domingo, 26 de septiembre de 2010

Comienza el primer juicio oral contra el ex comisario Luis Patti por delitos de lesa humanidad

A pesar que el ex comisario sigue alegando estar enfermo

Se iniciará hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín. En el mismo debate también será juzgado, por segunda vez, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone. Los represores están acusados de haber cometido secuestros y otros crímenes en perjuicio de 10 víctimas.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín dará inicio este lunes al primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Las audiencias se realizarán los días lunes y jueves en el Auditorio “Hugo del Carril”, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, según publica en su portal el Centro de Información Judicial.

Los imputados son: Santiago Omar Riveros, que se desempeñó como comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976/77; Benito Reynaldo Bignone, que se desempeñó como Jefe del Estado Mayor-Segundo Comandante de dicho Cuerpo durante el año 1977; Juan Fernando Meneghini (prisión domiciliaria) quien en el período 1976/1977 se desempeñó como comisario de la Comisaría 1ra de la localidad de Escobar, y Luis Abelardo Patti (internado actualmente en Instituto Fleni) quien habría cumplido funciones como Oficial Subinspector en la misma seccional policial durante el mismo lapso de tiempo.

Intervienen como partes querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la querella unificada en cabeza de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Manuel Goncalves y Gastón Goncalves.

El objeto del juicio ha quedado conformado por una porción de los hechos que habrían tenido lugar en la Zona de Defensa IV bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares Campo de Mayo en los años 1976 y 1977, de acuerdo a la siguiente plataforma fáctica:

CASO 226: Privación ilegal de la libertad de Gastón Roberto José Gonçalves, ocurrida el día 24 de marzo de 1976, en la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. Habría sido visto el día 29 de marzo en un camión celular que se encontraba estacionado en la parte trasera de la Comisaría 1era de Escobar. Pocos días después, más específicamente el día 2 de abril de 1976, su cuerpo fue encontrado sin vida en el Camino Río Luján de la localidad de Escobar, carbonizado. Imputados respecto de este caso Santiago Omar Riveros, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 246: Privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; habría ocurrido aproximadamente a las 18:00 horas del día 16 de febrero de 1977 en la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Habrían sido trasladados por personal policial a la Comisaría de Escobar, y permanecido en dicha condición hasta las 17:30 horas del día 18 de febrero, cuando habrían sido derivados a otra dependencia policial -podría tratarse de la Unidad Regional o Comisaría 1era de la localidad de Tigre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-. Días después el cuerpo de Muñiz Barreto habría sido encontrado sin vida en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 128 en aguas del Río Paraná, en la Provincia de Entre Ríos. Fernández habría logrado escapar de su cautiverio. Por este hecho fueron acusados Santiago O. Riveros, Reynaldo Bignone, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 290: 1) Privación ilegal de la libertad de Carlos Daniel Souto, ocurrida presumiblemente el día 10 de agosto de 1976 por un operativo conjunto del Ejército y la Policía en la Estación de Trenes Garín, Partido de Escobar. 2) Privaciones ilegales de la libertad de Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, acaecidas el 10 de agosto de 1976, quienes habrían sido sustraídos de su casa de la calle Sulling 2089, en la localidad de Garín. 3) Privación Ilegal de la libertad de Osvaldo Tomás Ariosti, que habría ocurrido durante la madrugada del día 3 de abril de 1976 en su domicilio ubicado en la localidad de Garín. Finalmente habría sido trasladado a la Cárcel de Devoto y luego a la Unidad 9 de La Plata, para ser finalmente liberado el 28 de octubre de 1978. Por estos hechos resultan imputados Santiago O. Riveros y Luis Patti.

Cada una de las causas siguió procesos diferentes. “Souto se empezó a instruir en los ’80 porque las familias fueron citadas a un proceso que se inició como de oficio”, indica Ana Oberlin. “Esa fue una diferencia con los casos Muniz Barreto y Gonçalves, en las que el avance de las causas tuvo mucho que ver con el trabajo de las familias.”

A horas del comienzo del juicio, los hermanos fueron al aeropuerto a buscar a Antonio, que vive en España y no es un exilado político. “Aunque no lo sé”, dice. “No y sí, no soy un exiliado político, se me nota, pero esto produce una cosa que es el aislamiento y te quedás hecho polvo como en un huevo, la realidad te empieza a afectar porque vivís parado arriba de una mentira, porque Patti de pronto va a ser candidato a gobernador.” Y entonces dice que ésa es la mentira, y la vida, un lugar desde donde “te caés todo el tiempo”.

