante el entierro, agregó, se enteró por dichos de la hija del escritor y periodista Tilo Wenner que Patti era el autor del secuestro de su hijo. La abuela Matilde, como la recuerdan sus nietos Gastón, Manuel y el resto de las Abuelas de Plaza de Mayo, murió el 25 de junio de 2007. Luego se leyó el testimonio de Blanca Leonor Buda, quien también fue privada ilegalmente de su libertad durante la dictadura y pudo ver a Goncálvez torturado en un camión celular estacionado en el fondo de la seccional de Escobar de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde prestaba servicios Patti.

Patti obligado a dejar la camilla pero sigue el show de enfermo

2010-10-04T23:27:00.000-07:00

El ex comisario Meneghini declaró y buscó despegarse de Patti
“Una vez me tiraron veinticuatro cadáveres”

La presidenta del Tribunal Oral obligó a Patti a sentarse y responder a la invitación a declarar. Lo colocaron en una silla de ruedas, pero avisó que no hablaría. Quien sí lo hizo fue Meneghini, ex jefe de la comisaría de Escobar.
Por Alejandra Dandan

Desde temprano había corrido la voz de lo que podía pasar. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín iba a pedirle a Luis Abelardo Patti que abandonara la escenificación de enfermo, se incorporara y respondiera sentado a la invitación a la indagatoria. Horas después del comienzo del debate, el momento llegó. Tras un pedido en vano de sus abogados, el represor enfrentó al tribunal sobre una silla de ruedas. “¿Desea hacer alguna declaración?”, preguntó la jueza Lucila Larrandart. El ex subcomisario giró la cabeza súbitamente hacia la izquierda para mirar a los abogados querellantes. Luego de levantar el dedo pulgar, respondió a la jueza con un no.

La tercera jornada de audiencias del juicio oral y público en San Martín contra el ex policía entraba así en el tramo final. El ex dictador Reynaldo Bignone se negó a declarar y, antes de Patti, declaró durante unas cuatro horas el ex comisario Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar desde enero de 1976, con prisión domiciliaria. Con la voz carrasposa y 74 años, Meneghini habló por primera vez. Intentó despegarse de Patti, al que, como iba vestido de civil, obligó “al menos a llevar saco y corbata” y a quien le levantó un sumario por tareas de inteligencia ilegal. En su defensa, habló de una relación todopoderosa de los militares de Campo de Mayo sobre la comisaría.

“La comisaría de Escobar tenía mil jefes”, dijo. “Yo parecía el hijo de la pavota, perdóneme la expresión, pero alguna vez me tiraron 24 cadáveres siendo que no me correspondían porque eran Pilar.” Durante uno de los intervalos, esos minutos para ganar algo de aire, los sobrevivientes, amigos y familiares de las víctimas intentaban decodificarlo. Diego Muniz Barreto, el hijo de una de las víctimas, sospechaba que como buen policía el hombre era muy verticalista, hasta que algo entraba en desgracia. Por otras, alguien suponía en cambio que “a lo mejor empezó a romperse el pacto de silencio y se produce un quiebre entre los militares y quienes tenían cargos intermedios como la policía”. En la declaración dejó además otras impresiones: la chance de que alguno de los datos podrían ser, además, el resultado de cierto enfrentamiento con Patti.

Meneghini llegó a la comisaría de Escobar en enero de 1976. Conoció a Patti “en la puerta”, aseguró, y aclaró que durante ese año el ahora ex intendente de Escobar estuvo en la delegación de Garín. Pese a que la delegación dependía de la comisaría de Escobar, Meneghini intentó despegarlo: “A mí no me constaba lo que había hecho en Garín, yo no lo conocía, no sabía qué mentalidad tenía y los corrillos públicos hablaban” del accionar ilegal desde que las comisarías habían entrado en la órbita del Ejército, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “No podía saber si hacía bien los deberes o transgredía la ley”, aseguró sobre lo que sucedía en Garín. Aun así, a partir de las preguntas de la querella tuvo que reconocer que Garín enviaba partes con operativos y novedades, él visitaba la delegación una vez a la semana y controlaba los libros.

De espaldas al público, enfrentado al tribunal, el ex comisario leyó artículos de diarios y las actas de resoluciones que determinaron entre 1975 y 1976 la subordinación de la policía a la órbita militar. Entre otros datos, se refirió además a un testigo de la instrucción para volver a Patti. Era el hijo del jefe de la Delegación municipal de Garín, la persona que además entregaba vales de nafta e impuestos a la comisaría. “Era Patti el que retiraba los vales”, dijo. “Además se puede presuponer que los vales de nafta eran para Garín, situación que nos lleva a sostener que Patti en dicha fecha con la jerarquía que ostentaba estaba en Garín y no en Escobar, porque la jerarquía reglamentariamente no le permitía estar al frente de una comisaría propiamente dicha.”

Meneghini dijo que Patti se sumó a Escobar en 1977, como oficial de calle. Que él no lo pidió, que fue una orden de la Unidad Regional de Tigre. “Yo nunca le dije a Patti, tal como se me adjudica, que no aplique tormentos sin mi autorización. Sí lo que le dije es que si él iba a prestar servicios en mi comisaría, porque lo había dispuesto la superioridad, que lleve al menos saco y corbata porque no llevaba uniforme y que a mi seccional no trajera ninguna persona ilegal porque yo inmediatamente la iba a documentar”.

Una de las sospechas es que Pa-tti era personal de inteligencia, con funciones en y fuera de Escobar. La querella preguntó a Meneghini por la Dipba, el área de inteligencia de la Policía de Buenos Aires y el ex comisario dijo por ejemplo que había una delegación de la Dipba en la Unidad Regional de Tigre, de donde salió –según sus dichos– el nombramiento de Pa-tti en Escobar.

A mediados de agosto de 1977, explicó, ordenó a Patti una investigación por el supuesto robo en una fábrica de madera. “Participe pero cuidado –le dijo–: usted ya sabe cuál es mi temática”. Al cabo de unos días, lo llamaron de Campo de Mayo porque el sobrino de un general se había quejado de Pa-tti. “Acosamiento –intentó aclarar Meneghini–, pararlo en la calle, incursionar en el núcleo de amistades y familiares de la víctima”.

–¿Eran tareas de inteligencia? –preguntó la querella.

–En la policía no se hacía inteligencia, sí averiguaciones, puede ser que en algún momento lo haya interpelado a este muchacho, que este muchacho le contó al tío, y así hasta que lo dijeron a mí.

Cuando supo que la Justicia iniciaba un juicio en su contra, el ex comisario regresó a la comisaría de Escobar para buscar los libros. Dijo que rescató una sola hoja del libro de sumarios de la comisaría, porque el resto había sido incinerado. Leyó la hoja. Eran datos de presuntas víctimas de la dictadura, con fecha, lugar, nombres o la identificación de NN con hipótesis de las causas de las muertes como privación ilegal de la libertad. La hoja incluía datos sobre los juzgados, a modo de cubrir sus responsabilidades pero a la vez señalar la de los juzgados.

Dijo que “en Escobar no se trabajaba subrepticiamente ni se ocultaba nada”. Y aunque no cuantificó los casos aseguró que “en el caso de los muertos que aparecían, había que identificarlos y nunca había autor. El autor de los hechos de lesa humanidad no iba a estar en el lugar esperando que vayamos noso-tros. Dejaban el paquete y se iban”. Los cuerpos, dijo, “eran NN con disparos de bala, semicarbonizados, cuyas inhumaciones y ataúdes para ser sepultados pagaba la intendencia de Escobar sin que nunca se llegara a identificar a los culpables de los crímenes”.

Meneghini dijo que a partir del 24 de marzo de 1976 la situación de la comisaría cambió: “La comisaría de Escobar parecía que tenía miles de dueños. El capitán que vino con su tropa me dijo que se hacía cargo de la comisaría por orden de la Junta Militar, se aposentó en la casa habitación, y me dijo: ‘Yo me hago cargo de la jurisdicción’ y que yo tenía la obligación de alojarlo”. El capitán era Eduardo Francisco Stigliano. “Compartí ese lugar como un náufrago de un barco pero sin saber lo que hacían porque no me daban ninguna explicación”.

“Que digan dónde están los compañeros”

2010-10-03T22:40:00.000-07:00

Los represores, incluido Patti, podrán declarar si lo desean. Las querellas creen que el ex dictador Bignone podría hacerlo, aunque meramente para reivindicar el genocidio. Riveros ya se negó.

Por Alejandra Dandan

Hoy comienza una nueva audiencia del juicio oral en San Martín. Los represores, entre ellos el ex policía Luis Abelardo Patti, tendrán ocasión de declarar si lo desean. Los organismos de derechos humanos que integran las querellas reiteraron ayer lo que vienen repitiendo en cada uno de los juicios de todo el país: “Lo único que queremos escuchar de los genocidas es que digan dónde están los compañeros desaparecidos y qué es lo que pasó con ellos en los últimos momentos, todo lo demás no nos interesa”.

A una semana del comienzo de las audiencias orales que se llevan a cabo en el auditorio Hugo del Carril, en medio de un descampado en José León Suárez, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín abrirá la posibilidad de que los acusados hagan sus descargos o declaraciones antes del comienzo de los debates. El jueves pasado, la audiencia terminó con la invitación a declarar para el primero de los cuatro acusados, el condenado Santiago Omar Riveros, entonces jefe del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo. Riveros se negó a declarar y en su lugar se escuchó uno de los testimonios que brindó durante la instrucción del juicio.

Se espera que durante la audiencia de hoy las cosas sean distintas. Las querellas creen que, tal como lo hizo en el último juicio, Reynaldo Bignone hará uso de la palabra. Del hombre que fue el último presidente de facto de la dictadura militar, y a quien se lo juzga en este caso por su rol de segundo jefe del Comando de Institutos Militares, se espera que vuelva a reivindicar el genocidio.

Juan Meneghini, en cambio, fue comisario de Escobar durante el período en el que se produjeron los hechos. Se supone que en la audiencia de hoy repetirá las explicaciones que dio durante la instrucción para despegarse de los crímenes. Esto es, que no tenía responsabilidad sobre lo que ocurría en la comisaría una vez que el poder militar se hizo cargo de la zona. Y sobre su relación con Patti siempre dijo que el ex policía se manejaba por las suyas. Pero su explicación no coincide con lo que dicen las pruebas acumuladas de la causa, entre otras razones porque a esta altura está probado que Gastón Gonçalves, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuyo cuerpo apareció carbonizado con una perforación en el cráneo el 2 de abril de ese año, estuvo secuestrado y sometido a tormentos en un celular de la policía ubicado en el mismo predio de la comisaría. En ese sentido, Ana Oberlin, que representa a una parte de la querella, indicó que Meneghini “no puede pretender desligarse de las situaciones que ocurrieron en el lugar porque siendo comisario tenía responsabilidades”.

Por último, es incierto aún lo que suceda con Patti. Desde hace una semana, el ex policía llega a las audiencias en una camilla y permanece unas horas recostado, rodeado de hombres del Servicio Penitenciario y asistido por un enfermero que controla su presión. Se supone que hoy ingresará en esas mismas condiciones a la sala. “No creemos que hable porque iría en contra de la estrategia que está desarrollando en estos días –dijo Oberlin–, que es que está ahí, y que no puede hacer nada, pero no descartamos que presente algún escrito a través de sus abogados.”

