miércoles, 23 de junio de 2010

EL 30 DE AGOSTO EMPIEZA EL PRIMER JUICIO ORAL CONTRA EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI

El día indicado, a la hora señalada
El ex comisario será juzgado junto con otros tres represores. Está acusado por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.
 
Por Victoria Ginzberg

30 de agosto. 9.30 de la mañana. En ese momento comenzará el primer juicio oral contra Luis Abelardo Patti. Eso, siempre que el Tribunal Oral de San Martín consiga sala. El ex comisario será juzgado junto con los represores Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Juan Fernando Meneghini por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

“Estoy emocionada y tranquila. Lo estamos esperando hace mucho y es bueno ver que después de tanto recorrido vamos llegando al final”, dijo a Página/12 Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Muniz Barreto. La abogada Ana Oberlin, representante de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), coincidió en la expectativa que genera la cercanía del juicio oral y en lo difícil que fue llegar a esta instancia.

Los cuatro represores serán juzgados por los jueces Lucía Larrandart, Héctor Sagreti y Marta Milloc, quienes aún están buscando un sitio adecuado para llevar adelante el proceso que confían poder iniciar en tiempo y forma.

Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

La ex esposa de Muniz Barreto denunció el hecho en 1977. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar), que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Otra prueba que vincula al ex intendente de Escobar con el hecho es que, según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje “El Cazador”, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti, hoy fallecido, sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Patti está siendo sometido a exámenes médicos porque sus abogados pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que el represor sufrió un “edema cerebral”. Actualmente está internado en el en el instituto Fleni y, aunque está en rehabilitación, está consciente y en condiciones de enfrentar su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los abogados de las querellas sostienen, además, que puede continuar su tratamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario.