martes, 12 de abril de 2011
domingo, 10 de abril de 2011
El jueves 14 de abril: la sentencia
El veredicto
Los familiares de las víctimas cuentan cómo vivieron el proceso judicial. Esperan que el ex subcomisario reciba una pena en cárcel común, ya que la defensa buscará mantenerlo en una clínica privada. También se resolverá la situación de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y otros dos represores.
Por Alejandra Dandan
Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: “Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz”. Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.
“Fui a todas las audiencias y cada vez que fui abrí esa herida, la limpié todos los lunes y todos los jueves”, dice Diego Muniz Barreto. “Y empiezo a tener la sensación de que hay algo de reparación en todo esto muy importante, donde cada uno empieza a estar del lado que tiene que estar y no en ese espacio de los grises: porque cuando yo veía a esa gente circulando por la calle, cobrando pensiones de ex presidentes o convertida en intendente, me parecía que era una situación muy gris: ahora no, más allá de los resultados, el juicio ubicó de un lado a los encausados y del otro lado a las víctimas, nítida y concretamente.”
Los Muniz Barreto son tres hermanos, Diego, Juana y Antonio, el músico que vive en Barcelona, es el menor y durante los últimos meses se la pasó yendo y viniendo. “Para mí fue una especie de exposición íntima del dolor más absoluto”, explica. “Cuando empecé me sentía súper emocionado, pero por momentos eso cambiaba, de pronto estaba muy cansado, con mucho abatimiento, a veces festejaba y otras quería salir corriendo a hacer aikido, y es eso, no sé, como quedarte desnudo delante de todo el mundo.”
El dolor tenía que ver con muchas cosas, como volver a escuchar o conocer detalles de la historia de su padre, el ex diputado Diego Muniz Barreto. Oír cómo lo hundían en un río. Escuchar los detalles de una carta que dejó escrita su secretario privado, la persona a la que arrojaron al río junto a él y se salvó. Una carta que el mayor de los hermanos había leído una vez, y guardó de un golpe en un cajón.
Esos relatos convertidos en prueba durante el juicio a los genocidas ahora terminan. Mañana habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los acusados, que continúa el jueves a la mañana. En la lista están Riveros y Bignone, en ese entonces a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Martín Rodríguez alias “El Toro”, uno de los torturadores del campo de exterminio; y los dos policías, Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura, y Patti, oficial de esa misma comisaría sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además haya sido espía del Ejército.
En el plano formal, todos tienen pedida la prisión perpetua. Se espera que Meneghini hable en la audiencia del lunes. Lo hizo largamente al comienzo del juicio y tomó notas en cada audiencia. Patti no estuvo casi nunca en la sala. En ocasiones permaneció adentro de una ambulancia privada enviada por la clínica Fleni, donde sigue internado por un supuesto ACV. La suya es acaso la condena más esperada. Las querellas le pidieron prisión perpetua por imputarle el crimen de Gonçalves. A esta altura, las querellas no temen realmente una absolución, pero la tensión está en el lugar de detención. Los defensores de Patti pidieron que permanezca en el Fleni, un espacio que Patti solía usar de bunker político incluso durante su teatralizada situación de enfermo. Los familiares piden cárcel común, que lo trasladen a Marcos Paz, aunque aclaran que si eso no es posible existen lugares alternativos como la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.
Marisa D’Amico es la hermana de Luis Rodolfo y Guillermo, dos de las víctimas de Patti, casos en este juicio, militantes secuestrados de su casa, sumergidos por el ex intendente de Escobar en un tanque de agua, todavía desaparecidos. Su hermana pasó años buscando respuestas a la pregunta sobre dónde están sus cuerpos. Quiere saber al menos si tiene que poner flores en el Paraná, el Dique del Luján o un arroyo donde tiraron cuerpos carbonizados 18 días después de la desaparición. El 1º de noviembre ella declaró en el juicio: “Al margen de las condenas, que hasta tengo miedo que no sean lo que esperamos, pienso en las cuestiones de privilegio: el privilegio de estar en el Fleni, eso quiero que se corte, porque cómo puede ser que haya gente que está presa por robo de autos, sin matar a nadie y esté en prisiones comunes y éste, que es mucho más que un ladrón de autos, éstos que son asesinos, estén en otro lugar: tengo miedo a esto, a las condenas flojas y al privilegio, por eso digo que para mí el 14 no termina el juicio: termina en todo caso una etapa”. Este viernes por la noche, Marisa volvió tarde a casa, preocupada porque “con tantas cosas malas” que le pasaron en la vida, no está segura de llegar en condiciones al día de la sentencia.