Sus abogados son Silvio Ramón Duarte y el ex camarista Alfredo Bisordi, que intentó a través de todo tipo de presentaciones dilatar el comienzo del juicio. De lo que pueda contener ese escrito también anoche corrían especulaciones. A esta altura del juicio, los querellantes creen que la estrategia de Patti será continuar en camilla para lograr finalmente conseguir la prisión domiciliaria.

La causa es un desprendimiento de la llamada causa Riveros, con más de 400 casos. Tres de esos expedientes son el sustento de este juicio oral. Se trata de Gastón Gonçalves, el único homicidio hasta el momento imputado a Patti; el de Muniz Barreto y su secretario Juan José Fernández, secuestrados el 16 de febrero de 1977 de una comisaría cercana a la comisaría de Escobar, en un hecho que sus familiares adjudican a Patti. Ambos fueron arrojados al Paraná, pero Fernández sobrevivió. El último expediente reúne el secuestro y desaparición de Carlos Souto y los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico.

Tres filas con fotos de los desaparecidos mientras Patti en la camilla no abre los ojos.

2010-09-30T23:04:00.000-07:00

LOS HIJOS DE LAS VICTIMAS EN LA PRIMERA FILA DEL JUICIO A LUIS PATTI

El ex comisario volvió a entrar en camilla y permaneció acostado y con los ojos cerrados. Los peritos que lo revisaron coincidieron en que no había motivos para que el acusado no asista a las audiencias.
Por Alejandra Dandan
Las fotos de los desaparecidos ocuparon las primeras filas del tribunal.

Dicen que cierra los ojos porque no quiere verlos. Pese a eso, los hijos de las víctimas del ex policía Luis Abelardo Patti volvieron a sentarse en las primeras filas de esa rara sala de audiencias, montada en un descampado de José León Suárez, dentro del auditorio municipal Hugo del Carril. Alguien había colocado muy temprano sobre las sillas de las tres larguísimas primeras filas imágenes de los de-saparecidos y secuestrados en Campo de Mayo. Así, en el comienzo de la segunda audiencia del juicio oral contra el ex subcomisario, en esas primeras filas, en la primera silla quedó parada la foto de Diego Muñiz Barreto con su barba, al lado de la de su secretario Juan José Fernández y enseguida la de Gastón Gonçalves.

–¿Nadie se va a sentar en esas sillas? –preguntó esta cronista a una vieja integrante de los organismos de derechos humanos que dedicadamente iba enderezando las fotos. “No”, explicó la mujer. “Ellos las están ocupando.”

Como sucedió el lunes en la primera audiencia, al comienzo ocuparon sus asientos en el espacio destinado a los acusados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, jefe y subjefe en 1977 del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y el ex comisario de Escobar Fernando Meneghini. Patti entró después, montado con los ojos cerrados sobre un camastro. Permaneció durante tres horas con el cuerpo congelado, como si buscara la forma de no estar. Once peritos lo revisaron, aseguraba temprano uno de los hermanos Muñiz Barreto. Unos de parte de los defensores, otros por las querellas y además lo revisaron los peritos del Tribunal. Todos dijeron lo mismo: que pese a aquella nueva representación de patetismo estaba completamente en condiciones de permanecer en la sala.

En la audiencia de ayer, la secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín terminó de leer las requisitorias de elevación a juicio de los organismos de derechos humanos. Luego pasó revista a la elevación a juicio en la que el juez de la primera instancia Juan Manuel Yalj dedicó un largo apartado a las “groseras” estrategias con las que el ex camarista Alfredo Bisordi, abogado de Patti, planteó, replanteó y volvió a presentar todo tipo recursos con “la única intensión de demorar el proceso de instrucción”.

El juicio contra Patti forma parte de la megacausa de Campo de Mayo, con más de 400 casos. Tres de esos expedientes se desprendieron para dar inicio al debate. Son los casos de Gastón Gonçalves, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuyo cuerpo apareció carbonizado y con un disparo de arma de fuego en el cráneo el 2 de abril de ese año. También Diego Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández, secuestrados en una carnicería cercana a la comisaría de Escobar el 16 de febrero de 1977 y arrojados al río Paraná después de inyectarlos para adormecerlos adentro de un auto. Y los casos de Carlos Daniel Souto y Guillermo David y Luis Rodolfo D’Amico, secuestrados el 10 de agosto de 1976, todos desaparecidos. Además, los secuestros de los padres de los D’Amico y de Osvaldo Tomás Ariosti del 3 de abril de 1976.

Durante la lectura de la acusación se escucharon los detalles de cada una de esas causas y el cúmulo de pruebas que las sostienen. Bisordi no estuvo en la sala y la defensa de Patti la llevó adelante su socio Silvio Ramón Duarte. Enseguida se escucharon los reproches de Yalj sobre la actuación de Bisordi en la causa, un dato importante porque los querellantes temen que parte de esa conducta vuelva a repetirse durante el juicio.

“La conclusión a la que cabe llegar a raíz de todos y cada uno de los escritos que el doctor Bisordi interpuso –decía el escrito– no obedecen a otro fin que demorar el curso de las presentes actuaciones.” En la última parte del proceso, el ex camarista interpuso siete escritos por supuesta inacción de las querellas, con excepción de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Pero no porque se haya olvidado –agregó el escrito–, sino porque ya la había cuestionado. Luego sumó otros seis escritos para pedir la nulidad de los requerimientos de las querellas, se opuso al requerimiento fiscal de elevación a juicio, pidió el sobreseimiento de Patti y expresó nuevamente en un escrito 49 medidas que a su criterio faltaron llevarse a cabo. Yalj negó todo y consideró que la presentación de esos escritos por separado para que se formen tantos incidentes como escritos, era una estrategia para suspender la elevación a juicio hasta tanto Bisordi considere que todo adquiría firmeza, “previa interposición de infinidad de revocatorias, apelaciones, quejas, etc., todo lo cual desnaturaliza el sentido de la instrucción”. En ese tono, también rechazó las objeciones del abogado contra los organismos de derechos humanos “como consecuencia de su intento en demostrar que los mismos no tienen legitimidad para actuar en el carácter con el que lo vienen haciendo desde hace años”. Y le objetó los excesos de lenguaje, “una reiteración continua y excesiva que más allá de desmerecer a quien los expresa, sobre todo cuando no se trata de un bisoño letrado sino de una persona que ha hecho toda una carrera en el servicio de justicia, a los referidos excesos me imponen solicitarle en aras del decoro procesal que guarde en sus futuros escritos el lenguaje que su noble ejercicio de la defensa y el decoro del proceso aconsejan”.

Patti todavía estaba en la sala. A las 12.10, Duarte pidió permiso para llevarlo a la ambulancia presentada pomposamente como sala contigua al Tribunal. Lucila Larrandart, presidenta del Tribunal, aceptó. Un cuerpo de hombres del Servicio Penitenciario Federal pertrechados con chalecos antibalas y hasta algunos escudos lo sacaron en andas. En la sala se oyó algún rumor de protesta. Los lugares destinados a las huestes del ex subcomisario siguieron vacías como lo estaban el lunes porque sus hombres nunca llegaron.

Enseguida se pasó a la última parte de la audiencia, los planteos preliminares de nulidades y revocatorias de pruebas presentadas por la defensa, y durante las cuales se escuchó a Duarte vociferar con tonos exaltados. “¿Pero qué dice?”, preguntó una y otra vez Larrandart, que acababa de escuchar, como todos, las reprimendas del juzgado de instrucción a Bisordi. “¡No le entiendo!” “¡Por favor, por qué no es más claro!” ¿A dónde quiere llegar? ¿Esto no estaba ya planteado? ¿Porque no dice, entonces, qué guarda la reserva? ¿Pero va a pedir alguna medida?

Pero Duarte insistió. Pidió la nulidad de los requerimientos de las querellas, cuestionó el dictamen del fiscal y se despachó con pedidos de pruebas que las querellas y hasta el mismo tribunal luego consideraron improcedentes o tardíos. Entre otras cosas, quería el acta de cremación del cuerpo de Gonçalves o el certificado de muerte de Fernández, el compañero de Muñiz Barreto, sobreviviente del atentado, testigo ante la Conadep pero muerto efectivamente en 1985. Todo con palabras complicadas o con medias palabras, lo mismo que hizo poco más tarde. Esta vez, se sumó a un pedido del defensor de Bignone que quería la nulidad de la incorporación de la declaración de Juan Scarpati, secuestrado y fugado de Campo de Mayo, testigo clave de la causa y muerto hace dos años.

La resolución del planteo llevó más de una hora de tiempo. Luego de idas y de vueltas, Duarte llegó a argumentar invocando hasta a la Revolución Francesa y dijo que “los derechos humanos no nacieron con este juicio, sino que existen hace 200 años”. Nada prosperó finalmente. Para las defensas no tenían valor las ampliaciones del testimonio de Scarpati porque, dijeron, no habían sido comunicados. Como el testigo está muerto, buscaron de-secharlo. Pero los fiscales aprovecharon la ocasión para abrir una puerta para más adelante. El equipo integrado por Marcelo García Berro, Javier de Luca y Juan Patricio Murray aseguró que iba a revisar el testimonio de Scarpati sorprendidos porque a la defensa de Patti le interesaba anular el testimonio. Scarpati no vinculó a Patti a Campo de Mayo, no lo situó en el centro clandestino, pese a que existen sospechas de que estuvo ahí. Y ahora eso puede abrir una puerta para investigarlo.

Larrandart, que está apurada con el juicio, abrió además las indagatorias. Le preguntó a Riveros si quería declarar. El condenado militar se negó y se dio lectura a sus declaraciones anteriores en las que dice que sólo detenían a los que estaban infragrantes por 48 horas, les daban la misma comida que a la tropa, que no tenía injerencia porque los detenidos pasaban a manos de inteligencia. El lunes tendrá la palabra Bignone, Meneghini y Patti, que a última hora volvió a la clínica Fleni de Escobar.

Patti: en camilla en el primer día del juicio por sus crímenes durante la dictadura

2010-09-27T22:16:00.000-07:00

A hacerse la víctima a la sala de audiencias

El policía represor está acusado por un asesinato, seis torturas y nueve secuestros. Es juzgado junto a Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Fernando Meneghini. “Mientras no interrumpa el juicio que venga como quiera”, dijeron los querellantes.

Por Alejandra Dandan

El condenado Reynaldo Bignone subió las escaleras primero. Lo siguió Santiago Omar Riveros, y al lado se sentó el ex policía Fernando Meneghini. El escenario del auditorio municipal Hugo del Carril en José León Suárez estaba listo. Se habían acomodado a un lado los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín; abajo, en las butacas, estaban familiares, testigos y representantes de los organismos de derechos humanos. Pero en la sala todavía faltaba el policía Luis Abelardo Patti. “Ni a mi novia esperé tanto en mi vida”, se oía entre el público. “A ver... A ver... ¿qué pasa?”, murmuró la misma voz delante de unas cartulinas con las caras y los nombres de otros asesinados en Escobar levantados como estandarte entre el público. “Ahí viene el bicho”, dijo la voz cuando un enfermero se abrió paso con la camilla en andas desde la puerta de emergencia ubicada a un costado. Rodeado por un impresionante cuerpo de hombres del Servicio Penitenciario pertrechados con chalecos antibalas, el ex subcomisario llegó acostado sobre el camastro, el cuerpo inerte, los ojos cerrados y un par de zapatillas deportivas. Así estuvo durante la primera jornada del juicio oral por los crímenes imprescriptibles de la última dictadura militar al que es sometido junto a los otros tres represores.