Juana, que no se cae pero se ahoga, de pronto se acuerda del Mundial ’78, un año después del secuestro, de un ascensor en su edificio durante el último gol del Mundial. “Era un ascensor con puertitas de rejas, yo iba subiendo y escuchaba los gritos del gol en todos los pisos y me sentí tan angustiada y tan sola, porque era como que estaba completamente aislada.” El comienzo del juicio es muy movilizante: “Yo digo que esto es como un tsunami, que es algo que uno viene buscando desde hace muchos años y que uno viene esperando”. Empezaron con la causa el 6 de marzo de 2007, a 30 años del asesinato. “Son casi cuatro años, pero estamos recolectando pruebas desde el mismo momento que se lo llevaron a mi papá.” Tienen pruebas del 20 de febrero de 1977, cuatro días después del secuestro, que mantuvieron guardadas en una caja que engordó, se hizo una carpeta grande y ahora es parte de los doce cuerpos del expediente.

Los datos siguen apareciendo. El juicio oral impulsa un proceso que los abogados llaman “etapa de instrucción ampliada”, donde se siguen acumulando pruebas. La semana pasada llegó a manos de Juana un informe de la Policía Federal, descubrieron que en enero de 1977 a Diego le negaron los documentos porque aparecía en una lista de personas que podían llegar a pedir asilo en una embajada. “Esa era una persecución clara, porque quiere decir que no querían que se fuera del país, lo querían matar.”

Se lo llevaron “cuando estaba comprando carne en una carnicería de Escobar, a punta de pistola, de civil y en un auto particular, lo secuestró Patti a él y al secretario –dice Juana–, los llevaron a la Unidad Regional Tigre, de ahí a Campo de Mayo, los metieron en el baúl de un auto, cuatro de la mañana, atados de pies y manos, encapuchados, les hicieron hacer 700 kilómetros al sol el 6 de marzo hasta que a las diez de la noche les dieron una inyección y los tiraron al río. Fernández vivió y antes de irse del país contó todo en un escribano que lo sentó a una máquina de escribir y le hizo escribir este testimonio que tiene 33 páginas y es de un detalle y una prueba impresionante”.

 27/9: COMIENZA JUICIO CONTRA PATTI Y OTROS TRES GENOCIDAS
Mañana lunes 27 a las 8 y 30 hs comenzará el juicio contra los genocidas Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros, Benito Reynaldo Bignone y Juan Fernando Meneghini. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tendrá a su cargo el proceso. Éste será el primer juicio en el que el ex comisario deberá sentarse en el banquillo.
Los cuatro genocidas están imputados por las privaciones ilegales de la libertad de Gastón Gonçalves, Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, y Osvaldo Tomás Ariosti.
Las audiencias se realizarán los días lunes y jueves en el Auditorio “Hugo del Carril”, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez.

Justicia YA! actuará como querellante y volverá a exigir que se condene a TODOS los genocidas y a demandar justicia por los 30 mil compañeros detenidos- desaparecidos. Decimos, una vez más, que estos juicios contra unos pocos represores y por un puñado de casos no hacen más que distorsionar la magnitud del exterminio que se perpetró en Argentina.

Contactos de prensa:
- Dr. Pedro Dinani (LADH) 011-1533437730
- Enrique Fukman (AEDD) 011-1553372868

martes, 24 de agosto de 2010

27 de septiembre: inicio del primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti,

Lesa humanidad: fijan nueva fecha para el primer juicio oral contra el ex comisario Luis Patti
Arrancará el próximo 27 de septiembre, ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín. En el mismo debate también será juzgado, por segunda vez, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone. Se investigan crímenes en perjuicio de 10 víctimas

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín fijó para el próximo 27 de septiembre la fecha de inicio del primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

El juicio iba a comenzar el próximo 30 de agosto, pero fue postergado debido a una serie de planteos presentados por la defensa de Patti.
Además de Patti, se encuentran imputados el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, y los ex militares Santiago Omar Riveros, Fernando Exequiel Verplaetsen y Juan Fernando Meneghini.

