viernes, 25 de noviembre de 2011

Patti procesado por el asesinato de un periodista

Marche otra causa

 Por Diego Martínez

Dos días antes de celebrar su primer cumpleaños como condenado, Luis Abelardo Patti fue procesado el jueves por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Miguel Giménez, el primer desaparecido de Escobar. Militante de la Juventud Peronista de zona norte y redactor del diario El Actual, donde escribía sobre los trabajos sucios de la Policía Bonaerense, Giménez fue secuestrado en enero de 1976 y no hubo rastros de su paradero hasta 2007, cuando un registro burocrático permitió probar que lo asesinaron después de 23 días en cautiverio. El ex intendente de Escobar, que hoy festejará sus 59 años en el hospital de la cárcel de Ezeiza, fue procesado esta vez por el juez federal subrogante de Campana, Adrián González Charvay, que embargó sus bienes por un millón de pesos.

Giménez trabajaba en el diario que dirigía Tilo Wenner, poeta y periodista asesinado días después del golpe de Estado. Se ocupaba de investigar las tareas ilegales de la Policía Bonaerense para desactivar conflictos gremiales y amedrentar militantes. Las denuncias le valieron varios hostigamientos, en particular de agentes de la comisaría de Escobar. En diciembre de 1975 un grupo de tareas de policías y civiles allanó de madrugada la casa de los tíos de Giménez. Destruyeron la casa, buscándolo en un supuesto escondite, pero no lo encontraron. El 7 de enero de 1976 la patota invadió la casa de sus abuelos en Loma Verde, en Escobar. Lo secuestraron ante la presencia de sus hijos, entre otros familiares, y robaron hasta el bombeador de agua. Parientes y compañeros lo buscaron y publicaron solicitadas en las que hacían responsable a la policía. La Justicia sobreseyó la denuncia cinco meses después.

El cadáver desfigurado, mutilado y maniatado apareció el 30 de enero de 1976 a la mañana, veintitrés días después del secuestro, en una zona despoblada conocida como La Quema, en Moreno, donde los recolectores descargaban la basura de la ciudad. La División Documentos de la Policía Bonaerense lo identificó por las huellas, pero los restos se inhumaron con “NN masculino” en el cementerio de Moreno, con el visto bueno del Juzgado Penal 4 de Mercedes. El registro lo descubrió y aportó a la causa en 2007 la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero fue imposible restituir los restos a la familia porque en 1982 habían sido trasladados al osario general.

Las amenazas de Patti a Giménez, que no ocultaba su militancia y recorría Escobar como periodista, comenzaron en 1973, apuntó el juez González Charvay. Los trabajadores de la imprenta Rayo, donde se editaba El Actual, solían verlo de civil, en un Peugeot 504 color mostaza, registrando los movimientos del diario. También vigilaba las reuniones en el sindicato del Fatre o en casas de familia. Patti fue reconocido la madrugada de 1975 cuando fueron a secuestrarlo a la casa de sus tíos. “Nunca lo conocí”, afirmó durante su declaración indagatoria, sin obligación de decir la verdad. El juez enmarcó el caso en “un modelo sistemático orquestado y organizado por sectores del Ejército que junto con fuerzas de seguridad, en particular con la comisaría de Escobar, actuaban con la finalidad de exterminar a grupos políticos, sociales, estudiantiles y gremiales, y también a organizaciones armadas”.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Patti condenado por delitos de lesa humanidad, se quiere ir a su casa

En una semana, los camaristas decidirán si hacen lugar a los planteos de la defensa de Patti que, por su tratamiento médico, necesita un traslado a su casa o a la fiscalía, que considera que en el Hospital Penitenciario de Ezeiza puede rehabilitarse.

 Por Alejandra Dandan
 
Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como “parciales” los informes médicos del Fleni.

“Muchos médicos y muchos profesionales tuvieron injerencia en el tema, pero no todos los informes son imparciales”, dijo De Luca. “Los que vienen del Fleni son de un paciente que tiene su obra social o prepaga, los profesionales de algún modo dictaminan exclusivamente mirando un interés cercano a Patti, que no son exactamente los informes de los forenses y médicos que pusimos desde el ministerio fiscal para poner un tinte de objetividad en todo esto.”

De Luca, que viene además de ser fiscal en la causa oral de San Martín, y ahora es fiscal ante la Casación, recordó cómo la “guardia médica de no especialistas en sus problemas justificaron con sus informes sus inasistencias a las audiencias”. Por eso dijo que los “protocolos del Fleni deberían ser revisados por los médicos imparciales del Poder Judicial y podemos poner nuestros médicos y facultativos para resolverlo”. En el Hospital de Ezeiza, Patti tiene asegurado controles las 24 horas del día, lo cual no está garantizado en su domicilio, agregó. La obra social de Patti, OSDE, también puso a disposición una carta de centros asistenciales para rehabilitación en la zona. “Los internos están a cargo del Estado, no del Fleni –subrayó ante los jueces–, no pueden estar internados en un sitio particular, ir al Fleni es totalmente anómalo: el domicilio queda fuera del control penitenciario y no puede ser una suerte de profesionales privados los que decidan la suerte del reo.”

La sala de audiencias estaba casi vacía. De un lado, los tres jueces, Pedro David, Liliana Catu-cci y Alejandro Slokar. Del otro, De Luca y en línea exactamente opuesta Corbacho. Entre el público, solo hubo dos personas, entre ellas la mujer de Patti, una escribana que se ofreció, a través de su abogada, a presentarse todas las veces que hiciera falta como garante de la detención. Ella estuvo en silencio. La cabeza se movía para uno y otro lado. Saquito caqui, zapatos al tono.