“Mientras no interrumpa el juicio que venga como quiera”, explicaba anoche Ana Oberlin, abogada de los querellantes. “Pedimos que se cumplan las garantías para los testigos; si él quiere seguir el show de lo patético, que lo haga en paralelo.”

Patti debía llegar a la sala de audiencias en sillas de ruedas; así se lo habían anunciado sus abogados –entre los que se encuentra el ex camarista Alfredo Bisordi– a las autoridades del Tribunal. Internado en la clínica Fleni de Escobar, una pericia determinó la semana pasada que estaba en condiciones de presentarse. Patti había dicho que ni siquiera podía pararse y aludió a un supuesto clavo que le toca la cervical. “Existen tomografías para saber si eso es cierto –dijo Oberlin–, no podemos creer que la dolencia exista y que no hayan hecho nada para solucionarlo.”

La sala estaba repleta. Testigos, familiares, representantes de los organismos de derechos humanos, movimientos piqueteros, como Barrios de Pie. En las filas de adelante, se sentó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos. Estuvieron Enriqueta Moroni, Lita Boitano, Nora Cortiñas y Taty Almeida. En un costado habían dejado un ala completa del auditorio para la tropa de Patti, los hombres del Paufe de Escobar. Se suponía que irían en colectivos, pero nadie llegó.

Patti seguía adelante. La presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, dio por comenzada la audiencia. Entre las once de la mañana y la una de la tarde, el enfermero de Patti desabrochó el ruidoso abrojo del aparato de presión por lo menos tres veces. A las dos de la tarde, cuando concluyó el cuarto intermedio, uno de sus dos defensores, en este caso Silvio Ramón Duarte, anunció que Patti estaba con presión alta. Pidió permiso a los jueces para que el acusado siguiese la audiencia desde la ambulancia.

La jornada había comenzado con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio escrita por el fiscal Jorge Sica. El juicio oral es un desprendimiento de la llamada causa Riveros, un expediente con unos 400 casos que siguen investigándose. Los imputados son Riveros, Bignone, Meneghini y Patti, acusado por nueve privaciones de la libertad, el homicidio de Gastón Roberto José Gonçalves y otros delitos (ver aparte).

El Tribunal leyó la descripción que la fiscalía preparó de cada una de las víctimas. La primera fue la de Gonçalves, secuestrado en Zárate el 24 de marzo 1976 y quien cuatro días más tarde estuvo en el interior de un camión celular estacionado en la parte de atrás de la comisaría de Escobar. Desde el momento de su detención, fue objeto de torturas. En la lectura se recordó que el 2 de abril de ese año, en el Camino isleño del río Luján, se encontró un cadáver carbonizado entre neumáticos todavía encendidos, con el cráneo destruido por un disparo de arma de fuego. El cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de Escobar.

El segundo caso que se escuchó fue el del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y su secretario Juan José Fernández. Ambos fueron secuestrados el 16 de febrero de 1977 alrededor de las seis de la tarde en una carnicería cercana a la comisaría de Escobar. Desde allí los llevaron a la Comisaría de Escobar, donde los tuvieron detenidos hasta el 18 de febrero. Después de pasar por la Unidad Regional o Comisaría Primera de Tigre y por Campo de Mayo, el 6 de marzo a la madrugada volvieron a meterlos en el baúl de un auto, los llevaron a orillas del Paraná en Entre Ríos, simularon un accidente y los arrojaron al río en el Fiat 128 de Fernández. Muniz Barreto murió. Fernández sobrevivió, y cuando salió describió lo que había sucedido a un escribano.

El último caso reúne el secuestro de varios adolescentes militantes de una Unidad Básica de Garín. Son Carlos Daniel Souto, secuestrado a las 7.30 del 10 de agosto de 1976 mientras esperaba el tren en la estación de Garín para ir a la escuela Manuel Estrada de Capilla del Señor. Ese mismo día, a la 13.30, el mismo grupo entró en la casa de los hermanos Guillermo David y Luis Rodolfo D’Amico. Eran vecinos de Souto. A Luis Rodolfo le sumergieron varias veces la cabeza en un tanque de agua del patio de la casa, y luego se los llevaron. Hoy siguen desaparecidos. Ese tercer expediente también incluye el caso de Osvaldo Tomás Ariosti, secuestrado el 3 de abril de 1976, alojado en la comisaría de Escobar, trasladado al buque anclado entre Zárate y Campana donde había otros detenidos. Ariosti pasó luego a Campo de Mayo, a la cárcel de Devoto, a La Plata y salió en libertad el 28 de octubre de 1978.
El nombre de Patti

Poco después del mediodía, la secretaría del TOF 1 concluía con la requisitoria fiscal con las pruebas contra Patti. “La abundante y concluyente prueba –indicó Sica en su escrito– permite concluir que en todos los casos ventilados fue coautor directo de las privaciones ilegítimas de la libertad, habiendo en algunos casos intervenido en tormentos.” Respecto de Gonçalves –indicó– quedó probada su persecución a través de múltiples testimonios. También la intervención en el secuestro, porque su madre supo por la hija de un testigo que él había sido el secuestrador. En el caso de Muniz Barreto recordó un mensaje que escribió el ex diputado desde la comisaría de Escobar en la que señaló a Patti como quien los había detenido. Citó además el testimonio del actual secretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y de Marcelo Fernández Grassi, entre otros, que afirmaron haber escuchado el relato escrito y narrado por Fernández, que falleció en 1985. Señaló además otro testimonio que afirmó que el ex diputado Muniz Barreto aparecía en la lista de desaparecidos que llevaba adelante la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, donde figuraba Patti como captor, cuando no era conocido públicamente. Y sobre los últimos casos, Sica explicó la conexión entre el secuestro de Souto y los hermanos D’Amico. Recordó que los padres de los hermanos declararon en 1985 y reconocieron a Patti como miembro de la comisión policial y de la policía de Garín. En tanto, Ariosti reconoció a Patti como su aprehensor, y quien lo trasladó al buque fondeado entre Zárate y Campana.

La jornada siguió con la lectura de otras requisitorias. La querella representada por Pablo Llonto y Ana Oberlin, que actúan en nombre de los hermanos Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, de los hermanos Manuel y Gastón Goncalvez y de María Isabel D’Amico, la hermana de Guillermo y Luis D’Amico, hoy desaparecidos. Riveros, Bignone y Meneghini seguían sentados. Bignone adelante, con las piernas cruzadas. Patti ya no estaba en la sala. “Muchas veces te hacen creer que vos sos una loca”, decía Juana Muniz Barreto estos días. “Que estás treinta años después molestando a estos señores mayores y en realidad los que están acusados de haber cometido delitos gravísimos y están sin ser condenados y juzgados son ellos, no uno. Es decir, ellos son los responsables de que mi papá hoy no esté acá con nosotros. Entonces hay que tener muy presente eso para poder sentarte bien cuando vas, porque hacen todo tipo de manejos para hacerte sentir que uno está en falta, y uno lo que hizo es lo correcto: es acudir a la Justicia a que resuelva algo gravísimo.

Comienza el primer juicio oral contra el ex comisario Luis Patti por delitos de lesa humanidad

2010-09-26T23:04:00.000-07:00

A pesar que el ex comisario sigue alegando estar enfermo

Se iniciará hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín. En el mismo debate también será juzgado, por segunda vez, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone. Los represores están acusados de haber cometido secuestros y otros crímenes en perjuicio de 10 víctimas.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín dará inicio este lunes al primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Las audiencias se realizarán los días lunes y jueves en el Auditorio “Hugo del Carril”, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, según publica en su portal el Centro de Información Judicial.

Los imputados son: Santiago Omar Riveros, que se desempeñó como comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976/77; Benito Reynaldo Bignone, que se desempeñó como Jefe del Estado Mayor-Segundo Comandante de dicho Cuerpo durante el año 1977; Juan Fernando Meneghini (prisión domiciliaria) quien en el período 1976/1977 se desempeñó como comisario de la Comisaría 1ra de la localidad de Escobar, y Luis Abelardo Patti (internado actualmente en Instituto Fleni) quien habría cumplido funciones como Oficial Subinspector en la misma seccional policial durante el mismo lapso de tiempo.

Intervienen como partes querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la querella unificada en cabeza de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Manuel Goncalves y Gastón Goncalves.

El objeto del juicio ha quedado conformado por una porción de los hechos que habrían tenido lugar en la Zona de Defensa IV bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares Campo de Mayo en los años 1976 y 1977, de acuerdo a la siguiente plataforma fáctica:

CASO 226: Privación ilegal de la libertad de Gastón Roberto José Gonçalves, ocurrida el día 24 de marzo de 1976, en la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. Habría sido visto el día 29 de marzo en un camión celular que se encontraba estacionado en la parte trasera de la Comisaría 1era de Escobar. Pocos días después, más específicamente el día 2 de abril de 1976, su cuerpo fue encontrado sin vida en el Camino Río Luján de la localidad de Escobar, carbonizado. Imputados respecto de este caso Santiago Omar Riveros, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 246: Privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; habría ocurrido aproximadamente a las 18:00 horas del día 16 de febrero de 1977 en la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Habrían sido trasladados por personal policial a la Comisaría de Escobar, y permanecido en dicha condición hasta las 17:30 horas del día 18 de febrero, cuando habrían sido derivados a otra dependencia policial -podría tratarse de la Unidad Regional o Comisaría 1era de la localidad de Tigre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-. Días después el cuerpo de Muñiz Barreto habría sido encontrado sin vida en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 128 en aguas del Río Paraná, en la Provincia de Entre Ríos. Fernández habría logrado escapar de su cautiverio. Por este hecho fueron acusados Santiago O. Riveros, Reynaldo Bignone, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 290: 1) Privación ilegal de la libertad de Carlos Daniel Souto, ocurrida presumiblemente el día 10 de agosto de 1976 por un operativo conjunto del Ejército y la Policía en la Estación de Trenes Garín, Partido de Escobar. 2) Privaciones ilegales de la libertad de Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, acaecidas el 10 de agosto de 1976, quienes habrían sido sustraídos de su casa de la calle Sulling 2089, en la localidad de Garín. 3) Privación Ilegal de la libertad de Osvaldo Tomás Ariosti, que habría ocurrido durante la madrugada del día 3 de abril de 1976 en su domicilio ubicado en la localidad de Garín. Finalmente habría sido trasladado a la Cárcel de Devoto y luego a la Unidad 9 de La Plata, para ser finalmente liberado el 28 de octubre de 1978. Por estos hechos resultan imputados Santiago O. Riveros y Luis Patti.

Cada una de las causas siguió procesos diferentes. “Souto se empezó a instruir en los ’80 porque las familias fueron citadas a un proceso que se inició como de oficio”, indica Ana Oberlin. “Esa fue una diferencia con los casos Muniz Barreto y Gonçalves, en las que el avance de las causas tuvo mucho que ver con el trabajo de las familias.”

