martes, 29 de marzo de 2011

La mentira como estrategia de defensa


EL TRAMO FINAL DEL JUICIO ORAL A PATTI, BIGNONE Y OTROS REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La fiscalía y los abogados de las víctimas presentaron sus réplicas al alegato del defensor de Luis Patti, el ex camarista Alfredo Bisordi. Lo acusaron de tergiversar los dichos de los testigos y pidieron que se lo sancione por “conducta agraviante”.
Por Alejandra Dandan

Alfredo Bisordi tergiversó el testimonio de los testigos e introdujo elementos falsos en su acalorada defensa de Luis Abelardo Patti. Palabras más palabras menos, esa fue una de las conclusiones que se escucharon ayer en José León Suárez, durante la audiencia destinada a las réplicas de los alegatos del ex camarista devenido en defensor del represor. La abogada de los hermanos Gonçalves fue especialmente meticulosa para sumar elementos de prueba sobre lo que nombró una y otra vez como la trama de las mentiras. Una suma de datos por los que terminó pidiéndole al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que encabeza Lucila Larrandart, una sanción para el ex magistrado por “conducta agraviante”.

La palabra mentira fue una de las más escuchadas durante la audiencia, una de las últimas jornadas del juicio oral a Luis Abelardo Patti, Reynaldo Bignone, Omar Riveros, Martín Rodríguez y Fernando Meneghini. Las querellas la usaron luego de contrastar no sólo los apuntes tomados durante el juicio, sino también las grabaciones de las audiencias. Bisordi no fue el único abogado defensor replicado, pero fue el que concentró las principales respuestas porque con su defensa cuestionó fundamentalmente el valor de muchas de las víctimas que se atrevieron a declarar de forma valiente, como dijo semanas atrás la abogada Ana Oberlin.

Uno de los testigos maltratados por Bisordi fue Jesús Bonet, cuyo testimonio fue clave porque confirmó la relación entre el secuestro de Gastón Gonçalves y la comisaría de Escobar. Ese testimonio para Bisordi resultó nulo; entre otras razones, porque –según Bisordi– Bonet había dicho que estuvo secuestrado con una persona que fue secuestrada seis meses más tarde. Ana Oberlin encontró ahí una de las “mentiras”. Revisando la copia del material, halló por ejemplo que Bonet no había dicho eso, sino que durante su secuestro le preguntaron por esa persona.

La lógica se repitió después con otros testigos. Oberlin nombró los casos de Blanca Leonor Buda, Eva Orifici y al antropólogo Alejandro Incháurregui. “Creemos que no son simples descuidos o negligencia, sino que conforman una inconducta procesal maliciosa y manifiesta –dijo la abogada– que de ningún modo puede tolerarse ni considerarse comprendida en el ejercicio de la defensa.” Por eso, pidió una sanción y que el TOF reenvíe al Colegio de Abogados los audios o las actas para que se evalúe la existencia de una falta grave.

La audiencia había comenzado con las réplicas del equipo de fiscales. Bisordi había dicho que los argumentos de Javier de Luca, Marcelo García Berro y Juan Murray para acusar eran producto de una noche afiebrada; los llamó mendaces, deleznables e incumplidores de la regla de objetividad. Además, los consideró parte de un ejército de “obedientes” aliados del kirchnerismo. Aunque no dejaron de hacer una devolución técnica, los fiscales respondieron los piropos: “Reiteramos que no es inocuo para nosotros que nos injurien y que, por esa razón, no tenemos por qué soportar que nos digan que somos cualquier cosa, que nuestros argumentos son un conjunto de cachivaches juntados de cualquier manera con tal de quedar bien con una corriente dominante”.

En los puntos técnicos, las réplicas se concentraron en temas claves. Algunos, estratégicos. Los fiscales están convencidos de que Bisordi planteó su alegato no sólo pensando en el presente, sino en lo que sucederá más tarde: el ingreso de la causa en la Cámara de Casación, donde el ex camarista conoce el paño y donde ya no estarán ni estos jueces ni estos fiscales, ni las querellas ni los testigos para hablar de lo que sucedió en esta sala.

