viernes, 5 de septiembre de 2008

Rechazado recurso de Patti: no será Diputado


La Cámara Electoral rechazó un recurso de amparo y el ex comisario no recuperará su banca como diputado. Continúa preso en Marcos Paz.

En el recurso, Patti solicitó que se lo incorporara al cargo de diputado nacional, alegando que su desafuero dispuesto por la Cámara baja es inconstitucional por no habérsele dado a su representado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa.

El tribunal entendió que el proceso previsto en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que concluyó en el desafuero de Patti, "no es un juicio contra el título de legislador ni contra el ciudadano que lo inviste, que merezca el ejercicio de la defensa de derechos parlamentarios o personales, toda vez que no está en juego allí un interés propio que pueda verse afectado por la resolución que adopte el cuerpo legislativo, sino únicamente institucional –asegurar la independencia de las cámaras- en resguardo del cual ese proceso se lleva a cabo".

"La expresión ’juicio público’ contenida en la norma constitucional no reviste la misma naturaleza que en el proceso de "juicio político" (art. 59 de la ley fundamental)… ya que en este último, la Cámara de Senadores se erige en juez y la de Diputados en fiscal y deben respetarse todas las garantías de defensa, pues sí se trata de un proceso en contra del acusado, en el cual una decisión desfavorable implica su destitución del cargo", aseguró la Cámara.

Y agregó: "El desafuero, en cambio, tiene por fin inmediato suspender al legislador en sus funciones para ponerlo a disposición del juez que lo solicitó, lo cual no lo descalifica para recobrar su cargo si así procediera".

"En definitiva, no es una sanción contra el legislador, como lo es la expulsión. Es una medida precautoria de carácter político que no tiene efectos en sede judicial, sino sólo para permitir que se tomen medidas sobre la persona del acusado", indicó.

Diputados le impidió a Patti asumir la banca que obtuvo en las elecciones de octubre de 2005 al considerar que estaba moralmente inhabilitado para hacerlo por la causa en la que se lo investiga por el secuestro, tortura y desaparición de del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y de Gastón Goncalvez y Carlos Souto durante la última dictadura militar.

No te olvides consultar : Cartografía de las causas

martes, 6 de mayo de 2008

Los acusados de delitos de lesa humanidad no podrán ser candidatos



La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el debate de proyectos del día 7 de mayo, tratará de impedir que los denunciados de haber cometido de lesa humanidad, y estar vinculados a la acción represiva de la última dictadura militar, no puedan ejercer cargos públicos. Es para que no se repita la situación generada con el ex subcomisario Luis Patti.

Se propone modificar la ley de partidos políticos y que buscan la inhabilitación "absoluta y perpetua" para ser candidatos y ocupar cargos públicos a acusados por delitos de lesa humanidad. Coinciden en esta propuesta varios diputados oficialistas, radicales, e independientes.

Por su parte, el proyecto presentado por Miguel Bonasso, es de inhabilidad "perpetua y absoluta" y alcanza también a toda persona que hubiere participado en "actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático", aún cuando se encuentre amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En tanto, la iniciativa impulsada por Donda, hija de desaparecidos y primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en acceder a una banca en el Congreso, propone modificar la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, a la ley orgánica de Partidos Políticos y al Código Electoral. Impide, el acceso a cargos públicos "a condenados como autores, partícipes, instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas u homicidio" y a quiénes "hayan usurpado cargos electivos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983". Mañana se debatirán las diferentes propuestas, y es de esperar que finalmente puede establecerse en un amplio espectro las condiciones inhabilitadotas a los implicados directa e indirectamente en la represión dictatorial.



miércoles, 30 de abril de 2008

Juan Puthod es "soltado" gracias a la movilizacion social


APARECIO JUAN PUTHOD, militante de la Casa de la Memoria de Zártate que había sido secuestrado el martes 29 de mayo.

Juan estaba muy lastimado y su familia le llevó a una clínica médica para evaluar su estado. Un integrante de la Casa de la Memoria de Zárate anunció anoche la aparición de Juan Puthod a quien se buscaba desde el martes por la tarde cuando había desaparecido mientras iba rumbo a la radio.