Mientras, Manuel Gonçalves termina de organizar a todo correr las cosas con la Municipalidad de San Martín para conseguir un escenario. Manuel y Gastón son los hijos de Gastón Gonçalves, militante de la JP, activista en el territorio de Patti, secuestrado el día del golpe de Estado, encerrado en un celular en el predio de la comisaría de Escobar y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján. Buena parte del juicio se trató de probar la relación del crimen con la comisaría y con Patti. Sus hijos también estuvieron cada día de audiencia. Gastón, que es músico de Los Pericos, aparecía cada tanto rodeado de otros músicos de otras bandas, un mundo del rock sumergido en los juicios. Manuel, vestido casi siempre de negro, no lograba entender, antes del verano, cómo iba a hacer para poder esperar todo enero y febrero a la condena.
Los músicos tendrán mucho que ver también el día de la sentencia. A las cuatro de la tarde, cuando comience la audiencia, afuera del tribunal habrá pantallas para seguir el debate. HIJOS prepara para el escenario una radio abierta y luego tocarán Los Auténticos Decadentes.
Pero todo empezará un poco más temprano. Entre las últimas palabras y el momento de la sentencia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo marchará con organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos desde la esquina de Avenida Márquez y San Martín hacia el auditorio. Si alguna singularidad tuvieron estas audiencias, es que muchas de las pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. Muchas son sobrevivientes de la zona norte, ex militantes, secuestrados muchos de ellos por Patti. Varios sostienen ahora a la Comisión, un espacio que crearon para darle aire a los juicios de Campo de Mayo, organizar las estrategias jurídicas y buscar las pruebas en el territorio. “Este es el cierre de la impunidad de Patti”, dice Carlos “Nica” González, de la Comisión. “Patti, porque es el personaje siniestro de la convocatoria, y es Patti como será Rico en un próximo momento, las personas más reconocidas para la gente de los barrios, los hombres comunes, no sólo para la militancia.”
El nombre de Patti es lo que se acaba en ese día. El nombre de un hombre vinculado al reciclado en la democracia: “Este personajes usó a las instituciones –dice Giselle Tepper, de HIJOS–, lo que se hace con esto es condenar todo este blanqueo y me parece que si no hubiera habido familiares y abogados detrás de esto, hoy el tipo estaría en el Congreso”.
Los familiares de las víctimas cuentan cómo vivieron el proceso judicial. Esperan que el ex subcomisario reciba una pena en cárcel común, ya que la defensa buscará mantenerlo en una clínica privada. También se resolverá la situación de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y otros dos represores.
Por Alejandra Dandan
Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: “Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz”. Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.
“Fui a todas las audiencias y cada vez que fui abrí esa herida, la limpié todos los lunes y todos los jueves”, dice Diego Muniz Barreto. “Y empiezo a tener la sensación de que hay algo de reparación en todo esto muy importante, donde cada uno empieza a estar del lado que tiene que estar y no en ese espacio de los grises: porque cuando yo veía a esa gente circulando por la calle, cobrando pensiones de ex presidentes o convertida en intendente, me parecía que era una situación muy gris: ahora no, más allá de los resultados, el juicio ubicó de un lado a los encausados y del otro lado a las víctimas, nítida y concretamente.”
Los Muniz Barreto son tres hermanos, Diego, Juana y Antonio, el músico que vive en Barcelona, es el menor y durante los últimos meses se la pasó yendo y viniendo. “Para mí fue una especie de exposición íntima del dolor más absoluto”, explica. “Cuando empecé me sentía súper emocionado, pero por momentos eso cambiaba, de pronto estaba muy cansado, con mucho abatimiento, a veces festejaba y otras quería salir corriendo a hacer aikido, y es eso, no sé, como quedarte desnudo delante de todo el mundo.”
El dolor tenía que ver con muchas cosas, como volver a escuchar o conocer detalles de la historia de su padre, el ex diputado Diego Muniz Barreto. Oír cómo lo hundían en un río. Escuchar los detalles de una carta que dejó escrita su secretario privado, la persona a la que arrojaron al río junto a él y se salvó. Una carta que el mayor de los hermanos había leído una vez, y guardó de un golpe en un cajón.