A horas del comienzo del juicio, los hermanos fueron al aeropuerto a buscar a Antonio, que vive en España y no es un exilado político. “Aunque no lo sé”, dice. “No y sí, no soy un exiliado político, se me nota, pero esto produce una cosa que es el aislamiento y te quedás hecho polvo como en un huevo, la realidad te empieza a afectar porque vivís parado arriba de una mentira, porque Patti de pronto va a ser candidato a gobernador.” Y entonces dice que ésa es la mentira, y la vida, un lugar desde donde “te caés todo el tiempo”.

Juana, que no se cae pero se ahoga, de pronto se acuerda del Mundial ’78, un año después del secuestro, de un ascensor en su edificio durante el último gol del Mundial. “Era un ascensor con puertitas de rejas, yo iba subiendo y escuchaba los gritos del gol en todos los pisos y me sentí tan angustiada y tan sola, porque era como que estaba completamente aislada.” El comienzo del juicio es muy movilizante: “Yo digo que esto es como un tsunami, que es algo que uno viene buscando desde hace muchos años y que uno viene esperando”. Empezaron con la causa el 6 de marzo de 2007, a 30 años del asesinato. “Son casi cuatro años, pero estamos recolectando pruebas desde el mismo momento que se lo llevaron a mi papá.” Tienen pruebas del 20 de febrero de 1977, cuatro días después del secuestro, que mantuvieron guardadas en una caja que engordó, se hizo una carpeta grande y ahora es parte de los doce cuerpos del expediente.

Los datos siguen apareciendo. El juicio oral impulsa un proceso que los abogados llaman “etapa de instrucción ampliada”, donde se siguen acumulando pruebas. La semana pasada llegó a manos de Juana un informe de la Policía Federal, descubrieron que en enero de 1977 a Diego le negaron los documentos porque aparecía en una lista de personas que podían llegar a pedir asilo en una embajada. “Esa era una persecución clara, porque quiere decir que no querían que se fuera del país, lo querían matar.”

Se lo llevaron “cuando estaba comprando carne en una carnicería de Escobar, a punta de pistola, de civil y en un auto particular, lo secuestró Patti a él y al secretario –dice Juana–, los llevaron a la Unidad Regional Tigre, de ahí a Campo de Mayo, los metieron en el baúl de un auto, cuatro de la mañana, atados de pies y manos, encapuchados, les hicieron hacer 700 kilómetros al sol el 6 de marzo hasta que a las diez de la noche les dieron una inyección y los tiraron al río. Fernández vivió y antes de irse del país contó todo en un escribano que lo sentó a una máquina de escribir y le hizo escribir este testimonio que tiene 33 páginas y es de un detalle y una prueba impresionante”.

27/9: COMIENZA JUICIO CONTRA PATTI Y OTROS TRES GENOCIDAS

Mañana lunes 27 a las 8 y 30 hs comenzará el juicio contra los genocidas Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone y Juan Fernando Meneghini. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tendrá a su cargo el proceso. Éste será el primer juicio en el que el ex comisario deberá sentarse en el banquillo.

Los cuatro genocidas están imputados por las privaciones ilegales de la libertad de Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, y Osvaldo Tomás Ariosti.

Las audiencias se realizarán los días lunes y jueves en el Auditorio “Hugo del Carril”, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez.

Justicia YA! actuará como querellante y volverá a exigir que se condene a TODOS los genocidas y a demandar justicia por los 30 mil compañeros detenidos- desaparecidos. Decimos, una vez más, que estos juicios contra unos pocos represores y por un puñado de casos no hacen más que distorsionar la magnitud del exterminio que se perpetró en Argentina.

Contactos de prensa:

- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730

- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868

27 de septiembre: inicio del primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti,

2010-08-24T00:03:00.000-07:00

Lesa humanidad: fijan nueva fecha para el primer juicio oral contra el ex comisario Luis Patti
Arrancará el próximo 27 de septiembre, ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín. En el mismo debate también será juzgado, por segunda vez, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone. Se investigan crímenes en perjuicio de 10 víctimas

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el próximo 27 de septiembre la fecha de inicio del primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

El juicio iba a comenzar el próximo 30 de agosto, pero fue postergado debido a una serie de planteos presentados por la defensa de Patti.
Además de Patti, se encuentran imputados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, y los ex militares Santiago Omar Riveros, Fernando Exequiel Verplaetsen y Juan Fernando Meneghini.

En el proceso se investigan crímenes contra los derechos humanos en jurisdicción de Campo de Mayo en perjuicio de 10 víctimas

Patti, otra vez al banquillo

2010-08-07T00:02:00.000-07:00

REABREN LA CAUSA POR EL ASESINATO DE OSVALDO CAMBIASO Y EDUARDO PEREYRA ROSSI

El comisario Luis Abelardo Patti está preso por la causa que investiga el asesinato de Gastón Goncalves

A cinco años del pedido del fiscal Murray, el juez Villafuerte Ruzo hizo lugar a la reapertura de la causa por el secuestro, tortura y asesinato de los militantes peronistas en 1983. Patti, Bignone, Verplaetsen y Nicolaides tendrán que rendir cuentas.

A veintisiete años de los crímenes y a cinco del pedido original del fiscal federal Juan Patricio Murray, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, reabrió la causa por los secuestros, torturas y asesinatos, en 1983, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Fue uno de los últimos crímenes con el sello del terrorismo de Estado: secuestro y tormentos a cargo de militares y civiles de Inteligencia del Ejército, asesinato en enfrentamiento fraguado por policías bonaerenses, incluido Luis Abelardo Patti, que ese mismo año pasó varios meses preso. La reapertura de la causa implica que rendirán cuentas desde los fusiladores hasta el condenado Reynaldo Bignone.

Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Un comunicado del Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense informó que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, el ahora condenado Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos de las víctimas modificó el escenario: estableció que antes de morir habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica, atados con cuerdas, y que los disparos mortales habían sido a quemarropa.

El juez Juan Carlos Marchetti dictó la prisión preventiva de los policías, pero luego cambió de posición y los sobreseyó. Pese a las evidencias, consideró que no estaba probada la relación entre el secuestro y los asesinatos. Las víctimas bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, robado un vehículo, armas y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala suerte de toparse con Patti, que en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En marzo de 2005, tras la anulación de las leyes de impunidad, el fiscal Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Luego se sumaron al reclamo de familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi patrocinados por los abogados de H.I.J.O.S. regional Rosario. La investigación del fiscal sugiere que al momento de los crímenes, luego del “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos y encomendó al “juicio divino” el análisis de la represión ilegal, los servicios de Inteligencia estaban diagramando y ejecutando operaciones para enrarecer el clima político, con la esperanza de suspender el llamado a elecciones o bien condicionar la política del futuro gobierno sobre los crímenes de la dictadura.

A partir del estudio de la causa, el fiscal observa la pretensión de ocultar los rastros de torturas y de disparos a quemarropa. Adjudica el trabajo a los policías bonaerenses, que instruyeron la causa bajo la dirección del juez Luis Milesi (suboficial del Ejército devenido juez con el golpe de Estado) y luego del juez Marchetti. Entre quienes no pudieron desconocer el operativo señala a los jefes de los Cuerpo I y II, generales Juan Carlos Trimarco y Eduardo Espósito, al jefe de policía, Verplaetsen, al jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y al dictador Bignone. Murray también desmenuzó la actuación de Marchetti y sostuvo que el sobreseimiento tras la prisión preventiva era “inexplicable desde el punto de vista jurídico” (Marchetti es quien como juez de Menores falseó en 1977 un expediente de adopción para entregar en guarda a Manuel Goncalvez a personas de su confianza, delito por el que lo sobreseyó Villafuerte Ruzo y sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Rosario).

Al margen de las irregularidades, Villafuerte Ruzo asignó especial importancia a la nueva prueba aportada dos años atrás por Eduardo Constanzo, ex personal civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121 condenado en abril a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de Rosario. En declaraciones judiciales y ante la prensa, Constanzo relató que el seguimiento de Cambiasso estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, otro PCI que luego se encargó de interrogarlos “en el camioncito Mercedes Benz 608”. “Lo del bar Magnum lo hacen (Víctor “Chuli”) Rodríguez, (Pascual) Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato (Edgardo) Andrada, arquero de Central”, recordó. Entre quienes llevaron a los secuestrados hasta el camino rural cercano a la localidad de Lima mencionó a Ariel Porra, alias Puma, y a “Filtro, alias Sebastián, que es el yerno del coronel (Edgardo Juvenal) Pozzi”. Del trabajo final se encargó Patti.

EL 30 DE AGOSTO EMPIEZA EL PRIMER JUICIO ORAL CONTRA EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI

2010-06-23T22:17:00.000-07:00

El día indicado, a la hora señalada
El ex comisario será juzgado junto con otros tres represores. Está acusado por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

Por Victoria Ginzberg

30 de agosto. 9.30 de la mañana. En ese momento comenzará el primer juicio oral contra Luis Abelardo Patti. Eso, siempre que el Tribunal Oral de San Martín consiga sala. El ex comisario será juzgado junto con los represores Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Juan Fernando Meneghini por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

“Estoy emocionada y tranquila. Lo estamos esperando hace mucho y es bueno ver que después de tanto recorrido vamos llegando al final”, dijo a Página/12 Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Muniz Barreto. La abogada Ana Oberlin, representante de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), coincidió en la expectativa que genera la cercanía del juicio oral y en lo difícil que fue llegar a esta instancia.

Los cuatro represores serán juzgados por los jueces Lucía Larrandart, Héctor Sagreti y Marta Milloc, quienes aún están buscando un sitio adecuado para llevar adelante el proceso que confían poder iniciar en tiempo y forma.

Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

La ex esposa de Muniz Barreto denunció el hecho en 1977. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar), que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Otra prueba que vincula al ex intendente de Escobar con el hecho es que, según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje “El Cazador”, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti, hoy fallecido, sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Patti está siendo sometido a exámenes médicos porque sus abogados pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que el represor sufrió un “edema cerebral”. Actualmente está internado en el en el instituto Fleni y, aunque está en rehabilitación, está consciente y en condiciones de enfrentar su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los abogados de las querellas sostienen, además, que puede continuar su tratamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario.

La Cámara de Casación rechazó el pedido de excarcelación del ex comisario Luis Patti

2009-10-15T22:54:00.000-07:00

La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó excarcelar al ex subcomisario Luis Patti, procesado con prisión preventiva por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar, por considerar que eludirá o entorpecerá el accionar de la Justicia.

La Sala II del tribunal desestimó el pedido de la defensa tras considerar que si Patti recupera la libertad, eludirá o entorpecerá el accionar de la justicia.Los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Gustavo Mitchell concluyeron que en el caso del ex comisario no resultaba aplicaba la doctrina "Díaz Bessone", que permite la concesión del beneficio aún en casos con delito que prevén grave sanción penal.Patti, también ex intendente del partido bonaerense de Escobar, ya había recibido la negativa de la Cámara Federal de San Martin, jurisdicción donde está procesado por los delitos de allanamiento ilegal, secuestro, amenazas e imposición de tormentos.