El dirigente que anunció la aparición de Puthod afirmó que según supo la mujer Graciela Lencina, ya le había confirmado que Puthod había aparecido "lastimado, pero bien", dijo visiblemente emocionado. En horas de la noche, Puthod era trasladado hacia una clínica privada donde tratan de constatar el estado de salud ya que según se afirmó que Juan es diabético y tiene problemas cardíacos. Puthod apareció esta noche luego de más de 24 horas de haber desaparecido ayer por la tarde cuando se dirigía desde la Casa de la Memoria de Zárate de la que es director hacia la radio donde conduce un programa sobre derechos humanos.

AHORA MAS QUE NUNCA : ¡¡APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ!!

COMPAÑERO DE ZARATE DESAPARECIDO





COMUNICADO DE PRENSA – URGENTE

Denunciamos la desaparición del compañero Juan Evaristo Puthod desde ayer martes 29 de abril por la tarde. Juan estuvo detenido-desaparecido en varios campos de concentración, entre otros los que funcionaron en el Tiro de Federal de Zárate y en el Hospital de Campo de Mayo, y posteriormente estuvo detenido a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, durante 6 años.

Tiene 50 años, es un activo militante en defensa de los derechos humanos, titular de la Casa de la Memoria del partido de Zárate, y ayer fue visto por última vez cuando salía de esa entidad para dirigirse a la radio donde conduce un programa vinculado a las actividades de ese organismo. Además la Casa de la Memoria está organizando un acto que se realizará en pocos días en homenaje a los compañeros Pereyra Rossi y Cambiasso, secuestrados y desaparecidos por Patti.

Repudiamos esta gravísima situación, hacemos responsable al gobierno nacional y al gobierno provincial de su aparición con vida y en perfectas condiciones.

La única garantía para brindar seguridad a sobrevivientes, familiares, a todos aquellos compañeros involucrados en la lucha contra la impunidad, y al pueblo argentino todo, es que los genocidas no sigan caminando entre nosotros y estén en el lugar que les corresponde: la cárcel, común, efectiva y perpetua!

Exigimos la aparición con vida ya! de Juan Evaristo Puthod!
Exigimos la aparición con vida ya! de Julio López!


30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos!

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS


CASAPUEBLOS


CAMPAÑA DE APOYO A LOS JUICIOS

Contacto prensa: 15-4430-3569 / 15-3208-9786
Adhesiones:
aedd@exdesaparecidos.org.ar Y casapueblos@nodo50.org


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jueves, 24 de abril de 2008

PATTI : GENOCIDA IMPUNE




Cual telegrama comenzamos esta declaración. Las tres palabras que componen su título son una muestra clara de la realidad: Patti es un genocida y está impune.
Desde la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos sostenemos que el debate central en la liberación de Patti es la Impunidad, y creemos necesario profundizar en esta cuestión:
En 1973 Patti-POLICÍA asesinó a tres adolescentes en una confitería en un barrio de Escobar. El hecho fue públicamente denunciado por el diario local "El Actual", dirigido por Tilo Wenner. Patti nunca fue juzgado ni castigado. Wenner fue secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1976.
Posteriormente fue imputado por aplicación de tormentos a Julio Di Battista. En 1976, el juez Clodomiro Luque lo sobreseyó.


Patti-REPRESOR fue parte activa del genocidio llevado a cabo en nuestro país. Durante la dictadura fue parte de grupos de tareas, secuestró, torturó e hizo desaparecer a muchos compañeros que hoy forman parte de nuestros 30.000.
Patti-GENOCIDA fue denunciado en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1984. No fue juzgado ni castigado.
Patti-IMPUNE participó de la represión en La Tablada en enero de 1990. 23 días antes había sido ascendido a subcomisario y había sido trasladado desde el Cuerpo de Caballería del Escuadrón San Isidro a la Unidad Regional de San Martín.


En octubre 1990, el juez en lo Criminal de San Isidro, Raúl Alberto Borrino, ordenó su arresto por apremios ilegales contra dos hombres acusados de robo; mientras que el ex presidente Carlos Menem le encomendaba a Patti-IMPUNE la investigación del caso de asesinato de María Soledad Morales en Catamarca. Concluyó que había sido un crimen pasional, cuando quedó probado que esa muerte tuvo connotaciones políticas y que la responsabilidad era de Guillermo Luque, hijo de Luis Luque, un catamarqueño que comenzó siendo custodio de Leónides Saadi y terminó siendo diputado nacional por su provincia.
En 1991, Patti-IMPUNE fue subjefe del Grupo de élite Halcón de la Policía Bonaerense con asiento en la sede de la Brigada Aérea de Morón.