Esos relatos convertidos en prueba durante el juicio a los genocidas ahora terminan. Mañana habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los acusados, que continúa el jueves a la mañana. En la lista están Riveros y Bignone, en ese entonces a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Martín Rodríguez alias “El Toro”, uno de los torturadores del campo de exterminio; y los dos policías, Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura, y Patti, oficial de esa misma comisaría sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además haya sido espía del Ejército.
En el plano formal, todos tienen pedida la prisión perpetua. Se espera que Meneghini hable en la audiencia del lunes. Lo hizo largamente al comienzo del juicio y tomó notas en cada audiencia. Patti no estuvo casi nunca en la sala. En ocasiones permaneció adentro de una ambulancia privada enviada por la clínica Fleni, donde sigue internado por un supuesto ACV. La suya es acaso la condena más esperada. Las querellas le pidieron prisión perpetua por imputarle el crimen de Gonçalves. A esta altura, las querellas no temen realmente una absolución, pero la tensión está en el lugar de detención. Los defensores de Patti pidieron que permanezca en el Fleni, un espacio que Patti solía usar de bunker político incluso durante su teatralizada situación de enfermo. Los familiares piden cárcel común, que lo trasladen a Marcos Paz, aunque aclaran que si eso no es posible existen lugares alternativos como la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.
Marisa D’Amico es la hermana de Luis Rodolfo y Guillermo, dos de las víctimas de Patti, casos en este juicio, militantes secuestrados de su casa, sumergidos por el ex intendente de Escobar en un tanque de agua, todavía desaparecidos. Su hermana pasó años buscando respuestas a la pregunta sobre dónde están sus cuerpos. Quiere saber al menos si tiene que poner flores en el Paraná, el Dique del Luján o un arroyo donde tiraron cuerpos carbonizados 18 días después de la desaparición. El 1º de noviembre ella declaró en el juicio: “Al margen de las condenas, que hasta tengo miedo que no sean lo que esperamos, pienso en las cuestiones de privilegio: el privilegio de estar en el Fleni, eso quiero que se corte, porque cómo puede ser que haya gente que está presa por robo de autos, sin matar a nadie y esté en prisiones comunes y éste, que es mucho más que un ladrón de autos, éstos que son asesinos, estén en otro lugar: tengo miedo a esto, a las condenas flojas y al privilegio, por eso digo que para mí el 14 no termina el juicio: termina en todo caso una etapa”. Este viernes por la noche, Marisa volvió tarde a casa, preocupada porque “con tantas cosas malas” que le pasaron en la vida, no está segura de llegar en condiciones al día de la sentencia.
Mientras, Manuel Gonçalves termina de organizar a todo correr las cosas con la Municipalidad de San Martín para conseguir un escenario. Manuel y Gastón son los hijos de Gastón Gonçalves, militante de la JP, activista en el territorio de Patti, secuestrado el día del golpe de Estado, encerrado en un celular en el predio de la comisaría de Escobar y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján. Buena parte del juicio se trató de probar la relación del crimen con la comisaría y con Patti. Sus hijos también estuvieron cada día de audiencia. Gastón, que es músico de Los Pericos, aparecía cada tanto rodeado de otros músicos de otras bandas, un mundo del rock sumergido en los juicios. Manuel, vestido casi siempre de negro, no lograba entender, antes del verano, cómo iba a hacer para poder esperar todo enero y febrero a la condena.
Los músicos tendrán mucho que ver también el día de la sentencia. A las cuatro de la tarde, cuando comience la audiencia, afuera del tribunal habrá pantallas para seguir el debate. HIJOS prepara para el escenario una radio abierta y luego tocarán Los Auténticos Decadentes.
Pero todo empezará un poco más temprano. Entre las últimas palabras y el momento de la sentencia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo marchará con organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos desde la esquina de Avenida Márquez y San Martín hacia el auditorio. Si alguna singularidad tuvieron estas audiencias, es que muchas de las pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. Muchas son sobrevivientes de la zona norte, ex militantes, secuestrados muchos de ellos por Patti. Varios sostienen ahora a la Comisión, un espacio que crearon para darle aire a los juicios de Campo de Mayo, organizar las estrategias jurídicas y buscar las pruebas en el territorio. “Este es el cierre de la impunidad de Patti”, dice Carlos “Nica” González, de la Comisión. “Patti, porque es el personaje siniestro de la convocatoria, y es Patti como será Rico en un próximo momento, las personas más reconocidas para la gente de los barrios, los hombres comunes, no sólo para la militancia.”
