martes, 22 de abril de 2008

Se ordena investigar un predio donde, segun testigos, enterraban cadaveres durante la dictadura


En busca de una enorme fosa común en Escobar
En el territorio del ex comisario Luis Patti, un hombre que trabajaba en la recolección de residuos en el ’76-’77 declaró que: “A la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado”.

Por Irina Hauser
El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó las primeras medidas para investigar un predio ubicado en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar, donde habría una enorme fosa común utilizada durante la última dictadura para enterrar los cuerpos de cientos de desaparecidos. En una resolución que firmó el jueves pasado como parte de la misma causa en la que pidió el desafuero del ex comisario Luis Patti, el magistrado solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional para hacer una pericia “de medición planimétrica” en el lugar, donde funcionaba un basural. La denuncia que permitió identificar el sitio fue hecha en 2005 por Guillermo Catalino Romero, que trabajaba en la recolección de residuos de la zona en los tiempos del Terrorismo de Estado. “Yo lo vi: a la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado. Lo hicieron por lo menos durante un año, entre 1976 y 1977”, le contó a Página/12.

En el oficio en el que requiere la colaboración de la Gendarmería, al que accedió este diario, Suares Araujo argumenta que en el “predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad producidas durante la última dictadura militar”. Entretanto, el juez busca desentrañar –vía intimaciones a la Municipalidad de Escobar– quiénes son los propietarios de esas tierras que, a simple vista, están abandonadas y que en un mapa aportado por el denunciante figuran como “José Pestarino y otros”. Al parecer, sólo vive allí un cartonero, a quien se citó a dar testimonio para pasado mañana. Guillermo Catalino Romero es un hombre humilde de 67 años, alto y delgado, de bigote negro finito, ojos vidriosos y piel curtida. En 1975 empezó a trabajar en la Delegación Maquinista Savio de la Municipalidad de Escobar, y en eso seguía cuando llegó el golpe de Estado. “Manejaba tractores y hacía la recolección de basura”, explica. “Y estaba este basural, que en la dictadura fue dividido: de un lado tiraban la basura los empleados municipales y del otro, separado con un alambre, arrojaba residuos la gente del Ejército. Después de las ocho de la noche los militares no dejaban que nadie se acercara. Un día, un compañero me dice ‘vamos a ver qué hacen’, y fuimos a mirar desde la zona del monte. Ahí se me nublaron los ojos de lo que vi, y no me lo olvido nunca. Tiraban los cadáveres con una topadora a una fosa enorme y profunda. Los traían en camiones de basura, como de Manliba”, recuerda.

La fosa, según estima el denunciante, tenía algo más de cien metros de largo y cuatro de ancho. El predio sería de unas 30 hectáreas y, según su declaración ante el juez, fue utilizado por el Ejército hasta 1980 y luego quedó un puesto de custodia que desde hace tres años ya no está. “Los militares a veces tiraban basura, pero cuando los camiones venían de Los Polvorines o de Zárate-Campana generalmente traían cuerpos. De día excavaban y de noche rellenaban. Tenían maquinaria importante ahí, una excavadora, una topadora. Pero un día levantaron todo y se fueron”, dice.

Romero conoció hace varios años al abogado laboralista Eduardo Ramallo, que trabaja en la zona de Escobar. Había representado a su hermano en un juicio por un accidente de trabajo y fue quien lo ayudó, finalmente, a denunciar aquella imagen que lo tuvo aterrado durante años. Ayer se puso su mejor traje, de saco y pantalón celeste, y después de un periplo en colectivo llegó secándose la frente al centro porteño para ir con su abogado a la Asociación de Abogados Laboralistas a contar el caso y pedir respaldo. Allí, en una reunión especial, Romero dijo que durante mucho tiempo tuvo temor de contar lo que había visto porque “el Ejército amenazaba a los vecinos con que si hablaban les iba a pasar lo mismo que a la gente que estaba adentro de los pozos”. Ante el juez Suáres Araujo contó que él mismo sufrió la advertencia de parte de un sargento retirado.

En una carta que entregó a la Asociación, Ramallo sostiene que la fosa señalada por Romero sería “el mayor y más importante campo clandestino de inhumaciones” de la dictadura identificado hasta el momento en el país. También explica que a pedido del juzgado, en base a un requerimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, entregaron “fotografías y planos, a los fines de ubicar exactamente donde fueron inhumadas una cantidad considerable de seres humanos y que actualmente se registran como desaparecidos o NN”. Pese a que no hay –agrega– “alambrados perimetrales, ni cercos y muros y mucho menos división alguna que permita una identificación precisa, logramos mediante testigos ubicar precisamente los presuntos lugares de inhumación que se encontrarían a más de 12 metros de profundidad y fueron realizados con maquinaria pesada”.

Ramallo sospecha incluso que allí también hubo un centro clandestino de detención que fue demolido, según les dijo a sus colegas. Al juez, precisó, le pidió que investigue los túneles o mazmorras de cuyos ingresos también entregó imágenes fotográficas. Al encuentro con los Laboralistas fueron los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel. Ramallo les reclamó recursos para los juzgados que están a cargo de las megacausas sobre los crímenes de la dictadura. Una de ellas es la que instruye Suáres Araujo, que indaga en 312 casos de desapariciones vinculadas al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en la que Patti, que fue oficial subinspector en Escobar durante la dictadura, es uno de los procesados acusados de crímenes de lesa humanidad.

Esta no es la primera vez que Ramallo interviene como abogado en una denuncia sobre cadáveres NN. Fue quien patrocinó a Patricia Achu, la ex empleada del cementerio de Escobar, que descubrió allí un centenar de cuerpos sin identificar. Uno de los cuerpos, se pudo determinar, era el de Gastón Gonçalvez, por cuyo homicidio fue procesado Patti. El abogado le dijo a Página/12 que está convencido de que el predio de Maquinista Savio, ubicado a unos 15 kilómetros del centro de Escobar, “tendrá que convertirse a la larga en un lugar de la Memoria”. “Lo que más anhelo, además, es que los familiares de los desaparecidos tengan el día de mañana donde ir a llevar una flor a sus seres queridos.”