Para 1993, Patti-IMPUNE se retiró de la Policía y es el Partido Justicialista el que le abre las puertas de la política incorporándolo para reciclarlo como Genocida-Impune-Político. En 1995 ganó la Intendencia de Escobar. Cuatro años más tarde fue reelecto ya al frente de su propio partido.
En 2005 obtuvo una banca de diputado como candidato en la boleta que acompañó la de Hilda "Chiche" Duhalde al Senado. Sí, Patti-GENOCIDA-IMPUNE.
Todos sabemos que la Impunidad tiene leyes que fueron votadas en el Congreso, políticos y presidentes que las idearon, las sostuvieron y las defendieron. Hoy Patti y otros tantos genocidas están libres como producto y consecuencia de esa impunidad.


Pero en esta carrera de los impunes, en la que el genocida Patti y muchos más represores llevan la delantera, en esta carrera de postas, los jueces son también corredores principales. Mucho se hablo en estos últimos tiempos, si Patti debe asumir o no su puesto de Diputado elegido por el Voto Popular.
Pero se elude una discusión central y de fondo, que es: ¿por qué Patti no está preso? Esta pregunta cobra fundamental trascendencia ya que se formula en los tiempos de un gobierno que dice defender los Derechos Humanos.
Por otro lado una serie de genocidas -identificados y con mucha prensa- ya han desempeñado algunos cargos públicos teniendo un probado pasado de genocida, como Bussi, Rico y el mismo Patti, como Intendente, y distintos funcionarios asesores de gobernadores. Tanto es así que, hace apenas unos días, un interventor militar jefe del D2, el coronel Luis Ocaraza, asesino de campos de exterminio como el ex ingenio Baviera, se reciclaba de genocida a Asesor del Ministerio de Economía de un gobernador Justicialista aliado del gobierno nacional, el gobernador de Tucumán José Alperovich. Y qué decir de aquello civiles, ministros, que firmaron decretos de exterminio como fue el del Operativo Independencia: Luder, Isabelita, Ruckauf, Cafiero...
Es que la Impunidad que nos asoló y nos sigue asolando, tiene responsables!
Gracias a una justicia que cajonea causas durante años, cuando la claridad de las pruebas y denuncias no debería permitirle mirar para otro lado; gracias a legisladores, conocidos o ignotos, de los partidos que se han alternado en el poder que redactan y votan cada línea de las impunidades que nos ofenden como sociedad; los genocidas no solamente caminan entre nosotros, sino que ejercen cargos públicos y en gran medida determinan nuestras vidas. Todo esto gracias a una justicia y un poder político que fueron cómplices y que hoy miran como si ellos no hubieran sido partícipes y responsables de la actual situación.
Casi medio millón de personas se expresó con su voto en la elección del genocida Patti y esto abre también otro debate que no está de ninguna manera saldado: las consecuencias del genocidio y sobre todo, las de la impunidad.


El voto Patti representa muchas cosas. Representa a los que estuvieron y están de acuerdo con el genocidio. A los jueces que lo absolvieron y a los que nunca lo juzgaron. A los políticos que lo apoyaron en su carrera represiva, a los que lo cobijaron e impulsaron en su carrera política y a los que le allanaron a él y a los demás genocidas, el camino de impunidad votando o aceptando durante años las leyes que los protegían y negándose aún hoy a anular los indultos, aunque ahora se rasguen las vestiduras proponiendo el desafuero.
Y también, a los miles que lo votaron comprando el discurso de la "seguridad", que creen en lo que interesadamente se les muestra como inoperancia o insuficiencia o desinterés en los responsables de garantizar la seguridad, pero que al igual que millones de argentinos son parte y sufren de un modelo de sociedad que produce exclusión, marginalidad e impunidad.


Por eso decimos que el debate debe comenzar por el principio: PATTI. GENOCIDA. IMPUNE.
Jamás debería haber ocupado ningún cargo público, ni haberse presentado a elecciones, ni haber ganado una intendencia ni una banca, ni haber caminado libre por las calles. Porque es un genocida, y como tal su lugar es la cárcel común, efectiva y perpetua!