El nombre de Patti es lo que se acaba en ese día. El nombre de un hombre vinculado al reciclado en la democracia: “Este personajes usó a las instituciones –dice Giselle Tepper, de HIJOS–, lo que se hace con esto es condenar todo este blanqueo y me parece que si no hubiera habido familiares y abogados detrás de esto, hoy el tipo estaría en el Congreso”.
martes, 29 de marzo de 2011
La mentira como estrategia de defensa
EL TRAMO FINAL DEL JUICIO ORAL A PATTI, BIGNONE Y OTROS REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
La fiscalía y los abogados de las víctimas presentaron sus réplicas al alegato del defensor de Luis Patti, el ex camarista Alfredo Bisordi. Lo acusaron de tergiversar los dichos de los testigos y pidieron que se lo sancione por “conducta agraviante”.
Por Alejandra Dandan
Alfredo Bisordi tergiversó el testimonio de los testigos e introdujo elementos falsos en su acalorada defensa de Luis Abelardo Patti. Palabras más palabras menos, esa fue una de las conclusiones que se escucharon ayer en José León Suárez, durante la audiencia destinada a las réplicas de los alegatos del ex camarista devenido en defensor del represor. La abogada de los hermanos Gonçalves fue especialmente meticulosa para sumar elementos de prueba sobre lo que nombró una y otra vez como la trama de las mentiras. Una suma de datos por los que terminó pidiéndole al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que encabeza Lucila Larrandart, una sanción para el ex magistrado por “conducta agraviante”.
La palabra mentira fue una de las más escuchadas durante la audiencia, una de las últimas jornadas del juicio oral a Luis Abelardo Patti, Reynaldo Bignone, Omar Riveros, Martín Rodríguez y Fernando Meneghini. Las querellas la usaron luego de contrastar no sólo los apuntes tomados durante el juicio, sino también las grabaciones de las audiencias. Bisordi no fue el único abogado defensor replicado, pero fue el que concentró las principales respuestas porque con su defensa cuestionó fundamentalmente el valor de muchas de las víctimas que se atrevieron a declarar de forma valiente, como dijo semanas atrás la abogada Ana Oberlin.
Uno de los testigos maltratados por Bisordi fue Jesús Bonet, cuyo testimonio fue clave porque confirmó la relación entre el secuestro de Gastón Gonçalves y la comisaría de Escobar. Ese testimonio para Bisordi resultó nulo; entre otras razones, porque –según Bisordi– Bonet había dicho que estuvo secuestrado con una persona que fue secuestrada seis meses más tarde. Ana Oberlin encontró ahí una de las “mentiras”. Revisando la copia del material, halló por ejemplo que Bonet no había dicho eso, sino que durante su secuestro le preguntaron por esa persona.
La lógica se repitió después con otros testigos. Oberlin nombró los casos de Blanca Leonor Buda, Eva Orifici y al antropólogo Alejandro Incháurregui. “Creemos que no son simples descuidos o negligencia, sino que conforman una inconducta procesal maliciosa y manifiesta –dijo la abogada– que de ningún modo puede tolerarse ni considerarse comprendida en el ejercicio de la defensa.” Por eso, pidió una sanción y que el TOF reenvíe al Colegio de Abogados los audios o las actas para que se evalúe la existencia de una falta grave.
La audiencia había comenzado con las réplicas del equipo de fiscales. Bisordi había dicho que los argumentos de Javier de Luca, Marcelo García Berro y Juan Murray para acusar eran producto de una noche afiebrada; los llamó mendaces, deleznables e incumplidores de la regla de objetividad. Además, los consideró parte de un ejército de “obedientes” aliados del kirchnerismo. Aunque no dejaron de hacer una devolución técnica, los fiscales respondieron los piropos: “Reiteramos que no es inocuo para nosotros que nos injurien y que, por esa razón, no tenemos por qué soportar que nos digan que somos cualquier cosa, que nuestros argumentos son un conjunto de cachivaches juntados de cualquier manera con tal de quedar bien con una corriente dominante”.
