Luis Patti y tres represores fueron condenados por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi

El final de la historia oficial

Luis Patti y Juan Spataro, policías de la provincia de Buenos Aires, recibieron la pena máxima como coautores del secuestro y asesinato de los militantes peronistas, pero seis imputados, entre ellos el dictador Reynaldo Bignone, fueron absueltos.

La lectura de cada veredicto condensa la expectativa no sólo de los meses de testimonios y pruebas, sino de décadas de luchas e insistencia. Gladys y Ethel Cambiaso esperaban ayer en la primera fila del público la sentencia a los responsables del secuestro y asesinato de su hermano Osvaldo, “el Viejo”. Ahí nomás estaba sentado Juan Griffo, el cuñado de Eduardo “Carlón” Pereira Rossi. El juez Jorge Venegas Echagüe leyó la decisión del Tribunal Oral Federal número 2: condenar a prisión perpetua a Oscar Guerrieri y Luis Muñoz, jefes del Destacamento de Inteligencia 121, como coautores mediatos y a Luis Patti y Juan Spataro, policías de la provincia de Buenos Aires, como autores penalmente responsables de los secuestros, torturas y asesinatos de los dos militantes montoneros. El siguiente punto fue como una puñalada en el corazón: absolvieron a los otros seis imputados. Juan Cabrera, Ariel López, Carlos Sfulcini y Walter Pagano, los cuatro Personal Civil de Inteligencia, integrantes de la llamada “Patota de Guerrieri”. Los magistrados también dejaron libres de culpa a Reynaldo Bignone, dictador y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el 14 de mayo de 1983, y a Rodolfo Rodríguez, que era jefe de Operaciones del Comando del 2º Cuerpo de Ejército. Durante el proceso, murió otro PCI, Ariel Porra, y fue apartado de la causa por razones de salud Carlos Lucena, que era jefe del Comando de Segundo Cuerpo de Ejército.

Sólo Cabrera y López escucharon el veredicto en la sala. El resto lo hizo por videoconferencia, desde sus lugares de detención.

“Esperábamos que Bignone fuera condenado y esperábamos más condenas de los PCI”, afirmó Ethel Cambiaso tras el veredicto. “La mitad es buena, la otra mitad deja mucho que desear. Desde hace 33 años esperamos condenas y en lo que hace al meollo central estamos contentas, en lo otro falta. Como el 1 de julio van a dar los fundamentos, Nadia (Schujman) me dijo que vamos a apelar”, agregó esperanzada. La abogada de HIJOS representó a las hermanas en este proceso.

“Estoy satisfecho por un lado que se condenó a los que apretaron el gatillo, como Patti, pero me sorprende que Bignone no tenga ninguna responsabilidad política y me sorprenden las absoluciones, porque ellos no llegaron solos hasta donde fueron fusilados. Hubo una patota que actuó”, consideró Griffo. En el acto que se realiza después de cada sentencia, esta vez la sensación era agridulce.

Disidencia

La decisión del TOF 2 no fue unánime. La sentencia fue avalada por Venegas Echagüe y Beatriz Cavallero de Baravani, mientras el otro integrante del tribunal, Omar Digerónimo, hizo una disidencia parcial. Por un lado, se pronunció por condenar a Bignone a prisión perpetua como autor mediato. Y por el otro, consideró que la calificación legal de lo ocurrido entraba dentro del delito de genocidio. En cambio, sus dos colegas lo desestimaron expresamente.

En cuanto a las responsabilidades, Guerrieri y Muñoz fueron condenados por dar las órdenes (autores mediatos), mientras Patti y Spataro lo fueron por ejecutarlas. Aunque las características de lo ocurrido hacen pensar que el operativo involucró a muchas más que dos personas.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Santiago Bereciartúa, subrayó la importancia de las condenas, pero afirmó que llamaba la atención la absolución de los PCI, ya que el tribunal condenó a Guerrieri como autor mediato pero no a los integrantes de la patota que él comandaba como ejecutores.

Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados a media mañana del sábado 14 de mayo de 1983 –una jornada que los testigos recordaron como ventosa– en el bar Magnum, de Rosario. Según profusos testimonios ofrecidos durante el juicio oral, fueron llevados a la tornería Maiorano, sobre calle Biedma, donde los torturaron. Esa misma noche sus cadáveres aparecieron en un camino rural cercano a Lima, en la provincia de Buenos Aires, donde se simuló un enfrentamiento.

Parte del plan

Desde la fiscalía que integran Adolfo Villate y Federico Reynares Solari alegaron que estos asesinatos –así como el de Raúl Yager, el 30 de abril de 1983, en Córdoba– formaron parte del plan sistemático de represión ilegal en la última etapa de la dictadura cívico-militar en Argentina: el recurso a un posible rebrote subversivo para garantizar la impunidad, por la vía de una ley de autoamnistía. Por eso, tanto las querellas como el Ministerio Público acusaron a Bignone. Su absolución causó quizás la mayor sorpresa –e indignación– de la sentencia. “Vamos a insistir en la posición de la fiscalía en cuanto a que quienes intervinieron en el secuestro, quienes llevaron adelante materialmente el secuestro y los tormentos en la ciudad de Rosario fueron los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 que estaban imputados en la causa y también vamos a recurrir en Casación las absoluciones de Bignone y de Rodríguez porque consideramos que en función del rol que cumplían debían tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque formaba parte de la estructura jerárquica que ellos comandaban con distintos grados de responsabilidad”, lo puso en términos jurídicos Villate ante una consulta de Página/12.

Las absoluciones, de todas formas, no taparon las condenas, que tenían en esta causa un valor especial. “Festejo las cuatro perpetuas que son un logro enorme. Recordemos que dos de estos personajes (Spataro y Patti) tenían un sobreseimiento firme y que son personajes emblemáticos en la impunidad de este país, pero no puedo mentir y no expresar mi disconformidad con las absoluciones que, obviamente, vamos a apelar. Creemos que hubo mucha prueba de la participación de los otros imputados que, además, por el lugar que ocupaba en la cadena de mandos, eran responsables”, expresó Schujman.

Insistencia

Haber llegado a una condena por delitos de lesa humanidad en esta causa fue una hazaña que comenzó con el tesón de las hermanas de Cambiaso y el denodado trabajo del fiscal federal Juan Murray, cuando asumió su función en San Nicolás. La causa fue reabierta en 2005. Pieza clave de la reconstrucción de lo ocurrido con los dos militantes montoneros, Murray fue durante este debate el blanco de los ataques de los abogados defensores privados de los represores. Es que Murray desmontó la teoría del enfrentamiento, como así también el sobreseimiento que dictó en la década del 80 el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti. El fiscal insistió con que se trataba de “cosa juzgada írrita” y lo peleo con uñas y dientes.

Por eso, el veredicto de ayer –aun con su gusto amargo– era para festejar. “Esta causa tenía algunas particularidades que técnicamente las hacía más complicadas que el promedio de las causas por terrorismo de estado, acá había una resolución que cerraba esta causa, hubo que pelear por eso, lo que insumió mucho tiempo, y además había una versión oficial que se había intentado sustentar con un sumario de prevención, una investigación policial que hubo que dar vuelta y se demostró que era falsa la versión oficial de los hechos. Se pudo demostrar que esto no fue un enfrentamiento, sino que fue un asesinato”, expresó Reynares Solari.