Uno de los puntos estratégicos, entonces, es lo que Bisordi planteó sobre la ausencia de Patti en la sala. Pidió la nulidad del juicio porque supuestamente se lo juzgó en ausencia. La fiscalía rechazó el planteo con un largo argumento que apunta especialmente al después: aseguró que el derecho a la defensa estuvo garantizado por la presencia de los defensores, pero además recordó que fue la defensa de Patti la que consintió las salidas del acusado de la sala invocando razones de salud graves. “Este argumento es muy grave porque la defensa lo ocultó”, dijeron. Y fueron más allá: negaron la gravedad de Patti. “Debemos señalar, sin embargo, que es falso que Patti no pudiera asistir a las audiencias, porque ninguna de las dolencias que lo aquejan se lo impedía.” No existe informe médico oficial alguno, aclararon, que haya sugerido tal cosa: “Todos son certificados elaborados por médicos de guardia y de traslado, sin experticia y especialidad en estos asuntos, además de provenir de un centro privado elegido por el propio paciente imputado”.

Las réplicas siguieron en manos de Pablo Llonto, representante de Muniz Barreto, Souto y los D’Amico. Llonto sacó a flote una resolución vieja de Bisordi en su rol de juez y, por eso, lo llamó esquizofrénico: en su papel de camarista admitió el plan sistemático de desaparición de personas y ahora, en su rol de defensor, dice que Patti sufre persecución y un virtual linchamiento. Llonto dejó en claro que una cosa es defender a un imputado, al que se le debe el resguardo de la ley, pero otra muy distinta es hacer una defensa basada en ironías y mentiras.

sábado, 19 de marzo de 2011

El 14 de abril se conocerá la sentencia

Una de las juezas, Lucia Larrandart, se negó a escuchar a una compañera de la AEDD.
El TOF 1 de San Martín leerá ese día el veredicto en el debate donde también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros tres imputados. El Ministerio Público Fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco acusados

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el 14 de abril próximo la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que lleva adelante contra el ex comisario Luis Patti.

Así, los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain leerán ese día el veredicto en el marco del debate en el que también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
Y es bueno recordar que en sus alegatos tanto el Ministerio Público Fiscal y algunas querellas pidieron la pena de prisión perpetua para todos los imputados, pero sin mencionar delito de genocidio.
Y también hay que recordar que la jueza Lucía Larrandart, se negó a escuchar el testimonio de una compañera, Margarita Cruz sobreviviente, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Continúan los procedimientos judiciales dentro de los mismos parámetros insuficientes, tanto por los delitos que se juzga a los genocidas, como por el procedimiento dónde las víctimas, los sobrevivientes no tienen la relevancia que se merecen frente a los artículos en los que se pertrechan jueces incapacitados de sensibilidad o posicionados vaya a saber con qué.
ABD. 

C

lunes, 21 de febrero de 2011

Las pruebas presentadas por los querellantes comprometen a Patti al final del primer juicio

Las pruebas presentadas por los querellantes en el juicio oral al ex intendente de Escobar Luis Patti, apuntan a demostrar que debe ser condenado a prisión perpetua por secuestrar y matar a un militante de la juventud peronista, Gastón Goncalvez, en marzo de 1976, y también privar ilegalmente de su libertad, al luego asesinado ex diputado Diego Muñiz Barreto.

Se trata de dos de las principales acusaciones en las que se basaron todos los alegatos durante el tramo final del juicio en su contra, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que emitirá veredicto en marzo.

El jueves 24 se iniciarán los alegatos de las defensas de los acusados y, según un programa tentativo, los abogados de Patti -el ex camarista de la Cámara Nacional de Casación Alfredo Bisordi y Silvio Duarte- cerrarán las exposiciones la primera semana de marzo.

Ambos pedirán la absolución del ex subcomisario de la bonaerense, que se negó a prestar declaración indagatoria durante todo el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y asistió a las audiencias desde una ambulancia estacionada en la puerta, desde donde era trasladado a diario de la clínica Fleni de Escobar.

Junto con él son juzgados y también tienen pedidos de perpetua el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ex general Santiago Omar Riveros, ex comisario Juan Fernando Meneghini, y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.

"Debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte" por Patti "con anterioridad a su desaparición", según coincidieron en declarar sobre lo ocurrido con Goncalvez varios testigos que vivían en Escobar desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Esto fue recordado en alegatos de querellantes como los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto, en representación de la familia de Goncalvez y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además, acusaron directamente a Patti por el secuestro del joven, quien tenía un hijo y esperaba otro -nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo- cometido el 24 de marzo de 1976.

"Fue secuestrado por Luis Abelardo Patti en Escobar o Zárate", localidades "pertenecientes a la jurisdicción de lo que posteriormente se designaría como la zona de defensa IV, a cargo en ese momento del acusado Santiago Omar Riveros, comandante en jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".

En los alegatos, se manifestó la "certeza" sobre la permanencia secuestrado de Goncalvez en un camión celular ubicado detrás de la seccional 1 de Escobar donde fue torturado hasta que finalmente se lo mató de un balazo en la cabeza junto a otras tres víctimas en el paraje conocido como "El Cazador" a la vera del río Luján, donde fueron encontrados los cuerpos.

En Escobar, precisamente, fueron enterrados esos cuerpos como NN, e identificados 20 años después, cuando Patti era intendente en 1996 en ese partido bonaerense.

Una empleada del cementerio, Patricia Achu, quien declaró en el juicio, denuncio la existencia allí de tumbas sin identificar, pese a que Patti intentó evitarlo con amenazas y advertencias: esta testigo fue la que dio más referencias sobre las actitudes que tuvo Patti cuando ya era intendente de Escobar.

Sobrevivientes que estuvieron con Goncalvez en el camión celular declararon por primera vez contra Patti en un juicio oral y recordaron que el joven llegó a decirles que el entonces oficial lo había secuestrado.

Para los querellantes, quedó probado con los testigos de la época que Patti "integraba grupos operativos represivos en los días en los cuales Goncalvez sufriera los delito que contra él se cometieron", por ejemplo los dichos del sobreviviente Daniel Lagarone, que lo vio en la seccional de Escobar.

Patti quedó acusado directamente por el crimen de Goncalvez, ya que se considera que el joven sólo estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar y desde allí fue llevado al paraje donde le dispararon en la cabeza y lo incineraron.

En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, se considera que las pruebas incorporadas al juicio demuestran que fue detenido ilegalmente por Patti en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan Fernández, el 16 de febrero de 1977, a pocas cuadras de la comisaría donde actuaba el ahora detenido y juzgado.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre, y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y señaló que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, quien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Ríos, y relató todo antes de exiliarse en Europa, donde murió.

Este escrito, donde se narraba con detalle la detención de Muñiz barreto en una carnicería por parte de Patti, fue incorporado a la causa y el escribano que lo redactó ratificó en el juicio oral todos sus términos.

Patti "estaba realmente comprometido con el accionar represivo, no era un simple oficial ´utilizado´ ocasionalmente por los militares y pertenecía a los grupos de tareas" que actuaban en Escobar, Garín y otras zonas.

"Se probó que lo Patti que hacía era secuestrar personas sobre las que previamente se había hecho inteligencia con el fin de hacerlas desaparecer", sostuvo el alegato de los abogados de las familias querellantes.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Boletín de la AEDD nro 771

Gacetilla de Prensa
 
JUICIO  EN SAN MARTIN 
JUEVES 10 de Febrero a las 9.30 horas la querella JusticiaYa alegará en el juicio que se viene desarrollando contra los genocidas : Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone, Juan Fernando Meneghini y Martín Rodríguez,  imputados por las privaciones ilegales de la libertad de :
 
Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.
                                
Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)
 
Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730                 
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
  Justicia YA!  Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad

lunes, 7 de febrero de 2011

Otra petición de perpetua para Patti y otros represores

Crímenes en el marco de un genocidio

El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan

La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.

El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.

Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”

Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.

Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Piden perpetua para Luis Patti por sus crímenes durante la dictadura

Un agente de la inteligencia militar

La fiscalía de San Martín consideró que en el juicio contra el ex subcomisario quedó acreditada su relación con el Servicio de Inteligencia del Ejército. Los fiscales también solicitaron la aplicación de la máxima pena para el resto de los acusados.
Por Alejandra Dandan

La fiscalía oral de San Martín dio por acreditado el vínculo entre Luis Abelardo Patti y el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino. Pese a no establecer aún si la relación fue orgánica o inorgánica, los fiscales incorporaron el dato a los alegatos que concluyeron ayer en el marco del juicio que se le sigue por la autoría material del homicidio calificado de Gastón Gonçalves, nueve privaciones ilegales de la libertad y seis tormentos agravados, porque las víctimas eran perseguidos políticos. Luego de dos jornadas de lecturas, pidieron para el ex subcomisario la pena de prisión perpetua. El equipo de fiscales integrado por Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto de Luca pidió además la pena máxima para el resto de los acusados: los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone; el torturador de Campo de Mayo Martín “El Toro” Rodríguez y el ex jefe de la comisaría de Escobar Fernando Meneghini, el único con asistencia perfecta a los debates y quien hasta ahora intentó demostrar que a partir del golpe quedó casi privado de su libertad, en medio de una comisaría ocupada por el Ejército. Las audiencias entran ahora en un cuarto intermedio hasta febrero, ocasión en la que las querellas continuarán con los alegatos.

Como cada vez, Meneghini se sentó solo en las sillas destinadas a los acusados en el escenario del lavado auditorio municipal de José León Suárez. Como sucede habitualmente, Patti no estuvo. Hacia el final de la audiencia, el Tribunal leyó una resolución de un médico del Servicio Penitenciario Federal según la cual el ex intendente no pudo presentarse por problemas de presión. Enseguida, con ese énfasis que suele darle a las cosas cuando la sobresaltan, la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó que se giraran todas las resoluciones al jefe del Servicio Penitenciario. Lucila Larrandart decidió abrir una instancia de análisis para sancionar administrativa o penalmente a Patti por las repetidas inasistencias a la sala. El público aplaudió.

En tanto, la fiscalía terminaba la segunda y última jornada de alegatos: consideró a todos culpables por homicidio agravado en grado de autor o partícipe necesario, cargo que habilitó el pedido colectivo de prisión perpetua. Por el asesinato de Gastón Gonçalves acusaron a Riveros, Patti y Meneghini; por el homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto a Riveros, Bignone y Rodríguez.

La acusación mantuvo a grandes rasgos el mismo pedido de condenas con el que se inició el debate, pero con pruebas consolidadas por declaraciones clave y valientes de muchas de las víctimas y por el aporte de documentos. Uno de los casos más sólidos fue el del propio Patti: el nombre que vincula todos los casos de la causa con la actividad desplegada por la Inteligencia de Campo de Mayo, según describieron los fiscales. “Es la intervención de este individuo la que vincula los casos de esta causa con la actividad de Inteligencia desplegada desde de Campo de Mayo, y ello demuestra que los hechos no fueron producto de la pasión del momento, del fragor de una lucha, ni del arrebato de un descontrolado policía que quería quedar bien con quienes ostentaban el poder, sino el resultado de un estudio paciente y premeditado, del trabajo de inteligencia política”.

Inteligencia

Los fiscales relevaron pruebas para poder explicar no sólo quién era Patti en la zona, sino por qué, con el cargo que tenía, podía estar detrás de los operativos. Uno de los datos fue un volante de enero de 1975 de la Juventud Peronista que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). “Pueblo de Escobar –decía–, denunciamos bárbaros atropellos a la dignidad humana en la persona de cuatro personas detenidas que están siendo objeto, desde que está el patrullero en la puerta (más de tres semanas), de terribles e incalificables actos de tortura, en la cámara del terror ubicada en los sótanos de la Comisaría local. Las mismas van desde la agresión física hasta la utilización de la modernizada picana eléctrica. Los siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos son el Comisario de Policía local, los oficiales ‘especializados’ Santos y Patti, el suboficial García y otros.”

El dato, incorporado por la declaración de peritos de la Dipba, precedió al momento en el que mencionaron la relación con Inteligencia: “Ha quedado plenamente acreditada la vinculación de Luis Abelardo Patti con el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, aunque no hayamos podido establecer si esa vinculación era orgánica o inorgánica”. Sería imposible, agregaron, “que un oficial subinspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hubiera tenido la actuación que tuvo dentro de la estructura represiva sin contar con una posición determinada en el área de Inteligencia”.

Las declaraciones de dos testigos lo situaron comandando efectivos del Ejército Argentino. Entre ellos, Elena Gómez, nacida en Baigorrita, el mismo lugar de donde es Patti y quien lo identificó como el hombre que en septiembre de 1976, cuando ella vivía en La Plata, comandó al grupo de tareas que entró a su casa. Dijo que el jefe del grupo tenía el pelo un poco largo y ojos azules y que ella se dijo: “A vos te conozco”. Entendió que lo conocía de Baigorrita años más tarde, cuando lo vio como candidato por la televisión.

Los fiscales apoyaron esa relación en otros antecedentes, como el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. En esa causa, explicaron, Patti resulta autor material de los disparos de arma de fuego que ocasionaron la muerte de los dos militantes peronistas. “Su participación está demostrada con independencia de si en el proceso correspondiente será o no declarado culpable.” E indicaron que “ambas víctimas fueron secuestradas y torturadas en la ciudad de Rosario el 14 de mayo de 1983 por personal de Inteligencia de Ejército y que fueron entregados a Patti en la localidad de Lima, Zárate, para que los ejecutara en la misma tarde de ese día”. En esa “Operación Especial de Inteligencia” destinada a ahogar el “rebrote subversivo” en el proceso de recuperación de la democracia “tuvo un rol protagónico el Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE) y dentro de él Luis Abelardo Patti

viernes, 10 de diciembre de 2010

Vuelos y torturas

El testimonio de Víctor Ibañez 
por Alejandra Dandan

“Una vez me ordenaron llevar a unas personas al batallón de aviación del Ejército. Cumplo la orden, los llevo, ellos se identifican como aviadores o de la Fuerza Aérea y los llevo hasta la punta de la pista, donde reconozco que bajan de un jeep al teniente coronel Guerrieri y el general Bignone, entre otros; parecía que se conocían de mucho tiempo. Ahí estaban subiendo personas al avión, encapuchadas, y alcancé a ver cómo los estaban inyectando en las piernas.”

Víctor Armando Ibáñez declaró como testigo en el juicio a Luis Abelardo Patti y Reynaldo Bignone, entre otros. Ibáñez, que ahora tiene 60 años, es un militar que fue cabo primero en Campo de Mayo y hace años publicó una biografía con sus relatos y los de otros compañeros testigos de lo que sucedió en el interior del centro clandestino de la guarnición durante la última dictadura. Su testimonio ingresó en la última etapa de testigos. En la audiencia confirmó las descripciones más brutales sobre el capitán Martín Rodríguez, alias El Toro, uno de los torturadores del campo y ahora imputado en la causa. Y reveló detalles del momento en el que uno de sus compañeros se levantó a las tres de la mañana por orden de un superior a sacar del campo y entregar al ex diputado Diego Muniz Barreto.