En los puntos técnicos, las réplicas se concentraron en temas claves. Algunos, estratégicos. Los fiscales están convencidos de que Bisordi planteó su alegato no sólo pensando en el presente, sino en lo que sucederá más tarde: el ingreso de la causa en la Cámara de Casación, donde el ex camarista conoce el paño y donde ya no estarán ni estos jueces ni estos fiscales, ni las querellas ni los testigos para hablar de lo que sucedió en esta sala.
Uno de los puntos estratégicos, entonces, es lo que Bisordi planteó sobre la ausencia de Patti en la sala. Pidió la nulidad del juicio porque supuestamente se lo juzgó en ausencia. La fiscalía rechazó el planteo con un largo argumento que apunta especialmente al después: aseguró que el derecho a la defensa estuvo garantizado por la presencia de los defensores, pero además recordó que fue la defensa de Patti la que consintió las salidas del acusado de la sala invocando razones de salud graves. “Este argumento es muy grave porque la defensa lo ocultó”, dijeron. Y fueron más allá: negaron la gravedad de Patti. “Debemos señalar, sin embargo, que es falso que Patti no pudiera asistir a las audiencias, porque ninguna de las dolencias que lo aquejan se lo impedía.” No existe informe médico oficial alguno, aclararon, que haya sugerido tal cosa: “Todos son certificados elaborados por médicos de guardia y de traslado, sin experticia y especialidad en estos asuntos, además de provenir de un centro privado elegido por el propio paciente imputado”.
Las réplicas siguieron en manos de Pablo Llonto, representante de Muniz Barreto, Souto y los D’Amico. Llonto sacó a flote una resolución vieja de Bisordi en su rol de juez y, por eso, lo llamó esquizofrénico: en su papel de camarista admitió el plan sistemático de desaparición de personas y ahora, en su rol de defensor, dice que Patti sufre persecución y un virtual linchamiento. Llonto dejó en claro que una cosa es defender a un imputado, al que se le debe el resguardo de la ley, pero otra muy distinta es hacer una defensa basada en ironías y mentiras.
sábado, 19 de marzo de 2011
El 14 de abril se conocerá la sentencia
Una de las juezas, Lucia Larrandart, se negó a escuchar a una compañera de la AEDD.
El TOF 1 de San Martín leerá ese día el veredicto en el debate donde también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros tres imputados. El Ministerio Público Fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco acusados
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el 14 de abril próximo la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que lleva adelante contra el ex comisario Luis Patti.
Así, los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain leerán ese día el veredicto en el marco del debate en el que también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
Y es bueno recordar que en sus alegatos tanto el Ministerio Público Fiscal y algunas querellas pidieron la pena de prisión perpetua para todos los imputados, pero sin mencionar delito de genocidio.
El TOF 1 de San Martín leerá ese día el veredicto en el debate donde también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros tres imputados. El Ministerio Público Fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco acusados
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el 14 de abril próximo la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que lleva adelante contra el ex comisario Luis Patti.
Así, los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain leerán ese día el veredicto en el marco del debate en el que también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
Y es bueno recordar que en sus alegatos tanto el Ministerio Público Fiscal y algunas querellas pidieron la pena de prisión perpetua para todos los imputados, pero sin mencionar delito de genocidio.
Y también hay que recordar que la jueza Lucía Larrandart, se negó a escuchar el testimonio de una compañera, Margarita Cruz sobreviviente, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Continúan los procedimientos judiciales dentro de los mismos parámetros insuficientes, tanto por los delitos que se juzga a los genocidas, como por el procedimiento dónde las víctimas, los sobrevivientes no tienen la relevancia que se merecen frente a los artículos en los que se pertrechan jueces incapacitados de sensibilidad o posicionados vaya a saber con qué.
ABD.
C
lunes, 21 de febrero de 2011
Las pruebas presentadas por los querellantes comprometen a Patti al final del primer juicio
Las pruebas presentadas por los querellantes en el juicio oral al ex intendente de Escobar Luis Patti, apuntan a demostrar que debe ser condenado a prisión perpetua por secuestrar y matar a un militante de la juventud peronista, Gastón Goncalvez, en marzo de 1976, y también privar ilegalmente de su libertad, al luego asesinado ex diputado Diego Muñiz Barreto.
Se trata de dos de las principales acusaciones en las que se basaron todos los alegatos durante el tramo final del juicio en su contra, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que emitirá veredicto en marzo.
