Luis Patti y tres represores fueron condenados por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi

El final de la historia oficial

Luis Patti y Juan Spataro, policías de la provincia de Buenos Aires, recibieron la pena máxima como coautores del secuestro y asesinato de los militantes peronistas, pero seis imputados, entre ellos el dictador Reynaldo Bignone, fueron absueltos.

La lectura de cada veredicto condensa la expectativa no sólo de los meses de testimonios y pruebas, sino de décadas de luchas e insistencia. Gladys y Ethel Cambiaso esperaban ayer en la primera fila del público la sentencia a los responsables del secuestro y asesinato de su hermano Osvaldo, “el Viejo”. Ahí nomás estaba sentado Juan Griffo, el cuñado de Eduardo “Carlón” Pereira Rossi. El juez Jorge Venegas Echagüe leyó la decisión del Tribunal Oral Federal número 2: condenar a prisión perpetua a Oscar Guerrieri y Luis Muñoz, jefes del Destacamento de Inteligencia 121, como coautores mediatos y a Luis Patti y Juan Spataro, policías de la provincia de Buenos Aires, como autores penalmente responsables de los secuestros, torturas y asesinatos de los dos militantes montoneros. El siguiente punto fue como una puñalada en el corazón: absolvieron a los otros seis imputados. Juan Cabrera, Ariel López, Carlos Sfulcini y Walter Pagano, los cuatro Personal Civil de Inteligencia, integrantes de la llamada “Patota de Guerrieri”. Los magistrados también dejaron libres de culpa a Reynaldo Bignone, dictador y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el 14 de mayo de 1983, y a Rodolfo Rodríguez, que era jefe de Operaciones del Comando del 2º Cuerpo de Ejército. Durante el proceso, murió otro PCI, Ariel Porra, y fue apartado de la causa por razones de salud Carlos Lucena, que era jefe del Comando de Segundo Cuerpo de Ejército.

Sólo Cabrera y López escucharon el veredicto en la sala. El resto lo hizo por videoconferencia, desde sus lugares de detención.

“Esperábamos que Bignone fuera condenado y esperábamos más condenas de los PCI”, afirmó Ethel Cambiaso tras el veredicto. “La mitad es buena, la otra mitad deja mucho que desear. Desde hace 33 años esperamos condenas y en lo que hace al meollo central estamos contentas, en lo otro falta. Como el 1 de julio van a dar los fundamentos, Nadia (Schujman) me dijo que vamos a apelar”, agregó esperanzada. La abogada de HIJOS representó a las hermanas en este proceso.

“Estoy satisfecho por un lado que se condenó a los que apretaron el gatillo, como Patti, pero me sorprende que Bignone no tenga ninguna responsabilidad política y me sorprenden las absoluciones, porque ellos no llegaron solos hasta donde fueron fusilados. Hubo una patota que actuó”, consideró Griffo. En el acto que se realiza después de cada sentencia, esta vez la sensación era agridulce.

Disidencia

La decisión del TOF 2 no fue unánime. La sentencia fue avalada por Venegas Echagüe y Beatriz Cavallero de Baravani, mientras el otro integrante del tribunal, Omar Digerónimo, hizo una disidencia parcial. Por un lado, se pronunció por condenar a Bignone a prisión perpetua como autor mediato. Y por el otro, consideró que la calificación legal de lo ocurrido entraba dentro del delito de genocidio. En cambio, sus dos colegas lo desestimaron expresamente.

En cuanto a las responsabilidades, Guerrieri y Muñoz fueron condenados por dar las órdenes (autores mediatos), mientras Patti y Spataro lo fueron por ejecutarlas. Aunque las características de lo ocurrido hacen pensar que el operativo involucró a muchas más que dos personas.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Santiago Bereciartúa, subrayó la importancia de las condenas, pero afirmó que llamaba la atención la absolución de los PCI, ya que el tribunal condenó a Guerrieri como autor mediato pero no a los integrantes de la patota que él comandaba como ejecutores.

Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados a media mañana del sábado 14 de mayo de 1983 –una jornada que los testigos recordaron como ventosa– en el bar Magnum, de Rosario. Según profusos testimonios ofrecidos durante el juicio oral, fueron llevados a la tornería Maiorano, sobre calle Biedma, donde los torturaron. Esa misma noche sus cadáveres aparecieron en un camino rural cercano a Lima, en la provincia de Buenos Aires, donde se simuló un enfrentamiento.

Parte del plan

Desde la fiscalía que integran Adolfo Villate y Federico Reynares Solari alegaron que estos asesinatos –así como el de Raúl Yager, el 30 de abril de 1983, en Córdoba– formaron parte del plan sistemático de represión ilegal en la última etapa de la dictadura cívico-militar en Argentina: el recurso a un posible rebrote subversivo para garantizar la impunidad, por la vía de una ley de autoamnistía. Por eso, tanto las querellas como el Ministerio Público acusaron a Bignone. Su absolución causó quizás la mayor sorpresa –e indignación– de la sentencia. “Vamos a insistir en la posición de la fiscalía en cuanto a que quienes intervinieron en el secuestro, quienes llevaron adelante materialmente el secuestro y los tormentos en la ciudad de Rosario fueron los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 que estaban imputados en la causa y también vamos a recurrir en Casación las absoluciones de Bignone y de Rodríguez porque consideramos que en función del rol que cumplían debían tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque formaba parte de la estructura jerárquica que ellos comandaban con distintos grados de responsabilidad”, lo puso en términos jurídicos Villate ante una consulta de Página/12.

Las absoluciones, de todas formas, no taparon las condenas, que tenían en esta causa un valor especial. “Festejo las cuatro perpetuas que son un logro enorme. Recordemos que dos de estos personajes (Spataro y Patti) tenían un sobreseimiento firme y que son personajes emblemáticos en la impunidad de este país, pero no puedo mentir y no expresar mi disconformidad con las absoluciones que, obviamente, vamos a apelar. Creemos que hubo mucha prueba de la participación de los otros imputados que, además, por el lugar que ocupaba en la cadena de mandos, eran responsables”, expresó Schujman.

Insistencia

Haber llegado a una condena por delitos de lesa humanidad en esta causa fue una hazaña que comenzó con el tesón de las hermanas de Cambiaso y el denodado trabajo del fiscal federal Juan Murray, cuando asumió su función en San Nicolás. La causa fue reabierta en 2005. Pieza clave de la reconstrucción de lo ocurrido con los dos militantes montoneros, Murray fue durante este debate el blanco de los ataques de los abogados defensores privados de los represores. Es que Murray desmontó la teoría del enfrentamiento, como así también el sobreseimiento que dictó en la década del 80 el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti. El fiscal insistió con que se trataba de “cosa juzgada írrita” y lo peleo con uñas y dientes.

Por eso, el veredicto de ayer –aun con su gusto amargo– era para festejar. “Esta causa tenía algunas particularidades que técnicamente las hacía más complicadas que el promedio de las causas por terrorismo de estado, acá había una resolución que cerraba esta causa, hubo que pelear por eso, lo que insumió mucho tiempo, y además había una versión oficial que se había intentado sustentar con un sumario de prevención, una investigación policial que hubo que dar vuelta y se demostró que era falsa la versión oficial de los hechos. Se pudo demostrar que esto no fue un enfrentamiento, sino que fue un asesinato”, expresó Reynares Solari.

Si bien los PCI fueron absueltos, todos tienen condenas anteriores en las causas Guerrieri 1 y 2. Pagano recibió la pena máxima en la primera parte, en 2010, que quedó firme en 2014. Cabrera fue condenado a 25 años; Sfulcini a 20 y López a 16 en diciembre de 2013, en Guerrieri 2.

