Patti condenado por delitos de lesa humanidad, se quiere ir a su casa

En una semana, los camaristas decidirán si hacen lugar a los planteos de la defensa de Patti que, por su tratamiento médico, necesita un traslado a su casa o a la fiscalía, que considera que en el Hospital Penitenciario de Ezeiza puede rehabilitarse.

 Por Alejandra Dandan

 
Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como “parciales” los informes médicos del Fleni.

“Muchos médicos y muchos profesionales tuvieron injerencia en el tema, pero no todos los informes son imparciales”, dijo De Luca. “Los que vienen del Fleni son de un paciente que tiene su obra social o prepaga, los profesionales de algún modo dictaminan exclusivamente mirando un interés cercano a Patti, que no son exactamente los informes de los forenses y médicos que pusimos desde el ministerio fiscal para poner un tinte de objetividad en todo esto.”

De Luca, que viene además de ser fiscal en la causa oral de San Martín, y ahora es fiscal ante la Casación, recordó cómo la “guardia médica de no especialistas en sus problemas justificaron con sus informes sus inasistencias a las audiencias”. Por eso dijo que los “protocolos del Fleni deberían ser revisados por los médicos imparciales del Poder Judicial y podemos poner nuestros médicos y facultativos para resolverlo”. En el Hospital de Ezeiza, Patti tiene asegurado controles las 24 horas del día, lo cual no está garantizado en su domicilio, agregó. La obra social de Patti, OSDE, también puso a disposición una carta de centros asistenciales para rehabilitación en la zona. “Los internos están a cargo del Estado, no del Fleni –subrayó ante los jueces–, no pueden estar internados en un sitio particular, ir al Fleni es totalmente anómalo: el domicilio queda fuera del control penitenciario y no puede ser una suerte de profesionales privados los que decidan la suerte del reo.”

La sala de audiencias estaba casi vacía. De un lado, los tres jueces, Pedro David, Liliana Catu-cci y Alejandro Slokar. Del otro, De Luca y en línea exactamente opuesta Corbacho. Entre el público, solo hubo dos personas, entre ellas la mujer de Patti, una escribana que se ofreció, a través de su abogada, a presentarse todas las veces que hiciera falta como garante de la detención. Ella estuvo en silencio. La cabeza se movía para uno y otro lado. Saquito caqui, zapatos al tono.

Patti está detenido en Ezeiza, en una cárcel común, una decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín presidido por Lucila Larrandart con su sentencia, y a partir de reclamos insistentes de las víctimas, de las querellas y también de los fiscales del juicio. Sus condiciones de salud terminaron convertidas en ese proceso en uno de los temas del debate. Cuando aparecía, en el teatro auditorio donde se llevó a cabo el juicio, lo hacía acostado como un muerto trasladado arriba de una camilla y ubicado en el medio del teatro. Y cuando no aparecía, sus abogados esgrimían razones médicas que luego iban siendo refutadas por forenses. El problema de base es un ACV, efecto de una operación en el cuello. Un cuadro del que se recupera pero para el que necesita, según acuerdan al parecer todas las partes, trabajos de rehabilitación.

Dicho esto, su defensora fue a la Casación en queja porque el Tribunal de San Martín le rechazó los pedidos. Ayer planteó básicamente dos argumentos: los problemas de la “arquitectura” del hospital con poca luz, escaleras y sin rampas que le impiden tomar aire o sol. Y el problema de los traslados que según sus médicos deberían reducirse a lo indispensable porque cualquier “bache” puede complicarlo. El problema es que, como requiere rehabilitación, él necesita trasladarse a otros espacios.

La fiscalía también desarmó ese planteo, esta vez por contradictorio. Nadie explicó por qué la rehabilitación no puede hacerse en el Hospital. Pero lo que sí dijo De Luca es que en todo caso también habría que trasladarlo desde su casa hasta el Fleni, y el supuesto riesgo entonces no se habría eliminado.

“Las decisiones no son definitivas, son dinámicas, y el mismo Tribunal por ejemplo ha dispuesto que se vea la forma de eliminar los escalones para el acceso de sillas de ruedas del interno”, explicó el fiscal. “Desde el ministerio fiscal intervenimos en el incidente de salud porque estábamos preocupados por la salud de Patti, del mismo modo que lo están los jueces del Tribunal 1. Los fiscales tuvimos una reunión con el secretario de Justicia para que nos aseguraran que en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza había un lugar adecuado para la privación de la libertad de Patti, con el tratamiento adecuado, y nos dijeron que había un sector nuevo esperando ser estrenado por el aquí imputado y todos aquellos internos que lo reclamasen.”

Casación tiene cinco días hábiles para responder el planteo.