El ex subcomisario está acusado, además, por su presunta participación en el secuestro del ex diputado del Partido Justicialista Diego Muñíz Barreto, en la zona de Ramallo, y de la privación ilegal de la libertad y desaparición de los militantes de esa fuerza Gastón Gonzalvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D`Amico.Muñiz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre y de allí a un centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo.

El cuerpo del ex legislador fue hallado tiempo después en el interior de un Fiat 128, en un arroyo cercano a localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos.En esta causa también están procesados el ex dictador Reynaldo Bignone, y los represores Santiago Riveros, Eduardo Espósito y Juan Fernando Meneghini, este último ex comisario de Escobar y entonces superior de Patti, cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense en la comisaría de Escobar.

Patti, que había resultado electo en los comicios de 2005, fue detenido en diciembre de 2007 por orden del entonces juez federal Alberto Suares Araujo, y perdió sus fueros parlamentarios en abril de 2008 luego de que la Cámara de Diputados se los quitara por falta de "idoneidad moral".

Actualmente Patti se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz, donde, si la Corte Suprema no modifica el fallo de la Cámara de Casación, deberá aguardar el juicio oral y público.Semanas atrás la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte -que había resuelto que en el Congreso Nacional le tenían que tomar juramento- debe analizar el desafuero de Patti.

EL JUEZ BLANCO HABILITO LA CANDIDATURA A DIPUTADO DE LUIS PATTI, PRESO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

2009-05-26T01:25:00.000-07:00

Con la cárcel como comando de campaña

La Justicia consideró que como aún no tiene condena, Patti puede presentarse. Su candidatura había sido impugnada por organismos de derechos humanos

Por Victoria Ginzberg

Durante 25 años los familiares de las víctimas de Luis Abelardo Patti intentaron que el ex comisario respondiera judicialmente por sus crímenes. Durante más de veinte años los tribunales estuvieron cerrados para ellos. Amparado en su impunidad, el represor fue intendente y quiso ser gobernador y diputado, aspiración que no abandonó en esta elección. Los hijos y hermanos de las personas que había secuestrado y asesinado buscaron, entonces, impedir al menos que asumiera cargos públicos. Pero la Justicia les respondió que, como no pudieron condenarlo, no hay obstáculos para que sea legislador nacional. El juez federal Manuel Blanco habilitó ayer la candidatura del torturador que espera su juicio en la cárcel de Marcos Paz.

El magistrado sostuvo que el Código Electoral Nacional prevé que para que una persona sea excluida del padrón debe estar “condenada por delitos dolosos a pena privativa de libertad” y que “no existiendo condena alguna respecto del nombrado, resulta claro que la impugnación no encuadra en las previsiones objetivas normadas en la ley de la materia para prohibir la postulación de un candidato”.

En la práctica es casi imposible que Patti –si consiguiera los votos para ser electo diputado– asuma su banca. Para eso debería ser absuelto de los crímenes de lesa humanidad por los que ya está procesado y muy cerca de ir a juicio oral. Los especialistas sostienen que los fueros que podría obtener en junio no le valdrían en la causa que lo llevó a la cárcel en noviembre de 2007. De hecho, en ese año, la Cámara de Diputados lo desaforó para que el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo ratificara su decisión de encerrarlo por el secuestro de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

“Es otra oportunidad perdida, presentamos una impugnación que exigía un debate de fondo. Las causas contra Patti han avanzado, hay mucha prueba en su contra que pedimos que se analizara y también solicitamos una audiencia pública y nada de esto se produjo. Creemos que el tema exigía una discusión compleja sobre los derechos políticos de aquellas personas vinculadas con la última dictadura militar, más allá del avance en las condenas penales. Eso fue lo que señaló la Corte Suprema cuando rechazó que el Congreso excluyera a Patti. Dijo que la vía para discutir el tema era la impugnación ante la Justicia antes de que se realizara la elección. La Justicia, en cambio, nos dio una respuesta formal”, señaló a Página/12 Diego Morales, director del área legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). El abogado adelantó que la decisión de Blanco será apelada ante la Cámara Nacional Electoral.

El juez respondió a la impugnación realizada por los abogados Carolina Varsky, del CELS; Ana Oberlin, de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), y Pablo Llonto en representación de Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Gladys y Ethel Cambiaso y Gastón y Manuel Gonçalves. Y a un escrito que en el mismo sentido hizo Ana Cacopardo, de la Comisión Provincial por la Memoria.

En la presentación ante Blanco, el CELS, Hijos y Llonto aseguraron que Patti “no se encuentra legitimado constitucionalmente para presentarse como candidato a un cargo electivo de acuerdo con lo prescripto por diversas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”.

También reseñaron casos similares abordados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo se expidió acerca de una denuncia hecha por el general guatemalteco Ríos Montt, que alegaba la violación de su derecho a ser elegido por parte del gobierno de Guatemala. La CIDH entendió legítimas las restricciones impuestas por el derecho interno de ese país y dijo que correspondía evaluar su validez dentro del contexto histórico–político. Así, descartó la pretensión de Ríos Montt de argumentar que estaba siendo discriminado porque darle la razón hubiese significado privilegiar a aquellos que asumen el poder de manera ilegítima ante quienes lo hacen a través de procedimientos legítimamente establecidos. Agregó que no importaba que el dictador hubiera recibido una amnistía, ya que su exclusión tenía por objeto la protección y defensa del sistema democrático. Sobre este caso, Blanco resaltó que la imposibilidad de Ríos Montt de presentarse como candidato se realizó a través de una ley y no por una disposición judicial.

El CELS, Hijos y Llonto mencionaron otro hecho a tener en cuenta al analizar la impugnación de Patti: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones de 1995 y 2000, recomendó a la Argentina que estableciera procedimientos adecuados, y adoptase todas las medidas necesarias con el fin de asegurarse de que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y aquellos funcionarios de la administración pública sobre los cuales existan pruebas suficientes de participación en violaciones a los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en dichas fuerzas y en la administración pública. “El estándar que se exige para examinar las calidades de las personas que pretendan ejercer cargos públicos –explicaron– es menos riguroso que el que supone una condena en un proceso penal. Ello se debe, por un lado, a las anormales circunstancias en las que se desenvuelven las instituciones estatales (y en particular el Poder Judicial) durante los períodos de gobiernos dictatoriales, y por otro lado, a las dificultades materiales con las que –con posterioridad– se enfrentan los intentos por identificar, juzgar y sancionar tanto a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso argentino, esta excepcionalidad toma un cariz especial, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos, como por el posterior contexto de prolongada impunidad y denegación de justicia en el que fue sumido el país por casi 30 años, con la consiguiente imposibilidad de investigación judicial y sanción penal de los responsables.”

Pero estos argumentos no convencieron al juez, que dio a Patti el mismo trato que a un delincuente común y no tuvo en cuenta la paradoja de exigir una condena cuando el mismo Estado –a través de sus tres poderes– era el que, hasta no hace tanto, impedía obtenerla. La discusión seguirá en los tribunales superiores. Si finalmente su candidatura es ratificada, al menos Patti contará sus votos desde la cárcel.

Patti, candidato tumbero

2009-04-17T23:10:00.001-07:00

EL torturador prepara su lanzamiento a diputado y hace campaña desde la cárcel.

Arenga a sus seguidores por teléfono desde el penal de Marcos Paz. Anoche los había convocado para la inauguración de una sede del Paufe en Ingeniero Maschwitz, pero le fallaron las comunicaciones. Lo acompaña toda su familia.

Por Adriana Meyer

Primero fueron las pintadas Patti 2009 en los paredones de Escobar, ahora la arenga a sus seguidores por teléfono, con la línea conectada a un altoparlante: el torturador Luis Patti hace campaña desde la cárcel. Para eso se habían reunido durante la inauguración de una nueva sede del Partido Unidad Federalista (Paufe) quienes lo siguen. Lo mismo había ocurrido ya en noviembre, pero esta vez no pudo ser. “En Marcos Paz los teléfonos públicos son satelitales y hay problemas para comunicarse”, dijo a Página/12 su hijo Luis, ya lanzado como candidato a concejal.

Aunque el Congreso impugnó su diploma de diputado electo obtenido en 2005 e impidió que asumiera en una banca y en 2007 le quitó los fueros a pedido de la Justicia, el represor no se da por vencido y vuelve a la política. Y para eso trabajan todos los Patti mientras él da órdenes y escribe discursos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Está detenido allí desde noviembre de 2007 por haber secuestrado al ex diputado justicialista Diego Muniz Barreto y su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti. La Cámara de Apelaciones confirmó su procesamiento y la fiscalía ya pidió el juicio oral.

La cita anoche era a las 20 en Maipú y Entre Ríos, en Ingeniero Maschwitz, y estaban todos: sus hijos Ignacio, Luis (que es concejal de Pilar y quiere renovar mandato) y Maximiliano, director de Turismo de la Municipalidad de Escobar, además de su mujer, Elizabeth Ferraro, y su suegra, la diputada mandato cumplido Nélida Manzur. En noviembre dicen haber juntado 700 personas; anoche había menos de la mitad cortando la calle y bailando al ritmo del jingle de campaña con ritmo tropical: “Vamos con Patti, todos a ganar”. Los afiches ya fueron impresos con la imagen de Luis Patti padre e hijo y adornaban tanto la casa partidaria que estaba a punto de ser inaugurada como la camioneta roja de campaña. Mientras una señora muy maquillada y con batido de peluquería entregaba corazones de cartulina amarillos con el apellido del torturador escrito en fibra negra, otra militante paufista ofrecía jugo a los presentes. Pocos pero ruidosos, se ovacionaron a sí mismos a medida que el locutor nombró sus barrios.

“La gente nos dijo que quiere volver a la época de Patti, que estaban más contentos, cada vecino tenía una solución cuando venía a la intendencia y no se castigaba a nadie por la forma de pensar”, dijo Luis Patti hijo, a la hora del discurso. “Mi padre nos enseñó a cambiar la política desde adentro, por eso estamos formando una nueva dirigencia”, agregó. Un rato antes había practicado su rol de político en campaña manteniendo un diálogo con el cronista de CQC. “Nada cambió, su padre se vinculó siempre a la gente con un aparato eléctrico”, quiso bromear el notero, en alusión a la picana y a la comunicación telefónica desde la cárcel que no se produjo. “Bueno, como vos con el micrófono”, replicó el hijo del procesado por violaciones a los derechos humanos. “La de su padre sí que es una candidatura testimonial”, siguió Pablo Camaití, a lo que su entrevistado respondió: “Es un preso político”.

–Le regalo un slogan de campaña, Patti no le va a robar porque ya está preso –dijo el enviado de CQC.

–Es tu opinión. Está preso por otra cosa –contestó Luis Patti hijo.

–Por delitos de lesa humanidad, secuestros y homicidios –intervino esta cronista.

–Sí, bueno, eso lo va a decidir el juez. Si me disculpan...

Rechazado recurso de Patti: no será Diputado

2008-09-05T01:02:00.000-07:00

La Cámara Electoral rechazó un recurso de amparo y el ex comisario no recuperará su banca como diputado. Continúa preso en Marcos Paz.

En el recurso, Patti solicitó que se lo incorporara al cargo de diputado nacional, alegando que su desafuero dispuesto por la Cámara baja es inconstitucional por no habérsele dado a su representado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa.