El jueves 24 se iniciarán los alegatos de las defensas de los acusados y, según un programa tentativo, los abogados de Patti -el ex camarista de la Cámara Nacional de Casación Alfredo Bisordi y Silvio Duarte- cerrarán las exposiciones la primera semana de marzo.
Ambos pedirán la absolución del ex subcomisario de la bonaerense, que se negó a prestar declaración indagatoria durante todo el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y asistió a las audiencias desde una ambulancia estacionada en la puerta, desde donde era trasladado a diario de la clínica Fleni de Escobar.
Junto con él son juzgados y también tienen pedidos de perpetua el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ex general Santiago Omar Riveros, ex comisario Juan Fernando Meneghini, y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.
"Debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte" por Patti "con anterioridad a su desaparición", según coincidieron en declarar sobre lo ocurrido con Goncalvez varios testigos que vivían en Escobar desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Esto fue recordado en alegatos de querellantes como los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto, en representación de la familia de Goncalvez y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además, acusaron directamente a Patti por el secuestro del joven, quien tenía un hijo y esperaba otro -nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo- cometido el 24 de marzo de 1976.
"Fue secuestrado por Luis Abelardo Patti en Escobar o Zárate", localidades "pertenecientes a la jurisdicción de lo que posteriormente se designaría como la zona de defensa IV, a cargo en ese momento del acusado Santiago Omar Riveros, comandante en jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".
En los alegatos, se manifestó la "certeza" sobre la permanencia secuestrado de Goncalvez en un camión celular ubicado detrás de la seccional 1 de Escobar donde fue torturado hasta que finalmente se lo mató de un balazo en la cabeza junto a otras tres víctimas en el paraje conocido como "El Cazador" a la vera del río Luján, donde fueron encontrados los cuerpos.
En Escobar, precisamente, fueron enterrados esos cuerpos como NN, e identificados 20 años después, cuando Patti era intendente en 1996 en ese partido bonaerense.
Una empleada del cementerio, Patricia Achu, quien declaró en el juicio, denuncio la existencia allí de tumbas sin identificar, pese a que Patti intentó evitarlo con amenazas y advertencias: esta testigo fue la que dio más referencias sobre las actitudes que tuvo Patti cuando ya era intendente de Escobar.
Sobrevivientes que estuvieron con Goncalvez en el camión celular declararon por primera vez contra Patti en un juicio oral y recordaron que el joven llegó a decirles que el entonces oficial lo había secuestrado.
Para los querellantes, quedó probado con los testigos de la época que Patti "integraba grupos operativos represivos en los días en los cuales Goncalvez sufriera los delito que contra él se cometieron", por ejemplo los dichos del sobreviviente Daniel Lagarone, que lo vio en la seccional de Escobar.
Patti quedó acusado directamente por el crimen de Goncalvez, ya que se considera que el joven sólo estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar y desde allí fue llevado al paraje donde le dispararon en la cabeza y lo incineraron.
En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, se considera que las pruebas incorporadas al juicio demuestran que fue detenido ilegalmente por Patti en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan Fernández, el 16 de febrero de 1977, a pocas cuadras de la comisaría donde actuaba el ahora detenido y juzgado.
Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.
"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre, y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.
Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y señaló que había sido secuestrado por Patti.
En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, quien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Ríos, y relató todo antes de exiliarse en Europa, donde murió.
Este escrito, donde se narraba con detalle la detención de Muñiz barreto en una carnicería por parte de Patti, fue incorporado a la causa y el escribano que lo redactó ratificó en el juicio oral todos sus términos.
Patti "estaba realmente comprometido con el accionar represivo, no era un simple oficial ´utilizado´ ocasionalmente por los militares y pertenecía a los grupos de tareas" que actuaban en Escobar, Garín y otras zonas.
"Se probó que lo Patti que hacía era secuestrar personas sobre las que previamente se había hecho inteligencia con el fin de hacerlas desaparecer", sostuvo el alegato de los abogados de las familias querellantes.
Se trata de dos de las principales acusaciones en las que se basaron todos los alegatos durante el tramo final del juicio en su contra, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que emitirá veredicto en marzo.
El jueves 24 se iniciarán los alegatos de las defensas de los acusados y, según un programa tentativo, los abogados de Patti -el ex camarista de la Cámara Nacional de Casación Alfredo Bisordi y Silvio Duarte- cerrarán las exposiciones la primera semana de marzo.