Patti está detenido en Ezeiza, en una cárcel común, una decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín presidido por Lucila Larrandart con su sentencia, y a partir de reclamos insistentes de las víctimas, de las querellas y también de los fiscales del juicio. Sus condiciones de salud terminaron convertidas en ese proceso en uno de los temas del debate. Cuando aparecía, en el teatro auditorio donde se llevó a cabo el juicio, lo hacía acostado como un muerto trasladado arriba de una camilla y ubicado en el medio del teatro. Y cuando no aparecía, sus abogados esgrimían razones médicas que luego iban siendo refutadas por forenses. El problema de base es un ACV, efecto de una operación en el cuello. Un cuadro del que se recupera pero para el que necesita, según acuerdan al parecer todas las partes, trabajos de rehabilitación.

Dicho esto, su defensora fue a la Casación en queja porque el Tribunal de San Martín le rechazó los pedidos. Ayer planteó básicamente dos argumentos: los problemas de la “arquitectura” del hospital con poca luz, escaleras y sin rampas que le impiden tomar aire o sol. Y el problema de los traslados que según sus médicos deberían reducirse a lo indispensable porque cualquier “bache” puede complicarlo. El problema es que, como requiere rehabilitación, él necesita trasladarse a otros espacios.

La fiscalía también desarmó ese planteo, esta vez por contradictorio. Nadie explicó por qué la rehabilitación no puede hacerse en el Hospital. Pero lo que sí dijo De Luca es que en todo caso también habría que trasladarlo desde su casa hasta el Fleni, y el supuesto riesgo entonces no se habría eliminado.

“Las decisiones no son definitivas, son dinámicas, y el mismo Tribunal por ejemplo ha dispuesto que se vea la forma de eliminar los escalones para el acceso de sillas de ruedas del interno”, explicó el fiscal. “Desde el ministerio fiscal intervenimos en el incidente de salud porque estábamos preocupados por la salud de Patti, del mismo modo que lo están los jueces del Tribunal 1. Los fiscales tuvimos una reunión con el secretario de Justicia para que nos aseguraran que en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza había un lugar adecuado para la privación de la libertad de Patti, con el tratamiento adecuado, y nos dijeron que había un sector nuevo esperando ser estrenado por el aquí imputado y todos aquellos internos que lo reclamasen.”

Casación tiene cinco días hábiles para responder el planteo.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Ordenan detener a Luis Patti por el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi

El tiroteo fraguado de 1983

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el arresto de Luis Patti y de otros represores ya detenidos –como Reynaldo Bignone y Pascual Guerrieri– por los secuestros y homicidios de los dos militantes peronistas.

 Por Diego Martínez

A seis años, siete meses y tres días del pedido del fiscal federal Juan Murray, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de Luis Patti por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y homicidios de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en tiroteo fraguado por policías. El juez de San Nicolás quien, a pesar de sucesivas recusaciones por congelar expedientes y manifestarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, instruye las causas con el visto bueno de la Cámara Federal de Rosario ordenó también la detención e indagatoria de represores que estaban libres cuando Murray pidió sus capturas y hoy están condenados, como Reynaldo Bignone o el coronel Pascual Guerrieri.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. El Ministerio del Interior y la policía de la provincia de Buenos Aires informaron que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (ahora condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone.

El peritaje de los tejidos cambió el escenario: demostró que ambos fueron golpeados, torturados con picana, atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y los sobreseyó. Sugirió que no estaba probada la relación entre secuestros y asesinatos: bien pudieron haberse fugado tras las torturas, haber robado un auto y armas y haber partido hacia Zárate, donde se toparon con Patti, que los acribilló a balazos. Un mes antes del retorno de la democracia, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que los testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

El 28 de marzo de 2005, Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa. Se sumaron al reclamo familiares de las víctimas patrocinados por abogados de H.I.J.O.S. Rosario. La investigación del fiscal sugirió que tras el “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos los servicios diagramaban y ejecutaban operaciones para enrarecer el clima político con la esperanza de suspender el llamado a elecciones. Murray desmenuzó los esfuerzos por borrar todo rastro de torturas y disparos por parte de los policías que instruyeron la causa con el visto bueno del juez Luis Milesi y luego de Marchetti, autor del sobreseimiento, “inexplicable desde el punto de vista jurídico”.

Completó el rompecabezas en 2008 el ex civil de inteligencia Eduardo Costanzo, luego condenado. Costanzo confesó que el seguimiento estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, que los secuestradores fueron Guerrieri, Víctor Hugo Rodríguez, Edgardo “El Gato” Andrada y “toda la patota”, y entre quienes llevaron a las víctimas al camino donde las mataron nombró a Ariel Porra, alias Puma. El juez citó ayer a indagatoria a todos excepto a Chuli Rodríguez, presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, quien cruza los Andes cada año junto al intendente rosarino, Miguel Lifschitz. A pedido de Murray, el juez también ordenó detener al teniente coronel Luis Armando Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, y al ex PCI Walter Salvador Pagano.