En esa línea, Schujman rescató el valor de la militancia por verdad y justicia desde hace décadas. “Así como las violaciones a los derechos humanos son como una roca arrojada al agua cuyos efectos se multiplican sobre todos nosotros, también en la construcción de la memoria por la verdad y la justicia son cientos y cientos los que participaron de esto, y que vamos a seguir dando la pelea para esas condenas”, expresó la abogada de Hijos. “Pero no puedo dejar de ver que absuelven a estas personas y Milagro Sala está detenida, Belén (la joven de Tucumán, condenada a ocho años por un aborto espontáneo) está detenida, las dos de manera ilegal. Este es el país en el que estamos viviendo, y vamos a seguir dando la pelea porque no arrancamos de cero. Hay mucho camino recorrido, y vamos a seguir solicitando nuevas imputaciones, de los cómplices civiles y judiciales que aún no fueron pedidas”.

La Corte confirmó la prisión perpetua para el represor Patti

El máximo tribunal dejó firme el fallo contra el ex intendente y ex comisario bonaerense por el secuestro y asesinato del diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Gonçalvez.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua para el ex intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, por el secuestro y asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Gonçalves. De esta manera, el máximo tribunal dejó firme un fallo del Tribunal Oral Federal número uno de San Martín y ratificado por la Cámara de Casación, que condenó al ex comisario bonaerense y al último dictador, Reynaldo Bignone, entre otros imputados.

En las instancias anteriores, Patti había sido condenado como "partícipe primario" de la privación ilegal de la libertad y asesinato del militante de la JP Gastón Gonçalvez, y del secuestro del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y de su secretario Juan José Fernández. Muñiz Barreto fue secuestrado junto con su secretario Juan José Fernández en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.

Ambos fueron torturados en una comisaría de Tigre, luego trasladados al centro clandestino de detención y torturas que funcionó en Campo de Mayo y finalmente Muñiz Barreto fue asesinado en Entre Ríos.

Pero Fernández sobrevivió y se convirtió en el principal acusador en el juicio oral. Además de esos casos, Patti fue condenado también por la desaparición de dos integrantes de la JP de Escobar, los hermanos Luis y Guillermo D'Amico, cuyos restos no fueron encontrados.

Patti fue condenado en primera instancia en abril de 2011; la Cámara de Casación confirmó la sentencia en diciembre de 2012 y ahora la Corte rechazó el último recurso presentado por su defensa.

Si bien ante la Corte el último recurso fue firmado por el abogado Silvio Ramón Duarte, durante todo el proceso también participó como su abogada Valeria Corbacho, quien entre otros asistió al ex presidente Fernando de la Rúa en el juicio por las supuestas coimas en el Senado y actualmente defiende al motorman Marcos Antonio Córdoba, acusado por la "tragedia de Once".

El fallo de la Corte que ratifica la perpetua para Patti fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

Las hermanas que cultivaron la memoria

Ethel Cambiasso, locuaz y memoriosa tras el procesamiento de 9 represores.

Junto a Gladys pelearon desde 1983 para que se esclareciera el asesinato de su hermano Osvaldo y de Eduardo Pereyra Rossi. Disconforme por la falta de mérito para Chuli Rodríguez y el Gato Andrada, reconoce que empieza a hacerse justicia.
 
Ethel Cambiasso recordó la militancia de su hermano y las circunstancias de su secuestro en 1983.
 
Por Luis Bastús

El procesamiento dictado la semana pasada contra nueve represores --"Reynaldo Bignone y Luis Patti, entre ellos"-- por el secuestro, torturas y homicidio de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso significa para quien lleva casi 29 años de espera algo de satisfacción, una tímida sensación de justicia que recién llega, aunque incompleta, porque hay dos que zafaron de ser enjuiciados: Víctor Hugo el Chuli Rodríguez y Edgardo el Gato Andrada, beneficiados por falta de mérito. Esa mezcla de pensamientos bulle en Ethel Cambiaso, la hermana menor del cuadro montonero cuyo cadáver apareció fusilado el 14 de mayo de 1983 en un camino rural de Zárate, Buenos Aires. Luego de conocer la resolución del juez Carlos Villafuerte Ruzo, ella atendió a Rosario/12 en su casa, locuaz y memoriosa, pero con la calma de quien tuvo que digerir el dolor más grande de su vida y saber convivir con ello. Y desde ese lugar hilvanó su sentimiento y repasó la vida de su hermano, el pibe venido del campo, el ingeniero que no ejerció, el militante.