El tribunal entendió que el proceso previsto en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que concluyó en el desafuero de Patti, "no es un juicio contra el título de legislador ni contra el ciudadano que lo inviste, que merezca el ejercicio de la defensa de derechos parlamentarios o personales, toda vez que no está en juego allí un interés propio que pueda verse afectado por la resolución que adopte el cuerpo legislativo, sino únicamente institucional –asegurar la independencia de las cámaras- en resguardo del cual ese proceso se lleva a cabo".

"La expresión ’juicio público’ contenida en la norma constitucional no reviste la misma naturaleza que en el proceso de "juicio político" (art. 59 de la ley fundamental)… ya que en este último, la Cámara de Senadores se erige en juez y la de Diputados en fiscal y deben respetarse todas las garantías de defensa, pues sí se trata de un proceso en contra del acusado, en el cual una decisión desfavorable implica su destitución del cargo", aseguró la Cámara.

Y agregó: "El desafuero, en cambio, tiene por fin inmediato suspender al legislador en sus funciones para ponerlo a disposición del juez que lo solicitó, lo cual no lo descalifica para recobrar su cargo si así procediera".

"En definitiva, no es una sanción contra el legislador, como lo es la expulsión. Es una medida precautoria de carácter político que no tiene efectos en sede judicial, sino sólo para permitir que se tomen medidas sobre la persona del acusado", indicó.

Diputados le impidió a Patti asumir la banca que obtuvo en las elecciones de octubre de 2005 al considerar que estaba moralmente inhabilitado para hacerlo por la causa en la que se lo investiga por el secuestro, tortura y desaparición de del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y de Gastón Goncalvez y Carlos Souto durante la última dictadura militar.

No te olvides consultar : Cartografía de las causas

Los acusados de delitos de lesa humanidad no podrán ser candidatos

2008-05-06T00:28:00.000-07:00

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el debate de proyectos del día 7 de mayo, tratará de impedir que los denunciados de haber cometido de lesa humanidad, y estar vinculados a la acción represiva de la última dictadura militar, no puedan ejercer cargos públicos. Es para que no se repita la situación generada con el ex subcomisario Luis Patti.

Se propone modificar la ley de partidos políticos y que buscan la inhabilitación "absoluta y perpetua" para ser candidatos y ocupar cargos públicos a acusados por delitos de lesa humanidad. Coinciden en esta propuesta varios diputados oficialistas, radicales, e independientes.

Por su parte, el proyecto presentado por Miguel Bonasso, es de inhabilidad "perpetua y absoluta" y alcanza también a toda persona que hubiere participado en "actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático", aún cuando se encuentre amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En tanto, la iniciativa impulsada por Donda, hija de desaparecidos y primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en acceder a una banca en el Congreso, propone modificar la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, a la ley orgánica de Partidos Políticos y al Código Electoral. Impide, el acceso a cargos públicos "a condenados como autores, partícipes, instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas u homicidio" y a quiénes "hayan usurpado cargos electivos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983". Mañana se debatirán las diferentes propuestas, y es de esperar que finalmente puede establecerse en un amplio espectro las condiciones inhabilitadotas a los implicados directa e indirectamente en la represión dictatorial.

Juan Puthod es "soltado" gracias a la movilizacion social

2008-04-30T23:07:00.000-07:00

APARECIO JUAN PUTHOD, militante de la Casa de la Memoria de Zártate que había sido secuestrado el martes 29 de mayo.

Juan estaba muy lastimado y su familia le llevó a una clínica médica para evaluar su estado. Un integrante de la Casa de la Memoria de Zárate anunció anoche la aparición de Juan Puthod a quien se buscaba desde el martes por la tarde cuando había desaparecido mientras iba rumbo a la radio.

El dirigente que anunció la aparición de Puthod afirmó que según supo la mujer Graciela Lencina, ya le había confirmado que Puthod había aparecido "lastimado, pero bien", dijo visiblemente emocionado. En horas de la noche, Puthod era trasladado hacia una clínica privada donde tratan de constatar el estado de salud ya que según se afirmó que Juan es diabético y tiene problemas cardíacos. Puthod apareció esta noche luego de más de 24 horas de haber desaparecido ayer por la tarde cuando se dirigía desde la Casa de la Memoria de Zárate de la que es director hacia la radio donde conduce un programa sobre derechos humanos.

AHORA MAS QUE NUNCA : ¡¡APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ!!

COMPAÑERO DE ZARATE DESAPARECIDO

2008-04-30T09:14:00.000-07:00

COMUNICADO DE PRENSA – URGENTE

Denunciamos la desaparición del compañero Juan Evaristo Puthod desde ayer martes 29 de abril por la tarde. Juan estuvo detenido-desaparecido en varios campos de concentración, entre otros los que funcionaron en el Tiro de Federal de Zárate y en el Hospital de Campo de Mayo, y posteriormente estuvo detenido a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, durante 6 años.

Tiene 50 años, es un activo militante en defensa de los derechos humanos, titular de la Casa de la Memoria del partido de Zárate, y ayer fue visto por última vez cuando salía de esa entidad para dirigirse a la radio donde conduce un programa vinculado a las actividades de ese organismo. Además la Casa de la Memoria está organizando un acto que se realizará en pocos días en homenaje a los compañeros Pereyra Rossi y Cambiasso, secuestrados y desaparecidos por Patti.

Repudiamos esta gravísima situación, hacemos responsable al gobierno nacional y al gobierno provincial de su aparición con vida y en perfectas condiciones.

La única garantía para brindar seguridad a sobrevivientes, familiares, a todos aquellos compañeros involucrados en la lucha contra la impunidad, y al pueblo argentino todo, es que los genocidas no sigan caminando entre nosotros y estén en el lugar que les corresponde: la cárcel, común, efectiva y perpetua!

Exigimos la aparición con vida ya! de Juan Evaristo Puthod!
Exigimos la aparición con vida ya! de Julio López!

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos!

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS

CASAPUEBLOS

CAMPAÑA DE APOYO A LOS JUICIOS

Contacto prensa: 15-4430-3569 / 15-3208-9786
Adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar Y casapueblos@nodo50.org

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PATTI : GENOCIDA IMPUNE

2008-04-24T00:09:00.000-07:00

Cual telegrama comenzamos esta declaración. Las tres palabras que componen su título son una muestra clara de la realidad: Patti es un genocida y está impune.
Desde la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos sostenemos que el debate central en la liberación de Patti es la Impunidad, y creemos necesario profundizar en esta cuestión:
En 1973 Patti-POLICÍA asesinó a tres adolescentes en una confitería en un barrio de Escobar. El hecho fue públicamente denunciado por el diario local "El Actual", dirigido por Tilo Wenner. Patti nunca fue juzgado ni castigado. Wenner fue secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1976.
Posteriormente fue imputado por aplicación de tormentos a Julio Di Battista. En 1976, el juez Clodomiro Luque lo sobreseyó.

Patti-REPRESOR fue parte activa del genocidio llevado a cabo en nuestro país. Durante la dictadura fue parte de grupos de tareas, secuestró, torturó e hizo desaparecer a muchos compañeros que hoy forman parte de nuestros 30.000.
Patti-GENOCIDA fue denunciado en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1984. No fue juzgado ni castigado.
Patti-IMPUNE participó de la represión en La Tablada en enero de 1990. 23 días antes había sido ascendido a subcomisario y había sido trasladado desde el Cuerpo de Caballería del Escuadrón San Isidro a la Unidad Regional de San Martín.

En octubre 1990, el juez en lo Criminal de San Isidro, Raúl Alberto Borrino, ordenó su arresto por apremios ilegales contra dos hombres acusados de robo; mientras que el ex presidente Carlos Menem le encomendaba a Patti-IMPUNE la investigación del caso de asesinato de María Soledad Morales en Catamarca. Concluyó que había sido un crimen pasional, cuando quedó probado que esa muerte tuvo connotaciones políticas y que la responsabilidad era de Guillermo Luque, hijo de Luis Luque, un catamarqueño que comenzó siendo custodio de Leónides Saadi y terminó siendo diputado nacional por su provincia.
En 1991, Patti-IMPUNE fue subjefe del Grupo de élite Halcón de la Policía Bonaerense con asiento en la sede de la Brigada Aérea de Morón.

Para 1993, Patti-IMPUNE se retiró de la Policía y es el Partido Justicialista el que le abre las puertas de la política incorporándolo para reciclarlo como Genocida-Impune-Político. En 1995 ganó la Intendencia de Escobar. Cuatro años más tarde fue reelecto ya al frente de su propio partido.
En 2005 obtuvo una banca de diputado como candidato en la boleta que acompañó la de Hilda "Chiche" Duhalde al Senado. Sí, Patti-GENOCIDA-IMPUNE.
Todos sabemos que la Impunidad tiene leyes que fueron votadas en el Congreso, políticos y presidentes que las idearon, las sostuvieron y las defendieron. Hoy Patti y otros tantos genocidas están libres como producto y consecuencia de esa impunidad.

Pero en esta carrera de los impunes, en la que el genocida Patti y muchos más represores llevan la delantera, en esta carrera de postas, los jueces son también corredores principales. Mucho se hablo en estos últimos tiempos, si Patti debe asumir o no su puesto de Diputado elegido por el Voto Popular.
Pero se elude una discusión central y de fondo, que es: ¿por qué Patti no está preso? Esta pregunta cobra fundamental trascendencia ya que se formula en los tiempos de un gobierno que dice defender los Derechos Humanos.
Por otro lado una serie de genocidas -identificados y con mucha prensa- ya han desempeñado algunos cargos públicos teniendo un probado pasado de genocida, como Bussi, Rico y el mismo Patti, como Intendente, y distintos funcionarios asesores de gobernadores. Tanto es así que, hace apenas unos días, un interventor militar jefe del D2, el coronel Luis Ocaraza, asesino de campos de exterminio como el ex ingenio Baviera, se reciclaba de genocida a Asesor del Ministerio de Economía de un gobernador Justicialista aliado del gobierno nacional, el gobernador de Tucumán José Alperovich. Y qué decir de aquello civiles, ministros, que firmaron decretos de exterminio como fue el del Operativo Independencia: Luder, Isabelita, Ruckauf, Cafiero...
Es que la Impunidad que nos asoló y nos sigue asolando, tiene responsables!
Gracias a una justicia que cajonea causas durante años, cuando la claridad de las pruebas y denuncias no debería permitirle mirar para otro lado; gracias a legisladores, conocidos o ignotos, de los partidos que se han alternado en el poder que redactan y votan cada línea de las impunidades que nos ofenden como sociedad; los genocidas no solamente caminan entre nosotros, sino que ejercen cargos públicos y en gran medida determinan nuestras vidas. Todo esto gracias a una justicia y un poder político que fueron cómplices y que hoy miran como si ellos no hubieran sido partícipes y responsables de la actual situación.
Casi medio millón de personas se expresó con su voto en la elección del genocida Patti y esto abre también otro debate que no está de ninguna manera saldado: las consecuencias del genocidio y sobre todo, las de la impunidad.