El ultracatólico Villafuerte Ruzo fue recusado en agosto de 2010 por fiscal y querellantes por obstaculizar todas las causa contra represores e incluso pronunciarse a favor de la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Sigue al frente de los expedientes con el respaldo de los camaristas rosarinos Carlos Carrillo, José Guillermo Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Liliana Arribillaga. Su futuro al frente de las causas contra represores como su cuñado, el general Enrique Bonifacino, están desde hace un mes en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.

miércoles, 10 de agosto de 2011

Terrorismo de Estado y manicomio

La extracción de la verdad

Un hombre internado en un manicomio, que había sido víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura, dio testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Después, volvió al manicomio. Su historia presenta la conjunción y, quizá, la articulación entre los dos infiernos.

 Por Fabiana Rousseaux *

Jesús tiene 50 años. En 1976 fue secuestrado, cuando tenía “16 años y medio”, de acuerdo con su implacable memoria. Pasó por la comisaría de Escobar, dirigida por Luis Patti, donde fue torturado, junto con su referente político Gastón Goncalves y otros compañeros de la Juventud Peronista. Después, fue expulsado del país.

En su exilio, intentó rearmar algo de la vida que el terrorismo de Estado le había resquebrajado, (des)instalándose en otro país. Logró constituir una familia. Pero dejar atrás las marcas no es sencillo. En un viaje a la Argentina, el espanto se le impuso nuevamente y cometió un delito. Fue detenido y, a partir de entonces, su vida transcurre en la unidad penal de un hospital neuropsiquiátrico. Después de la muerte de su madre, quedó en el más rotundo olvido. El sabe que allí no habrá condena, pero que el encierro será para siempre.

Estuvo durante 18 años en la Unidad Penal 34, del Melchor Romero, y ahora, desde hace poco, en la Unidad 10, donde al menos, dice, puede “ver la ruta, con algún coche que pasa cada tanto, porque antes sólo se veía el paredón”.

Durante todos estos años en el penal del manicomio, cada vez que veía a Patti en la televisión se indignaba y contaba los vejámenes que éste había cometido contra él y sus compañeros. Dice que no entiende cómo pudo llegar a ser intendente, cómo intentó luego ocupar una banca de diputado. Dice que siempre soñó con hacerle un juicio a Patti, si alguna vez salía de ese lugar. Por supuesto, es la palabra de un loco: ni esas palabras ni las que hablen de su detención y las torturas sufridas a los 16 años y medio serán tomadas por ciertas en un lugar como ése, donde hay, en cambio, una respuesta generalizada y medicalizada para todos y para todo.

Jesús es el parresiastés, tal como lo define Michel Foucault (véase, por ejemplo, “Coraje de la verdad”, Página/12, sección Psicología, 3 de enero de 2011): alguien de un “decir veraz”, que dice lo que piensa, que está comprometido con su verdad. Jesús quizá lo es más que nadie, ya que sabe que nadie le creerá. Lanza su verdad a otros sin calcular los riesgos de hacerlo, o, más aún, calculándolos los asume, desde su sala de manicomio.

¿En qué memoria teórica debemos pararnos para dejar de dudar de las secuelas que los crímenes cometidos por el terror de Estado produjeron? La “inimputabilidad” de Jesús en nada niega la verdad de esos hechos, ni de sus relatos, mucho menos de sus consecuencias trágicas. Las marcas de la historia social que transitamos, tomen la forma que tomen, se alojen en una estructura psíquica o en otra, no pueden ser ignoradas.

Durante años a Jesús se lo dio por muerto, hasta que, a través del Ministerio de Interior, se lo logra ubicar: Otros sobrevivientes de Patti hablaban de él, pero las versiones eran muy variadas y desconcertantes: que estaba en otro país o que estaba muerto o que estaba preso. Lo cierto es que ningún compañero de militancia había logrado saber nunca nada sobre él, hasta que hace pocos meses lograron ubicarlo.

A partir de ello, Jesús fue propuesto como testigo en la causa que los hijos de Goncalves y Muniz Barreto, junto con la familia de los hermanos D’Amico, iniciaron contra Patti, Mignone, Riveros, Meneghini y Rodríguez. Los abogados querellantes de esa causa lograron dar con este testigo central para demostrar las torturas y desapariciones cometidas por el ex policía.

Jesús aceptó inmediatamente. Reconoció, con todos los detalles necesarios, a los responsables de tan aberrantes delitos. Hizo un uso de memoria que nadie podría comprender si no fuera porque se trata de un hombre que durante 18 años había estado sometido al olvido y a la indignidad de perder el valor de su palabra, convertido en un sujeto que no puede responsabilizarse ni de sus actos ni de sus dichos, ni de sus dolores, en un lugar donde cada demanda y cada opinión fueron acalladas: “El halopidol me dejaba duro y, a pesar de los terribles dolores que tenía, porque estaba mal del hígado, el médico me vio solamente una vez en un año y medio y nunca me daban analgésicos, así que aprendí a manejar el dolor”, relata.

Desde que empezó a recibir visitas de los abogados, los familiares de las víctimas y los compañeros, su lugar comenzó a ser interrogado por los habitantes de ese espacio penal-psiquiátrico. En una de las visitas se nos acercó un grupo de guardias del Servicio Penitenciario y empezaron a preguntarnos por su historia. Pareciera que todo el universo del penal en el manicomio se vio modificado por este nuevo hecho. La historia de Jesús, que había quedado encapsulada y forcluida durante casi dos décadas, comienza a rodar nuevamente, se descongela el tiempo, hay un antes-de-la-detención, previo a la cadencia idéntica a sí misma de la rutina penitenciaria en el manicomio, que se hace audible. Se anuda con el mundo exterior. Comienzan a circular los diarios allí adentro. Los noticieros adquieren otro estatuto. surgen las preguntas por él y su historia. El encierro ha experimentado una mínima, perceptible alteración.