"Al comienzo teníamos con mi hermana Gladys una desesperación tremenda por hacer justicia, y me di cuenta que no podíamos hacer nada. Nadie quiso salir de testigo y tenían sus razones. La patota baleó las cubiertas y el auto al abogado que nos habían puesto al principio, (Víctor) Corvalán, y le amenazaron la familia. Pasó mucho tiempo sin ninguna novedad y así pudieron cerrar la causa con esa mentira de que habían muerto en un tiroteo. Esto se empezó a mover recién cuando subió (Néstor) Kirchner como presidente, cuando se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ahí se pudo reabrir la causa. De todos modos, fue el último caso de la dictadura pero el que más trabajo le dio a Ana Oberlin (su abogada) para destrabarlo", cuenta.

"Nosotros éramos de Soldini. Mi padre fue agricultor toda su vida, así que vivíamos en el campo, pero nos mandaron a la escuela a Rosario: mi hermana y yo a Misericordia, y Osvaldo al Cristo Rey. Ya entonces él tenía una actitud política definida, no coincidía con las posturas de ciertos profesores y se ponía muy mal. Cuando terminó, consiguió una beca y se fue a estudiar Ingeniería Química en Santa Fe. Ahí empezó su carrera de militancia, y se conoció con todos, Raúl Yager, Fernando Vaca Narvaja, René Oberlin. Y Osvaldo primero trabajaba en el comedor universitario, sacaba fotos artísticas y de casamiento, y estudiaba a la par de la militancia. Cuando se recibió tuvo su primera entrada en la cárcel con la dictadura de Lanusse, y salió por la amnistía que dio Cámpora. Siguió militando, y llevaba una vida blanqueada, pero después pasó a la clandestinidad, algo discutible, pero era muy perseguido y la Triple A ya sembraba el terror", recordó Ethel.

Cambiaso compartió la Nochebuena del '75 con su familia en Soldini. Y partió sin decir adónde. Nunca lo hacía. Volcó el auto antes de llegar a Villa Ocampo, en el norte provincial, y quedó moribundo. El hallazgo de varios documentos de identidad con su foto dentro del coche atrajo a policías y militares que llegaron de Santa Fe y lo arrancaron del hospital local para confinarlo en la cárcel de Coronda. Un preso viejo se apiadó y lo cuidó como pudo. Cambiaso sobrevivió. Era hipertenso y tenía un soplo cardíaco. Y atravesó la dictadura militar como preso político en varios penales del país, Rawson incluso. "Hubo largos períodos sin que pudiéramos verlo -evocó su hermana- y no le daban los remedios que debía tomar. Estaba muy desmejorado cuando salió, tenía 42 años pero parecía de 60, por eso le decían El Viejo. Nuestra perito de parte en la segunda autopsia luego me dijo que Osvaldo no iba a morir anciano".

Las Cambiaso movieron cielo y tierra para conseguir la libertad de su hermano. Y lo consiguieron en 1982, luego de apelar en Roma a Amnesty Internacional. Osvaldo regresó a la militancia y se instaló en Pérez, junto a sus padres. Consiguió trabajo en un taller de fotomecánica que estaba en Paraguay y San Lorenzo y pudo rehacerse.

Su hermana lamenta que Cambiaso "no haya tenido tiempo de tener una compañera, hijos, porque se había casado con la militancia". La derrota en Malvinas aceleraba el final de la dictadura y Cambiaso se abocó de lleno a preparar la campaña de las elecciones del año siguiente. Abrió una unidad básica en Urquiza al 1200. Se llamaba "Movilización e intransigencia peronista".