En el proceso se investigan crímenes contra los derechos humanos en jurisdicción de Campo de Mayo en perjuicio de 10 víctimas

sábado, 7 de agosto de 2010

Patti, otra vez al banquillo

REABREN LA CAUSA POR EL ASESINATO DE OSVALDO CAMBIASO Y EDUARDO PEREYRA ROSSI
El comisario Luis Abelardo Patti está preso por la causa que investiga el asesinato de Gastón Goncalves

                  A cinco años del pedido del fiscal Murray, el juez Villafuerte Ruzo hizo lugar a la reapertura de la causa por el secuestro, tortura y asesinato de los militantes peronistas en 1983. Patti, Bignone, Verplaetsen y Nicolaides tendrán que rendir cuentas.
 
A veintisiete años de los crímenes y a cinco del pedido original del fiscal federal Juan Patricio Murray, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, reabrió la causa por los secuestros, torturas y asesinatos, en 1983, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Fue uno de los últimos crímenes con el sello del terrorismo de Estado: secuestro y tormentos a cargo de militares y civiles de Inteligencia del Ejército, asesinato en enfrentamiento fraguado por policías bonaerenses, incluido Luis Abelardo Patti, que ese mismo año pasó varios meses preso. La reapertura de la causa implica que rendirán cuentas desde los fusiladores hasta el condenado Reynaldo Bignone.

Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Un comunicado del Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense informó que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, el ahora condenado Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos de las víctimas modificó el escenario: estableció que antes de morir habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica, atados con cuerdas, y que los disparos mortales habían sido a quemarropa.

El juez Juan Carlos Marchetti dictó la prisión preventiva de los policías, pero luego cambió de posición y los sobreseyó. Pese a las evidencias, consideró que no estaba probada la relación entre el secuestro y los asesinatos. Las víctimas bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, robado un vehículo, armas y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala suerte de toparse con Patti, que en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En marzo de 2005, tras la anulación de las leyes de impunidad, el fiscal Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Luego se sumaron al reclamo de familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi patrocinados por los abogados de H.I.J.O.S. regional Rosario. La investigación del fiscal sugiere que al momento de los crímenes, luego del “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos y encomendó al “juicio divino” el análisis de la represión ilegal, los servicios de Inteligencia estaban diagramando y ejecutando operaciones para enrarecer el clima político, con la esperanza de suspender el llamado a elecciones o bien condicionar la política del futuro gobierno sobre los crímenes de la dictadura.

A partir del estudio de la causa, el fiscal observa la pretensión de ocultar los rastros de torturas y de disparos a quemarropa. Adjudica el trabajo a los policías bonaerenses, que instruyeron la causa bajo la dirección del juez Luis Milesi (suboficial del Ejército devenido juez con el golpe de Estado) y luego del juez Marchetti. Entre quienes no pudieron desconocer el operativo señala a los jefes de los Cuerpo I y II, generales Juan Carlos Trimarco y Eduardo Espósito, al jefe de policía, Verplaetsen, al jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y al dictador Bignone. Murray también desmenuzó la actuación de Marchetti y sostuvo que el sobreseimiento tras la prisión preventiva era “inexplicable desde el punto de vista jurídico” (Marchetti es quien como juez de Menores falseó en 1977 un expediente de adopción para entregar en guarda a Manuel Goncalvez a personas de su confianza, delito por el que lo sobreseyó Villafuerte Ruzo y sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Rosario).

Al margen de las irregularidades, Villafuerte Ruzo asignó especial importancia a la nueva prueba aportada dos años atrás por Eduardo Constanzo, ex personal civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121 condenado en abril a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de Rosario. En declaraciones judiciales y ante la prensa, Constanzo relató que el seguimiento de Cambiasso estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, otro PCI que luego se encargó de interrogarlos “en el camioncito Mercedes Benz 608”. “Lo del bar Magnum lo hacen (Víctor “Chuli”) Rodríguez, (Pascual) Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato (Edgardo) Andrada, arquero de Central”, recordó. Entre quienes llevaron a los secuestrados hasta el camino rural cercano a la localidad de Lima mencionó a Ariel Porra, alias Puma, y a “Filtro, alias Sebastián, que es el yerno del coronel (Edgardo Juvenal) Pozzi”. Del trabajo final se encargó Patti.

miércoles, 23 de junio de 2010

EL 30 DE AGOSTO EMPIEZA EL PRIMER JUICIO ORAL CONTRA EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI

El día indicado, a la hora señalada
El ex comisario será juzgado junto con otros tres represores. Está acusado por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.
 