Ahora sus compañeros de encierro preguntan qué le había pasado, están evidentemente impactados por eso que había sido denunciado tantas veces pero que sólo se hizo audible cuando el discurso jurídico entró en la institución total.

Manuel, hijo de Gastón Goncalves, dice que, cuando conoció a Jesús, lo que más lo impresionó fue su capacidad de entender de inmediato lo que le estaban proponiendo. Para alguien que desde hacía 11 años, a partir de la muerte de su madre, no recibía ninguna visita, no era sencillo pensar en un cambio de posición tan radical: convertirse en un sujeto con derechos, capaz de enfrentarse a un tribunal donde su palabra tendría valor, los jueces lo escucharían y sus compañeros de épocas de militancia estarían como testigos de su verdad, una verdad colectiva que, de tan dolorosa, se hace impensable. Jesús estaba allí enfrentando todo eso en un solo acto, sin avales subjetivos, sin garantías de lo que iba a sentir después de semejante acto cuando volviera, solo, a su realidad penalizada, apenas con su dolor acallado y los detalles de una memoria implacable. Jesús, el memorioso.

La defensa objetó su testimonio, como tantos otros, pero el tribunal hizo lugar a lo declarado por Jesús. Declaró esposado. Expresión radical y extrema de la paradójica condición de víctima-testigo del terrorismo de Estado e imputado de un delito común. Aun parándonos en el reverso, ¿su peligrosidad será mayor que la de Patti y sus colegas torturadores? Jesús asumió su lugar –al igual que tantas veces lo hizo durante estos largos años– como si se tratara de una clase magistral de dignidad dedicada a quien tres décadas atrás lo había torturado a pesar de sus 16 años y medio. Un asentimiento subjetivo incalculable, enigmático y profundamente ético. Ana Nuño, en su texto “El testigo entronizado, a pesar suyo”, en referencia a la relación entre la memoria subjetiva y el discurso histórico, advierte que los verdugos no dan testimonio, que siempre callan, porque sus actos están más allá de las palabras.

Cuando finalizó la declaración de Jesús, sus ex compañeros de militancia salieron a las escalinatas del Centro Cultural de José León Suárez, donde se desarrollaban las audiencias, y con el puño en alto se despidieron de él, que era trasladado nuevamente al penal en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. El instante de víctima del terrorismo de Estado había concluido, y con ello el valor subjetivante de su palabra. No fue poca cosa, en 18 años de encierro, ese instante.

El cruzó al otro lado del muro y volvió, pero ese cruce nunca es sin consecuencias, porque ya no se vuelve al mismo lugar. Reescribir un nombre no es poca cosa, cuando se está más acá de los márgenes del manicomio, cuando los surcos del rostro hablan del dolor, del abandono y de la tristeza. Pero también de la alegría de, por fin, haber sido rescatado del olvido. Haber sido dignificado, al ofrecer su palabra valiente. Haber hecho lugar a aquel sueño premonitorio de “hacerle un juicio a Patti”. Verlo preso, como él y todos esperábamos. Quizás esa haya sido la única oportunidad en que el muro que separa la “normalidad” de la locura permitió que, por un rato, Jesús lo atravesara. O quizá sea necesario que asumamos esta verdad colectiva y nos dejemos interpelar por los efectos de la trágica historia vivida. La verdad de Jesús es la historia de todos.

* Psicoanalista. Directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

viernes, 27 de mayo de 2011

Luis Patti condenado a prisión perpetúa ¡¡por fin a cárcel común!!

Preso en cárcel común

La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.

Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.

A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni “no es imprescindible”, concluyó.

Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.

El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. “El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”, leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el “traslado, reingreso y alojamiento” de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti “no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio”.

viernes, 15 de abril de 2011

Los otros condenados y los otros silenciados

  Los condenados:
  
-Reynaldo Bignone. Fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante 1977. Fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín a 25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En dicha ocasión Bignone se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus subordinados.

- Santiago Riveros. Fue comandante del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977. Al igual que Bignone, posee una condena del mismo tribunal a 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo.

- Juan Fernando Meneghini. Fue comisario de la Comisaría 1a de Escobar entre 1976 y 1977. Allí era el jefe directo de Luis Patti.

- Martín Rodríguez. Se desempeñó como oficial de Inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército y fue jefe del Grupo Especial de Institutos Militares

Los silenciados 
Los sobrevivientes, tanto en los medios de comunicación que ahonda con morbo el caso particular y familiar, y diluyen los otros muchos detenidos desaparecidos que en el enfoque individual no son contenidos, como así lo estableciera el perverso mecanismo juidicial que separa las causas, elimina toda posibilidad de enjuiciar por fuerza y por campo de concentración, y por supuesto, tal como entonces, anular, silenciar, ocultar, el crimen de genocidio.
Y los sobrevivientes que como testigos de conceptos fueron silenciados por parte los jueces, como lo hiciera Lucila Larrandart, con Margarita Cruz, sobreviviente y miembro de la AEDD.

(¡que tremendo ser conocido por la pena de los demás...! Primo Levy

Perpetua para Patti: Otro largo camino para conseguir justicia


Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.