En ese ir y venir entre Pérez y Rosario con el Fiat 1500 de su padre, Osvaldo notó que lo vigilaban, y eso sí lo contó a su familia. El 30 de abril de 1983 un grupo de tareas asesinó al comandante montonero Raúl Yager, y Cambiaso presintió que ahora irían por él. "Me voy a tener que guardar por un tiempo", comentó. No le dieron tiempo. Cuando Ethel fue a retirar el cuerpo a San Nicolás, le dieron el certificado de la tramitación del pasaporte que Osvaldo llevaba en un bolsillo.

El resto es historia conocida: la violenta irrupción de la patota al mando del coronel Pascual Guerrieri en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, Cambiaso desmayado de un culatazo y arrastrado hasta un furgón, Pereyra Rossi que no alcanza a cortarse las venas, la tortura y la entrega al subcomisario Patti, que los fusila en un camino rural cerca de la localidad de Lima, junto a sus suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Spataro, y fragua un enfrentamiento armado que los jueces fingieron creer hasta 2005, cuando el fiscal Juan Murray logró obligar a Villafuerte Ruzo a reabrir la investigación y anular los sobreseimientos.

Hoy Ethel Cambiaso revive la tragedia: "Teníamos el mal presagio porque desapareció con auto y todo. Cuatro días después, se había organizado una marcha desde la plaza 25 de Mayo hasta la San Martín. Cantaban 'con vida los llevaron, con vida los queremos; Cambiaso querido, no habrá perdón ni olvido'. Entonces apareció por televisión el rostro de mi hermano y la noticia que decía que dos delincuentes subversivos habían sido abatidos en un enfrentamiento. Yo quise entrar durante la autopsia, porque si no lo veía muerto no lo podía creer. Estaba destruido, le reconocí las manos y una vieja cicatriz en la garganta".

Ethel le reprocha a Osvaldo haber bajado la guardia al creer que en vísperas de democracia el aparato represivo había dejado de funcionar. "No se tenían que encontrar en ese bar, sino en otro lado que nadie supo. Y nadie sabe por qué se encontraron en ese lugar. O los mandaron equivocados o los delataron, pero también se dijo que un allegado a mi hermano que iba a la casa peronista de calle Urquiza era de los servicios de Inteligencia y que ese lo traicionó", reveló.

Tanto ella como Gladys, la mayor de los tres, hicieron visible su tragedia y la convirtieron en testimonio a lo largo de estos años de impunidad. "Al comienzo la gente a mi alrededor tenía mucho temor, decía «no me contés, no me contés, no quiero saber nada», pero después ya no. Hasta hubo quienes me han dicho «ay, qué arrepentida estoy de haber pensado como pensaba, ahora que se sabe cómo ocurrió esto». No los juzgo, así es como sembraron el terror".

"Yo sufrí mucho con la muerte de mi hermano, porque era muy pegada a él. Soy un año y dos meses menor. Sufrí mucho, pero el tiempo va restañando heridas. Ahora tengo satisfacción de que se hace justicia. Spataro se quería escapar y ahora parece que lo atraparon. Esperemos que realmente se haga justicia. Patti, aunque por otra causa, ya está preso y condenado a prisión perpetua. Ojalá que todos terminen como deben terminar: bien presos", concluyó

Patti condenado por delitos de lesa humanidad, se quiere ir a su casa

En una semana, los camaristas decidirán si hacen lugar a los planteos de la defensa de Patti que, por su tratamiento médico, necesita un traslado a su casa o a la fiscalía, que considera que en el Hospital Penitenciario de Ezeiza puede rehabilitarse.

 Por Alejandra Dandan

 
Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como “parciales” los informes médicos del Fleni.

“Muchos médicos y muchos profesionales tuvieron injerencia en el tema, pero no todos los informes son imparciales”, dijo De Luca. “Los que vienen del Fleni son de un paciente que tiene su obra social o prepaga, los profesionales de algún modo dictaminan exclusivamente mirando un interés cercano a Patti, que no son exactamente los informes de los forenses y médicos que pusimos desde el ministerio fiscal para poner un tinte de objetividad en todo esto.”

