Por secuestros y torturas en la última dictadura militar.La medida, que incluye un embargo de dos millones de pesos, fue dictada por el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormento y allanamientos ilegales". El ex subcomisario quedó detenido el 22 de noviembre, tras declarar en la causa.
El tribunal de San Martín procesó y dispuso prisión preventiva y un embargo millonario al ex subcomisario bonaerense Luis Abelardo Patti por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormento y allanamientos ilegales" por secuestros y torturas durante la dictadura.
El juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo, dispuso procesar a Patti por "considerarlo prima facie responsable de los delitos de allanamiento ilegal -reiterado en dos ocasiones-, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por abuso funcional y violencia y amenazas -reiterado en nueve oportunidades- e imposición de tormentos y partícipe necesario en la imposición de tormentos -reiterado en dos hechos".
Además del procesamiento, se decidió "convertir su actual detención en prisión preventiva", y se decreta un embargo sobres sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos. Patti había sido detenido en esta causa el 22 de noviembre pasado luego de que concurriera a los Tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.
En esa oportunidad, acudió para ser indagado en tres expedientes donde se investigan los secuestros y tormentos a los que fueron sometidos Diego Muniz Barreto, Diego y Juan José Fernández, Carlos Daniel Souto, Guillermo D’Amico, Luis D’Amico, Osvaldo Tomás Arriosti y Gastón Roberto José Gonçalvez, entre los años 1976 y 1977. Diego Muniz Barreto, electo diputado en 1973, fue secuestrado en 1977 y llevado a distintas dependencias de Escobar, Tigre y Campo de Mayo, donde fue torturado. Luego fue llevado junto a su secretario, Juan José Fernández, a un paraje cercano a un río en las afueras de Villaguay, en Entre Ríos, donde habrían sido arrojados a las aguas, presuntamente drogados, con la intención de simular un accidente.“Durante ocho meses trabajamos intensamente con mi abogado. Leí su indagatoria y la enumeración de pruebas empezaba en la letra A y terminaba en la S, es decir casi un abecedario completo. Ni yo ni mis hermanos militamos políticamente, sólo exigimos justicia y actuamos en consecuencia. Por eso es injusto que se hable de persecución política”, explicó emocionada pero serena Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado en febrero de 1977, quien antes de ser torturado, adormecido y arrojado en un auto a un arroyo entrerriano alcanzó a escribirle a su esposa desde su cautiverio: “Movete rápido, estamos en Escobar, nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”.“Me emocioné otra vez. Dimos otro pasito. ‘Es una carrera de cien metros y recién vamos por los diez primeros’, como dice mi abogado”, sintetizó Juana Muniz Barreto. “Estamos viviendo un proceso notable, que ojalá otras familias puedan atravesar. Acompañar el camino de la justicia permite empezar a cerrar una historia de vida dolorosa. Luchar contra la impunidad genera paz, tranquilidad, no sólo para las víctimas y sus familias. Ninguna sociedad democrática puede madurar si tiene como base la impunidad”.
En el caso de Gastón Gonçalvez, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar, llevado a la comisaría de Escobar y luego enterrado como NN en el cementerio local. En la misma resolución en la que procesó y embargó a Patti, el juez Suárez Araujo dispuso ampliar el procesamiento y mantener la prisión preventiva de Santiago Omar Riveros, quien fuera responsable de la denominada "zona 4" dentro del esquema represivo de la provincia de Buenos Aires. A Riveros se le imputan delitos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado.
En el caso del represor Riveros, su embargo fue ampliado hasta cubrir la suma de 120 millones de pesos. La justicia también dispuso ampliar el auto de procesamiento y mantener la prisión del ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, y homicidio (uno consumado y otro en grado de tentativa). En el caso de Bignone, el juez Suárez Araujo amplió el embargo sobre sus bienes hasta la suma de 110 millones de pesos.
En tanto, en el caso del militar Eduardo Alfredo Espósito, se dispuso ampliar su procesamiento por considerarlo partícipe necesario responsable de los ilícitos de privación ilegal de la libertad, e imposición de tormentos, manteniendo su prisión preventiva y fijando su embargo en 2 millones de pesos. Asimismo, el juez Suárez Araujo dispuso que en los casos de Bignone, Riveros y Espósito, sigan detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria.Luis Patti pasará sus días en “el pabellón de lesa”, donde dispondrá de todo el tiempo del mundo para conversar con condenados como el ex jefe de investigaciones Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich.
No hay comentarios:
Publicar un comentario