Ambos pedirán la absolución del ex subcomisario de la bonaerense, que se negó a prestar declaración indagatoria durante todo el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y asistió a las audiencias desde una ambulancia estacionada en la puerta, desde donde era trasladado a diario de la clínica Fleni de Escobar.
Junto con él son juzgados y también tienen pedidos de perpetua el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ex general Santiago Omar Riveros, ex comisario Juan Fernando Meneghini, y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.
"Debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte" por Patti "con anterioridad a su desaparición", según coincidieron en declarar sobre lo ocurrido con Goncalvez varios testigos que vivían en Escobar desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Esto fue recordado en alegatos de querellantes como los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto, en representación de la familia de Goncalvez y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además, acusaron directamente a Patti por el secuestro del joven, quien tenía un hijo y esperaba otro -nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo- cometido el 24 de marzo de 1976.
"Fue secuestrado por Luis Abelardo Patti en Escobar o Zárate", localidades "pertenecientes a la jurisdicción de lo que posteriormente se designaría como la zona de defensa IV, a cargo en ese momento del acusado Santiago Omar Riveros, comandante en jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".
En los alegatos, se manifestó la "certeza" sobre la permanencia secuestrado de Goncalvez en un camión celular ubicado detrás de la seccional 1 de Escobar donde fue torturado hasta que finalmente se lo mató de un balazo en la cabeza junto a otras tres víctimas en el paraje conocido como "El Cazador" a la vera del río Luján, donde fueron encontrados los cuerpos.
En Escobar, precisamente, fueron enterrados esos cuerpos como NN, e identificados 20 años después, cuando Patti era intendente en 1996 en ese partido bonaerense.
Una empleada del cementerio, Patricia Achu, quien declaró en el juicio, denuncio la existencia allí de tumbas sin identificar, pese a que Patti intentó evitarlo con amenazas y advertencias: esta testigo fue la que dio más referencias sobre las actitudes que tuvo Patti cuando ya era intendente de Escobar.
Sobrevivientes que estuvieron con Goncalvez en el camión celular declararon por primera vez contra Patti en un juicio oral y recordaron que el joven llegó a decirles que el entonces oficial lo había secuestrado.
Para los querellantes, quedó probado con los testigos de la época que Patti "integraba grupos operativos represivos en los días en los cuales Goncalvez sufriera los delito que contra él se cometieron", por ejemplo los dichos del sobreviviente Daniel Lagarone, que lo vio en la seccional de Escobar.
Patti quedó acusado directamente por el crimen de Goncalvez, ya que se considera que el joven sólo estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar y desde allí fue llevado al paraje donde le dispararon en la cabeza y lo incineraron.
En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, se considera que las pruebas incorporadas al juicio demuestran que fue detenido ilegalmente por Patti en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan Fernández, el 16 de febrero de 1977, a pocas cuadras de la comisaría donde actuaba el ahora detenido y juzgado.
Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.
"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre, y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.
Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y señaló que había sido secuestrado por Patti.
En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, quien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Ríos, y relató todo antes de exiliarse en Europa, donde murió.
Este escrito, donde se narraba con detalle la detención de Muñiz barreto en una carnicería por parte de Patti, fue incorporado a la causa y el escribano que lo redactó ratificó en el juicio oral todos sus términos.
Patti "estaba realmente comprometido con el accionar represivo, no era un simple oficial ´utilizado´ ocasionalmente por los militares y pertenecía a los grupos de tareas" que actuaban en Escobar, Garín y otras zonas.
"Se probó que lo Patti que hacía era secuestrar personas sobre las que previamente se había hecho inteligencia con el fin de hacerlas desaparecer", sostuvo el alegato de los abogados de las familias querellantes.
miércoles, 9 de febrero de 2011
Boletín de la AEDD nro 771
Gacetilla de Prensa
JUICIO EN SAN MARTIN
JUEVES 10 de Febrero a las 9.30 horas la querella JusticiaYa alegará en el juicio que se viene desarrollando contra los genocidas : Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone, Juan Fernando Meneghini y Martín Rodríguez, imputados por las privaciones ilegales de la libertad de :
Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.
Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)
Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.
Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)
Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
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lunes, 7 de febrero de 2011
Otra petición de perpetua para Patti y otros represores
Crímenes en el marco de un genocidio
El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan
La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.
El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.
Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”
Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.
Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.
El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan
La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.
El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.
Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”
Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.
Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.
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