De Luca, que viene además de ser fiscal en la causa oral de San Martín, y ahora es fiscal ante la Casación, recordó cómo la “guardia médica de no especialistas en sus problemas justificaron con sus informes sus inasistencias a las audiencias”. Por eso dijo que los “protocolos del Fleni deberían ser revisados por los médicos imparciales del Poder Judicial y podemos poner nuestros médicos y facultativos para resolverlo”. En el Hospital de Ezeiza, Patti tiene asegurado controles las 24 horas del día, lo cual no está garantizado en su domicilio, agregó. La obra social de Patti, OSDE, también puso a disposición una carta de centros asistenciales para rehabilitación en la zona. “Los internos están a cargo del Estado, no del Fleni –subrayó ante los jueces–, no pueden estar internados en un sitio particular, ir al Fleni es totalmente anómalo: el domicilio queda fuera del control penitenciario y no puede ser una suerte de profesionales privados los que decidan la suerte del reo.”

La sala de audiencias estaba casi vacía. De un lado, los tres jueces, Pedro David, Liliana Catu-cci y Alejandro Slokar. Del otro, De Luca y en línea exactamente opuesta Corbacho. Entre el público, solo hubo dos personas, entre ellas la mujer de Patti, una escribana que se ofreció, a través de su abogada, a presentarse todas las veces que hiciera falta como garante de la detención. Ella estuvo en silencio. La cabeza se movía para uno y otro lado. Saquito caqui, zapatos al tono.

Patti está detenido en Ezeiza, en una cárcel común, una decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín presidido por Lucila Larrandart con su sentencia, y a partir de reclamos insistentes de las víctimas, de las querellas y también de los fiscales del juicio. Sus condiciones de salud terminaron convertidas en ese proceso en uno de los temas del debate. Cuando aparecía, en el teatro auditorio donde se llevó a cabo el juicio, lo hacía acostado como un muerto trasladado arriba de una camilla y ubicado en el medio del teatro. Y cuando no aparecía, sus abogados esgrimían razones médicas que luego iban siendo refutadas por forenses. El problema de base es un ACV, efecto de una operación en el cuello. Un cuadro del que se recupera pero para el que necesita, según acuerdan al parecer todas las partes, trabajos de rehabilitación.

Dicho esto, su defensora fue a la Casación en queja porque el Tribunal de San Martín le rechazó los pedidos. Ayer planteó básicamente dos argumentos: los problemas de la “arquitectura” del hospital con poca luz, escaleras y sin rampas que le impiden tomar aire o sol. Y el problema de los traslados que según sus médicos deberían reducirse a lo indispensable porque cualquier “bache” puede complicarlo. El problema es que, como requiere rehabilitación, él necesita trasladarse a otros espacios.

La fiscalía también desarmó ese planteo, esta vez por contradictorio. Nadie explicó por qué la rehabilitación no puede hacerse en el Hospital. Pero lo que sí dijo De Luca es que en todo caso también habría que trasladarlo desde su casa hasta el Fleni, y el supuesto riesgo entonces no se habría eliminado.

“Las decisiones no son definitivas, son dinámicas, y el mismo Tribunal por ejemplo ha dispuesto que se vea la forma de eliminar los escalones para el acceso de sillas de ruedas del interno”, explicó el fiscal. “Desde el ministerio fiscal intervenimos en el incidente de salud porque estábamos preocupados por la salud de Patti, del mismo modo que lo están los jueces del Tribunal 1. Los fiscales tuvimos una reunión con el secretario de Justicia para que nos aseguraran que en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza había un lugar adecuado para la privación de la libertad de Patti, con el tratamiento adecuado, y nos dijeron que había un sector nuevo esperando ser estrenado por el aquí imputado y todos aquellos internos que lo reclamasen.”

Casación tiene cinco días hábiles para responder el planteo.

Luis Patti condenado a prisión perpetúa ¡¡por fin a cárcel común!!

Preso en cárcel común

La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.

Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.

A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni “no es imprescindible”, concluyó.

Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.

El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. “El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”, leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el “traslado, reingreso y alojamiento” de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti “no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio”.

