viernes, 25 de noviembre de 2011

Patti procesado por el asesinato de un periodista

Marche otra causa

 Por Diego Martínez

Dos días antes de celebrar su primer cumpleaños como condenado, Luis Abelardo Patti fue procesado el jueves por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Miguel Giménez, el primer desaparecido de Escobar. Militante de la Juventud Peronista de zona norte y redactor del diario El Actual, donde escribía sobre los trabajos sucios de la Policía Bonaerense, Giménez fue secuestrado en enero de 1976 y no hubo rastros de su paradero hasta 2007, cuando un registro burocrático permitió probar que lo asesinaron después de 23 días en cautiverio. El ex intendente de Escobar, que hoy festejará sus 59 años en el hospital de la cárcel de Ezeiza, fue procesado esta vez por el juez federal subrogante de Campana, Adrián González Charvay, que embargó sus bienes por un millón de pesos.

Giménez trabajaba en el diario que dirigía Tilo Wenner, poeta y periodista asesinado días después del golpe de Estado. Se ocupaba de investigar las tareas ilegales de la Policía Bonaerense para desactivar conflictos gremiales y amedrentar militantes. Las denuncias le valieron varios hostigamientos, en particular de agentes de la comisaría de Escobar. En diciembre de 1975 un grupo de tareas de policías y civiles allanó de madrugada la casa de los tíos de Giménez. Destruyeron la casa, buscándolo en un supuesto escondite, pero no lo encontraron. El 7 de enero de 1976 la patota invadió la casa de sus abuelos en Loma Verde, en Escobar. Lo secuestraron ante la presencia de sus hijos, entre otros familiares, y robaron hasta el bombeador de agua. Parientes y compañeros lo buscaron y publicaron solicitadas en las que hacían responsable a la policía. La Justicia sobreseyó la denuncia cinco meses después.

El cadáver desfigurado, mutilado y maniatado apareció el 30 de enero de 1976 a la mañana, veintitrés días después del secuestro, en una zona despoblada conocida como La Quema, en Moreno, donde los recolectores descargaban la basura de la ciudad. La División Documentos de la Policía Bonaerense lo identificó por las huellas, pero los restos se inhumaron con “NN masculino” en el cementerio de Moreno, con el visto bueno del Juzgado Penal 4 de Mercedes. El registro lo descubrió y aportó a la causa en 2007 la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero fue imposible restituir los restos a la familia porque en 1982 habían sido trasladados al osario general.

Las amenazas de Patti a Giménez, que no ocultaba su militancia y recorría Escobar como periodista, comenzaron en 1973, apuntó el juez González Charvay. Los trabajadores de la imprenta Rayo, donde se editaba El Actual, solían verlo de civil, en un Peugeot 504 color mostaza, registrando los movimientos del diario. También vigilaba las reuniones en el sindicato del Fatre o en casas de familia. Patti fue reconocido la madrugada de 1975 cuando fueron a secuestrarlo a la casa de sus tíos. “Nunca lo conocí”, afirmó durante su declaración indagatoria, sin obligación de decir la verdad. El juez enmarcó el caso en “un modelo sistemático orquestado y organizado por sectores del Ejército que junto con fuerzas de seguridad, en particular con la comisaría de Escobar, actuaban con la finalidad de exterminar a grupos políticos, sociales, estudiantiles y gremiales, y también a organizaciones armadas”.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Patti condenado por delitos de lesa humanidad, se quiere ir a su casa

En una semana, los camaristas decidirán si hacen lugar a los planteos de la defensa de Patti que, por su tratamiento médico, necesita un traslado a su casa o a la fiscalía, que considera que en el Hospital Penitenciario de Ezeiza puede rehabilitarse.

 Por Alejandra Dandan
 
Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como “parciales” los informes médicos del Fleni.

“Muchos médicos y muchos profesionales tuvieron injerencia en el tema, pero no todos los informes son imparciales”, dijo De Luca. “Los que vienen del Fleni son de un paciente que tiene su obra social o prepaga, los profesionales de algún modo dictaminan exclusivamente mirando un interés cercano a Patti, que no son exactamente los informes de los forenses y médicos que pusimos desde el ministerio fiscal para poner un tinte de objetividad en todo esto.”

De Luca, que viene además de ser fiscal en la causa oral de San Martín, y ahora es fiscal ante la Casación, recordó cómo la “guardia médica de no especialistas en sus problemas justificaron con sus informes sus inasistencias a las audiencias”. Por eso dijo que los “protocolos del Fleni deberían ser revisados por los médicos imparciales del Poder Judicial y podemos poner nuestros médicos y facultativos para resolverlo”. En el Hospital de Ezeiza, Patti tiene asegurado controles las 24 horas del día, lo cual no está garantizado en su domicilio, agregó. La obra social de Patti, OSDE, también puso a disposición una carta de centros asistenciales para rehabilitación en la zona. “Los internos están a cargo del Estado, no del Fleni –subrayó ante los jueces–, no pueden estar internados en un sitio particular, ir al Fleni es totalmente anómalo: el domicilio queda fuera del control penitenciario y no puede ser una suerte de profesionales privados los que decidan la suerte del reo.”

La sala de audiencias estaba casi vacía. De un lado, los tres jueces, Pedro David, Liliana Catu-cci y Alejandro Slokar. Del otro, De Luca y en línea exactamente opuesta Corbacho. Entre el público, solo hubo dos personas, entre ellas la mujer de Patti, una escribana que se ofreció, a través de su abogada, a presentarse todas las veces que hiciera falta como garante de la detención. Ella estuvo en silencio. La cabeza se movía para uno y otro lado. Saquito caqui, zapatos al tono.