Si bien los PCI fueron absueltos, todos tienen condenas anteriores en las causas Guerrieri 1 y 2. Pagano recibió la pena máxima en la primera parte, en 2010, que quedó firme en 2014. Cabrera fue condenado a 25 años; Sfulcini a 20 y López a 16 en diciembre de 2013, en Guerrieri 2.

En esa línea, Schujman rescató el valor de la militancia por verdad y justicia desde hace décadas. “Así como las violaciones a los derechos humanos son como una roca arrojada al agua cuyos efectos se multiplican sobre todos nosotros, también en la construcción de la memoria por la verdad y la justicia son cientos y cientos los que participaron de esto, y que vamos a seguir dando la pelea para esas condenas”, expresó la abogada de Hijos. “Pero no puedo dejar de ver que absuelven a estas personas y Milagro Sala está detenida, Belén (la joven de Tucumán, condenada a ocho años por un aborto espontáneo) está detenida, las dos de manera ilegal. Este es el país en el que estamos viviendo, y vamos a seguir dando la pelea porque no arrancamos de cero. Hay mucho camino recorrido, y vamos a seguir solicitando nuevas imputaciones, de los cómplices civiles y judiciales que aún no fueron pedidas”.

La Corte confirmó la prisión perpetua para el represor Patti

El máximo tribunal dejó firme el fallo contra el ex intendente y ex comisario bonaerense por el secuestro y asesinato del diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Gonçalvez.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua para el ex intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, por el secuestro y asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Gonçalves. De esta manera, el máximo tribunal dejó firme un fallo del Tribunal Oral Federal número uno de San Martín y ratificado por la Cámara de Casación, que condenó al ex comisario bonaerense y al último dictador, Reynaldo Bignone, entre otros imputados.

En las instancias anteriores, Patti había sido condenado como "partícipe primario" de la privación ilegal de la libertad y asesinato del militante de la JP Gastón Gonçalvez, y del secuestro del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y de su secretario Juan José Fernández. Muñiz Barreto fue secuestrado junto con su secretario Juan José Fernández en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.

Ambos fueron torturados en una comisaría de Tigre, luego trasladados al centro clandestino de detención y torturas que funcionó en Campo de Mayo y finalmente Muñiz Barreto fue asesinado en Entre Ríos.

Pero Fernández sobrevivió y se convirtió en el principal acusador en el juicio oral. Además de esos casos, Patti fue condenado también por la desaparición de dos integrantes de la JP de Escobar, los hermanos Luis y Guillermo D'Amico, cuyos restos no fueron encontrados.

Patti fue condenado en primera instancia en abril de 2011; la Cámara de Casación confirmó la sentencia en diciembre de 2012 y ahora la Corte rechazó el último recurso presentado por su defensa.

Si bien ante la Corte el último recurso fue firmado por el abogado Silvio Ramón Duarte, durante todo el proceso también participó como su abogada Valeria Corbacho, quien entre otros asistió al ex presidente Fernando de la Rúa en el juicio por las supuestas coimas en el Senado y actualmente defiende al motorman Marcos Antonio Córdoba, acusado por la "tragedia de Once".

El fallo de la Corte que ratifica la perpetua para Patti fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

El genocida Patti, con permiso para internarse en una clínica privada !!

La Cámara Federal de Casación Penal permitió salir de la cárcel al exintedente de Escobar y exsubcomisario de la Bonaerense Luis Abelardo Patti, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, al hacer lugar a un recurso de la defensa para tratar su discapacidad "hasta tanto se cumpla acabadamente con los ajustes y el reacondicionamiento" de su lugar de detención en la cárcel de Ezeiza.

Los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Liliana Catucci hicieron lugar de manera parcial al recurso de Casación de la defensora de Patti, Valeria Corbacho. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que condenó a Patti, había rechazado conceder la internación en la clinica privada Fleni de Escobar por entender que su rehabilitación a causa de una discapacidad motriz podía llevarse a cabo en una dependencia hospitalaria del SPF.

Pero Casación ordenó una visita a Patti en su lugar de detencion y allí constató que si bien se hicieron reformas para facilitar su rehabilitación no era el lugar adecuado para llevarla adelante en lo inmediato. "Culminadas las reformas edilicias adecuadas, el tribunal podrá, previo dictamen del Cuerpo Médico Forense, disponer el traslado de Luis Abelardo Patti de modo inmediato al Hospital Penitenciario Federal I de Ezeiza", resolvió Casación.

Además, el dictamen advirtió que si vuelve a la cárcel, se deberán "arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar los tratamientos de rehabilitación prescriptos de modo adecuado y oportuno, manteniendo a tal fin la coordinación establecida con la empresa de medicina prepaga" con la que cuenta Patti.

"No puede dejar de evocarse que los instrumentos internacionales que obligan al Estado argentino reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", se recordó en el fallo que aludió a tratados internacionales.

Ante la "morigeracion" de la modalidad de detencion de Patti, el Tribunal de San Martín deberá ordenar las medidas de seguridad que considere adecuadas para el control del condenado.

Patti será juzgado por el asesinato del periodista Ricardo Giménez

El ex comisario volverá a ser juzgado por delitos de lesa humanidad, ahora por el asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez, cometido en enero de 1976 y cuyo cuerpo fue encontrado en 2008 en el cementerio de Moreno.

El caso fue elevado a juicio oral por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en la causa por el crimen del periodista, que se desempeñaba del diario “El Actual” de Escobar y era compañero de militancia de Gastón Gonçalves, por cuya desaparición y muerte Luis Patti fue condenado a prisión perpetua en abril de 2011.

Según el expediente, que será ventilado ante el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín en fecha aún a determinar, un grupo integrado por Patti intentó secuestrar a Giménez en un allanamiento ilegal a la casa de sus tíos en diciembre de 1975, pero no lo encontraron.

Las persecución se realizó en el contexto del hostigamiento a integrantes de la Juventud Peronista de Escobar y del staff de un periódico local que denunciaba abiertamente los atropellos y represión policial en los conflictos sociales.

En enero del `76, el periodista fue secuestrado en la casa de sus abuelos en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar, y permaneció desaparecido durante 32 años, hasta que se logro el reconocimiento de su cuerpo, encontrado fusilado en un basural de Moreno el 30 de enero de 1976 y luego enterrado como NN.

Este ataque, dice la resolución del juez González Charvay, fue el primero de una serie de secuestros y desapariciones cometidos en la zona donde Patti, integrante entonces de la Comisaría de Escobar, operó cumpliendo órdenes del Ejercito bajo la jurisdicción del Comando de Institutos Militares en el marco del terrorismo de Estado.

Patti está acusado por una multitud de delitos, entre ellos amenazas reiteradas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad reiterada en tres oportunidades con abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas; robo agravado por el empleo de armas y en banda; imposición de tormentos agravado y homicidio agravado por la alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas.