Juicio a todos los genocidas, condena por todos los compañeros!
Aparición con vida de Julio López!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Campaña de APoyo a Juicios

Casapueblos

martes, 22 de abril de 2008

Se ordena investigar un predio donde, segun testigos, enterraban cadaveres durante la dictadura


En busca de una enorme fosa común en Escobar
En el territorio del ex comisario Luis Patti, un hombre que trabajaba en la recolección de residuos en el ’76-’77 declaró que: “A la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado”.

Por Irina Hauser
El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó las primeras medidas para investigar un predio ubicado en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar, donde habría una enorme fosa común utilizada durante la última dictadura para enterrar los cuerpos de cientos de desaparecidos. En una resolución que firmó el jueves pasado como parte de la misma causa en la que pidió el desafuero del ex comisario Luis Patti, el magistrado solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional para hacer una pericia “de medición planimétrica” en el lugar, donde funcionaba un basural. La denuncia que permitió identificar el sitio fue hecha en 2005 por Guillermo Catalino Romero, que trabajaba en la recolección de residuos de la zona en los tiempos del Terrorismo de Estado. “Yo lo vi: a la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado. Lo hicieron por lo menos durante un año, entre 1976 y 1977”, le contó a Página/12.

En el oficio en el que requiere la colaboración de la Gendarmería, al que accedió este diario, Suares Araujo argumenta que en el “predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad producidas durante la última dictadura militar”. Entretanto, el juez busca desentrañar –vía intimaciones a la Municipalidad de Escobar– quiénes son los propietarios de esas tierras que, a simple vista, están abandonadas y que en un mapa aportado por el denunciante figuran como “José Pestarino y otros”. Al parecer, sólo vive allí un cartonero, a quien se citó a dar testimonio para pasado mañana. Guillermo Catalino Romero es un hombre humilde de 67 años, alto y delgado, de bigote negro finito, ojos vidriosos y piel curtida. En 1975 empezó a trabajar en la Delegación Maquinista Savio de la Municipalidad de Escobar, y en eso seguía cuando llegó el golpe de Estado. “Manejaba tractores y hacía la recolección de basura”, explica. “Y estaba este basural, que en la dictadura fue dividido: de un lado tiraban la basura los empleados municipales y del otro, separado con un alambre, arrojaba residuos la gente del Ejército. Después de las ocho de la noche los militares no dejaban que nadie se acercara. Un día, un compañero me dice ‘vamos a ver qué hacen’, y fuimos a mirar desde la zona del monte. Ahí se me nublaron los ojos de lo que vi, y no me lo olvido nunca. Tiraban los cadáveres con una topadora a una fosa enorme y profunda. Los traían en camiones de basura, como de Manliba”, recuerda.

La fosa, según estima el denunciante, tenía algo más de cien metros de largo y cuatro de ancho. El predio sería de unas 30 hectáreas y, según su declaración ante el juez, fue utilizado por el Ejército hasta 1980 y luego quedó un puesto de custodia que desde hace tres años ya no está. “Los militares a veces tiraban basura, pero cuando los camiones venían de Los Polvorines o de Zárate-Campana generalmente traían cuerpos. De día excavaban y de noche rellenaban. Tenían maquinaria importante ahí, una excavadora, una topadora. Pero un día levantaron todo y se fueron”, dice.

Romero conoció hace varios años al abogado laboralista Eduardo Ramallo, que trabaja en la zona de Escobar. Había representado a su hermano en un juicio por un accidente de trabajo y fue quien lo ayudó, finalmente, a denunciar aquella imagen que lo tuvo aterrado durante años. Ayer se puso su mejor traje, de saco y pantalón celeste, y después de un periplo en colectivo llegó secándose la frente al centro porteño para ir con su abogado a la Asociación de Abogados Laboralistas a contar el caso y pedir respaldo. Allí, en una reunión especial, Romero dijo que durante mucho tiempo tuvo temor de contar lo que había visto porque “el Ejército amenazaba a los vecinos con que si hablaban les iba a pasar lo mismo que a la gente que estaba adentro de los pozos”. Ante el juez Suáres Araujo contó que él mismo sufrió la advertencia de parte de un sargento retirado.