Por Victoria Ginzberg

30 de agosto. 9.30 de la mañana. En ese momento comenzará el primer juicio oral contra Luis Abelardo Patti. Eso, siempre que el Tribunal Oral de San Martín consiga sala. El ex comisario será juzgado junto con los represores Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Juan Fernando Meneghini por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

“Estoy emocionada y tranquila. Lo estamos esperando hace mucho y es bueno ver que después de tanto recorrido vamos llegando al final”, dijo a Página/12 Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Muniz Barreto. La abogada Ana Oberlin, representante de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), coincidió en la expectativa que genera la cercanía del juicio oral y en lo difícil que fue llegar a esta instancia.

Los cuatro represores serán juzgados por los jueces Lucía Larrandart, Héctor Sagreti y Marta Milloc, quienes aún están buscando un sitio adecuado para llevar adelante el proceso que confían poder iniciar en tiempo y forma.

Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

La ex esposa de Muniz Barreto denunció el hecho en 1977. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar), que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Otra prueba que vincula al ex intendente de Escobar con el hecho es que, según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje “El Cazador”, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti, hoy fallecido, sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Patti está siendo sometido a exámenes médicos porque sus abogados pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que el represor sufrió un “edema cerebral”. Actualmente está internado en el en el instituto Fleni y, aunque está en rehabilitación, está consciente y en condiciones de enfrentar su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los abogados de las querellas sostienen, además, que puede continuar su tratamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario.

jueves, 15 de octubre de 2009

La Cámara de Casación rechazó el pedido de excarcelación del ex comisario Luis Patti



La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó excarcelar al ex subcomisario Luis Patti, procesado con prisión preventiva por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar, por considerar que eludirá o entorpecerá el accionar de la Justicia.

La Sala II del tribunal desestimó el pedido de la defensa tras considerar que si Patti recupera la libertad, eludirá o entorpecerá el accionar de la justicia.Los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Gustavo Mitchell concluyeron que en el caso del ex comisario no resultaba aplicaba la doctrina "Díaz Bessone", que permite la concesión del beneficio aún en casos con delito que prevén grave sanción penal.Patti, también ex intendente del partido bonaerense de Escobar, ya había recibido la negativa de la Cámara Federal de San Martin, jurisdicción donde está procesado por los delitos de allanamiento ilegal, secuestro, amenazas e imposición de tormentos.
El ex subcomisario está acusado, además, por su presunta participación en el secuestro del ex diputado del Partido Justicialista Diego Muñíz Barreto, en la zona de Ramallo, y de la privación ilegal de la libertad y desaparición de los militantes de esa fuerza Gastón Gonzalvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D`Amico.Muñiz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre y de allí a un centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo.

El cuerpo del ex legislador fue hallado tiempo después en el interior de un Fiat 128, en un arroyo cercano a localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos.En esta causa también están procesados el ex dictador Reynaldo Bignone, y los represores Santiago Riveros, Eduardo Espósito y Juan Fernando Meneghini, este último ex comisario de Escobar y entonces superior de Patti, cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense en la comisaría de Escobar.

Patti, que había resultado electo en los comicios de 2005, fue detenido en diciembre de 2007 por orden del entonces juez federal Alberto Suares Araujo, y perdió sus fueros parlamentarios en abril de 2008 luego de que la Cámara de Diputados se los quitara por falta de "idoneidad moral".
Actualmente Patti se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz, donde, si la Corte Suprema no modifica el fallo de la Cámara de Casación, deberá aguardar el juicio oral y público.Semanas atrás la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte -que había resuelto que en el Congreso Nacional le tenían que tomar juramento- debe analizar el desafuero de Patti.

martes, 26 de mayo de 2009

EL JUEZ BLANCO HABILITO LA CANDIDATURA A DIPUTADO DE LUIS PATTI, PRESO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD


Con la cárcel como comando de campaña

La Justicia consideró que como aún no tiene condena, Patti puede presentarse. Su candidatura había sido impugnada por organismos de derechos humanos

Por Victoria Ginzberg

Durante 25 años los familiares de las víctimas de Luis Abelardo Patti intentaron que el ex comisario respondiera judicialmente por sus crímenes. Durante más de veinte años los tribunales estuvieron cerrados para ellos. Amparado en su impunidad, el represor fue intendente y quiso ser gobernador y diputado, aspiración que no abandonó en esta elección. Los hijos y hermanos de las personas que había secuestrado y asesinado buscaron, entonces, impedir al menos que asumiera cargos públicos. Pero la Justicia les respondió que, como no pudieron condenarlo, no hay obstáculos para que sea legislador nacional. El juez federal Manuel Blanco habilitó ayer la candidatura del torturador que espera su juicio en la cárcel de Marcos Paz.