Patti procesado por el asesinato de un periodista

Marche otra causa

 Por Diego Martínez

Dos días antes de celebrar su primer cumpleaños como condenado, Luis Abelardo Patti fue procesado el jueves por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Miguel Giménez, el primer desaparecido de Escobar. Militante de la Juventud Peronista de zona norte y redactor del diario El Actual, donde escribía sobre los trabajos sucios de la Policía Bonaerense, Giménez fue secuestrado en enero de 1976 y no hubo rastros de su paradero hasta 2007, cuando un registro burocrático permitió probar que lo asesinaron después de 23 días en cautiverio. El ex intendente de Escobar, que hoy festejará sus 59 años en el hospital de la cárcel de Ezeiza, fue procesado esta vez por el juez federal subrogante de Campana, Adrián González Charvay, que embargó sus bienes por un millón de pesos.

Giménez trabajaba en el diario que dirigía Tilo Wenner, poeta y periodista asesinado días después del golpe de Estado. Se ocupaba de investigar las tareas ilegales de la Policía Bonaerense para desactivar conflictos gremiales y amedrentar militantes. Las denuncias le valieron varios hostigamientos, en particular de agentes de la comisaría de Escobar. En diciembre de 1975 un grupo de tareas de policías y civiles allanó de madrugada la casa de los tíos de Giménez. Destruyeron la casa, buscándolo en un supuesto escondite, pero no lo encontraron. El 7 de enero de 1976 la patota invadió la casa de sus abuelos en Loma Verde, en Escobar. Lo secuestraron ante la presencia de sus hijos, entre otros familiares, y robaron hasta el bombeador de agua. Parientes y compañeros lo buscaron y publicaron solicitadas en las que hacían responsable a la policía. La Justicia sobreseyó la denuncia cinco meses después.

El cadáver desfigurado, mutilado y maniatado apareció el 30 de enero de 1976 a la mañana, veintitrés días después del secuestro, en una zona despoblada conocida como La Quema, en Moreno, donde los recolectores descargaban la basura de la ciudad. La División Documentos de la Policía Bonaerense lo identificó por las huellas, pero los restos se inhumaron con “NN masculino” en el cementerio de Moreno, con el visto bueno del Juzgado Penal 4 de Mercedes. El registro lo descubrió y aportó a la causa en 2007 la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero fue imposible restituir los restos a la familia porque en 1982 habían sido trasladados al osario general.

Las amenazas de Patti a Giménez, que no ocultaba su militancia y recorría Escobar como periodista, comenzaron en 1973, apuntó el juez González Charvay. Los trabajadores de la imprenta Rayo, donde se editaba El Actual, solían verlo de civil, en un Peugeot 504 color mostaza, registrando los movimientos del diario. También vigilaba las reuniones en el sindicato del Fatre o en casas de familia. Patti fue reconocido la madrugada de 1975 cuando fueron a secuestrarlo a la casa de sus tíos. “Nunca lo conocí”, afirmó durante su declaración indagatoria, sin obligación de decir la verdad. El juez enmarcó el caso en “un modelo sistemático orquestado y organizado por sectores del Ejército que junto con fuerzas de seguridad, en particular con la comisaría de Escobar, actuaban con la finalidad de exterminar a grupos políticos, sociales, estudiantiles y gremiales, y también a organizaciones armadas”.

Terrorismo de Estado y manicomio

La extracción de la verdad

Un hombre internado en un manicomio, que había sido víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura, dio testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Después, volvió al manicomio. Su historia presenta la conjunción y, quizá, la articulación entre los dos infiernos.

 Por Fabiana Rousseaux *

Jesús tiene 50 años. En 1976 fue secuestrado, cuando tenía “16 años y medio”, de acuerdo con su implacable memoria. Pasó por la comisaría de Escobar, dirigida por Luis Patti, donde fue torturado, junto con su referente político Gastón Goncalves y otros compañeros de la Juventud Peronista. Después, fue expulsado del país.

En su exilio, intentó rearmar algo de la vida que el terrorismo de Estado le había resquebrajado, (des)instalándose en otro país. Logró constituir una familia. Pero dejar atrás las marcas no es sencillo. En un viaje a la Argentina, el espanto se le impuso nuevamente y cometió un delito. Fue detenido y, a partir de entonces, su vida transcurre en la unidad penal de un hospital neuropsiquiátrico. Después de la muerte de su madre, quedó en el más rotundo olvido. El sabe que allí no habrá condena, pero que el encierro será para siempre.

Estuvo durante 18 años en la Unidad Penal 34, del Melchor Romero, y ahora, desde hace poco, en la Unidad 10, donde al menos, dice, puede “ver la ruta, con algún coche que pasa cada tanto, porque antes sólo se veía el paredón”.

Durante todos estos años en el penal del manicomio, cada vez que veía a Patti en la televisión se indignaba y contaba los vejámenes que éste había cometido contra él y sus compañeros. Dice que no entiende cómo pudo llegar a ser intendente, cómo intentó luego ocupar una banca de diputado. Dice que siempre soñó con hacerle un juicio a Patti, si alguna vez salía de ese lugar. Por supuesto, es la palabra de un loco: ni esas palabras ni las que hablen de su detención y las torturas sufridas a los 16 años y medio serán tomadas por ciertas en un lugar como ése, donde hay, en cambio, una respuesta generalizada y medicalizada para todos y para todo.

Jesús es el parresiastés, tal como lo define Michel Foucault (véase, por ejemplo, “Coraje de la verdad”, Página/12, sección Psicología, 3 de enero de 2011): alguien de un “decir veraz”, que dice lo que piensa, que está comprometido con su verdad. Jesús quizá lo es más que nadie, ya que sabe que nadie le creerá. Lanza su verdad a otros sin calcular los riesgos de hacerlo, o, más aún, calculándolos los asume, desde su sala de manicomio.

¿En qué memoria teórica debemos pararnos para dejar de dudar de las secuelas que los crímenes cometidos por el terror de Estado produjeron? La “inimputabilidad” de Jesús en nada niega la verdad de esos hechos, ni de sus relatos, mucho menos de sus consecuencias trágicas. Las marcas de la historia social que transitamos, tomen la forma que tomen, se alojen en una estructura psíquica o en otra, no pueden ser ignoradas.

Durante años a Jesús se lo dio por muerto, hasta que, a través del Ministerio de Interior, se lo logra ubicar: Otros sobrevivientes de Patti hablaban de él, pero las versiones eran muy variadas y desconcertantes: que estaba en otro país o que estaba muerto o que estaba preso. Lo cierto es que ningún compañero de militancia había logrado saber nunca nada sobre él, hasta que hace pocos meses lograron ubicarlo.

A partir de ello, Jesús fue propuesto como testigo en la causa que los hijos de Goncalves y Muniz Barreto, junto con la familia de los hermanos D’Amico, iniciaron contra Patti, Mignone, Riveros, Meneghini y Rodríguez. Los abogados querellantes de esa causa lograron dar con este testigo central para demostrar las torturas y desapariciones cometidas por el ex policía.