En una carta que entregó a la Asociación, Ramallo sostiene que la fosa señalada por Romero sería “el mayor y más importante campo clandestino de inhumaciones” de la dictadura identificado hasta el momento en el país. También explica que a pedido del juzgado, en base a un requerimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, entregaron “fotografías y planos, a los fines de ubicar exactamente donde fueron inhumadas una cantidad considerable de seres humanos y que actualmente se registran como desaparecidos o NN”. Pese a que no hay –agrega– “alambrados perimetrales, ni cercos y muros y mucho menos división alguna que permita una identificación precisa, logramos mediante testigos ubicar precisamente los presuntos lugares de inhumación que se encontrarían a más de 12 metros de profundidad y fueron realizados con maquinaria pesada”.

Ramallo sospecha incluso que allí también hubo un centro clandestino de detención que fue demolido, según les dijo a sus colegas. Al juez, precisó, le pidió que investigue los túneles o mazmorras de cuyos ingresos también entregó imágenes fotográficas. Al encuentro con los Laboralistas fueron los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel. Ramallo les reclamó recursos para los juzgados que están a cargo de las megacausas sobre los crímenes de la dictadura. Una de ellas es la que instruye Suáres Araujo, que indaga en 312 casos de desapariciones vinculadas al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en la que Patti, que fue oficial subinspector en Escobar durante la dictadura, es uno de los procesados acusados de crímenes de lesa humanidad.

Esta no es la primera vez que Ramallo interviene como abogado en una denuncia sobre cadáveres NN. Fue quien patrocinó a Patricia Achu, la ex empleada del cementerio de Escobar, que descubrió allí un centenar de cuerpos sin identificar. Uno de los cuerpos, se pudo determinar, era el de Gastón Gonçalvez, por cuyo homicidio fue procesado Patti. El abogado le dijo a Página/12 que está convencido de que el predio de Maquinista Savio, ubicado a unos 15 kilómetros del centro de Escobar, “tendrá que convertirse a la larga en un lugar de la Memoria”. “Lo que más anhelo, además, es que los familiares de los desaparecidos tengan el día de mañana donde ir a llevar una flor a sus seres queridos.”

lunes, 14 de abril de 2008

COMUNICADO DE PRENSA de la AEDD-Casapueblos

Repudiamos represión
Ante lo ocurrido cuando el genocida Patti se retiraba de los tribunales de San Martín, decimos:
1- Repudiamos la brutal represión sufrida por quienes se manifestaban contra Patti, donde resultó herida –entre otros- Ana Oberlín, abogada de HIJOS Rosario que representa a familiares en la causa contra el genocida.
2- Hacemos responsable al gobernador Scioli por este hecho y denunciamos a la Policía Bonaerense que continúa reprimiendo salvajemente en toda la provincia de Buenos Aires y que sigue integrada por policías que actuaron en los campos de concentración de la dictadura.
3- Rechazamos el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia que le restituye la banca de diputado al asesino. Basta de represión!Juicio y castigo a todos los genocidas, condena por todos los compañeros!
Aparición con vida de Julio López

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - Casapueblos - Comisión de Apoyo a Juicios

Prisión preventiva para el represor Patti

Por secuestros y torturas en la última dictadura militar.

La medida, que incluye un embargo de dos millones de pesos, fue dictada por el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormento y allanamientos ilegales". El ex subcomisario quedó detenido el 22 de noviembre, tras declarar en la causa.

El tribunal de San Martín procesó y dispuso prisión preventiva y un embargo millonario al ex subcomisario bonaerense Luis Abelardo Patti por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormento y allanamientos ilegales" por secuestros y torturas durante la dictadura.

El juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo, dispuso procesar a Patti por "considerarlo prima facie responsable de los delitos de allanamiento ilegal -reiterado en dos ocasiones-, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por abuso funcional y violencia y amenazas -reiterado en nueve oportunidades- e imposición de tormentos y partícipe necesario en la imposición de tormentos -reiterado en dos hechos".