Ordenan detener a Luis Patti por el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi

El tiroteo fraguado de 1983

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el arresto de Luis Patti y de otros represores ya detenidos –como Reynaldo Bignone y Pascual Guerrieri– por los secuestros y homicidios de los dos militantes peronistas.

 Por Diego Martínez

A seis años, siete meses y tres días del pedido del fiscal federal Juan Murray, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de Luis Patti por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y homicidios de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en tiroteo fraguado por policías. El juez de San Nicolás quien, a pesar de sucesivas recusaciones por congelar expedientes y manifestarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, instruye las causas con el visto bueno de la Cámara Federal de Rosario ordenó también la detención e indagatoria de represores que estaban libres cuando Murray pidió sus capturas y hoy están condenados, como Reynaldo Bignone o el coronel Pascual Guerrieri.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. El Ministerio del Interior y la policía de la provincia de Buenos Aires informaron que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (ahora condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone.

El peritaje de los tejidos cambió el escenario: demostró que ambos fueron golpeados, torturados con picana, atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y los sobreseyó. Sugirió que no estaba probada la relación entre secuestros y asesinatos: bien pudieron haberse fugado tras las torturas, haber robado un auto y armas y haber partido hacia Zárate, donde se toparon con Patti, que los acribilló a balazos. Un mes antes del retorno de la democracia, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que los testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

El 28 de marzo de 2005, Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa. Se sumaron al reclamo familiares de las víctimas patrocinados por abogados de H.I.J.O.S. Rosario. La investigación del fiscal sugirió que tras el “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos los servicios diagramaban y ejecutaban operaciones para enrarecer el clima político con la esperanza de suspender el llamado a elecciones. Murray desmenuzó los esfuerzos por borrar todo rastro de torturas y disparos por parte de los policías que instruyeron la causa con el visto bueno del juez Luis Milesi y luego de Marchetti, autor del sobreseimiento, “inexplicable desde el punto de vista jurídico”.

Completó el rompecabezas en 2008 el ex civil de inteligencia Eduardo Costanzo, luego condenado. Costanzo confesó que el seguimiento estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, que los secuestradores fueron Guerrieri, Víctor Hugo Rodríguez, Edgardo “El Gato” Andrada y “toda la patota”, y entre quienes llevaron a las víctimas al camino donde las mataron nombró a Ariel Porra, alias Puma. El juez citó ayer a indagatoria a todos excepto a Chuli Rodríguez, presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, quien cruza los Andes cada año junto al intendente rosarino, Miguel Lifschitz. A pedido de Murray, el juez también ordenó detener al teniente coronel Luis Armando Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, y al ex PCI Walter Salvador Pagano.

El ultracatólico Villafuerte Ruzo fue recusado en agosto de 2010 por fiscal y querellantes por obstaculizar todas las causa contra represores e incluso pronunciarse a favor de la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Sigue al frente de los expedientes con el respaldo de los camaristas rosarinos Carlos Carrillo, José Guillermo Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Liliana Arribillaga. Su futuro al frente de las causas contra represores como su cuñado, el general Enrique Bonifacino, están desde hace un mes en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Terrorismo de Estado y manicomio

La extracción de la verdad

Un hombre internado en un manicomio, que había sido víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura, dio testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Después, volvió al manicomio. Su historia presenta la conjunción y, quizá, la articulación entre los dos infiernos.

 Por Fabiana Rousseaux *

Jesús tiene 50 años. En 1976 fue secuestrado, cuando tenía “16 años y medio”, de acuerdo con su implacable memoria. Pasó por la comisaría de Escobar, dirigida por Luis Patti, donde fue torturado, junto con su referente político Gastón Goncalves y otros compañeros de la Juventud Peronista. Después, fue expulsado del país.

En su exilio, intentó rearmar algo de la vida que el terrorismo de Estado le había resquebrajado, (des)instalándose en otro país. Logró constituir una familia. Pero dejar atrás las marcas no es sencillo. En un viaje a la Argentina, el espanto se le impuso nuevamente y cometió un delito. Fue detenido y, a partir de entonces, su vida transcurre en la unidad penal de un hospital neuropsiquiátrico. Después de la muerte de su madre, quedó en el más rotundo olvido. El sabe que allí no habrá condena, pero que el encierro será para siempre.

Estuvo durante 18 años en la Unidad Penal 34, del Melchor Romero, y ahora, desde hace poco, en la Unidad 10, donde al menos, dice, puede “ver la ruta, con algún coche que pasa cada tanto, porque antes sólo se veía el paredón”.