Jesús aceptó inmediatamente. Reconoció, con todos los detalles necesarios, a los responsables de tan aberrantes delitos. Hizo un uso de memoria que nadie podría comprender si no fuera porque se trata de un hombre que durante 18 años había estado sometido al olvido y a la indignidad de perder el valor de su palabra, convertido en un sujeto que no puede responsabilizarse ni de sus actos ni de sus dichos, ni de sus dolores, en un lugar donde cada demanda y cada opinión fueron acalladas: “El halopidol me dejaba duro y, a pesar de los terribles dolores que tenía, porque estaba mal del hígado, el médico me vio solamente una vez en un año y medio y nunca me daban analgésicos, así que aprendí a manejar el dolor”, relata.

Desde que empezó a recibir visitas de los abogados, los familiares de las víctimas y los compañeros, su lugar comenzó a ser interrogado por los habitantes de ese espacio penal-psiquiátrico. En una de las visitas se nos acercó un grupo de guardias del Servicio Penitenciario y empezaron a preguntarnos por su historia. Pareciera que todo el universo del penal en el manicomio se vio modificado por este nuevo hecho. La historia de Jesús, que había quedado encapsulada y forcluida durante casi dos décadas, comienza a rodar nuevamente, se descongela el tiempo, hay un antes-de-la-detención, previo a la cadencia idéntica a sí misma de la rutina penitenciaria en el manicomio, que se hace audible. Se anuda con el mundo exterior. Comienzan a circular los diarios allí adentro. Los noticieros adquieren otro estatuto. surgen las preguntas por él y su historia. El encierro ha experimentado una mínima, perceptible alteración.

Ahora sus compañeros de encierro preguntan qué le había pasado, están evidentemente impactados por eso que había sido denunciado tantas veces pero que sólo se hizo audible cuando el discurso jurídico entró en la institución total.

Manuel, hijo de Gastón Goncalves, dice que, cuando conoció a Jesús, lo que más lo impresionó fue su capacidad de entender de inmediato lo que le estaban proponiendo. Para alguien que desde hacía 11 años, a partir de la muerte de su madre, no recibía ninguna visita, no era sencillo pensar en un cambio de posición tan radical: convertirse en un sujeto con derechos, capaz de enfrentarse a un tribunal donde su palabra tendría valor, los jueces lo escucharían y sus compañeros de épocas de militancia estarían como testigos de su verdad, una verdad colectiva que, de tan dolorosa, se hace impensable. Jesús estaba allí enfrentando todo eso en un solo acto, sin avales subjetivos, sin garantías de lo que iba a sentir después de semejante acto cuando volviera, solo, a su realidad penalizada, apenas con su dolor acallado y los detalles de una memoria implacable. Jesús, el memorioso.

La defensa objetó su testimonio, como tantos otros, pero el tribunal hizo lugar a lo declarado por Jesús. Declaró esposado. Expresión radical y extrema de la paradójica condición de víctima-testigo del terrorismo de Estado e imputado de un delito común. Aun parándonos en el reverso, ¿su peligrosidad será mayor que la de Patti y sus colegas torturadores? Jesús asumió su lugar –al igual que tantas veces lo hizo durante estos largos años– como si se tratara de una clase magistral de dignidad dedicada a quien tres décadas atrás lo había torturado a pesar de sus 16 años y medio. Un asentimiento subjetivo incalculable, enigmático y profundamente ético. Ana Nuño, en su texto “El testigo entronizado, a pesar suyo”, en referencia a la relación entre la memoria subjetiva y el discurso histórico, advierte que los verdugos no dan testimonio, que siempre callan, porque sus actos están más allá de las palabras.

Cuando finalizó la declaración de Jesús, sus ex compañeros de militancia salieron a las escalinatas del Centro Cultural de José León Suárez, donde se desarrollaban las audiencias, y con el puño en alto se despidieron de él, que era trasladado nuevamente al penal en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. El instante de víctima del terrorismo de Estado había concluido, y con ello el valor subjetivante de su palabra. No fue poca cosa, en 18 años de encierro, ese instante.

El cruzó al otro lado del muro y volvió, pero ese cruce nunca es sin consecuencias, porque ya no se vuelve al mismo lugar. Reescribir un nombre no es poca cosa, cuando se está más acá de los márgenes del manicomio, cuando los surcos del rostro hablan del dolor, del abandono y de la tristeza. Pero también de la alegría de, por fin, haber sido rescatado del olvido. Haber sido dignificado, al ofrecer su palabra valiente. Haber hecho lugar a aquel sueño premonitorio de “hacerle un juicio a Patti”. Verlo preso, como él y todos esperábamos. Quizás esa haya sido la única oportunidad en que el muro que separa la “normalidad” de la locura permitió que, por un rato, Jesús lo atravesara. O quizá sea necesario que asumamos esta verdad colectiva y nos dejemos interpelar por los efectos de la trágica historia vivida. La verdad de Jesús es la historia de todos.

* Psicoanalista. Directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Luis Patti condenado a prisión perpetúa ¡¡por fin a cárcel común!!

Preso en cárcel común

La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.

Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.

A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni “no es imprescindible”, concluyó.

Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.

El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. “El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”, leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el “traslado, reingreso y alojamiento” de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti “no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio”.

Los otros condenados y los otros silenciados

  Los condenados:

  
-Reynaldo Bignone. Fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante 1977. Fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín a 25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En dicha ocasión Bignone se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus subordinados.

- Santiago Riveros. Fue comandante del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977. Al igual que Bignone, posee una condena del mismo tribunal a 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo.

- Juan Fernando Meneghini. Fue comisario de la Comisaría 1a de Escobar entre 1976 y 1977. Allí era el jefe directo de Luis Patti.

- Martín Rodríguez. Se desempeñó como oficial de Inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército y fue jefe del Grupo Especial de Institutos Militares

Los silenciados 

Los sobrevivientes, tanto en los medios de comunicación que ahonda con morbo el caso particular y familiar, y diluyen los otros muchos detenidos desaparecidos que en el enfoque individual no son contenidos, como así lo estableciera el perverso mecanismo juidicial que separa las causas, elimina toda posibilidad de enjuiciar por fuerza y por campo de concentración, y por supuesto, tal como entonces, anular, silenciar, ocultar, el crimen de genocidio.

Y los sobrevivientes que como testigos de conceptos fueron silenciados por parte los jueces, como lo hiciera Lucila Larrandart, con Margarita Cruz, sobreviviente y miembro de la AEDD.

(¡que tremendo ser conocido por la pena de los demás...! Primo Levy

Perpetua para Patti: Otro largo camino para conseguir justicia

Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.

 Por Adriana Meyer

“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.

La infamia del teatro

El 14 de abril se conocerá la sentencia

Una de las juezas, Lucia Larrandart, se negó a escuchar a una compañera de la AEDD.
El TOF 1 de San Martín leerá ese día el veredicto en el debate donde también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros tres imputados. El Ministerio Público Fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para los cinco acusados

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el 14 de abril próximo la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que lleva adelante contra el ex comisario Luis Patti.