Además del procesamiento, se decidió "convertir su actual detención en prisión preventiva", y se decreta un embargo sobres sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos. Patti había sido detenido en esta causa el 22 de noviembre pasado luego de que concurriera a los Tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

En esa oportunidad, acudió para ser indagado en tres expedientes donde se investigan los secuestros y tormentos a los que fueron sometidos Diego Muniz Barreto, Diego y Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo D’Amico, Luis D’Amico, Osvaldo Tomás Arriosti y Gastón Roberto José Gonçalvez, entre los años 1976 y 1977. Diego Muniz Barreto, electo diputado en 1973, fue secuestrado en 1977 y llevado a distintas dependencias de Escobar, Tigre y Campo de Mayo, donde fue torturado. Luego fue llevado junto a su secretario, Juan José Fernández, a un paraje cercano a un río en las afueras de Villaguay, en Entre Ríos, donde habrían sido arrojados a las aguas, presuntamente drogados, con la intención de simular un accidente.“Durante ocho meses trabajamos intensamente con mi abogado. Leí su indagatoria y la enumeración de pruebas empezaba en la letra A y terminaba en la S, es decir casi un abecedario completo. Ni yo ni mis hermanos militamos políticamente, sólo exigimos justicia y actuamos en consecuencia. Por eso es injusto que se hable de persecución política”, explicó emocionada pero serena Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado en febrero de 1977, quien antes de ser torturado, adormecido y arrojado en un auto a un arroyo entrerriano alcanzó a escribirle a su esposa desde su cautiverio: “Movete rápido, estamos en Escobar, nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”.“Me emocioné otra vez. Dimos otro pasito. ‘Es una carrera de cien metros y recién vamos por los diez primeros’, como dice mi abogado”, sintetizó Juana Muniz Barreto. “Estamos viviendo un proceso notable, que ojalá otras familias puedan atravesar. Acompañar el camino de la justicia permite empezar a cerrar una historia de vida dolorosa. Luchar contra la impunidad genera paz, tranquilidad, no sólo para las víctimas y sus familias. Ninguna sociedad democrática puede madurar si tiene como base la impunidad”.

En el caso de Gastón Gonçalvez, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar, llevado a la comisaría de Escobar y luego enterrado como NN en el cementerio local. En la misma resolución en la que procesó y embargó a Patti, el juez Suárez Araujo dispuso ampliar el procesamiento y mantener la prisión preventiva de Santiago Omar Riveros, quien fuera responsable de la denominada "zona 4" dentro del esquema represivo de la provincia de Buenos Aires. A Riveros se le imputan delitos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado.

En el caso del represor Riveros, su embargo fue ampliado hasta cubrir la suma de 120 millones de pesos. La justicia también dispuso ampliar el auto de procesamiento y mantener la prisión del ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, y homicidio (uno consumado y otro en grado de tentativa). En el caso de Bignone, el juez Suárez Araujo amplió el embargo sobre sus bienes hasta la suma de 110 millones de pesos.

En tanto, en el caso del militar Eduardo Alfredo Espósito, se dispuso ampliar su procesamiento por considerarlo partícipe necesario responsable de los ilícitos de privación ilegal de la libertad, e imposición de tormentos, manteniendo su prisión preventiva y fijando su embargo en 2 millones de pesos. Asimismo, el juez Suárez Araujo dispuso que en los casos de Bignone, Riveros y Espósito, sigan detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria.Luis Patti pasará sus días en “el pabellón de lesa”, donde dispondrá de todo el tiempo del mundo para conversar con condenados como el ex jefe de investigaciones Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich.

El sub comisario Patti preso por crímenes durante la dictadura (¡al fin!)

El ex subcomisario y ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti fue detenido este jueves por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo en la causa en la que se investigan sietes casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas durante la dictadura.

Patti concurrió por la mañana a los tribunales de San Martín para ser indagado en tres expedientes donde se investigan los secuestros y tormentos a los que fueron sometidos Diego Muniz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo DïAmico, Luis DïAmico, Osvaldo Tomás Arriosti y Gastón Roberto José Goncalvez, entre los años 1976 y 1977. Tras su declaración, Patti fue trasladado desde San Martín hasta los tribunales porteños de Plaza Lavalle, donde fue sometido a distintas pericias médicas previas a su traslado al penal de Marcos Paz. Distintos organismos de derechos humanos brindaron esta tarde una conferencia de prensa en la cual expresaron su satisfacción por el arresto del ex intendente de Escobar y reclamaron que Patti sea citado a indagatoria en otras causas por violación a los derechos humanos en los cuales está involucrado.