Patti está detenido en Ezeiza, en una cárcel común, una decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín presidido por Lucila Larrandart con su sentencia, y a partir de reclamos insistentes de las víctimas, de las querellas y también de los fiscales del juicio. Sus condiciones de salud terminaron convertidas en ese proceso en uno de los temas del debate. Cuando aparecía, en el teatro auditorio donde se llevó a cabo el juicio, lo hacía acostado como un muerto trasladado arriba de una camilla y ubicado en el medio del teatro. Y cuando no aparecía, sus abogados esgrimían razones médicas que luego iban siendo refutadas por forenses. El problema de base es un ACV, efecto de una operación en el cuello. Un cuadro del que se recupera pero para el que necesita, según acuerdan al parecer todas las partes, trabajos de rehabilitación.

Dicho esto, su defensora fue a la Casación en queja porque el Tribunal de San Martín le rechazó los pedidos. Ayer planteó básicamente dos argumentos: los problemas de la “arquitectura” del hospital con poca luz, escaleras y sin rampas que le impiden tomar aire o sol. Y el problema de los traslados que según sus médicos deberían reducirse a lo indispensable porque cualquier “bache” puede complicarlo. El problema es que, como requiere rehabilitación, él necesita trasladarse a otros espacios.

La fiscalía también desarmó ese planteo, esta vez por contradictorio. Nadie explicó por qué la rehabilitación no puede hacerse en el Hospital. Pero lo que sí dijo De Luca es que en todo caso también habría que trasladarlo desde su casa hasta el Fleni, y el supuesto riesgo entonces no se habría eliminado.

“Las decisiones no son definitivas, son dinámicas, y el mismo Tribunal por ejemplo ha dispuesto que se vea la forma de eliminar los escalones para el acceso de sillas de ruedas del interno”, explicó el fiscal. “Desde el ministerio fiscal intervenimos en el incidente de salud porque estábamos preocupados por la salud de Patti, del mismo modo que lo están los jueces del Tribunal 1. Los fiscales tuvimos una reunión con el secretario de Justicia para que nos aseguraran que en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza había un lugar adecuado para la privación de la libertad de Patti, con el tratamiento adecuado, y nos dijeron que había un sector nuevo esperando ser estrenado por el aquí imputado y todos aquellos internos que lo reclamasen.”

Casación tiene cinco días hábiles para responder el planteo.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Ordenan detener a Luis Patti por el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi

El tiroteo fraguado de 1983

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el arresto de Luis Patti y de otros represores ya detenidos –como Reynaldo Bignone y Pascual Guerrieri– por los secuestros y homicidios de los dos militantes peronistas.

 Por Diego Martínez

A seis años, siete meses y tres días del pedido del fiscal federal Juan Murray, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de Luis Patti por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y homicidios de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en tiroteo fraguado por policías. El juez de San Nicolás quien, a pesar de sucesivas recusaciones por congelar expedientes y manifestarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, instruye las causas con el visto bueno de la Cámara Federal de Rosario ordenó también la detención e indagatoria de represores que estaban libres cuando Murray pidió sus capturas y hoy están condenados, como Reynaldo Bignone o el coronel Pascual Guerrieri.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. El Ministerio del Interior y la policía de la provincia de Buenos Aires informaron que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (ahora condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone.

El peritaje de los tejidos cambió el escenario: demostró que ambos fueron golpeados, torturados con picana, atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y los sobreseyó. Sugirió que no estaba probada la relación entre secuestros y asesinatos: bien pudieron haberse fugado tras las torturas, haber robado un auto y armas y haber partido hacia Zárate, donde se toparon con Patti, que los acribilló a balazos. Un mes antes del retorno de la democracia, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que los testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

El 28 de marzo de 2005, Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa. Se sumaron al reclamo familiares de las víctimas patrocinados por abogados de H.I.J.O.S. Rosario. La investigación del fiscal sugirió que tras el “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos los servicios diagramaban y ejecutaban operaciones para enrarecer el clima político con la esperanza de suspender el llamado a elecciones. Murray desmenuzó los esfuerzos por borrar todo rastro de torturas y disparos por parte de los policías que instruyeron la causa con el visto bueno del juez Luis Milesi y luego de Marchetti, autor del sobreseimiento, “inexplicable desde el punto de vista jurídico”.

Completó el rompecabezas en 2008 el ex civil de inteligencia Eduardo Costanzo, luego condenado. Costanzo confesó que el seguimiento estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, que los secuestradores fueron Guerrieri, Víctor Hugo Rodríguez, Edgardo “El Gato” Andrada y “toda la patota”, y entre quienes llevaron a las víctimas al camino donde las mataron nombró a Ariel Porra, alias Puma. El juez citó ayer a indagatoria a todos excepto a Chuli Rodríguez, presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, quien cruza los Andes cada año junto al intendente rosarino, Miguel Lifschitz. A pedido de Murray, el juez también ordenó detener al teniente coronel Luis Armando Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, y al ex PCI Walter Salvador Pagano.

El ultracatólico Villafuerte Ruzo fue recusado en agosto de 2010 por fiscal y querellantes por obstaculizar todas las causa contra represores e incluso pronunciarse a favor de la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Sigue al frente de los expedientes con el respaldo de los camaristas rosarinos Carlos Carrillo, José Guillermo Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Liliana Arribillaga. Su futuro al frente de las causas contra represores como su cuñado, el general Enrique Bonifacino, están desde hace un mes en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.