Durante todos estos años en el penal del manicomio, cada vez que veía a Patti en la televisión se indignaba y contaba los vejámenes que éste había cometido contra él y sus compañeros. Dice que no entiende cómo pudo llegar a ser intendente, cómo intentó luego ocupar una banca de diputado. Dice que siempre soñó con hacerle un juicio a Patti, si alguna vez salía de ese lugar. Por supuesto, es la palabra de un loco: ni esas palabras ni las que hablen de su detención y las torturas sufridas a los 16 años y medio serán tomadas por ciertas en un lugar como ése, donde hay, en cambio, una respuesta generalizada y medicalizada para todos y para todo.

Jesús es el parresiastés, tal como lo define Michel Foucault (véase, por ejemplo, “Coraje de la verdad”, Página/12, sección Psicología, 3 de enero de 2011): alguien de un “decir veraz”, que dice lo que piensa, que está comprometido con su verdad. Jesús quizá lo es más que nadie, ya que sabe que nadie le creerá. Lanza su verdad a otros sin calcular los riesgos de hacerlo, o, más aún, calculándolos los asume, desde su sala de manicomio.

¿En qué memoria teórica debemos pararnos para dejar de dudar de las secuelas que los crímenes cometidos por el terror de Estado produjeron? La “inimputabilidad” de Jesús en nada niega la verdad de esos hechos, ni de sus relatos, mucho menos de sus consecuencias trágicas. Las marcas de la historia social que transitamos, tomen la forma que tomen, se alojen en una estructura psíquica o en otra, no pueden ser ignoradas.

Durante años a Jesús se lo dio por muerto, hasta que, a través del Ministerio de Interior, se lo logra ubicar: Otros sobrevivientes de Patti hablaban de él, pero las versiones eran muy variadas y desconcertantes: que estaba en otro país o que estaba muerto o que estaba preso. Lo cierto es que ningún compañero de militancia había logrado saber nunca nada sobre él, hasta que hace pocos meses lograron ubicarlo.

A partir de ello, Jesús fue propuesto como testigo en la causa que los hijos de Goncalves y Muniz Barreto, junto con la familia de los hermanos D’Amico, iniciaron contra Patti, Mignone, Riveros, Meneghini y Rodríguez. Los abogados querellantes de esa causa lograron dar con este testigo central para demostrar las torturas y desapariciones cometidas por el ex policía.

Jesús aceptó inmediatamente. Reconoció, con todos los detalles necesarios, a los responsables de tan aberrantes delitos. Hizo un uso de memoria que nadie podría comprender si no fuera porque se trata de un hombre que durante 18 años había estado sometido al olvido y a la indignidad de perder el valor de su palabra, convertido en un sujeto que no puede responsabilizarse ni de sus actos ni de sus dichos, ni de sus dolores, en un lugar donde cada demanda y cada opinión fueron acalladas: “El halopidol me dejaba duro y, a pesar de los terribles dolores que tenía, porque estaba mal del hígado, el médico me vio solamente una vez en un año y medio y nunca me daban analgésicos, así que aprendí a manejar el dolor”, relata.

Desde que empezó a recibir visitas de los abogados, los familiares de las víctimas y los compañeros, su lugar comenzó a ser interrogado por los habitantes de ese espacio penal-psiquiátrico. En una de las visitas se nos acercó un grupo de guardias del Servicio Penitenciario y empezaron a preguntarnos por su historia. Pareciera que todo el universo del penal en el manicomio se vio modificado por este nuevo hecho. La historia de Jesús, que había quedado encapsulada y forcluida durante casi dos décadas, comienza a rodar nuevamente, se descongela el tiempo, hay un antes-de-la-detención, previo a la cadencia idéntica a sí misma de la rutina penitenciaria en el manicomio, que se hace audible. Se anuda con el mundo exterior. Comienzan a circular los diarios allí adentro. Los noticieros adquieren otro estatuto. surgen las preguntas por él y su historia. El encierro ha experimentado una mínima, perceptible alteración.

Ahora sus compañeros de encierro preguntan qué le había pasado, están evidentemente impactados por eso que había sido denunciado tantas veces pero que sólo se hizo audible cuando el discurso jurídico entró en la institución total.

Manuel, hijo de Gastón Goncalves, dice que, cuando conoció a Jesús, lo que más lo impresionó fue su capacidad de entender de inmediato lo que le estaban proponiendo. Para alguien que desde hacía 11 años, a partir de la muerte de su madre, no recibía ninguna visita, no era sencillo pensar en un cambio de posición tan radical: convertirse en un sujeto con derechos, capaz de enfrentarse a un tribunal donde su palabra tendría valor, los jueces lo escucharían y sus compañeros de épocas de militancia estarían como testigos de su verdad, una verdad colectiva que, de tan dolorosa, se hace impensable. Jesús estaba allí enfrentando todo eso en un solo acto, sin avales subjetivos, sin garantías de lo que iba a sentir después de semejante acto cuando volviera, solo, a su realidad penalizada, apenas con su dolor acallado y los detalles de una memoria implacable. Jesús, el memorioso.