En este sentido, la defensa del ex subcomisario intentó evitar su arresto argumentando que Patti gozaba de fueros parlamentarios, al explicar que si bien no pudo asumir en su banca, había sido electo como legislador. Por su parte, el abogado Pablo Llonto, representante de la familia de Diego Muñiz Barreto, recordó que el legislador justicialista, electo en 1973, "fue secuestrado por Patti en 1977 y llevado a distintas dependencias de Escobar, Tigre y Campo de Mayo, donde fue torturado". El abogado relató que Muñiz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, fueron tirados a un río cerca de Villaguay, en Entre Ríos, presuntamente drogados, con la intención de simular un accidente. Manuel Goncalvez, hijo de Gastón Goncalvez, uno de los casos de desaparecidos por los cuales hoy fue detenido Patti aseguró que "esto no tiene que ver con una persecución política. Empezamos esto hace tres años y sólo nos mueve el afán de justicia". "Hubo varios juzgados federales que no quisieron avanzar", explicó Goncalvez, y dijo estar "contento" por el "paso que dio el juzgado de San Martín". El joven explicó que a su padre "lo secuestraron el 24 de marzo de 1976, lo llevaron a la comisaría de Escobar, luego al Río Luján y lo enterraron como NN en Escobar. Patti era el responsable del accionar de la policía de calle de Escobar y por eso Patti está involucrado en este caso". "Queremos solamente juicio y castigo a los culpables. Tuvimos que lograr que no asuma como diputado y que no tenga los fueros que hoy pretende tener para irse a su casa", finalizó Manuel Goncalvez.

Bussi no entra, Patti hace fuerza

El represor tucumano no recuperará su banca porque su mandato ya venció. Pero el fallo podría beneficiar a Patti, quien también fue excluido de la Cámara de Diputados. La Corte consideró “peligroso” que el Congreso pueda impedir la asunción de un legislador electo.Por Irina Hauser y Victoria Ginzbergde la Redaccion de Pagina 12 “Sostener que existe un poder para rechazar el título a toda persona que viola la ‘ética republicana’ puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice proteger. Los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las mayorías.” Este fue uno de los argumentos centrales de la Corte Suprema al definir que el Congreso no tiene atribuciones para negar la incorporación de un legislador electo. El fallo beneficiaría al dictador Antonio Domingo Bussi, pero en la práctica su caso fue declarado “abstracto” debido a que su mandato venció en 2003. El escrito sí podría favorecer al represor Luis Abelardo Patti, quien ayer lo calificó como “un triunfo de la democracia”.El fallo que firmaron por la mayoría Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni no le devolverá la banca a Bussi. Los ministros del tribunal, de hecho, determinaron que la resolución de la Cámara de Diputados que rechazó su incorporación quedó firme porque era “inoficioso” expedirse sobre el tema. El dictador –que está preso– ya no puede recuperar su banca. Además, él no había reclamado la anulación de su impugnación. Esto implicará que Bussi no podrá exigir un resarcimiento económico por haber quedado afuera del Congreso.
Más allá del caso puntual de Bussi, la Corte decidió enviar un mensaje al Poder Legislativo. Por eso, se pronunció específicamente sobre los límites de los diputados para impedir la asunción de un legislador electo. Esto podría tener efectos en otro caso cuya resolución está pendiente: el del ex subcomisario Luis Abelardo Patti. En la Corte señalaron que no debe interpretarse que ambos expedientes son exactamente iguales, pero el represor y ex intendente de Escobar festejó como si acabaran de ratificarle la banca (ver aparte).
Bussi fue excluido de la Cámara de Diputados en 1999 por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la última dictadura. Actualmente, el represor está preso. Fue procesado por más de 60 casos de desapariciones y torturas y está cerca de ir a juicio oral por el secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

El diploma de Patti también fue impugnado por su participación en crímenes de lesa humanidad. La presentación fue hecha por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti. La Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe y la Cámara se inclinó porque era “inhábil moralmente” para ejercer el cargo de diputado. Patti sigue en libertad. Está procesado por encubrir a otro represor e imputado en varias causas que hasta el momento no avanzaron. Hace dos años, el fiscal Juan Murray pidió su detención.
Al fundamentar el rechazo al diploma de Bussi, los legisladores aclararon que esta decisión “sólo respondía a la participación activa reconocida y probada en el terrorismo de Estado”. Lo mismo ocurrió con Patti. Los diputados señalaron que se trataba de un caso “excepcional”, ya que el represor estaba involucrado en crímenes de lesa humanidad.