 Por Adriana Meyer

“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.

jueves, 14 de abril de 2011

Prisión perpetua y cárcel común para Patti y otros

Patti fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la dictadura


El Tribunal Oral Federal Uno de San Martín condenó al ex subcomisario de la Policía Bonaerense a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. También recibieron la misma pena el ex dictador Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y el ex agente de Inteligencia del Ejército, Martín Rodríguez.

se conocerá la sentencia en el juicio a Patti por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dará a conocer este jueves su veredicto en el juicio que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad al ex intendente de Escobar y ex policía bonaerense Luis Patti, quien afronta un reclamo de prisión perpetua por parte de todos los querellantes y la fiscalía.

El lunes último Patti se negó a pronunciar sus últimas palabras al ser ingresado en camilla a la sala de audiencias del auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez, lugar donde esta tarde los jueces Lucila Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassaín emitirán su veredicto.

Junto con él son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros, el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez y quien fuera jefe de Patti en la comisaría de Escobar desde poco antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Juan Fernando Meneghini.

El juicio oral comenzó el 27 de setiembre del año pasado y a su término, en la etapa de los alegatos, Patti quedó acusado con pedidos de prisión perpetua por el crimen del militante Gastón Gonçalvez, el secuestro del luego asesinado ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, entre otros casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones ocurridas en la zona de Escobar y Garín cuando él era oficial de calle de la comisaría local.

En caso de condenarlo, el tribunal deberá resolver además si lo envía a una cárcel común o lo deja permanecer internado como hasta ahora en la clínica Fleni de Escobar, donde está internado por un accidente cerebro vascular.

Desde ese centro asistencial se lo trasladó lunes y jueves al juicio que siguió desde una sala contigua o dentro de una ambulancia y en sus alegatos los querellantes reclamaron que si es condenado cumpla la pena en una cárcel común o en alguna que cuente con hospital adecuado.

Patti está procesado con prisión preventiva por el secuestro y asesinato del militante de la juventud peronista Gastón Gonçalvez en marzo de 1976, un hecho por el que está acusado de manera directa ya que se considera que el joven fue secuestrado por él, para ser llevado de manera ilegal a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría de Escobar, donde se lo torturó.

Días después fue fusilado de un balazo en la cabeza junto a otros tres secuestrados en un paraje conocido como "el Cazador" a la vera del río Luján, donde se encontraron los cadáveres que fueron enterrados como NN en el cementerio local.

Los restos de Gonçalvez fueron identificados 20 años después por el equipo de Antropología Forense, cuando Patti era intendente de Escobar, para luego ser electo diputado nacional, cargo que se le impidió asumir.

En cuanto a Muñiz Barreto, en los alegatos se consideró probado que Patti lo detuvo ilegalmente junto a su entonces secretario ya fallecido Juan Fernández, en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, donde se resolvió asesinarlos, se recordó en los alegatos.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y adviritió que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, qjuien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Rios.

Patti está acusado además de la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D Amico.

El luego, el dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, período en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y mañana se emitirá veredicto.

domingo, 10 de abril de 2011

El jueves 14 de abril: la sentencia

El veredicto

Los familiares de las víctimas cuentan cómo vivieron el proceso judicial. Esperan que el ex subcomisario reciba una pena en cárcel común, ya que la defensa buscará mantenerlo en una clínica privada. También se resolverá la situación de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y otros dos represores.
Por Alejandra Dandan

Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: “Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz”. Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.

“Fui a todas las audiencias y cada vez que fui abrí esa herida, la limpié todos los lunes y todos los jueves”, dice Diego Muniz Barreto. “Y empiezo a tener la sensación de que hay algo de reparación en todo esto muy importante, donde cada uno empieza a estar del lado que tiene que estar y no en ese espacio de los grises: porque cuando yo veía a esa gente circulando por la calle, cobrando pensiones de ex presidentes o convertida en intendente, me parecía que era una situación muy gris: ahora no, más allá de los resultados, el juicio ubicó de un lado a los encausados y del otro lado a las víctimas, nítida y concretamente.”

Los Muniz Barreto son tres hermanos, Diego, Juana y Antonio, el músico que vive en Barcelona, es el menor y durante los últimos meses se la pasó yendo y viniendo. “Para mí fue una especie de exposición íntima del dolor más absoluto”, explica. “Cuando empecé me sentía súper emocionado, pero por momentos eso cambiaba, de pronto estaba muy cansado, con mucho abatimiento, a veces festejaba y otras quería salir corriendo a hacer aikido, y es eso, no sé, como quedarte desnudo delante de todo el mundo.”

El dolor tenía que ver con muchas cosas, como volver a escuchar o conocer detalles de la historia de su padre, el ex diputado Diego Muniz Barreto. Oír cómo lo hundían en un río. Escuchar los detalles de una carta que dejó escrita su secretario privado, la persona a la que arrojaron al río junto a él y se salvó. Una carta que el mayor de los hermanos había leído una vez, y guardó de un golpe en un cajón.

Esos relatos convertidos en prueba durante el juicio a los genocidas ahora terminan. Mañana habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los acusados, que continúa el jueves a la mañana. En la lista están Riveros y Bignone, en ese entonces a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Martín Rodríguez alias “El Toro”, uno de los torturadores del campo de exterminio; y los dos policías, Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura, y Patti, oficial de esa misma comisaría sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además haya sido espía del Ejército.