El magistrado sostuvo que el Código Electoral Nacional prevé que para que una persona sea excluida del padrón debe estar “condenada por delitos dolosos a pena privativa de libertad” y que “no existiendo condena alguna respecto del nombrado, resulta claro que la impugnación no encuadra en las previsiones objetivas normadas en la ley de la materia para prohibir la postulación de un candidato”.

En la práctica es casi imposible que Patti –si consiguiera los votos para ser electo diputado– asuma su banca. Para eso debería ser absuelto de los crímenes de lesa humanidad por los que ya está procesado y muy cerca de ir a juicio oral. Los especialistas sostienen que los fueros que podría obtener en junio no le valdrían en la causa que lo llevó a la cárcel en noviembre de 2007. De hecho, en ese año, la Cámara de Diputados lo desaforó para que el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo ratificara su decisión de encerrarlo por el secuestro de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

“Es otra oportunidad perdida, presentamos una impugnación que exigía un debate de fondo. Las causas contra Patti han avanzado, hay mucha prueba en su contra que pedimos que se analizara y también solicitamos una audiencia pública y nada de esto se produjo. Creemos que el tema exigía una discusión compleja sobre los derechos políticos de aquellas personas vinculadas con la última dictadura militar, más allá del avance en las condenas penales. Eso fue lo que señaló la Corte Suprema cuando rechazó que el Congreso excluyera a Patti. Dijo que la vía para discutir el tema era la impugnación ante la Justicia antes de que se realizara la elección. La Justicia, en cambio, nos dio una respuesta formal”, señaló a Página/12 Diego Morales, director del área legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). El abogado adelantó que la decisión de Blanco será apelada ante la Cámara Nacional Electoral.

El juez respondió a la impugnación realizada por los abogados Carolina Varsky, del CELS; Ana Oberlin, de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), y Pablo Llonto en representación de Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Gladys y Ethel Cambiaso y Gastón y Manuel Gonçalves. Y a un escrito que en el mismo sentido hizo Ana Cacopardo, de la Comisión Provincial por la Memoria.

En la presentación ante Blanco, el CELS, Hijos y Llonto aseguraron que Patti “no se encuentra legitimado constitucionalmente para presentarse como candidato a un cargo electivo de acuerdo con lo prescripto por diversas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”.

También reseñaron casos similares abordados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo se expidió acerca de una denuncia hecha por el general guatemalteco Ríos Montt, que alegaba la violación de su derecho a ser elegido por parte del gobierno de Guatemala. La CIDH entendió legítimas las restricciones impuestas por el derecho interno de ese país y dijo que correspondía evaluar su validez dentro del contexto histórico–político. Así, descartó la pretensión de Ríos Montt de argumentar que estaba siendo discriminado porque darle la razón hubiese significado privilegiar a aquellos que asumen el poder de manera ilegítima ante quienes lo hacen a través de procedimientos legítimamente establecidos. Agregó que no importaba que el dictador hubiera recibido una amnistía, ya que su exclusión tenía por objeto la protección y defensa del sistema democrático. Sobre este caso, Blanco resaltó que la imposibilidad de Ríos Montt de presentarse como candidato se realizó a través de una ley y no por una disposición judicial.

El CELS, Hijos y Llonto mencionaron otro hecho a tener en cuenta al analizar la impugnación de Patti: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones de 1995 y 2000, recomendó a la Argentina que estableciera procedimientos adecuados, y adoptase todas las medidas necesarias con el fin de asegurarse de que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y aquellos funcionarios de la administración pública sobre los cuales existan pruebas suficientes de participación en violaciones a los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en dichas fuerzas y en la administración pública. “El estándar que se exige para examinar las calidades de las personas que pretendan ejercer cargos públicos –explicaron– es menos riguroso que el que supone una condena en un proceso penal. Ello se debe, por un lado, a las anormales circunstancias en las que se desenvuelven las instituciones estatales (y en particular el Poder Judicial) durante los períodos de gobiernos dictatoriales, y por otro lado, a las dificultades materiales con las que –con posterioridad– se enfrentan los intentos por identificar, juzgar y sancionar tanto a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso argentino, esta excepcionalidad toma un cariz especial, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos, como por el posterior contexto de prolongada impunidad y denegación de justicia en el que fue sumido el país por casi 30 años, con la consiguiente imposibilidad de investigación judicial y sanción penal de los responsables.”