Así, los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain leerán ese día el veredicto en el marco del debate en el que también son juzgados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
Y es bueno recordar que en sus alegatos tanto el Ministerio Público Fiscal y algunas querellas pidieron la pena de prisión perpetua para todos los imputados, pero sin mencionar delito de genocidio.

Y también hay que recordar que la jueza Lucía Larrandart, se negó a escuchar el testimonio de una compañera, Margarita Cruz sobreviviente, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Continúan los procedimientos judiciales dentro de los mismos parámetros insuficientes, tanto por los delitos que se juzga a los genocidas, como por el procedimiento dónde las víctimas, los sobrevivientes no tienen la relevancia que se merecen frente a los artículos en los que se pertrechan jueces incapacitados de sensibilidad o posicionados vaya a saber con qué.

ABD. 

C

Boletín de la AEDD nro 771

Gacetilla de Prensa

 
JUICIO  EN SAN MARTIN 

JUEVES 10 de Febrero a las 9.30 horas la querella JusticiaYa alegará en el juicio que se viene desarrollando contra los genocidas : Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone, Juan Fernando Meneghini y Martín Rodríguez,  imputados por las privaciones ilegales de la libertad de :
 
Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David , Luis Rodolfo D´Amico y Osvaldo Tomás Ariosti.
                                
Las audiencias se realizan en el Auditorio “Hugo del Carril”,Diag. 164 Sáenz Peña 4151 (José León Suárez)
 
Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730                 
-Dra. Sabrina Dentone (LADH) 15 4936 2704
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868
  Justicia YA!  Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad

Piden perpetua para Luis Patti por sus crímenes durante la dictadura

Un agente de la inteligencia militar

La fiscalía de San Martín consideró que en el juicio contra el ex subcomisario quedó acreditada su relación con el Servicio de Inteligencia del Ejército. Los fiscales también solicitaron la aplicación de la máxima pena para el resto de los acusados.
Por Alejandra Dandan

La fiscalía oral de San Martín dio por acreditado el vínculo entre Luis Abelardo Patti y el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino. Pese a no establecer aún si la relación fue orgánica o inorgánica, los fiscales incorporaron el dato a los alegatos que concluyeron ayer en el marco del juicio que se le sigue por la autoría material del homicidio calificado de Gastón Gonçalves, nueve privaciones ilegales de la libertad y seis tormentos agravados, porque las víctimas eran perseguidos políticos. Luego de dos jornadas de lecturas, pidieron para el ex subcomisario la pena de prisión perpetua. El equipo de fiscales integrado por Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto de Luca pidió además la pena máxima para el resto de los acusados: los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone; el torturador de Campo de Mayo Martín “El Toro” Rodríguez y el ex jefe de la comisaría de Escobar Fernando Meneghini, el único con asistencia perfecta a los debates y quien hasta ahora intentó demostrar que a partir del golpe quedó casi privado de su libertad, en medio de una comisaría ocupada por el Ejército. Las audiencias entran ahora en un cuarto intermedio hasta febrero, ocasión en la que las querellas continuarán con los alegatos.

Como cada vez, Meneghini se sentó solo en las sillas destinadas a los acusados en el escenario del lavado auditorio municipal de José León Suárez. Como sucede habitualmente, Patti no estuvo. Hacia el final de la audiencia, el Tribunal leyó una resolución de un médico del Servicio Penitenciario Federal según la cual el ex intendente no pudo presentarse por problemas de presión. Enseguida, con ese énfasis que suele darle a las cosas cuando la sobresaltan, la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó que se giraran todas las resoluciones al jefe del Servicio Penitenciario. Lucila Larrandart decidió abrir una instancia de análisis para sancionar administrativa o penalmente a Patti por las repetidas inasistencias a la sala. El público aplaudió.

En tanto, la fiscalía terminaba la segunda y última jornada de alegatos: consideró a todos culpables por homicidio agravado en grado de autor o partícipe necesario, cargo que habilitó el pedido colectivo de prisión perpetua. Por el asesinato de Gastón Gonçalves acusaron a Riveros, Patti y Meneghini; por el homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto a Riveros, Bignone y Rodríguez.

La acusación mantuvo a grandes rasgos el mismo pedido de condenas con el que se inició el debate, pero con pruebas consolidadas por declaraciones clave y valientes de muchas de las víctimas y por el aporte de documentos. Uno de los casos más sólidos fue el del propio Patti: el nombre que vincula todos los casos de la causa con la actividad desplegada por la Inteligencia de Campo de Mayo, según describieron los fiscales. “Es la intervención de este individuo la que vincula los casos de esta causa con la actividad de Inteligencia desplegada desde de Campo de Mayo, y ello demuestra que los hechos no fueron producto de la pasión del momento, del fragor de una lucha, ni del arrebato de un descontrolado policía que quería quedar bien con quienes ostentaban el poder, sino el resultado de un estudio paciente y premeditado, del trabajo de inteligencia política”.

Inteligencia

Los fiscales relevaron pruebas para poder explicar no sólo quién era Patti en la zona, sino por qué, con el cargo que tenía, podía estar detrás de los operativos. Uno de los datos fue un volante de enero de 1975 de la Juventud Peronista que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). “Pueblo de Escobar –decía–, denunciamos bárbaros atropellos a la dignidad humana en la persona de cuatro personas detenidas que están siendo objeto, desde que está el patrullero en la puerta (más de tres semanas), de terribles e incalificables actos de tortura, en la cámara del terror ubicada en los sótanos de la Comisaría local. Las mismas van desde la agresión física hasta la utilización de la modernizada picana eléctrica. Los siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos son el Comisario de Policía local, los oficiales ‘especializados’ Santos y Patti, el suboficial García y otros.”

El dato, incorporado por la declaración de peritos de la Dipba, precedió al momento en el que mencionaron la relación con Inteligencia: “Ha quedado plenamente acreditada la vinculación de Luis Abelardo Patti con el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, aunque no hayamos podido establecer si esa vinculación era orgánica o inorgánica”. Sería imposible, agregaron, “que un oficial subinspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hubiera tenido la actuación que tuvo dentro de la estructura represiva sin contar con una posición determinada en el área de Inteligencia”.

Las declaraciones de dos testigos lo situaron comandando efectivos del Ejército Argentino. Entre ellos, Elena Gómez, nacida en Baigorrita, el mismo lugar de donde es Patti y quien lo identificó como el hombre que en septiembre de 1976, cuando ella vivía en La Plata, comandó al grupo de tareas que entró a su casa. Dijo que el jefe del grupo tenía el pelo un poco largo y ojos azules y que ella se dijo: “A vos te conozco”. Entendió que lo conocía de Baigorrita años más tarde, cuando lo vio como candidato por la televisión.