La defensa objetó su testimonio, como tantos otros, pero el tribunal hizo lugar a lo declarado por Jesús. Declaró esposado. Expresión radical y extrema de la paradójica condición de víctima-testigo del terrorismo de Estado e imputado de un delito común. Aun parándonos en el reverso, ¿su peligrosidad será mayor que la de Patti y sus colegas torturadores? Jesús asumió su lugar –al igual que tantas veces lo hizo durante estos largos años– como si se tratara de una clase magistral de dignidad dedicada a quien tres décadas atrás lo había torturado a pesar de sus 16 años y medio. Un asentimiento subjetivo incalculable, enigmático y profundamente ético. Ana Nuño, en su texto “El testigo entronizado, a pesar suyo”, en referencia a la relación entre la memoria subjetiva y el discurso histórico, advierte que los verdugos no dan testimonio, que siempre callan, porque sus actos están más allá de las palabras.

Cuando finalizó la declaración de Jesús, sus ex compañeros de militancia salieron a las escalinatas del Centro Cultural de José León Suárez, donde se desarrollaban las audiencias, y con el puño en alto se despidieron de él, que era trasladado nuevamente al penal en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. El instante de víctima del terrorismo de Estado había concluido, y con ello el valor subjetivante de su palabra. No fue poca cosa, en 18 años de encierro, ese instante.

El cruzó al otro lado del muro y volvió, pero ese cruce nunca es sin consecuencias, porque ya no se vuelve al mismo lugar. Reescribir un nombre no es poca cosa, cuando se está más acá de los márgenes del manicomio, cuando los surcos del rostro hablan del dolor, del abandono y de la tristeza. Pero también de la alegría de, por fin, haber sido rescatado del olvido. Haber sido dignificado, al ofrecer su palabra valiente. Haber hecho lugar a aquel sueño premonitorio de “hacerle un juicio a Patti”. Verlo preso, como él y todos esperábamos. Quizás esa haya sido la única oportunidad en que el muro que separa la “normalidad” de la locura permitió que, por un rato, Jesús lo atravesara. O quizá sea necesario que asumamos esta verdad colectiva y nos dejemos interpelar por los efectos de la trágica historia vivida. La verdad de Jesús es la historia de todos.

* Psicoanalista. Directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Luis Patti condenado a prisión perpetúa ¡¡por fin a cárcel común!!

Preso en cárcel común

La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.

Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.

A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni “no es imprescindible”, concluyó.

Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.

El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. “El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”, leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el “traslado, reingreso y alojamiento” de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti “no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio”.

Los otros condenados y los otros silenciados

  Los condenados:

  
-Reynaldo Bignone. Fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante 1977. Fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín a 25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En dicha ocasión Bignone se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus subordinados.

- Santiago Riveros. Fue comandante del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977. Al igual que Bignone, posee una condena del mismo tribunal a 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo.

- Juan Fernando Meneghini. Fue comisario de la Comisaría 1a de Escobar entre 1976 y 1977. Allí era el jefe directo de Luis Patti.

- Martín Rodríguez. Se desempeñó como oficial de Inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército y fue jefe del Grupo Especial de Institutos Militares

Los silenciados 

Los sobrevivientes, tanto en los medios de comunicación que ahonda con morbo el caso particular y familiar, y diluyen los otros muchos detenidos desaparecidos que en el enfoque individual no son contenidos, como así lo estableciera el perverso mecanismo juidicial que separa las causas, elimina toda posibilidad de enjuiciar por fuerza y por campo de concentración, y por supuesto, tal como entonces, anular, silenciar, ocultar, el crimen de genocidio.

Y los sobrevivientes que como testigos de conceptos fueron silenciados por parte los jueces, como lo hiciera Lucila Larrandart, con Margarita Cruz, sobreviviente y miembro de la AEDD.

(¡que tremendo ser conocido por la pena de los demás...! Primo Levy

Perpetua para Patti: Otro largo camino para conseguir justicia

Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.

 Por Adriana Meyer

“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.

Prisión perpetua y cárcel común para Patti y otros

Patti fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la dictadura El Tribunal Oral Federal Uno de San Martín condenó al ex subcomisario de la Policía Bonaerense a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. También recibieron la misma pena el ex dictador Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y el ex agente de Inteligencia del Ejército, Martín Rodríguez.