En el plano formal, todos tienen pedida la prisión perpetua. Se espera que Meneghini hable en la audiencia del lunes. Lo hizo largamente al comienzo del juicio y tomó notas en cada audiencia. Patti no estuvo casi nunca en la sala. En ocasiones permaneció adentro de una ambulancia privada enviada por la clínica Fleni, donde sigue internado por un supuesto ACV. La suya es acaso la condena más esperada. Las querellas le pidieron prisión perpetua por imputarle el crimen de Gonçalves. A esta altura, las querellas no temen realmente una absolución, pero la tensión está en el lugar de detención. Los defensores de Patti pidieron que permanezca en el Fleni, un espacio que Patti solía usar de bunker político incluso durante su teatralizada situación de enfermo. Los familiares piden cárcel común, que lo trasladen a Marcos Paz, aunque aclaran que si eso no es posible existen lugares alternativos como la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.

Marisa D’Amico es la hermana de Luis Rodolfo y Guillermo, dos de las víctimas de Patti, casos en este juicio, militantes secuestrados de su casa, sumergidos por el ex intendente de Escobar en un tanque de agua, todavía desaparecidos. Su hermana pasó años buscando respuestas a la pregunta sobre dónde están sus cuerpos. Quiere saber al menos si tiene que poner flores en el Paraná, el Dique del Luján o un arroyo donde tiraron cuerpos carbonizados 18 días después de la desaparición. El 1º de noviembre ella declaró en el juicio: “Al margen de las condenas, que hasta tengo miedo que no sean lo que esperamos, pienso en las cuestiones de privilegio: el privilegio de estar en el Fleni, eso quiero que se corte, porque cómo puede ser que haya gente que está presa por robo de autos, sin matar a nadie y esté en prisiones comunes y éste, que es mucho más que un ladrón de autos, éstos que son asesinos, estén en otro lugar: tengo miedo a esto, a las condenas flojas y al privilegio, por eso digo que para mí el 14 no termina el juicio: termina en todo caso una etapa”. Este viernes por la noche, Marisa volvió tarde a casa, preocupada porque “con tantas cosas malas” que le pasaron en la vida, no está segura de llegar en condiciones al día de la sentencia.

Mientras, Manuel Gonçalves termina de organizar a todo correr las cosas con la Municipalidad de San Martín para conseguir un escenario. Manuel y Gastón son los hijos de Gastón Gonçalves, militante de la JP, activista en el territorio de Patti, secuestrado el día del golpe de Estado, encerrado en un celular en el predio de la comisaría de Escobar y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján. Buena parte del juicio se trató de probar la relación del crimen con la comisaría y con Patti. Sus hijos también estuvieron cada día de audiencia. Gastón, que es músico de Los Pericos, aparecía cada tanto rodeado de otros músicos de otras bandas, un mundo del rock sumergido en los juicios. Manuel, vestido casi siempre de negro, no lograba entender, antes del verano, cómo iba a hacer para poder esperar todo enero y febrero a la condena.

Los músicos tendrán mucho que ver también el día de la sentencia. A las cuatro de la tarde, cuando comience la audiencia, afuera del tribunal habrá pantallas para seguir el debate. HIJOS prepara para el escenario una radio abierta y luego tocarán Los Auténticos Decadentes.

Pero todo empezará un poco más temprano. Entre las últimas palabras y el momento de la sentencia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo marchará con organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos desde la esquina de Avenida Márquez y San Martín hacia el auditorio. Si alguna singularidad tuvieron estas audiencias, es que muchas de las pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. Muchas son sobrevivientes de la zona norte, ex militantes, secuestrados muchos de ellos por Patti. Varios sostienen ahora a la Comisión, un espacio que crearon para darle aire a los juicios de Campo de Mayo, organizar las estrategias jurídicas y buscar las pruebas en el territorio. “Este es el cierre de la impunidad de Patti”, dice Carlos “Nica” González, de la Comisión. “Patti, porque es el personaje siniestro de la convocatoria, y es Patti como será Rico en un próximo momento, las personas más reconocidas para la gente de los barrios, los hombres comunes, no sólo para la militancia.”

El nombre de Patti es lo que se acaba en ese día. El nombre de un hombre vinculado al reciclado en la democracia: “Este personajes usó a las instituciones –dice Giselle Tepper, de HIJOS–, lo que se hace con esto es condenar todo este blanqueo y me parece que si no hubiera habido familiares y abogados detrás de esto, hoy el tipo estaría en el Congreso”.

martes, 29 de marzo de 2011

La mentira como estrategia de defensa


EL TRAMO FINAL DEL JUICIO ORAL A PATTI, BIGNONE Y OTROS REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La fiscalía y los abogados de las víctimas presentaron sus réplicas al alegato del defensor de Luis Patti, el ex camarista Alfredo Bisordi. Lo acusaron de tergiversar los dichos de los testigos y pidieron que se lo sancione por “conducta agraviante”.
Por Alejandra Dandan

Alfredo Bisordi tergiversó el testimonio de los testigos e introdujo elementos falsos en su acalorada defensa de Luis Abelardo Patti. Palabras más palabras menos, esa fue una de las conclusiones que se escucharon ayer en José León Suárez, durante la audiencia destinada a las réplicas de los alegatos del ex camarista devenido en defensor del represor. La abogada de los hermanos Gonçalves fue especialmente meticulosa para sumar elementos de prueba sobre lo que nombró una y otra vez como la trama de las mentiras. Una suma de datos por los que terminó pidiéndole al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que encabeza Lucila Larrandart, una sanción para el ex magistrado por “conducta agraviante”.

La palabra mentira fue una de las más escuchadas durante la audiencia, una de las últimas jornadas del juicio oral a Luis Abelardo Patti, Reynaldo Bignone, Omar Riveros, Martín Rodríguez y Fernando Meneghini. Las querellas la usaron luego de contrastar no sólo los apuntes tomados durante el juicio, sino también las grabaciones de las audiencias. Bisordi no fue el único abogado defensor replicado, pero fue el que concentró las principales respuestas porque con su defensa cuestionó fundamentalmente el valor de muchas de las víctimas que se atrevieron a declarar de forma valiente, como dijo semanas atrás la abogada Ana Oberlin.