Las sucesivas declaraciones de Ibáñez permitieron identificar en los últimos años a varios represores. Ibáñez hizo tándem con un compañero de apellido Roldán al que le decían Trapito. Como siempre andaban juntos, a él terminaron diciéndole Petete. Los sobrenombres eran una de las formas de invisibilización adentro del campo, la razón por la que hoy él todavía no puede saber cuáles son otros nombres.

“Roldán era mi compinche, éramos como hermanos, siempre andábamos juntos, nunca nos separábamos.” Roldán también conducía y operaba la radio. Un día del que no se acuerda ni fecha ni año, alguien le ordenó a Roldán llevarse a uno de los detenidos. Tenía que estar a las tres de la mañana en el parque Automotor del Departamento de Inteligencia: “En realidad –dijo–, yo era el conductor, y yo estaba de turno, o sea que esa misión era para mí, pero Trapito también era conductor, y cuando el oficial de servicio nos despierta, Trapito va porque quería traer el mate cocido a la madrugada y se iba a quedar en el cuartel y no iba a volver al Campo”.

Así es que esa madrugada, el oficial de servicio despertó a Trapito, le entregó al detenido y a un tal Puma, un gendarme nombrado por varios testigos pero que aún no está identificado. Los tres se subieron a un jeep, y Trapito cargó además los tachos para mate cocido. A la hora acordada llegó al lugar donde le dijeron. “Le abre el portón corredizo, y ahí alcanzó a reconocer al Capitán (Rafael Félix) López Fader, se cierra el portón y deja las luces del jeep encendidas: ahí entrega a esa persona con el gendarme, eso me lo narró a mí.”

A Trapito le ordenaron no moverse. Con la luz del jeep vio que vendaban la mano del señor detenido, le pusieron algodones y no sabe si lo ataron con un hilo o una cadena. En la penumbra observó todo: “Cuando regresó me dijo que le ordenaron volver, habrá regresado cuarenta minutos más tarde, vino mal y me cuenta que no alcanzó a ver a las demás personas; bueno, me comenta eso, hablamos de todo un poco hasta que nos quedamos dormidos de nuevo”.

Entre los lugares por donde se movían había una sala de situación. Y sobre alguno de los sectores, uno gráfico con nombres de personas. Días más tarde, encontraron ahí un recorte de diario con la noticia del fraguado accidente de Diego Muniz Barreto. Trapito lo reconoció: le dijo a Ibáñez que ése era el muchacho del traslado. “Bueno, y después ahí escucha los comentarios de los otros, de López Fader y relacionó todo: era un muchacho muy vivo.”

Ibáñez habló además de ese episodio en la pista de aviones de Campo de Mayo, que ya había declarado en otra causa. Ahí nombró a Bignone, pero además a Pascual Guerrieri, un teniente coronel que primero estuvo en Campo de Mayo y después como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, donde fue juzgado y recibió condena a perpetua. Estuvo en la SIDE hasta el 2000, cuando se decidió echar de la Secretaría de Inteligencia al personal más comprometido con la represión ilegal.

Después de las preguntas de las querellas, Ibáñez fue blanco de un ping pong de preguntas punzantes. El defensor oficial Juan Carlos Tripaldi preguntó alguna vez por los “guerrilleros” y aunque no usó ni la palabra subversivos ni la palabra terroristas, como alguna otra defensora oficial en otro juicio, el tono quedó flotando. Más adelante hizo otra pregunta en sentido un poco más peligroso: le preguntó a Ibáñez por el testimonio de un ex prisionero, pero no lo nombró como una víctima, sino que preguntó si era “colaboracionista”. A esa altura, la querella lo paró. Lo mismo pidió la fiscalía. Y el Tribunal, rápidamente lo frenó.