Lorenzetti, Fayt, Argibay y Zaffaroni señalaron que “los graves hechos que imputan al diputado electo deben ser motivo de un proceso judicial porque todos los ciudadanos tienen la garantía del debido proceso. No hay una incapacidad de derecho para las personas que hayan tenido una actuación histórica determinada ya que el impedimento deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.

La condena judicial –en rigor la imposibilidad de acceder a una– fue un punto central en los argumentos de quienes impugnaron a Bussi y Patti: los represores no pudieron ser sometidos a juicio porque estaban vigentes las leyes de impunidad.

Los ministros del tribunal no tuvieron en cuenta este razonamiento. Se limitaron a señalar que “la Corte ha sido clara respecto de la persecución de los autores de los delitos de lesa humanidad”. Pero la reanudación de los juicios contra los represores es reciente. Hasta el momento, sólo dos acusados fueron efectivamente condenados: el agente de la Policía Federal Julio Simón y el ex jefe de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz. Si la Justicia no hubiera sido trabada durante veinte años por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos (cuya anulación la Corte convalidó ayer) el debate sobre la incorporación al Congreso de una persona cuestionada pero que no hubiera sido sometido a un proceso judicial no tendría sentido.Fue a raíz de la existencia de las leyes de impunidad que el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó en 1995 y 2000 que la Argentina adopte medidas para excluir de cargos públicos a quienes hubieran estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Esta resolución fue citada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un escrito de amicus curiae que presentó el jueves ante la Corte en referencia al caso Patti.

Otro argumento de los cuatro jueces que limitaron las atribuciones del Congreso para excluir a sus miembros fue que “el control de los requisitos constitucionales de los candidatos para diputados de la Nación se efectúa de modo previo (a la elección) y ante el Poder Judicial de la Nación” o que los legisladores estarían habilitados para remover a sus miembros sólo por alguna conducta o hecho posterior a la elección.

En el escrito que presentó ante la Corte, el CELS recordó que en 1999 presentó, antes de la votación, una impugnación ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires a la candidatura a la gobernación del Patti. Pero el pedido no fue aceptado, justamente, porque el ex subcomisario no estaba condenado.

Lorenzetti, Fayt, Argibay y Zaffaroni no se explayaron sobre la situación que hasta ahora impidió juzgar a Bussi. Prefirieron hacer hincapié en el peligro que podría significar dar al Congreso la posibilidad de evaluar la idoneidad de sus miembros. “Los riesgos futuros son demasiado”, señalaron.“Una idea confusa en manos de una mayoría podría dar lugar a que una persona sea rechazada porque es anarquista, otra porque es socialista, otra porque opone a una gobierno dictatorial, otra por motivos religiosos o de género.”

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda no coincidieron con esta interpretación. Este último consideró que la decisión de la Cámara de Diputados debía ser respetada porque no era judiciable. Highton de Nolasco y Petracchi coincidieron con el dictamen del Procurador General, Esteban Righi. El jefe de los fiscales consideró que los diputados tuvieron razón al impedir que el dictador asumiera su banca. “No solo no se ha violado el derecho político del actor -señaló- sino que la Cámara cumplió con una obligación internacional derivada del deber de respeto y garantías de los derechos humanos.”
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7/14/2007 0 comentarios

Riveros, el general que dio el mal paso


Fuente : La Nacion

"Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores." Esta es la frase que hizo célebre al ex general Santiago Omar Riveros, a quien la Cámara Nacional de Casación Penal le anuló el indulto que Carlos Menem le había otorgado en 1989. La frase, pronunciada a manera de despedida por Riveros en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, es citada en el prólogo del "Nunca más".

Durante la dictadura, Riveros fue comandante de Institutos Militares en Campo de Mayo, en cuya jurisdicción funcionaba el Hospital Militar en el que se realizaban partos clandestinos a mujeres secuestradas. Por esa causa, Riveros fue denunciado por integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que expusieron ante la Justicia el plan sistemático instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 bebes nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres. El militar había sido procesado y detenido en 1985, por homicidio calificado, pero resultó beneficiado por los indultos que concedió Menem. Además, fue llevado a juicio -junto al ex general Guillermo Suárez Mason- por el gobierno de Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en la Argentina.

Este año, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó su excarcelación por el Plan Cóndor -el operativo de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas-, al entender que su liberación no entorpecería la acción de la Justicia, aunque siguió detenido por el robo de bebes.