Uno de los testigos maltratados por Bisordi fue Jesús Bonet, cuyo testimonio fue clave porque confirmó la relación entre el secuestro de Gastón Gonçalves y la comisaría de Escobar. Ese testimonio para Bisordi resultó nulo; entre otras razones, porque –según Bisordi– Bonet había dicho que estuvo secuestrado con una persona que fue secuestrada seis meses más tarde. Ana Oberlin encontró ahí una de las “mentiras”. Revisando la copia del material, halló por ejemplo que Bonet no había dicho eso, sino que durante su secuestro le preguntaron por esa persona.

La lógica se repitió después con otros testigos. Oberlin nombró los casos de Blanca Leonor Buda, Eva Orifici y al antropólogo Alejandro Incháurregui. “Creemos que no son simples descuidos o negligencia, sino que conforman una inconducta procesal maliciosa y manifiesta –dijo la abogada– que de ningún modo puede tolerarse ni considerarse comprendida en el ejercicio de la defensa.” Por eso, pidió una sanción y que el TOF reenvíe al Colegio de Abogados los audios o las actas para que se evalúe la existencia de una falta grave.

La audiencia había comenzado con las réplicas del equipo de fiscales. Bisordi había dicho que los argumentos de Javier de Luca, Marcelo García Berro y Juan Murray para acusar eran producto de una noche afiebrada; los llamó mendaces, deleznables e incumplidores de la regla de objetividad. Además, los consideró parte de un ejército de “obedientes” aliados del kirchnerismo. Aunque no dejaron de hacer una devolución técnica, los fiscales respondieron los piropos: “Reiteramos que no es inocuo para nosotros que nos injurien y que, por esa razón, no tenemos por qué soportar que nos digan que somos cualquier cosa, que nuestros argumentos son un conjunto de cachivaches juntados de cualquier manera con tal de quedar bien con una corriente dominante”.

En los puntos técnicos, las réplicas se concentraron en temas claves. Algunos, estratégicos. Los fiscales están convencidos de que Bisordi planteó su alegato no sólo pensando en el presente, sino en lo que sucederá más tarde: el ingreso de la causa en la Cámara de Casación, donde el ex camarista conoce el paño y donde ya no estarán ni estos jueces ni estos fiscales, ni las querellas ni los testigos para hablar de lo que sucedió en esta sala.

Uno de los puntos estratégicos, entonces, es lo que Bisordi planteó sobre la ausencia de Patti en la sala. Pidió la nulidad del juicio porque supuestamente se lo juzgó en ausencia. La fiscalía rechazó el planteo con un largo argumento que apunta especialmente al después: aseguró que el derecho a la defensa estuvo garantizado por la presencia de los defensores, pero además recordó que fue la defensa de Patti la que consintió las salidas del acusado de la sala invocando razones de salud graves. “Este argumento es muy grave porque la defensa lo ocultó”, dijeron. Y fueron más allá: negaron la gravedad de Patti. “Debemos señalar, sin embargo, que es falso que Patti no pudiera asistir a las audiencias, porque ninguna de las dolencias que lo aquejan se lo impedía.” No existe informe médico oficial alguno, aclararon, que haya sugerido tal cosa: “Todos son certificados elaborados por médicos de guardia y de traslado, sin experticia y especialidad en estos asuntos, además de provenir de un centro privado elegido por el propio paciente imputado”.

Las réplicas siguieron en manos de Pablo Llonto, representante de Muniz Barreto, Souto y los D’Amico. Llonto sacó a flote una resolución vieja de Bisordi en su rol de juez y, por eso, lo llamó esquizofrénico: en su papel de camarista admitió el plan sistemático de desaparición de personas y ahora, en su rol de defensor, dice que Patti sufre persecución y un virtual linchamiento. Llonto dejó en claro que una cosa es defender a un imputado, al que se le debe el resguardo de la ley, pero otra muy distinta es hacer una defensa basada en ironías y mentiras.

sábado, 19 de marzo de 2011

El 14 de abril se conocerá la sentencia

Una de las juezas, Lucia Larrandart, se negó a escuchar a una compañera de la AEDD.
El TOF 1 de San Martín leerá ese día el veredicto en el debate donde también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros tres imputados. El Ministerio Público Fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco acusados

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el 14 de abril próximo la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que lleva adelante contra el ex comisario Luis Patti.

Así, los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain leerán ese día el veredicto en el marco del debate en el que también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
Y es bueno recordar que en sus alegatos tanto el Ministerio Público Fiscal y algunas querellas pidieron la pena de prisión perpetua para todos los imputados, pero sin mencionar delito de genocidio.
Y también hay que recordar que la jueza Lucía Larrandart, se negó a escuchar el testimonio de una compañera, Margarita Cruz sobreviviente, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Continúan los procedimientos judiciales dentro de los mismos parámetros insuficientes, tanto por los delitos que se juzga a los genocidas, como por el procedimiento dónde las víctimas, los sobrevivientes no tienen la relevancia que se merecen frente a los artículos en los que se pertrechan jueces incapacitados de sensibilidad o posicionados vaya a saber con qué.
ABD. 