El voto Patti representa muchas cosas. Representa a los que estuvieron y están de acuerdo con el genocidio. A los jueces que lo absolvieron y a los que nunca lo juzgaron. A los políticos que lo apoyaron en su carrera represiva, a los que lo cobijaron e impulsaron en su carrera política y a los que le allanaron a él y a los demás genocidas, el camino de impunidad votando o aceptando durante años las leyes que los protegían y negándose aún hoy a anular los indultos, aunque ahora se rasguen las vestiduras proponiendo el desafuero.
Y también, a los miles que lo votaron comprando el discurso de la "seguridad", que creen en lo que interesadamente se les muestra como inoperancia o insuficiencia o desinterés en los responsables de garantizar la seguridad, pero que al igual que millones de argentinos son parte y sufren de un modelo de sociedad que produce exclusión, marginalidad e impunidad.

Por eso decimos que el debate debe comenzar por el principio: PATTI. GENOCIDA. IMPUNE.
Jamás debería haber ocupado ningún cargo público, ni haberse presentado a elecciones, ni haber ganado una intendencia ni una banca, ni haber caminado libre por las calles. Porque es un genocida, y como tal su lugar es la cárcel común, efectiva y perpetua!

Juicio a todos los genocidas, condena por todos los compañeros!
Aparición con vida de Julio López!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Campaña de APoyo a Juicios

Casapueblos

Se ordena investigar un predio donde, segun testigos, enterraban cadaveres durante la dictadura

2008-04-22T01:58:00.000-07:00

En busca de una enorme fosa común en Escobar
En el territorio del ex comisario Luis Patti, un hombre que trabajaba en la recolección de residuos en el ’76-’77 declaró que: “A la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado”.

Por Irina Hauser
El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó las primeras medidas para investigar un predio ubicado en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar, donde habría una enorme fosa común utilizada durante la última dictadura para enterrar los cuerpos de cientos de desaparecidos. En una resolución que firmó el jueves pasado como parte de la misma causa en la que pidió el desafuero del ex comisario Luis Patti, el magistrado solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional para hacer una pericia “de medición planimétrica” en el lugar, donde funcionaba un basural. La denuncia que permitió identificar el sitio fue hecha en 2005 por Guillermo Catalino Romero, que trabajaba en la recolección de residuos de la zona en los tiempos del Terrorismo de Estado. “Yo lo vi: a la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado. Lo hicieron por lo menos durante un año, entre 1976 y 1977”, le contó a Página/12.

En el oficio en el que requiere la colaboración de la Gendarmería, al que accedió este diario, Suares Araujo argumenta que en el “predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad producidas durante la última dictadura militar”. Entretanto, el juez busca desentrañar –vía intimaciones a la Municipalidad de Escobar– quiénes son los propietarios de esas tierras que, a simple vista, están abandonadas y que en un mapa aportado por el denunciante figuran como “José Pestarino y otros”. Al parecer, sólo vive allí un cartonero, a quien se citó a dar testimonio para pasado mañana. Guillermo Catalino Romero es un hombre humilde de 67 años, alto y delgado, de bigote negro finito, ojos vidriosos y piel curtida. En 1975 empezó a trabajar en la Delegación Maquinista Savio de la Municipalidad de Escobar, y en eso seguía cuando llegó el golpe de Estado. “Manejaba tractores y hacía la recolección de basura”, explica. “Y estaba este basural, que en la dictadura fue dividido: de un lado tiraban la basura los empleados municipales y del otro, separado con un alambre, arrojaba residuos la gente del Ejército. Después de las ocho de la noche los militares no dejaban que nadie se acercara. Un día, un compañero me dice ‘vamos a ver qué hacen’, y fuimos a mirar desde la zona del monte. Ahí se me nublaron los ojos de lo que vi, y no me lo olvido nunca. Tiraban los cadáveres con una topadora a una fosa enorme y profunda. Los traían en camiones de basura, como de Manliba”, recuerda.

La fosa, según estima el denunciante, tenía algo más de cien metros de largo y cuatro de ancho. El predio sería de unas 30 hectáreas y, según su declaración ante el juez, fue utilizado por el Ejército hasta 1980 y luego quedó un puesto de custodia que desde hace tres años ya no está. “Los militares a veces tiraban basura, pero cuando los camiones venían de Los Polvorines o de Zárate-Campana generalmente traían cuerpos. De día excavaban y de noche rellenaban. Tenían maquinaria importante ahí, una excavadora, una topadora. Pero un día levantaron todo y se fueron”, dice.

Romero conoció hace varios años al abogado laboralista Eduardo Ramallo, que trabaja en la zona de Escobar. Había representado a su hermano en un juicio por un accidente de trabajo y fue quien lo ayudó, finalmente, a denunciar aquella imagen que lo tuvo aterrado durante años. Ayer se puso su mejor traje, de saco y pantalón celeste, y después de un periplo en colectivo llegó secándose la frente al centro porteño para ir con su abogado a la Asociación de Abogados Laboralistas a contar el caso y pedir respaldo. Allí, en una reunión especial, Romero dijo que durante mucho tiempo tuvo temor de contar lo que había visto porque “el Ejército amenazaba a los vecinos con que si hablaban les iba a pasar lo mismo que a la gente que estaba adentro de los pozos”. Ante el juez Suáres Araujo contó que él mismo sufrió la advertencia de parte de un sargento retirado.

En una carta que entregó a la Asociación, Ramallo sostiene que la fosa señalada por Romero sería “el mayor y más importante campo clandestino de inhumaciones” de la dictadura identificado hasta el momento en el país. También explica que a pedido del juzgado, en base a un requerimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, entregaron “fotografías y planos, a los fines de ubicar exactamente donde fueron inhumadas una cantidad considerable de seres humanos y que actualmente se registran como desaparecidos o NN”. Pese a que no hay –agrega– “alambrados perimetrales, ni cercos y muros y mucho menos división alguna que permita una identificación precisa, logramos mediante testigos ubicar precisamente los presuntos lugares de inhumación que se encontrarían a más de 12 metros de profundidad y fueron realizados con maquinaria pesada”.

Ramallo sospecha incluso que allí también hubo un centro clandestino de detención que fue demolido, según les dijo a sus colegas. Al juez, precisó, le pidió que investigue los túneles o mazmorras de cuyos ingresos también entregó imágenes fotográficas. Al encuentro con los Laboralistas fueron los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel. Ramallo les reclamó recursos para los juzgados que están a cargo de las megacausas sobre los crímenes de la dictadura. Una de ellas es la que instruye Suáres Araujo, que indaga en 312 casos de desapariciones vinculadas al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en la que Patti, que fue oficial subinspector en Escobar durante la dictadura, es uno de los procesados acusados de crímenes de lesa humanidad.

Esta no es la primera vez que Ramallo interviene como abogado en una denuncia sobre cadáveres NN. Fue quien patrocinó a Patricia Achu, la ex empleada del cementerio de Escobar, que descubrió allí un centenar de cuerpos sin identificar. Uno de los cuerpos, se pudo determinar, era el de Gastón Gonçalvez, por cuyo homicidio fue procesado Patti. El abogado le dijo a Página/12 que está convencido de que el predio de Maquinista Savio, ubicado a unos 15 kilómetros del centro de Escobar, “tendrá que convertirse a la larga en un lugar de la Memoria”. “Lo que más anhelo, además, es que los familiares de los desaparecidos tengan el día de mañana donde ir a llevar una flor a sus seres queridos.”

COMUNICADO DE PRENSA de la AEDD-Casapueblos

2008-04-14T09:15:00.000-07:00

Repudiamos represión

Ante lo ocurrido cuando el genocida Patti se retiraba de los tribunales de San Martín, decimos:

1- Repudiamos la brutal represión sufrida por quienes se manifestaban contra Patti, donde resultó herida –entre otros- Ana Oberlín, abogada de HIJOS Rosario que representa a familiares en la causa contra el genocida.

2- Hacemos responsable al gobernador Scioli por este hecho y denunciamos a la Policía Bonaerense que continúa reprimiendo salvajemente en toda la provincia de Buenos Aires y que sigue integrada por policías que actuaron en los campos de concentración de la dictadura.

3- Rechazamos el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia que le restituye la banca de diputado al asesino. Basta de represión!Juicio y castigo a todos los genocidas, condena por todos los compañeros!

Aparición con vida de Julio López

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - Casapueblos - Comisión de Apoyo a Juicios

Prisión preventiva para el represor Patti

2008-04-14T02:35:00.000-07:00

Por secuestros y torturas en la última dictadura militar.

La medida, que incluye un embargo de dos millones de pesos, fue dictada por el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormento y allanamientos ilegales". El ex subcomisario quedó detenido el 22 de noviembre, tras declarar en la causa.

El tribunal de San Martín procesó y dispuso prisión preventiva y un embargo millonario al ex subcomisario bonaerense Luis Abelardo Patti por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormento y allanamientos ilegales" por secuestros y torturas durante la dictadura.

El juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo, dispuso procesar a Patti por "considerarlo prima facie responsable de los delitos de allanamiento ilegal -reiterado en dos ocasiones-, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por abuso funcional y violencia y amenazas -reiterado en nueve oportunidades- e imposición de tormentos y partícipe necesario en la imposición de tormentos -reiterado en dos hechos".

Además del procesamiento, se decidió "convertir su actual detención en prisión preventiva", y se decreta un embargo sobres sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos. Patti había sido detenido en esta causa el 22 de noviembre pasado luego de que concurriera a los Tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

En esa oportunidad, acudió para ser indagado en tres expedientes donde se investigan los secuestros y tormentos a los que fueron sometidos Diego Muniz Barreto, Diego y Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo D’Amico, Luis D’Amico, Osvaldo Tomás Arriosti y Gastón Roberto José Gonçalvez, entre los años 1976 y 1977. Diego Muniz Barreto, electo diputado en 1973, fue secuestrado en 1977 y llevado a distintas dependencias de Escobar, Tigre y Campo de Mayo, donde fue torturado. Luego fue llevado junto a su secretario, Juan José Fernández, a un paraje cercano a un río en las afueras de Villaguay, en Entre Ríos, donde habrían sido arrojados a las aguas, presuntamente drogados, con la intención de simular un accidente.“Durante ocho meses trabajamos intensamente con mi abogado. Leí su indagatoria y la enumeración de pruebas empezaba en la letra A y terminaba en la S, es decir casi un abecedario completo. Ni yo ni mis hermanos militamos políticamente, sólo exigimos justicia y actuamos en consecuencia. Por eso es injusto que se hable de persecución política”, explicó emocionada pero serena Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado en febrero de 1977, quien antes de ser torturado, adormecido y arrojado en un auto a un arroyo entrerriano alcanzó a escribirle a su esposa desde su cautiverio: “Movete rápido, estamos en Escobar, nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”.“Me emocioné otra vez. Dimos otro pasito. ‘Es una carrera de cien metros y recién vamos por los diez primeros’, como dice mi abogado”, sintetizó Juana Muniz Barreto. “Estamos viviendo un proceso notable, que ojalá otras familias puedan atravesar. Acompañar el camino de la justicia permite empezar a cerrar una historia de vida dolorosa. Luchar contra la impunidad genera paz, tranquilidad, no sólo para las víctimas y sus familias. Ninguna sociedad democrática puede madurar si tiene como base la impunidad”.