Los fiscales apoyaron esa relación en otros antecedentes, como el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. En esa causa, explicaron, Patti resulta autor material de los disparos de arma de fuego que ocasionaron la muerte de los dos militantes peronistas. “Su participación está demostrada con independencia de si en el proceso correspondiente será o no declarado culpable.” E indicaron que “ambas víctimas fueron secuestradas y torturadas en la ciudad de Rosario el 14 de mayo de 1983 por personal de Inteligencia de Ejército y que fueron entregados a Patti en la localidad de Lima, Zárate, para que los ejecutara en la misma tarde de ese día”. En esa “Operación Especial de Inteligencia” destinada a ahogar el “rebrote subversivo” en el proceso de recuperación de la democracia “tuvo un rol protagónico el Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE) y dentro de él Luis Abelardo Patti

Vuelos y torturas

El testimonio de Víctor Ibañez 

por Alejandra Dandan

“Una vez me ordenaron llevar a unas personas al batallón de aviación del Ejército. Cumplo la orden, los llevo, ellos se identifican como aviadores o de la Fuerza Aérea y los llevo hasta la punta de la pista, donde reconozco que bajan de un jeep al teniente coronel Guerrieri y el general Bignone, entre otros; parecía que se conocían de mucho tiempo. Ahí estaban subiendo personas al avión, encapuchadas, y alcancé a ver cómo los estaban inyectando en las piernas.”

Víctor Armando Ibáñez declaró como testigo en el juicio a Luis Abelardo Patti y Reynaldo Bignone, entre otros. Ibáñez, que ahora tiene 60 años, es un militar que fue cabo primero en Campo de Mayo y hace años publicó una biografía con sus relatos y los de otros compañeros testigos de lo que sucedió en el interior del centro clandestino de la guarnición durante la última dictadura. Su testimonio ingresó en la última etapa de testigos. En la audiencia confirmó las descripciones más brutales sobre el capitán Martín Rodríguez, alias El Toro, uno de los torturadores del campo y ahora imputado en la causa. Y reveló detalles del momento en el que uno de sus compañeros se levantó a las tres de la mañana por orden de un superior a sacar del campo y entregar al ex diputado Diego Muniz Barreto.

Las sucesivas declaraciones de Ibáñez permitieron identificar en los últimos años a varios represores. Ibáñez hizo tándem con un compañero de apellido Roldán al que le decían Trapito. Como siempre andaban juntos, a él terminaron diciéndole Petete. Los sobrenombres eran una de las formas de invisibilización adentro del campo, la razón por la que hoy él todavía no puede saber cuáles son otros nombres.

“Roldán era mi compinche, éramos como hermanos, siempre andábamos juntos, nunca nos separábamos.” Roldán también conducía y operaba la radio. Un día del que no se acuerda ni fecha ni año, alguien le ordenó a Roldán llevarse a uno de los detenidos. Tenía que estar a las tres de la mañana en el parque Automotor del Departamento de Inteligencia: “En realidad –dijo–, yo era el conductor, y yo estaba de turno, o sea que esa misión era para mí, pero Trapito también era conductor, y cuando el oficial de servicio nos despierta, Trapito va porque quería traer el mate cocido a la madrugada y se iba a quedar en el cuartel y no iba a volver al Campo”.

Así es que esa madrugada, el oficial de servicio despertó a Trapito, le entregó al detenido y a un tal Puma, un gendarme nombrado por varios testigos pero que aún no está identificado. Los tres se subieron a un jeep, y Trapito cargó además los tachos para mate cocido. A la hora acordada llegó al lugar donde le dijeron. “Le abre el portón corredizo, y ahí alcanzó a reconocer al Capitán (Rafael Félix) López Fader, se cierra el portón y deja las luces del jeep encendidas: ahí entrega a esa persona con el gendarme, eso me lo narró a mí.”

A Trapito le ordenaron no moverse. Con la luz del jeep vio que vendaban la mano del señor detenido, le pusieron algodones y no sabe si lo ataron con un hilo o una cadena. En la penumbra observó todo: “Cuando regresó me dijo que le ordenaron volver, habrá regresado cuarenta minutos más tarde, vino mal y me cuenta que no alcanzó a ver a las demás personas; bueno, me comenta eso, hablamos de todo un poco hasta que nos quedamos dormidos de nuevo”.

Entre los lugares por donde se movían había una sala de situación. Y sobre alguno de los sectores, uno gráfico con nombres de personas. Días más tarde, encontraron ahí un recorte de diario con la noticia del fraguado accidente de Diego Muniz Barreto. Trapito lo reconoció: le dijo a Ibáñez que ése era el muchacho del traslado. “Bueno, y después ahí escucha los comentarios de los otros, de López Fader y relacionó todo: era un muchacho muy vivo.”

Ibáñez habló además de ese episodio en la pista de aviones de Campo de Mayo, que ya había declarado en otra causa. Ahí nombró a Bignone, pero además a Pascual Guerrieri, un teniente coronel que primero estuvo en Campo de Mayo y después como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, donde fue juzgado y recibió condena a perpetua. Estuvo en la SIDE hasta el 2000, cuando se decidió echar de la Secretaría de Inteligencia al personal más comprometido con la represión ilegal.

Después de las preguntas de las querellas, Ibáñez fue blanco de un ping pong de preguntas punzantes. El defensor oficial Juan Carlos Tripaldi preguntó alguna vez por los “guerrilleros” y aunque no usó ni la palabra subversivos ni la palabra terroristas, como alguna otra defensora oficial en otro juicio, el tono quedó flotando. Más adelante hizo otra pregunta en sentido un poco más peligroso: le preguntó a Ibáñez por el testimonio de un ex prisionero, pero no lo nombró como una víctima, sino que preguntó si era “colaboracionista”. A esa altura, la querella lo paró. Lo mismo pidió la fiscalía. Y el Tribunal, rápidamente lo frenó.

Ratifican que ya Rodolfo Walsh había denunciado el crimen oculto de un ex diputado

La periodista Lila Pastoriza ratificó que un cable de la agencia clandestina de noticias -fundada por el asesinado escritor Rodolfo Walsh en la última dictadura- dio cuenta del secuestro y crimen del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto en momentos en que la versión oficial hablaba de su muerte en un accidente de tránsito en Entre Ríos.

Por Karina Poritzker

Pastoriza dejó en claro así que apenas ocurrido el hecho ya se sabía la verdad sobre la detención ilegal de Muñiz Barreto y su entonces secretario Juan José Fernández, en una carnicería de Escobar, en febrero de 1977, hecho por el que es juzgado el ex subcomisario de esa localidad del norte bonaerense Luis Abelardo Patti.

La periodista integraba junto a un puñado de colegas la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) fundada por Walsh para dar información sobre violaciones a los derechos humanos imposible de publicar en los medios periodísticos de la época.

La testigo y sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA dio su testimonio hoy el juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín sigue a Patti, al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros y al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.

Bignone, de 82 años, no asistió a la audiencia en el auditorio Hugo del Carril de la localidad bonaerense de José León Suárez ya que según un parte médico fue derivado de la cárcel al Hospital Militar Central para estudios médicos al sufrir un cuadro de deshidratación y problemas gastrointestinales.

Otra testigo programada para hoy, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Chicha Mariani no asistió al debate por sufrir un problema cardíaco, según se informó al tribunal.