Prisión perpetua y cárcel común para Patti y otros

Patti fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la dictadura El Tribunal Oral Federal Uno de San Martín condenó al ex subcomisario de la Policía Bonaerense a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. También recibieron la misma pena el ex dictador Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y el ex agente de Inteligencia del Ejército, Martín Rodríguez.

se conocerá la sentencia en el juicio a Patti por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dará a conocer este jueves su veredicto en el juicio que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad al ex intendente de Escobar y ex policía bonaerense Luis Patti, quien afronta un reclamo de prisión perpetua por parte de todos los querellantes y la fiscalía.

El lunes último Patti se negó a pronunciar sus últimas palabras al ser ingresado en camilla a la sala de audiencias del auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez, lugar donde esta tarde los jueces Lucila Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassaín emitirán su veredicto.

Junto con él son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros, el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez y quien fuera jefe de Patti en la comisaría de Escobar desde poco antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Juan Fernando Meneghini.

El juicio oral comenzó el 27 de setiembre del año pasado y a su término, en la etapa de los alegatos, Patti quedó acusado con pedidos de prisión perpetua por el crimen del militante Gastón Gonçalvez, el secuestro del luego asesinado ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, entre otros casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones ocurridas en la zona de Escobar y Garín cuando él era oficial de calle de la comisaría local.

En caso de condenarlo, el tribunal deberá resolver además si lo envía a una cárcel común o lo deja permanecer internado como hasta ahora en la clínica Fleni de Escobar, donde está internado por un accidente cerebro vascular.

Desde ese centro asistencial se lo trasladó lunes y jueves al juicio que siguió desde una sala contigua o dentro de una ambulancia y en sus alegatos los querellantes reclamaron que si es condenado cumpla la pena en una cárcel común o en alguna que cuente con hospital adecuado.

Patti está procesado con prisión preventiva por el secuestro y asesinato del militante de la juventud peronista Gastón Gonçalvez en marzo de 1976, un hecho por el que está acusado de manera directa ya que se considera que el joven fue secuestrado por él, para ser llevado de manera ilegal a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría de Escobar, donde se lo torturó.

Días después fue fusilado de un balazo en la cabeza junto a otros tres secuestrados en un paraje conocido como "el Cazador" a la vera del río Luján, donde se encontraron los cadáveres que fueron enterrados como NN en el cementerio local.

Los restos de Gonçalvez fueron identificados 20 años después por el equipo de Antropología Forense, cuando Patti era intendente de Escobar, para luego ser electo diputado nacional, cargo que se le impidió asumir.

En cuanto a Muñiz Barreto, en los alegatos se consideró probado que Patti lo detuvo ilegalmente junto a su entonces secretario ya fallecido Juan Fernández, en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, donde se resolvió asesinarlos, se recordó en los alegatos.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y adviritió que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, qjuien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Rios.

Patti está acusado además de la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D Amico.

El luego, el dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, período en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y mañana se emitirá veredicto.

Las pruebas presentadas por los querellantes comprometen a Patti al final del primer juicio

Las pruebas presentadas por los querellantes en el juicio oral al ex intendente de Escobar Luis Patti, apuntan a demostrar que debe ser condenado a prisión perpetua por secuestrar y matar a un militante de la juventud peronista, Gastón Goncalvez, en marzo de 1976, y también privar ilegalmente de su libertad, al luego asesinado ex diputado Diego Muñiz Barreto.

Se trata de dos de las principales acusaciones en las que se basaron todos los alegatos durante el tramo final del juicio en su contra, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que emitirá veredicto en marzo.

El jueves 24 se iniciarán los alegatos de las defensas de los acusados y, según un programa tentativo, los abogados de Patti -el ex camarista de la Cámara Nacional de Casación Alfredo Bisordi y Silvio Duarte- cerrarán las exposiciones la primera semana de marzo.

Ambos pedirán la absolución del ex subcomisario de la bonaerense, que se negó a prestar declaración indagatoria durante todo el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y asistió a las audiencias desde una ambulancia estacionada en la puerta, desde donde era trasladado a diario de la clínica Fleni de Escobar.