C

lunes, 21 de febrero de 2011

Las pruebas presentadas por los querellantes comprometen a Patti al final del primer juicio

Las pruebas presentadas por los querellantes en el juicio oral al ex intendente de Escobar Luis Patti, apuntan a demostrar que debe ser condenado a prisión perpetua por secuestrar y matar a un militante de la juventud peronista, Gastón Goncalvez, en marzo de 1976, y también privar ilegalmente de su libertad, al luego asesinado ex diputado Diego Muñiz Barreto.

Se trata de dos de las principales acusaciones en las que se basaron todos los alegatos durante el tramo final del juicio en su contra, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que emitirá veredicto en marzo.

El jueves 24 se iniciarán los alegatos de las defensas de los acusados y, según un programa tentativo, los abogados de Patti -el ex camarista de la Cámara Nacional de Casación Alfredo Bisordi y Silvio Duarte- cerrarán las exposiciones la primera semana de marzo.

Ambos pedirán la absolución del ex subcomisario de la bonaerense, que se negó a prestar declaración indagatoria durante todo el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y asistió a las audiencias desde una ambulancia estacionada en la puerta, desde donde era trasladado a diario de la clínica Fleni de Escobar.

Junto con él son juzgados y también tienen pedidos de perpetua el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ex general Santiago Omar Riveros, ex comisario Juan Fernando Meneghini, y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.

"Debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte" por Patti "con anterioridad a su desaparición", según coincidieron en declarar sobre lo ocurrido con Goncalvez varios testigos que vivían en Escobar desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Esto fue recordado en alegatos de querellantes como los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto, en representación de la familia de Goncalvez y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además, acusaron directamente a Patti por el secuestro del joven, quien tenía un hijo y esperaba otro -nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo- cometido el 24 de marzo de 1976.

"Fue secuestrado por Luis Abelardo Patti en Escobar o Zárate", localidades "pertenecientes a la jurisdicción de lo que posteriormente se designaría como la zona de defensa IV, a cargo en ese momento del acusado Santiago Omar Riveros, comandante en jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".

En los alegatos, se manifestó la "certeza" sobre la permanencia secuestrado de Goncalvez en un camión celular ubicado detrás de la seccional 1 de Escobar donde fue torturado hasta que finalmente se lo mató de un balazo en la cabeza junto a otras tres víctimas en el paraje conocido como "El Cazador" a la vera del río Luján, donde fueron encontrados los cuerpos.

En Escobar, precisamente, fueron enterrados esos cuerpos como NN, e identificados 20 años después, cuando Patti era intendente en 1996 en ese partido bonaerense.

Una empleada del cementerio, Patricia Achu, quien declaró en el juicio, denuncio la existencia allí de tumbas sin identificar, pese a que Patti intentó evitarlo con amenazas y advertencias: esta testigo fue la que dio más referencias sobre las actitudes que tuvo Patti cuando ya era intendente de Escobar.

Sobrevivientes que estuvieron con Goncalvez en el camión celular declararon por primera vez contra Patti en un juicio oral y recordaron que el joven llegó a decirles que el entonces oficial lo había secuestrado.

Para los querellantes, quedó probado con los testigos de la época que Patti "integraba grupos operativos represivos en los días en los cuales Goncalvez sufriera los delito que contra él se cometieron", por ejemplo los dichos del sobreviviente Daniel Lagarone, que lo vio en la seccional de Escobar.

Patti quedó acusado directamente por el crimen de Goncalvez, ya que se considera que el joven sólo estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar y desde allí fue llevado al paraje donde le dispararon en la cabeza y lo incineraron.

En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, se considera que las pruebas incorporadas al juicio demuestran que fue detenido ilegalmente por Patti en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan Fernández, el 16 de febrero de 1977, a pocas cuadras de la comisaría donde actuaba el ahora detenido y juzgado.

Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre, y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

Muñiz Barreto advirtió en una nota entregada a otro detenido sobre su lugar de alojamiento y señaló que había sido secuestrado por Patti.

En este caso, los querellantes consideraron válido un elemento de prueba vital en el juicio: un testimonio dejado ante escribano público por el secretario Fernández, quien pudo salvarse del simulacro de accidente de auto donde fue asesinado Muñiz Barreto en Entre Ríos, y relató todo antes de exiliarse en Europa, donde murió.

Este escrito, donde se narraba con detalle la detención de Muñiz barreto en una carnicería por parte de Patti, fue incorporado a la causa y el escribano que lo redactó ratificó en el juicio oral todos sus términos.

Patti "estaba realmente comprometido con el accionar represivo, no era un simple oficial ´utilizado´ ocasionalmente por los militares y pertenecía a los grupos de tareas" que actuaban en Escobar, Garín y otras zonas.

"Se probó que lo Patti que hacía era secuestrar personas sobre las que previamente se había hecho inteligencia con el fin de hacerlas desaparecer", sostuvo el alegato de los abogados de las familias querellantes.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Boletín de la AEDD nro 771

Gacetilla de Prensa
 
JUICIO  EN SAN MARTIN 
JUEVES 10 de Febrero a las 9.30 horas la querella JusticiaYa alegará en el juicio que se viene desarrollando contra los genocidas : Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone, Juan Fernando Meneghini y Martín Rodríguez,  imputados por las privaciones ilegales de la libertad de :
 
Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.
                                
Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)
 
Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730                 
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
  Justicia YA!  Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad

lunes, 7 de febrero de 2011

Otra petición de perpetua para Patti y otros represores

Crímenes en el marco de un genocidio

El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan

La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.

El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.

Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”

Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.

Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.