"Hubo un cable de ANCLA a principios del 77, se sabía del secuestro de Muñiz Barreto y su secretario, había salido la noticia en el Herald y se decía después que había muerto en un accidente. Entonces salió el cable que decía que había sido asesinado después de su secuestro por la policía de Escobar", recordó Pastoriza.

El cable de ANCLA, exhibido en la audiencia, titulaba "Alevoso asesinato de Diego Muñiz Barreto" y estaba fechado el 15 de marzo de 1977, poco después del hallazgo de su cuerpo, el 7 de ese mes, dentro de su auto hundido en un río entrerriano y de presentarse lo ocurrido como un accidente de tránsito protagonizado por su entonces secretario Juan José Fernández, quien había podido salvarse.

"La información la trajo Walsh, se que llegó vía Rodolfo", agregó Pastoriza, quien leyó el cable ante los jueces y lo ratificó en todos sus términos.

En el texto se decía que Muñiz Barreto había sido "torturado brutalmente" en zona del Primer Cuerpo del Ejército luego de ser entregado por la Policía Bonaerense, hechos que ahora se dan casi por probados en la acusación fiscal.

Por esa época Walsh "ya no vivía en Capital, no estaba al frente de la agencia, lo vi dos o tres veces ese año y una semana antes de que lo mataran", recordó sobre el encuentro que tuvo con el autor de "Carta abierta a la Junta Militar" en un bar.

En ese encuentro "estuvimos leyendo y repasando el borrador de la carta, estaba muy contento, me dijo radiante `he vuelto a escribir`. Esa fue la última vez que lo vi".

En junio de 1977 Pastoriza fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar donde "vio en una carpeta todos los cables de la agencia y la carta de Rodolfo Walsh que era absolutamente conocida para ellos".

ANCLA fue fundada por Walsh "y se proponía romper el cerco informativo de la dictadura, despachaba cables con noticias aportadas por muchos, muchos periodistas que no podían darlas a conocer en sus medios por la censura brutal".

"La información circulaba en tribunales, estudios jurídicos, redacciones y Walsh era obsesivo con que la información fuera cierta y veraz", agregó.

"A principios del 77 la represión era muy fuerte, habían secuestrado a Eduardo Suárez, que trabajaba en el Cronista Comercial y en ANCLA y a su esposa. Éramos cuatro o cinco y comenzamos a trabajar desde distintos lugares", recordó.

Otro testigo, el escritor y periodista Vicente Zito Lema ratificó en un largo y conmovedor testimonio el relato que hizo el ex secretario de Muñiz Barreto en España, tras escapar del automóvil hundido en Entre Ríos y exiliarse en ese país.

Al igual que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien declaró el lunes, Zito Lema estaba exiliado en España e integró la CADHU, Comisión Argentina por los Derechos Humanos.

Al declarar, recordó que su "gran amigo" luego asesinado por la Triple A, Rodolfo Ortega Peña, le presentó a Muñiz Barreto, de quien fue "conocido".

Por eso presenció la declaración de Fernández ante la CADHU años después. "Relató que estaba en una carnicería de Escobar con Muñiz Barreto cuando aparece un hombre agresivo, violento, armado, que esgrime el arma y le pide ayuda al carnicero para ver si ellos estaban armados".

"Dijo que lo sorprendió mucho por la agresividad y violencia con que se movía y que luego supo que se llamaba Patti y era oficial de policía de la provincia de Buenos Aires", agregó.

Y luego reconstruyó el relato del ya fallecido Fernández en los mismos términos de otros testigos: relató que le dieron una inyección para calmarlo junto a Muñiz Barreto y que los llevaron hasta Entre Ríos desde Campo de Mayo para introducirlos en el mismo auto en el que circulaban el día de su secuestro y arrojarlos al río.

Fernández no se había dormido con la inyección, logró salir a través de una ventanilla rota y se escondió hasta que sus captores se fueron. Entonces volvió al auto, tocó a Muñiz Barreto que había sido sentado en el asiento de atrás y pensó que había muerto, por lo que escapó del lugar.

"Antes había contado de su detención, que no podían dormir por las ratas de la celda, me quedó grabado, que las ratas se escondían en pozos y luego salían y se venían contra ellos, que por eso mismo no podía dormir", relató.

"En la CADHU pensábamos que ninguna dictadura es eterna y que los responsables de la dictadura tendrían que rendir cuentas", explicó al Tribunal y por eso "escuchábamos testimonios, les hacían bien a las almas lastimadas que llegaban a España y humildemente los difundíamos en todas partes, para que la comunidad internacional ayudara", concluyó.

Testimonio de Eduardo L.Duhalde, secretario de DDHH.

El secretario de Derechos Humanos ratificó que Patti secuestró a un diputado asesinado por la dictadura

Eduardo Luis Duhalde afirmó hoy que al ex diputado Diego Muñiz Barreto y a su secretario Juan José Fernández los secuestró en una comisaría de Escobar el entonces oficial de calle Luis Patti.

"Fernández me dijo que Patti había entrado a la carnicería" donde ambos estaban comprando en febrero de 1977 y los había detenido allí, para luego llevarlos a la seccional de Escobar y finalmente a Campo de Mayo, donde ambos fueron torturados, dijo Duhalde en su declaración como testigo ante el Tribunal Oral FEdearl 1 de San Martín.

Fernández, secuestrado junto a Muñiz Barreto pudo salvar su vida aunque falleció luego exiliado en España.

En este último tramo del proceso, antes del inicio de los alegatos, declaran testigos referidos a lo ocurrido al ex diputado nacional del PJ, quien según la acusación fue secuestrado por Patti en febrero de 1977 en una carnicería de Escobar y llevado junto a su secretario a la secccional de ese partido del norte bonaerense.

Desde allí se lo trasladó al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo y finalmente murió en un simulacro de accidente de auto en un río de Entre Ríos, donde se salvó Fernández.

Junto a Patti son juzgados además por una decena de delitos de lesa humanidad el ex dictador Reynaldo Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros y el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.

En este tramo del juicio dedicado al secuestro y asesinato de Muñiz Barreto, se incorporó un nuevo acusado, el ex oficial del Ejército Martín Rodríguez, quien según declaró por escrito antes de morir exiliado en España el ex secretario del legislador, estuvo en ese centro clandestino de detención y fue uno de los torturadores de ambos.

Duhalde fue convocado como testigo porque se entrevistó personalmente con el sobreviviente secretario Fernández en España y escuchó su relato de lo ocurrido, en el marco del cual mencionó que Patti se los llevó a la comisaría y cómo luego el Ejército simuló el accidente para matarlos a ambos.

Además, Duhalde había sido abogado de Muñiz Barreto y según ya contó en el juicio su hija, Juana, junto a un ex socio suyo, Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la Triple A en 1974, intervinieron en una primera detención sufrida por su padre antes del golpe de Estado de 1976.

Los jueces Lucila Larrandart, Horacio Milloc y Lucia Cassain citaron también a un hermano de Fernandez y a Juan Perlinger, un amigo del ex secretario de Muñiz Barreto que lo acompañó cuando regresó a Buenos Aires tras sobrevivir al accidente en Entre Ríos y hasta que logró viajar a España con la identidad cambiada.