En el caso de Gastón Gonçalvez, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar, llevado a la comisaría de Escobar y luego enterrado como NN en el cementerio local. En la misma resolución en la que procesó y embargó a Patti, el juez Suárez Araujo dispuso ampliar el procesamiento y mantener la prisión preventiva de Santiago Omar Riveros, quien fuera responsable de la denominada "zona 4" dentro del esquema represivo de la provincia de Buenos Aires. A Riveros se le imputan delitos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado.

En el caso del represor Riveros, su embargo fue ampliado hasta cubrir la suma de 120 millones de pesos. La justicia también dispuso ampliar el auto de procesamiento y mantener la prisión del ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, y homicidio (uno consumado y otro en grado de tentativa). En el caso de Bignone, el juez Suárez Araujo amplió el embargo sobre sus bienes hasta la suma de 110 millones de pesos.

En tanto, en el caso del militar Eduardo Alfredo Espósito, se dispuso ampliar su procesamiento por considerarlo partícipe necesario responsable de los ilícitos de privación ilegal de la libertad, e imposición de tormentos, manteniendo su prisión preventiva y fijando su embargo en 2 millones de pesos. Asimismo, el juez Suárez Araujo dispuso que en los casos de Bignone, Riveros y Espósito, sigan detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria.Luis Patti pasará sus días en “el pabellón de lesa”, donde dispondrá de todo el tiempo del mundo para conversar con condenados como el ex jefe de investigaciones Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich.

El sub comisario Patti preso por crímenes durante la dictadura (¡al fin!)

2008-04-14T02:31:00.000-07:00

El ex subcomisario y ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti fue detenido este jueves por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo en la causa en la que se investigan sietes casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas durante la dictadura.

Patti concurrió por la mañana a los tribunales de San Martín para ser indagado en tres expedientes donde se investigan los secuestros y tormentos a los que fueron sometidos Diego Muniz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo DïAmico, Luis DïAmico, Osvaldo Tomás Arriosti y Gastón Roberto José Goncalvez, entre los años 1976 y 1977. Tras su declaración, Patti fue trasladado desde San Martín hasta los tribunales porteños de Plaza Lavalle, donde fue sometido a distintas pericias médicas previas a su traslado al penal de Marcos Paz. Distintos organismos de derechos humanos brindaron esta tarde una conferencia de prensa en la cual expresaron su satisfacción por el arresto del ex intendente de Escobar y reclamaron que Patti sea citado a indagatoria en otras causas por violación a los derechos humanos en los cuales está involucrado.

En este sentido, la defensa del ex subcomisario intentó evitar su arresto argumentando que Patti gozaba de fueros parlamentarios, al explicar que si bien no pudo asumir en su banca, había sido electo como legislador. Por su parte, el abogado Pablo Llonto, representante de la familia de Diego Muñiz Barreto, recordó que el legislador justicialista, electo en 1973, "fue secuestrado por Patti en 1977 y llevado a distintas dependencias de Escobar, Tigre y Campo de Mayo, donde fue torturado". El abogado relató que Muñiz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, fueron tirados a un río cerca de Villaguay, en Entre Ríos, presuntamente drogados, con la intención de simular un accidente. Manuel Goncalvez, hijo de Gastón Goncalvez, uno de los casos de desaparecidos por los cuales hoy fue detenido Patti aseguró que "esto no tiene que ver con una persecución política. Empezamos esto hace tres años y sólo nos mueve el afán de justicia". "Hubo varios juzgados federales que no quisieron avanzar", explicó Goncalvez, y dijo estar "contento" por el "paso que dio el juzgado de San Martín". El joven explicó que a su padre "lo secuestraron el 24 de marzo de 1976, lo llevaron a la comisaría de Escobar, luego al Río Luján y lo enterraron como NN en Escobar. Patti era el responsable del accionar de la policía de calle de Escobar y por eso Patti está involucrado en este caso". "Queremos solamente juicio y castigo a los culpables. Tuvimos que lograr que no asuma como diputado y que no tenga los fueros que hoy pretende tener para irse a su casa", finalizó Manuel Goncalvez.

Bussi no entra, Patti hace fuerza

2008-04-14T02:17:00.000-07:00

El represor tucumano no recuperará su banca porque su mandato ya venció. Pero el fallo podría beneficiar a Patti, quien también fue excluido de la Cámara de Diputados. La Corte consideró “peligroso” que el Congreso pueda impedir la asunción de un legislador electo.Por Irina Hauser y Victoria Ginzbergde la Redaccion de Pagina 12 “Sostener que existe un poder para rechazar el título a toda persona que viola la ‘ética republicana’ puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice proteger. Los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las mayorías.” Este fue uno de los argumentos centrales de la Corte Suprema al definir que el Congreso no tiene atribuciones para negar la incorporación de un legislador electo. El fallo beneficiaría al dictador Antonio Domingo Bussi, pero en la práctica su caso fue declarado “abstracto” debido a que su mandato venció en 2003. El escrito sí podría favorecer al represor Luis Abelardo Patti, quien ayer lo calificó como “un triunfo de la democracia”.El fallo que firmaron por la mayoría Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni no le devolverá la banca a Bussi. Los ministros del tribunal, de hecho, determinaron que la resolución de la Cámara de Diputados que rechazó su incorporación quedó firme porque era “inoficioso” expedirse sobre el tema. El dictador –que está preso– ya no puede recuperar su banca. Además, él no había reclamado la anulación de su impugnación. Esto implicará que Bussi no podrá exigir un resarcimiento económico por haber quedado afuera del Congreso.

Más allá del caso puntual de Bussi, la Corte decidió enviar un mensaje al Poder Legislativo. Por eso, se pronunció específicamente sobre los límites de los diputados para impedir la asunción de un legislador electo. Esto podría tener efectos en otro caso cuya resolución está pendiente: el del ex subcomisario Luis Abelardo Patti. En la Corte señalaron que no debe interpretarse que ambos expedientes son exactamente iguales, pero el represor y ex intendente de Escobar festejó como si acabaran de ratificarle la banca (ver aparte).
Bussi fue excluido de la Cámara de Diputados en 1999 por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la última dictadura. Actualmente, el represor está preso. Fue procesado por más de 60 casos de desapariciones y torturas y está cerca de ir a juicio oral por el secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

El diploma de Patti también fue impugnado por su participación en crímenes de lesa humanidad. La presentación fue hecha por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti. La Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe y la Cámara se inclinó porque era “inhábil moralmente” para ejercer el cargo de diputado. Patti sigue en libertad. Está procesado por encubrir a otro represor e imputado en varias causas que hasta el momento no avanzaron. Hace dos años, el fiscal Juan Murray pidió su detención.
Al fundamentar el rechazo al diploma de Bussi, los legisladores aclararon que esta decisión “sólo respondía a la participación activa reconocida y probada en el terrorismo de Estado”. Lo mismo ocurrió con Patti. Los diputados señalaron que se trataba de un caso “excepcional”, ya que el represor estaba involucrado en crímenes de lesa humanidad.

Lorenzetti, Fayt, Argibay y Zaffaroni señalaron que “los graves hechos que imputan al diputado electo deben ser motivo de un proceso judicial porque todos los ciudadanos tienen la garantía del debido proceso. No hay una incapacidad de derecho para las personas que hayan tenido una actuación histórica determinada ya que el impedimento deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.

La condena judicial –en rigor la imposibilidad de acceder a una– fue un punto central en los argumentos de quienes impugnaron a Bussi y Patti: los represores no pudieron ser sometidos a juicio porque estaban vigentes las leyes de impunidad.

Los ministros del tribunal no tuvieron en cuenta este razonamiento. Se limitaron a señalar que “la Corte ha sido clara respecto de la persecución de los autores de los delitos de lesa humanidad”. Pero la reanudación de los juicios contra los represores es reciente. Hasta el momento, sólo dos acusados fueron efectivamente condenados: el agente de la Policía Federal Julio Simón y el ex jefe de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz. Si la Justicia no hubiera sido trabada durante veinte años por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos (cuya anulación la Corte convalidó ayer) el debate sobre la incorporación al Congreso de una persona cuestionada pero que no hubiera sido sometido a un proceso judicial no tendría sentido.Fue a raíz de la existencia de las leyes de impunidad que el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó en 1995 y 2000 que la Argentina adopte medidas para excluir de cargos públicos a quienes hubieran estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Esta resolución fue citada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un escrito de amicus curiae que presentó el jueves ante la Corte en referencia al caso Patti.

Otro argumento de los cuatro jueces que limitaron las atribuciones del Congreso para excluir a sus miembros fue que “el control de los requisitos constitucionales de los candidatos para diputados de la Nación se efectúa de modo previo (a la elección) y ante el Poder Judicial de la Nación” o que los legisladores estarían habilitados para remover a sus miembros sólo por alguna conducta o hecho posterior a la elección.

En el escrito que presentó ante la Corte, el CELS recordó que en 1999 presentó, antes de la votación, una impugnación ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires a la candidatura a la gobernación del Patti. Pero el pedido no fue aceptado, justamente, porque el ex subcomisario no estaba condenado.

Lorenzetti, Fayt, Argibay y Zaffaroni no se explayaron sobre la situación que hasta ahora impidió juzgar a Bussi. Prefirieron hacer hincapié en el peligro que podría significar dar al Congreso la posibilidad de evaluar la idoneidad de sus miembros. “Los riesgos futuros son demasiado”, señalaron.“Una idea confusa en manos de una mayoría podría dar lugar a que una persona sea rechazada porque es anarquista, otra porque es socialista, otra porque opone a una gobierno dictatorial, otra por motivos religiosos o de género.”

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda no coincidieron con esta interpretación. Este último consideró que la decisión de la Cámara de Diputados debía ser respetada porque no era judiciable. Highton de Nolasco y Petracchi coincidieron con el dictamen del Procurador General, Esteban Righi. El jefe de los fiscales consideró que los diputados tuvieron razón al impedir que el dictador asumiera su banca. “No solo no se ha violado el derecho político del actor -señaló- sino que la Cámara cumplió con una obligación internacional derivada del deber de respeto y garantías de los derechos humanos.”
en

7/14/2007 0 comentarios

Riveros, el general que dio el mal paso

Fuente : La Nacion

"Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores." Esta es la frase que hizo célebre al ex general Santiago Omar Riveros, a quien la Cámara Nacional de Casación Penal le anuló el indulto que Carlos Menem le había otorgado en 1989. La frase, pronunciada a manera de despedida por Riveros en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, es citada en el prólogo del "Nunca más".

Durante la dictadura, Riveros fue comandante de Institutos Militares en Campo de Mayo, en cuya jurisdicción funcionaba el Hospital Militar en el que se realizaban partos clandestinos a mujeres secuestradas. Por esa causa, Riveros fue denunciado por integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que expusieron ante la Justicia el plan sistemático instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 bebes nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres. El militar había sido procesado y detenido en 1985, por homicidio calificado, pero resultó beneficiado por los indultos que concedió Menem. Además, fue llevado a juicio -junto al ex general Guillermo Suárez Mason- por el gobierno de Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en la Argentina.

Este año, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó su excarcelación por el Plan Cóndor -el operativo de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas-, al entender que su liberación no entorpecería la acción de la Justicia, aunque siguió detenido por el robo de bebes.

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