Junto con él son juzgados y también tienen pedidos de perpetua el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ex general Santiago Omar Riveros, ex comisario Juan Fernando Meneghini, y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.

"Debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte" por Patti "con anterioridad a su desaparición", según coincidieron en declarar sobre lo ocurrido con Goncalvez varios testigos que vivían en Escobar desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Esto fue recordado en alegatos de querellantes como los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto, en representación de la familia de Goncalvez y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además, acusaron directamente a Patti por el secuestro del joven, quien tenía un hijo y esperaba otro -nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo- cometido el 24 de marzo de 1976.

"Fue secuestrado por Luis Abelardo Patti en Escobar o Zárate", localidades "pertenecientes a la jurisdicción de lo que posteriormente se designaría como la zona de defensa IV, a cargo en ese momento del acusado Santiago Omar Riveros, comandante en jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".

En los alegatos, se manifestó la "certeza" sobre la permanencia secuestrado de Goncalvez en un camión celular ubicado detrás de la seccional 1 de Escobar donde fue torturado hasta que finalmente se lo mató de un balazo en la cabeza junto a otras tres víctimas en el paraje conocido como "El Cazador" a la vera del río Luján, donde fueron encontrados los cuerpos.

En Escobar, precisamente, fueron enterrados esos cuerpos como NN, e identificados 20 años después, cuando Patti era intendente en 1996 en ese partido bonaerense.

Una empleada del cementerio, Patricia Achu, quien declaró en el juicio, denuncio la existencia allí de tumbas sin identificar, pese a que Patti intentó evitarlo con amenazas y advertencias: esta testigo fue la que dio más referencias sobre las actitudes que tuvo Patti cuando ya era intendente de Escobar.

Sobrevivientes que estuvieron con Goncalvez en el camión celular declararon por primera vez contra Patti en un juicio oral y recordaron que el joven llegó a decirles que el entonces oficial lo había secuestrado.

Para los querellantes, quedó probado con los testigos de la época que Patti "integraba grupos operativos represivos en los días en los cuales Goncalvez sufriera los delito que contra él se cometieron", por ejemplo los dichos del sobreviviente Daniel Lagarone, que lo vio en la seccional de Escobar.

Patti quedó acusado directamente por el crimen de Goncalvez, ya que se considera que el joven sólo estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar y desde allí fue llevado al paraje donde le dispararon en la cabeza y lo incineraron.

En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, se considera que las pruebas incorporadas al juicio demuestran que fue detenido ilegalmente por Patti en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan Fernández, el 16 de febrero de 1977, a pocas cuadras de la comisaría donde actuaba el ahora detenido y juzgado.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre, y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y señaló que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, quien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Ríos, y relató todo antes de exiliarse en Europa, donde murió.

Este escrito, donde se narraba con detalle la detención de Muñiz barreto en una carnicería por parte de Patti, fue incorporado a la causa y el escribano que lo redactó ratificó en el juicio oral todos sus términos.

Patti "estaba realmente comprometido con el accionar represivo, no era un simple oficial ´utilizado´ ocasionalmente por los militares y pertenecía a los grupos de tareas" que actuaban en Escobar, Garín y otras zonas.

"Se probó que lo Patti que hacía era secuestrar personas sobre las que previamente se había hecho inteligencia con el fin de hacerlas desaparecer", sostuvo el alegato de los abogados de las familias querellantes.

Boletín de la AEDD nro 771

Gacetilla de Prensa

 
JUICIO  EN SAN MARTIN 

JUEVES 10 de Febrero a las 9.30 horas la querella JusticiaYa alegará en el juicio que se viene desarrollando contra los genocidas : Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone, Juan Fernando Meneghini y Martín Rodríguez,  imputados por las privaciones ilegales de la libertad de :
 
Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.
                                
Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)
 
Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730                 
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
  Justicia YA!  Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad

Otra petición de perpetua para Patti y otros represores

Crímenes en el marco de un genocidio

El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan

La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.

El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.

Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”

Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.

Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.