Pero estos argumentos no convencieron al juez, que dio a Patti el mismo trato que a un delincuente común y no tuvo en cuenta la paradoja de exigir una condena cuando el mismo Estado –a través de sus tres poderes– era el que, hasta no hace tanto, impedía obtenerla. La discusión seguirá en los tribunales superiores. Si finalmente su candidatura es ratificada, al menos Patti contará sus votos desde la cárcel.

viernes, 17 de abril de 2009

Patti, candidato tumbero


EL torturador prepara su lanzamiento a diputado y hace campaña desde la cárcel.

Arenga a sus seguidores por teléfono desde el penal de Marcos Paz. Anoche los había convocado para la inauguración de una sede del Paufe en Ingeniero Maschwitz, pero le fallaron las comunicaciones. Lo acompaña toda su familia.

Por Adriana Meyer

Primero fueron las pintadas Patti 2009 en los paredones de Escobar, ahora la arenga a sus seguidores por teléfono, con la línea conectada a un altoparlante: el torturador Luis Patti hace campaña desde la cárcel. Para eso se habían reunido durante la inauguración de una nueva sede del Partido Unidad Federalista (Paufe) quienes lo siguen. Lo mismo había ocurrido ya en noviembre, pero esta vez no pudo ser. “En Marcos Paz los teléfonos públicos son satelitales y hay problemas para comunicarse”, dijo a Página/12 su hijo Luis, ya lanzado como candidato a concejal.

Aunque el Congreso impugnó su diploma de diputado electo obtenido en 2005 e impidió que asumiera en una banca y en 2007 le quitó los fueros a pedido de la Justicia, el represor no se da por vencido y vuelve a la política. Y para eso trabajan todos los Patti mientras él da órdenes y escribe discursos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Está detenido allí desde noviembre de 2007 por haber secuestrado al ex diputado justicialista Diego Muniz Barreto y su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti. La Cámara de Apelaciones confirmó su procesamiento y la fiscalía ya pidió el juicio oral.

La cita anoche era a las 20 en Maipú y Entre Ríos, en Ingeniero Maschwitz, y estaban todos: sus hijos Ignacio, Luis (que es concejal de Pilar y quiere renovar mandato) y Maximiliano, director de Turismo de la Municipalidad de Escobar, además de su mujer, Elizabeth Ferraro, y su suegra, la diputada mandato cumplido Nélida Manzur. En noviembre dicen haber juntado 700 personas; anoche había menos de la mitad cortando la calle y bailando al ritmo del jingle de campaña con ritmo tropical: “Vamos con Patti, todos a ganar”. Los afiches ya fueron impresos con la imagen de Luis Patti padre e hijo y adornaban tanto la casa partidaria que estaba a punto de ser inaugurada como la camioneta roja de campaña. Mientras una señora muy maquillada y con batido de peluquería entregaba corazones de cartulina amarillos con el apellido del torturador escrito en fibra negra, otra militante paufista ofrecía jugo a los presentes. Pocos pero ruidosos, se ovacionaron a sí mismos a medida que el locutor nombró sus barrios.

“La gente nos dijo que quiere volver a la época de Patti, que estaban más contentos, cada vecino tenía una solución cuando venía a la intendencia y no se castigaba a nadie por la forma de pensar”, dijo Luis Patti hijo, a la hora del discurso. “Mi padre nos enseñó a cambiar la política desde adentro, por eso estamos formando una nueva dirigencia”, agregó. Un rato antes había practicado su rol de político en campaña manteniendo un diálogo con el cronista de CQC. “Nada cambió, su padre se vinculó siempre a la gente con un aparato eléctrico”, quiso bromear el notero, en alusión a la picana y a la comunicación telefónica desde la cárcel que no se produjo. “Bueno, como vos con el micrófono”, replicó el hijo del procesado por violaciones a los derechos humanos. “La de su padre sí que es una candidatura testimonial”, siguió Pablo Camaití, a lo que su entrevistado respondió: “Es un preso político”.

–Le regalo un slogan de campaña, Patti no le va a robar porque ya está preso –dijo el enviado de CQC.

–Es tu opinión. Está preso por otra cosa –contestó Luis Patti hijo.

–Por delitos de lesa humanidad, secuestros y homicidios –intervino esta cronista.

–Sí, bueno, eso lo va a decidir el juez. Si me disculpan...