Este tramo del juicio está destinado a apuntalar un testimonio escrito que dejó Fernández a un escribano amigo en Buenos Aires antes de exiliarse, donde reveló los detalles del secuestro junto a Muñiz Barreto, lo padecido en Campo de Mayo y finalmente la forma en que fueron llevados a Villaguay, Entre Ríos, adormecidos con una inyeccion y arrojados al río dentro del auto de su jefe, un Fiat 128 ranchero.

Este vehículo permaneció estacionado frente a la comisaría 1era. de Escobar mientras ambos estuvieron detenidos de manera ilegal allí y antes de ser trasladados.

El juicio se realiza en el auditorio Hugo del Carril de la localidad bonaerense de José León Suárez.

Testimonia Robert Cox, ex director del Buenos Aires-Herald

Publicar podía salvar vidas

La esposa del diputado Diego Muniz Barreto se acercó al Herald para denunciar el secuestro de su esposo. Cox publicó la noticia en tapa y responsabilizó al policía bonaerense Patti. Treinta y tres años después se hace el juicio.
   
Por Alejandra Dandan

La producción de noticias durante la dictadura es uno de los ejes que empiezan a aparecer en los debates de los juicios por delitos de lesa humanidad. Por entonces, Robert Cox era director del Buenos Aires Herald, una de las pocas usinas que tenían las organizaciones de derechos humanos y los grupos de familiares para denunciar a los desaparecidos. Cox será convocado como testigo del juicio a la ESMA, pero la semana pasada estuvo en el Auditorio Municipal de San Martín donde se lleva adelante el juicio a Luis Abelardo Patti. El Herald publicó la noticia del secuestro del ex diputado Diego Muniz Barreto en tapa y con el nombre de Patti antes de que apareciera asesinado. Cuando le preguntaron cómo hacía para publicar algo cuando la única fuente que tenía eran las víctimas, Cox dio toda una cátedra política: “No había tiempo”, dijo. “Si era posible sacar rápidamente una nota teníamos que hacerlo porque en algunas ocasiones sabíamos que si lo hacíamos la gente iba a aparecer.”

El debate había empezado temprano con el relato de Juana Muniz Barreto, la hija del ex diputado que en su declaración recuperó la biografía política de su padre y logró explicar cómo fueron los avatares para reconstruir las pruebas de lo que pasó. El cuerpo de Muniz Barreto apareció en las orillas del río Paraná el 6 de marzo de 1977. Los militares lo arrojaron al agua dentro de un coche luego de haberlo inyectado con un líquido blanco turbio para adormecerlo. El caso apareció publicado en los diarios de la época como el efecto de un accidente automovilístico. Con él estaba su secretario privado Juan José Fernández que sobrevivió, y su testimonio se convirtió en uno de los primeros datos para rearmar la historia. Ambos habían sido secuestrados el 16 de febrero en Escobar y desde entonces hasta que apareció el cuerpo la familia supo a través de un mensaje de Diego que estaban en la comisaría de Escobar, que estaban secuestrados y que los había secuestrado Patti.

La mujer de Diego hizo distintas gestiones. Entre ellas, en la Nunciatura y otra en el Buenos Aires Herald que publicó la noticia en tapa y ahora es prueba en el juicio.

Cox llegó con su estilo de lord inglés a los descampados de José León Suárez donde se lleva adelante la audiencia. Cuando le preguntaron si tuvo o tiene algún vínculo con los represores que pudiesen obstaculizar la declaración, como se le pregunta a todo el mundo, Cox dijo que no: que sólo estuvo en conferencias de prensa con el general Reynaldo Benito Bignone. Además de Patti, Bignone y Omar Riveros están acusados en el juicio por sus roles de jefe del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo y jefe de la zona IV, respectivamente. Los otros dos acusados son el ex comisario de Escobar Fernando Meneghini y el interrogador de Campo de Mayo Martín “El Toro” Rodríguez.

¿De qué manera le llegó la noticia?, preguntó una de las querellas. “Yo creo que éramos los únicos que publicamos la noticia del secuestro de Diego Muniz Barreto –dijo Cox–, porque me vino a ver su señora, y me explicó lo que pasó y entonces yo hice la nota y la pusimos en primera página, porque estábamos acostumbrados en ese entonces a que llegue gente a nosotros con estas noticias y si era posible sacar rápidamente una nota, en algunas ocasiones conseguimos que la gente apareciera.” En el diario publicaron todo lo que sabían, dijo. Incluso el nombre del oficial Patti cuando ni siquiera era un hombre popular “¿La fuente fue exclusivamente la señora de Muniz Barreto?”, preguntó nuevamente la querella ¿No hicieron otras averiguaciones? “No –dijo Cox–. Era imposible en esos momentos: lo más importante era sacar la noticia, después sí podíamos hacer las averiguaciones obviamente, estuvimos en contacto también con gente que estaba tratando de averiguar dónde estaba Muniz Barreto.”

En ese relato, las palabras de la mujer de Diego le resultaron “totalmente convincentes en todo sentido”. Cox además explicó que uno de los requisitos que tenía el diario para publicar los nombres de los desaparecidos o las noticias era pedir la presentación del hábeas corpus. Y en este caso la familia lo tenía. El encuentro con la mujer de Muniz Barreto todavía lo recordaba nítidamente. El le hizo algunas preguntas, la mujer le dio muchos detalles, tales como el número de la patente del auto en el que luego fueron arrojados al agua y por entonces estuvo detenido absurdamente en el predio de la comisaría de Escobar. Era un Fiat 128 que Diego le había comprado al cónsul de Ecuador y cuyos datos quedaron incluidos en la nota.

La noticia del secuestro se difundió además a través de la agencia de noticias Ancla, y Rodolfo Walsh incluyó el nombre de Diego en su Carta a la Junta Militar. Después de la aparición del cuerpo de Diego, el resto de los diarios sólo difundió la noticia de la muerte a raíz del falso accidente.

Por la publicación, Cox no hizo ninguna desmentida ni hubo pedidos de aclaración. Habitualmente, Cox preguntaba por ellos al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy o a su segundo. Preguntaba, dijo, sobre gente que estaba desapareciendo: “Todo el tiempo yo iba con el mismo tema: ¿Dónde están? Preguntaba por Diego y por otras muchas personas también, durante ese tiempo yo estaba llegando a ellos con listas de personas, les decía: ¡Por favor! ¿Dónde están?”. Y dijo: “Ellos me decían: ‘Bueno, yo voy a averiguar’, pero no tuvimos respuesta sobre ninguno de estos casos, pero sí cuando insistí sobre otros tuvimos suerte porque han aparecido”.

¿Recibían presiones? “Siempre que yo estaba había presiones por el gobierno, al mismo tiempo yo estaba tratando de presionar al gobierno también porque si ellos en ese entonces querían hacer un llamado a elecciones y volver a la democracia, yo también a ellos sobre esos casos: tuvimos amenazas todo el tiempo, era normal en ese entonces.”

Y al final dijo alegrarse de que se esté haciendo justicia luego de treinta años.